Sentencia Social 978/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3765/2023 de 03 de julio del 2024

PRIMERO.- 1. La representación de Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias S.L. plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina si el cálculo de las pagas extraordinarias debe de hacerse de forma semestral o anual.

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede en Las Palmas) de 25 de mayo de 2023, confirma el fallo de instancia que, con estimación de la demanda, condena a Explotaciones Hoteleras Canarias SL, a que abone a la parte actora la cantidad de 378,49 euros más intereses, sin cuestionarse la competencia funcional a pesar de ser la cuantía litigiosa inferior a 3.000 €. La demandante interesaba que se declarara que las pagas extras que le correspondían debían calcularse con arreglo a un criterio de cálculo anual y no semestral como realiza la empresa, por lo que reclamó las diferencias salariales correspondientes a la paga extra de verano de 2020.

2. El Ministerio Fiscal informa acudiendo a lo resuelto en la sentencia de la Sala de fecha 31.5.2023 (rcud 3194/2022), ratificada en las posterioress de 11.10.2023 (rcud 21/2023) y 11.1.2024 (rcud 19/2023). Señala que la cuestión planteada por Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias S.L. de determinar si el cálculo de las pagas extraordinarias debe hacerse de forma anual o semestral cuando la cuantía reclamada no alcanza a los 3000 € no tiene afectación general, por lo que debe declarar de oficio la irrecurribilidad de la sentencia de instancia y casar y anular la dictada por el TSJ de Canarias.

La letrada de la parte actora impugna el recurso fundamentando su inadmisibilidad en la falta de competencia funcional de la Sala al carecer el procedimiento de afectación general ( art 191.2 g LRJS) , debido a que no existe un alto nivel de litigiosidad en el centro de trabajo por haber 18 trabajadores que han presentado demandas sobre la misma cuestión de un centro de trabajo con más 120 trabajadores que prestan sus servicios en la empresa. También por ausencia de contenido casacional de la pretensión del recurrente, entendiendo que constituye una cuestión nueva no debatida ni en el recurso de suplicación ni en el acto del juicio oral en sus alegaciones oponiéndose a la demanda, como es la de que "El convenio de Hostelería de la provincia de Las Palmas no se regula la forma de devengo de las pagas", por fundamentar la pretensión para recurrir en casación en hechos probados y valoración de la prueba y por carencia de la necesaria de contradicción. Respecto del fondo suscitado sostiene la adecuación normativa de la sentencia de segundo grado.

SEGUNDO.- 1. Estando afectado el orden público procesal deberá examinarse prioritariamente la falta de competencia funcional que el Ministerio Público afirma en su informe (por todas STS IV de 29 de abril de 2021, rec. 299/2019).

Estando concernido el orden público procesal no resulta necesario entrar a determinar la existencia de la contradicción exigida en el art. 219 LRJS. La Sala debe analizar de oficio la concurrencia o no de la competencia funcional para enjuiciar el litigio (por todas SSTS de 29 de abril de 2021, rcud. 299/2019 y 8 de febrero de 2023, rcud. 251/2022), lo que conduciría eventualmente a apreciar la nulidad de la sentencia impugnada, que no debió examinar la cuestión de fondo planteada y, por tanto, a declarar la irrecurribilidad de la dictada en la instancia por falta de cuantía y de afectación general.

2. Es el art. 191 de la LRJS el que regula las reglas aplicables. Concretamente, el art. 191.2 g) dispone que no procederá recurso de suplicación en "Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros..." Y el apartado 3.b) del mismo precepto establece que procederá el recurso de suplicación: "En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes.".

La STS IV 1007/2018, de 4 diciembre (rcud. 611/2016), de Pleno, recopiló y clarificó los criterios interpretativos sobre estas previsiones de la LRJS que analizamos, y que hemos seguido en posteriores resoluciones. Son los que siguen:

"Como indica el art. 191.2 g), las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros no tendrán acceso al recurso de suplicación. Esta regla, inicialmente carente de complejidad, precisa de otras que delimiten el concepto de "cuantía litigiosa" ya que no siempre una pretensión podrá identificarse con una cifra o número.

Es por ello por lo que el art. 192 de la LRJS va a completar aquella previsión general perfilando los criterios que deben seguirse ante determinados supuestos, para poder obtener ese concepto de "cuantía litigiosa" que, en el límite cuantitativo impuesto, permitirá acceder al recurso de suplicación al que se refiere.

La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación "sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"].

Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis".

La STS 903/2022 del 11 de noviembre (rcud 3666/2021) adicionaba que no puede computarse, a los efectos indicados, los intereses ni los recargos por mora.

3. En el actual litigio la pretensión de la parte actora, con invocación del art. 11 del convenio colectivo, versó sobre la paga extra de verano, devengada del 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020, postulando la empresa el abono al trabajador de la parte proporcionar al tiempo trabajado y devengo de dicha paga, es decir del 1 de julio de 2019 a 26 de marzo de 2020 (8,87 meses). Calcula su abono de la forma siguiente: 1419,48€/12 = 118,29X8,87 meses = 1049,23€, de manera que, habiéndose pagado 670,746 euros, existía una diferencia a favor 378,496 euros que es el total de lo reclamado.

Esta Sala IV, en sentencia de 31 de mayo de 2023 (rcud 3194/2022) se ha pronunciado acerca de la competencia funcional de la Sala de suplicación en un caso sustancialmente igual al que ahora constituye el objeto de este recurso, en el que la demandada era la misma mercantil y en el que también se accionaba el abono de diferencias por la paga extraordinaria de verano de 2020 derivada de la forma de computar su devengo, diferencias que así mismo no superaban la cuantía legalmente exigida para el acceso al recurso de suplicación.

En ella declaramos: "En efecto, la cuantía reclamada no alcanza el umbral exigido por el art. 191.2.g) LRJS para recurrir en suplicación, y tampoco concurren elementos suficientes para afirmar la concurrencia de la afectación general a que se refiere el art. 191.3.b) de dicha ley, porque ni es notoria, ni consta fuera alegada ni probada en juicio, ni cabe entender que el tema debatido tenga un contenido de generalidad incuestionable. Así, la Sala viene advirtiendo que la afectación general no resulta apreciable por la posible proyección general de un litigio, sino que es preciso que "esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate", de forma que "no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general".

Recordábamos así mismo en la sentencia referenciada que "En lo que a la existencia de afectación general se refiere, en la STS 2 de diciembre de 2020, rcud. 3112/2018, hemos dicho que "A partir de las SSTS del Pleno de 3 octubre 2003 (rec. 1011/2003 y 1422/2003) que modificaron el criterio anterior, existe una línea jurisprudencial totalmente consolidada en el sentido de que no es necesaria la previa alegación de parte ni la prueba de la afectación general en el supuesto de que la misma sea "notoria"; en tal caso basta con que sea apreciada razonadamente por el Juzgado o Tribunal encargado del enjuiciamiento".

Hemos afirmado también que corresponde en primer lugar al Juez de lo Social analizar la concurrencia de la afectación general, pero que similar facultad tienen las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia al resolver el recurso de suplicación, y esta Sala IV al examinar el recurso de casación para la unificación de doctrina. A pesar del carácter extraordinario de ambos recursos y de la naturaleza excepcional del segundo, la afectación general condiciona la competencia funcional y puede ser examinada de oficio por la Sala ad quem sin necesidad de cumplir las rigurosas exigencias propias de aquellos ( SSTS de 28 de enero de 2009, rcud. 1219/2008; de 3 de mayo de 2011, rcud. 2639/2010 y de 6 de julio de 2015, rcud. 1622/2014, entre otras). Y sin que esta Sala IV esté vinculada por la apreciación que en instancia y en sede de suplicación se hubiere podido efectuar acerca de la afectación general, debiendo proceder de oficio a verificar la propia competencia ( SSTS de 22 de diciembre de 2010, rcud. 52/2010; y de 11 de marzo de 2011, rcud. 3242/2010, entre otras).

Asimismo, hemos señalado que la vía de la afectación general, como medio de acceso al recurso de suplicación, "no está concebida exclusivamente como un derecho de las partes, pues se configura también como un instrumento que tiene por objeto conseguir la unificación de doctrina en supuestos que son trascendentes en su conjunto y en los que la unidad de criterios aplicativos y hermenéuticos participa en buena medida de la condición de orden público. Así la STC 79/1985, de 3 de julio precisó que uno de los objetivos que se persiguen por el legislador al establecer esta vía especial de acceso al recurso, es "evitar que queden sin recurso reclamaciones de escasa entidad económica desde una consideración meramente individual, pero que pueden trascender esta dimensión al multiplicarse o extenderse a numerosos supuestos de hecho idénticos y requerir, por ello, una actividad uniformadora de los Tribunales de rango superior"; y de la sentencia del mismo Tribunal 108/1992, de 14 de septiembre, se desprende que este supuesto excepcional de interposición del recurso de suplicación que permite el art. 191.3.b) LRJS responde a "un interés abstracto: la defensa del 'ius constitucionis' y la garantía de la uniformidad de la doctrina legal en todo el territorio nacional como principal expresión del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley".

Advertíamos también que "la afectación general no puede confundirse con la posible proyección general de un litigio sobre la interpretación de una norma, sino que requiere que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general ( STS de 2 de junio de 2016, rcud. 3820/2014; de 7 junio 2017, rcud. 3039/2014 y de 24 de octubre de 2017, rcud. 1160/2016).".

Y en STS de 26 de octubre de 2022 (rcud. 4290/2019) reiteramos que "la evidencia compartida no opera como algo que quede a la libre disposición de las partes, de forma que el acuerdo de éstas pueda dotar de afectación general a una controversia que no lo tiene; se trata de una cuestión de orden público, que no es disponible por las partes, y, en consecuencia, su acuerdo, conformidad o discrepancia no vincula a la Sala", para recordar finalmente el criterio que esta Sala viene manteniendo respecto del reconocimiento de la existencia de afectación general, a pesar de haber sido negada en asuntos previos pero que, por lo constatado en un momento determinado posterior, dicha condición se advierte claramente. Así lo expresa, entre otras, la STS de 6 de abril de 2022, rcud 1289/2021, cuando argumenta que "La aplicación de esa misma doctrina conduce a declarar que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación, vista la efectiva existencia del elevado nivel de litigiosidad que se desprende de los numerosos procedimientos de los que tiene finalmente constancia este Tribunal, que evidencian el carácter notorio de la afectación general, pese a que la sentencia recurrida no contenga ninguna indicación sobre este particular, ni hubiere sido alegada y probada por ninguno de los 2".

3. La aplicación de la doctrina expuesta al caso controvertido lleva a la conclusión de que no concurre una afectación generalizada del tema decidendi, no existiendo ningún dato que permita afirmar que la reclamación tiene trascendencia general o que conduzca a apreciar la notoriedad de la afectación múltiple teniendo en cuenta su intrínseca naturaleza y el colectivo implicado. No concurre, por ende, nada indicativo de una afectación masiva, esto es, no es un número significativo de la litigiosidad a la que se refiere la afectación general ni tampoco podemos aceptar la afectación general por el solo hecho de gravitar la controversia sobre la interpretación de un artículo concreto del convenio de hostelería porque, como se ha dicho, el que la norma sea susceptible de una aplicación en masa no significa que sobre aquella exista la litigiosidad relevante a la que se refiere la afectación general.

TERCERO.- Por todo lo razonado procede, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, declarar de oficio la falta de competencia funcional para el enjuiciamiento del litigio. La sentencia emitida por la Sala de lo Social del TSJ lo fue careciendo de la necesaria competencia funcional, procediendo ahora que sea casada y anulada, otorgando la correspondiente declaración de firmeza a la resolución de instancia y anulando las actuaciones posteriores a su dictado.

No se efectúa condena en costas, al quedar firme la sentencia de instancia que estima la demanda y declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad, procediendo la devolución a la parte recurrente del depósito efectuado para recurrir y el mantenimiento de las consignaciones constituidas en garantía del cumplimiento de la condena.