Sentencia Social 971/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 249/2022 de 03 de julio del 2024

PRIMERO.- 1. La cuestión controvertida en el presente procedimiento de conflicto colectivo, y ahora en el actual recurso interpuesto por la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España (AFHSE), se centra en interpretar la aplicación de la cláusula de revisión salarial reflejada en el convenio colectivo para el sector de Harinas Panificables y Sémolas, (BOE 17-6-2020). Más específicamente, si el hecho de ser el IPC negativo en el año 2020 impide la aplicación de la subida salarial del 2,75% que, como anticipo a cuenta, estipula el convenio sobre la tabla salarial definitiva del año anterior, lo que repercutiría en la formación de las tablas salariales ulteriores (años 2021 y 2022).

Recurre la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 15 de junio de 2022 (Proc. 133/2022), estimatoria de la demanda formulada por el sindicato Comisiones Obreras de Industria bajo la modalidad procesal de Conflicto Colectivo. Sin que se hubiera suscitado ninguna divergencia sobre los hechos, basó su fallo estimatorio en la consideración de que la consolidación en el año 2020 como definitivo del anticipo a cuenta del 2,75% abonado todos los años con tal carácter, aun cuando en el año 2020 el IPC resultara negativo, es más acorde con el mecanismo de revisión salarial. Razona la Sala de instancia que partiendo de que la intención de los negociadores fue efectuar una subida salarial en cada año de vigencia del convenio, al objeto de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, vinculándose asimismo a la evolución del IPC, y teniendo en cuenta que el término "aplicarán" que utiliza la norma es imperativo, el hecho de que el IPC del año 2020 fuera negativo, no excluye la obligatoriedad de aplicar el porcentaje descrito del 2,75 % para dicha anualidad, máxime cuando nada se ha previsto en el convenio colectivo para esta eventualidad.

La pretensión del sindicato accionante consiste en mantener el porcentaje del 2,75 % regulado como anticipo a cuenta en el convenio colectivo de aplicación, a pesar de que el IPC del año 2020 resultara negativo, puesto que el hecho de que la norma convencional no contemple el supuesto del IPC negativo no excluye que la voluntad de los negociadores fuera la de mantener una subida salarial en cada año de vigencia del convenio, al objeto de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

2. El Ministerio Fiscal, reproduciendo los razonamientos de la sentencia impugnada, concluye que la tabla salarial de 2019 ha de ser incrementada en un 2,75%, conformando el resultado la tabla definitiva de la que haya de partirse para fijar las tablas salariales ulteriores, ajustándose a las previsiones de la cláusula de actualización salarial. En atención a todo lo indicado se interesa por el Ministerio Público la desestimación del recurso.

En su escrito de impugnación, la dirección letrada de CCOO de Industria afirma que el texto literal de la cláusula controvertida no ampara en forma alguna la pretensión patronal, y que debe prevalecer el criterio interpretativo de la sentencia de instancia cuya confirmación postula.

SEGUNDO.- 1. El recurso interpuesto por la empresa demandada se articula en un único motivo formulado con amparo procesal en el apartado e) del art. 207 LRJS, en el que denuncia la infracción de la cláusula contenida en el anexo 3º del Convenio colectivo para el sector de harinas panificables y sémolas (código de convenio nº 99002455011981), para el período 2019-2022, publicado en el BOE el 17 de junio de 2020, así como de las reglas hermenéuticas sobre los contratos y las normas que se derivan de los arts. 3 y 1281 a 1289 del Código civil y de la doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de las normas y contratos.

Hemos de recordar previamente la doctrina reiterada por esta Sala IV respecto de la interpretación de los convenios colectivos y acuerdos o pactos de empresa que poseen eficacia general. Así, STS IV de 20 de marzo de 2024, rec 332/2021, recordamos los criterios cristalizados acerca de la exégesis de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza), en la que venimos diciendo: "frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, nuestra labor consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los 3 y 1281 y ss. CC, tal como las ha venido analizando la Sala en la reiterada jurisprudencia a la que de inmediato se hará referencia [Entre otras: SSTS 904/2020, de 13 de octubre de 2020 (rcud. 132/2019); 1135/2020, de 21 de diciembre de 2020 (rcud. 76/2019); y 532/2021, de 14 de mayo de 2021 (rcud. 183/2019)].

Y, en relación a la cuestión relativa a la interpretación de los Convenios Colectivos, como lo recordamos recientemente en nuestra sentencia núm. 1213/2023, de 21 de diciembre (rcud. 43/2021), "es doctrina constante de esta Sala [reiterada, entre otras en las SSTS 904/2020, de 13 de octubre de 2020 (rcud.132/2019); 1135/2020, de 21 de diciembre de 2020 (rcud. 76/2019) y 862/2022, de 26 de octubre (rcud. 28/2021)] que, atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC; STS 13 octubre 2004, rcud. 185/2003). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC) . La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC) . La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1, 1281 y 1283 CC) . No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, rcud. 1234/2001). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, rcud. 1771/2007).".

2. El precepto convencional en torno al que gira la cuestión interpretativa en el presente conflicto es el Convenio colectivo para el sector de harinas panificables y sémolas para el período 2019-2022, cuyo Anexo 3º, sobre "Condiciones económicas" contiene una cláusula denominada "incrementos salariales" en la que se incluye, además del incremento, una "cláusula de revisión salarial", redactada en los siguientes términos:

"Para cada año de vigencia temporal del presente Convenio, se establecen los siguientes incrementos salariales, que se aplicarán sobre la tabla salarial definitiva del año anterior:

Año 2019: 1,75%.

Año 2020: 2,75%.

Año 2021: 2,25%.

Año 2022: 2,25%.

Cláusula de revisión salarial: En caso de que el IPC real sea superior a la subida establecida, se actualizarán las tablas salariales a dicho IPC con el pago de los correspondientes atrasos a 1 de enero de cada año. En el supuesto de que el IPC real del año sea positivo pero inferior al incremento acordado sólo se actualizarán las tablas salariales al IPC real más 0,25% y sin que ello suponga devolución de cantidad alguna para los trabajadores.

Sin perjuicio de lo anterior, y en todo caso, la tabla salarial vigente nunca podrá ser inferior a la tabla salarial del año anterior.".

Interpretando cláusulas convencionales de revisiones salariales que también tenían su parámetro de cómputo en el IPC, la sentencia de esta Sala IV 1039/2017, de 20 de diciembre, rec 237/2016, venía a recordar el criterio seguido por su precedente STS 18 de febrero de 2010, rec 87/2009, en la que declaramos: "un cambio tan significativo del sistema de revisión, pasando de una cláusula de revisión solo al alza, que es la más generalizada en la negociación colectiva, a otra de doble dirección y por consiguiente mucho más desfavorable para los trabajadores -al menos por hipótesis, porque nunca se había producido antes el fenómeno de que el IPC previsto fuera superior al real- habría exigido una redacción mucho más clara y contundente. Sin embargo, ante la escueta literalidad del precepto, la tesis de la empresa solo se sostendría si hubiera podido acreditar que los negociadores del convenio tuvieron presente la posibilidad de ese desfase a la baja del IPC real.

Pero no solo no existe dato alguno en autos que corrobore esa posibilidad, sino que por el contrario, es la propia empresa la que alega en su recurso, aceptando por cierto lo que argumenta la sentencia, que "para las partes negociadoras era absolutamente impensable que se llegase a la situación de crisis actual en que deviene un incremento negativo del IPC". Y si ello es así, no existe razón alguna para entender que las partes negociadoras, sin tener conciencia de ese posible menor incremento del IPC real, pactaran de súbito y cambiando criterios anteriores, una posible revisión a la baja de un modo tan oscuro y conciso. Lo lógico es, pues, entender que el último párrafo del art. 50 contiene la misma previsión de revisión, solo al alza, que el párrafo anterior; y que su redacción más escueta, obedece pura y simplemente a evitar reiteraciones innecesarias".

En aplicación de dicha doctrina, la STS ya citada de 20 de diciembre de 2017, declaramos: "la lectura de la totalidad del precepto conduce a la conclusión de que en el mismo solo se contempla la posibilidad de incremento de los salarios, sin que haya previsión alguna para el caso de que si el IPC real fuera del 0%, hubieran de devolverse las cantidades percibidas en las dos fechas señaladas en el Convenio, a saber en enero y finales de junio de 2015. El precepto únicamente prevé cómo y cuando se han de pagar las diferencias entre las cantidades abonadas y el IPC real a diciembre de 2015, si supera las citadas cantidades, pero no como se ha de proceder si el IPC real es inferior a lo ya abonado.

Hay que añadir, a mayor abundamiento que, a diferencia de lo que sucedía en convenios colectivos firmados en fechas anteriores al ahora examinado, ya se había dado la circunstancia durante varios años de que el IPC real fuera del 0%, o inferior al previsto, por lo que los negociadores del Convenio, no eran desconocedores de esta posibilidad y, por lo tanto, si hubieran querido que la revisión se produjera no solo al alza sino también a la baja, deberían haberlo consignado así en el precepto correspondiente".

Si bien las previsiones convencionales sobre la mecánica concreta de los incrementos anuales no son coincidentes con las contenidas en el convenio colectivo que ahora se debate, lo cierto es que las sentencias transcritas ofrecen determinadas pautas interpretativas que hemos de observar en la medida en que resulten contestes con las aquí pactadas. En concreto vienen a sostener que en supuestos en los que el IPC fuera del 0% (o inferior) una revisión a la baja ha de preverse de forma específica por los negociadores.

3. Como ya avanzamos, la controversia se suscita en el presente caso en relación con la aplicación para el año 2020 del incremento salarial previsto para esa anualidad sobre los salarios definitivos de 2019 (2,75%) lo que, de admitirse, habrá de influir en los siguientes años 2021 y 2022, pues se arrastrará como base del año anterior, todo ello tomando en consideración que en 2020 el IPC fue negativo.

Ciertamente, el Anexo tercero del convenio concernido solo contempla en relación con la revisión salarial dos supuestos, en concreto, que el IPC real sea superior a la subida establecida, o que sea positivo pero inferior al incremento acordado.

Para el primero prevé que se actualicen las tablas salariales a dicho IPC con el pago de los correspondientes atrasos a 1 de enero de cada año; y para el segundo caso, sólo se actualizarán las tablas salariales al IPC real más 0,25% y sin que esto suponga devolución de cantidad alguna para los trabajadores. No recoge por tanto la cláusula de revisión salarial ninguna previsión para el supuesto de que el IPC llegara a ser negativo, como ha resultado en el año 2020.

La empleadora en su recurso alega que el Anexo Tercero del convenio colectivo no establece un incremento salarial definitivo que quede a expensas del IPC real, sino un incremento salarial inicial provisional que solo se consolidará cuando se dé alguno de los dos supuestos contemplados en la cláusula de revisión salarial. De esta forma quedarían las tablas definitivas del año 2020 idénticas a las definitivas de 2019 por no poder consolidarse el incremento inicial provisional aplicado. Así, la regularización a final de año, conforme al IPC real, retrotrae sus efectos económicos a la fecha en la que se practicó la revisión inicial provisional, como si el IPC real hubiera sido del 0%.

En su interpretación la demandada sostiene que la redacción literal de la cláusula resulta expresiva de la voluntad negocial, la cual presenta una finalidad regularizadora del salario pactado conforme al IPC real a final del año. Lo contrario entiende que supondría la consolidación de incrementos irreales ajenos a la inflación.

4. El examen del precepto permite obtener las siguientes conclusiones. En primer lugar, que lo pretendido por los negociadores era regularizar el salario de forma que se ajustara en lo posible a la inflación real. En segundo término, que cuando las previsiones resultaran finalmente superiores al IPC real se concediera una ventaja salarial al trabajador que le permitiera equilibrar en alguna medida la diferencia entre las previsiones y los finales incrementos, reconociéndose entonces la adición de un 0,25% al IPC real.

De esta forma, una interpretación teleológica y sistemática de la cláusula controvertida permitiría inferir que también en el supuesto de un IPC negativo la regularización correspondiente impondría la adición de un 0,25%, tal como se preveía para los supuestos en los que el incremento previsto no alcanzara el IPC real. En definitiva, lo que se deduce de los supuestos expresamente disciplinados en la cláusula es la voluntad negocial de proteger a los trabajadores de las pérdidas de poder adquisitivo, ofreciéndoles además un cierto incremento sobre los valores inflacionistas (0,25%), cuando la subida real resultara finalmente inferior a la prevista.

Y este mismo criterio debe aplicarse a la eventualidad de un IPC negativo, en el que claramente la subida real (técnicamente cero) ha sido inferior a la contemplada inicialmente (2,75%), resultando contrario a la exégesis del precepto tanto una interpretación que consolidara el incremento previsto para 2020 como pretende el sindicato actor (que consolidaría de futuro subidas irreales, pudiendo darse la paradoja de que un eventual IPC real del año que sea positivo pero inferior al incremento acordado para esa anualidad, de un resultado de incremento salarial menor que si el IPC hubiera resultado negativo), como la de excluir cualquier tipo de regularización que no permita incremento alguno, ya que ubicaría al trabajador sin razón alguna en peor situación que si el IPC fuera positivo pero inferior a la subida prevista.

Los razonamientos expuestos imponen una estimación parcial de la pretensión, fijando en un 0,25 % la regularización de los salarios en la anualidad de 2020 en la que el IPC fue negativo.

TERCERO.- Las precedentes consideraciones conducen a la estimación parcial del recurso de casación interpuesto, oído el Ministerio Fiscal, casando y anulando en parte la sentencia impugnada, para estimar parcialmente la demanda y declarar que las tablas salariales actualmente vigentes de 2020 no son definitivas, debiendo regularizarse incrementando las del año anterior en un 0,25 %, y sobre ellas se aplicará el IPC real de 2021 que asciende a la cantidad de un 6.5% y sobre las tablas definitivas de 2021, elaborar las provisionales de 2022 con un incremento de un 2.25%.

No se efectúa condena en costas, de conformidad con lo previsto en el art. 235.2 LRJS.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 216 de la LRJS, procede devolver el depósito efectuado para recurrir.