Sentencia Social 841/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3323/2023 de 31 de mayo del 2024

PRIMERO.- 1. El recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte demandada -Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias, S.L.- se centra en determinar si el cálculo de las pagas extraordinarias debe realizarse de forma anual o semestral. La diferencia entre lo abonado por la paga extra de verano de 2020 por la empresa atendiendo a un devengo semestral y lo que debió abonarse de ser el devengo anual, asciende a 398,95 euros, que son los reclamados por la parte actora.

La sentencia recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede en Las Palmas de Gran Canaria, de 11 de abril de 2023, RS. 414/2022, desestimó el recurso interpuesto por la empresa y confirmó la resolución de instancia que la había condenado al pago de la cantidad de 398,95 euros, con el abono del interés moratorio del 10%.

2. El Ministerio Fiscal considera que existe falta de competencia funcional de la Sala habida cuenta de que frente a la sentencia de instancia no cabía recurso de suplicación por la cuantía y que, por tanto, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida y la firmeza de la de instancia. Las cantidades reclamadas por el demandante no alcanzan los 3.000 euros que dan acceso al recurso de suplicación, y no existen datos suficientes que permitan afirmar la existencia de afectación general, resultando, en consecuencia, de aplicación el art. 191.2.g) LRJS.

La parte actora impugna el recurso aduciendo la falta de competencia funcional de la Sala de Suplicación al no existir afectación general; ausencia de contenido casacional dimanante del planteamiento de una cuestión nueva; carencia del presupuesto de contradicción; y en cuanto al fondo, el acomodo de la sentencia recurrida a la doctrina de esta Sala IV elaborada sobre el devengo de las gratificaciones extraordinarias.

SEGUNDO.- 1. Estando afectado el orden público procesal deberá examinarse prioritariamente la falta de competencia funcional que el Ministerio Público sostiene en su informe, y así mismo invoca la parte actora en su escrito de impugnación del recurso (por todas STS Sala IV de 29 de abril de 2021, rcud. 299/2019).

Es el art. 191 de la LRJS el que regula las reglas aplicables. Concretamente, el art. 191.2 g) dispone que no procederá recurso de suplicación en "Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros..." Y el apartado 3.b) del mismo precepto establece que procederá el recurso de suplicación: "En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes.".

La STS IV 1007/2018, de 4 diciembre (rcud. 611/2016), de Pleno, recopiló y clarificó los criterios interpretativos sobre estas previsiones de la LRJS que analizamos, criterios que hemos seguido en posteriores resoluciones y que refieren lo que sigue:

"Como indica el art. 191.2 g), las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros no tendrán acceso al recurso de suplicación. Esta regla, inicialmente carente de complejidad, precisa de otras que delimiten el concepto de "cuantía litigiosa" ya que no siempre una pretensión podrá identificarse con una cifra o número.

Es por ello por lo que el art. 192 de la LRJS va a completar aquella previsión general perfilando los criterios que deben seguirse ante determinados supuestos, para poder obtener ese concepto de "cuantía litigiosa" que, en el límite cuantitativo impuesto, permitirá acceder al recurso de suplicación al que se refiere.

La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación "sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"].

Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis".

La STS 903/2022 del 11 de noviembre (rcud 3666/2021) adicionaba que no puede computarse, a los efectos indicados, los intereses ni los recargos por mora.

No olvidemos que lo que está en juego no es sólo la competencia funcional del órgano de suplicación, sino la de esta Sala IV, que sólo la tiene para conocer de las sentencias dictadas en suplicación con arreglo a las exigencias impuestas por los presupuestos procesales impuestos por la Ley, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación. En definitiva, el control de la competencia funcional de la Sala -que pertenece al orden público procesal, cual se deriva de los arts. 238.1º y 240.1 LOPJ-, conlleva el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación, sin que en esta labor quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación. Así lo explicaron, entre otras, las SSTS de 5 mayo de 2016 ( rcud. 3494/2014), de 31 enero de 2017 ( rcud. 2147/2015), de 16 junio de 2017 ( rcud. 1825/2015), y de 24 octubre de 2017 (2) (rcuds. 692/2016 y 2931/2016), plasmadas en pronunciamientos posteriores, como la STS IV de 13 de febrero de 2024, rcud. 2326/2022.

2. La demanda de la que dimana el actual procedimiento se formuló en reclamación de cantidad, concretamente por el concepto de paga extra de verano, postulando que la empresa debe abonar a la trabajadora la parte proporcional al tiempo trabajado y devengo de dicha paga, es decir del 1 de julio de 2019 al 20 de marzo de 2020, (8,67 meses). La determinación cuantitativa que efectúa el escrito es la siguiente: 1419,48 €/12 = 118,29X8,67 meses = 1025,57 euros; dado que le abonaron 623,95 €, existe una diferencia a favor de la actora de 401,62 euros, que es la suma total que aquella peticiona.

El juzgado de lo social estimó la pretensión y condenó a la demandada al abono de 398,95 euros, más el interés de mora, negando el cauce al recurso de suplicación. Frente a esta denegación del acceso al recurso de suplicación se interpuso recurso de queja que fue estimado por Auto del Tribunal Superior de Canarias (Las Palmas) de fecha 8 de noviembre de 2021.

Esta Sala IV, en sentencia de 31 de mayo de 2023 (rcud 3194/2022), se ha pronunciado acerca de la competencia funcional de la Sala de suplicación en un caso sustancialmente igual al que ahora constituye el objeto de este recurso, en el que la demandada era la misma mercantil y en el que también se accionaba el abono de diferencias por la paga extraordinaria de verano de 2020 derivada de la forma de computar su devengo, diferencias que así mismo no superaban la cuantía legalmente exigida para el acceso al recurso de suplicación.

En ella declaramos: "En efecto, la cuantía reclamada no alcanza el umbral exigido por el art. 191.2.g) LRJS para recurrir en suplicación, y tampoco concurren elementos suficientes para afirmar la concurrencia de la afectación general a que se refiere el art. 191.3.b) de dicha ley, porque ni es notoria, ni consta fuera alegada ni probada en juicio, ni cabe entender que el tema debatido tenga un contenido de generalidad incuestionable. Así, la Sala viene advirtiendo que la afectación general no resulta apreciable por la posible proyección general de un litigio, sino que es preciso que "esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate", de forma que "no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general".

Recordábamos igualmente en la sentencia referenciada que "En lo que a la existencia de afectación general se refiere, en la STS 2 de diciembre de 2020, rcud. 3112/2018, hemos dicho que "A partir de las SSTS del Pleno de 3 octubre 2003 (rec. 1011/2003 y 1422/2003) que modificaron el criterio anterior, existe una línea jurisprudencial totalmente consolidada en el sentido de que no es necesaria la previa alegación de parte ni la prueba de la afectación general en el supuesto de que la misma sea "notoria"; en tal caso basta con que sea apreciada razonadamente por el Juzgado o Tribunal encargado del enjuiciamiento".

Hemos afirmado también que corresponde en primer lugar al Juez de lo Social analizar la concurrencia de la afectación general, pero que similar facultad tienen las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia al resolver el recurso de suplicación, y esta Sala IV al examinar el recurso de casación para la unificación de doctrina. A pesar del carácter extraordinario de ambos recursos y de la naturaleza excepcional del segundo, la afectación general condiciona la competencia funcional y puede ser examinada de oficio por la Sala "ad quem" sin necesidad de cumplir las rigurosas exigencias propias de aquellos ( SSTS de 28 de enero de 2009 rcud. 1219/2008; de 3 de mayo de 2011, rcud. 2639/2010 y de 6 de julio de 2015, rcud. 1622/2014, entre otras). Y sin que esta Sala IV esté vinculada por la apreciación que en instancia y en sede de suplicación se hubiere podido efectuar acerca de la afectación general, debiendo proceder de oficio a verificar la propia competencia ( SSTS de 22 de diciembre de 2010, rcud. 52/2010; y de 11 de marzo de 2011, rcud. 3242/2010, entre otras).".

Asimismo, hemos señalado que la vía de la afectación general, como medio de acceso al recurso de suplicación, "no está concebida exclusivamente como un derecho de las partes, pues se configura también como un instrumento que tiene por objeto conseguir la unificación de doctrina en supuestos que son trascendentes en su conjunto y en los que la unidad de criterios aplicativos y hermenéuticos participa en buena medida de la condición de orden público. Así la STC 79/1985, de 3 de julio precisó que uno de los objetivos que se persiguen por el legislador al establecer esta vía especial de acceso al recurso, es "evitar que queden sin recurso reclamaciones de escasa entidad económica desde una consideración meramente individual, pero que pueden trascender esta dimensión al multiplicarse o extenderse a numerosos supuestos de hecho idénticos y requerir, por ello, una actividad uniformadora de los Tribunales de rango superior"; y de la sentencia del mismo Tribunal 108/1992, de 14 de septiembre, se desprende que este supuesto excepcional de interposición del recurso de suplicación que permite el art. 191.3.b) LRJS responde a "un interés abstracto: la defensa del 'ius constitucionis' y la garantía de la uniformidad de la doctrina legal en todo el territorio nacional como principal expresión del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley".

Advertíamos también que "la afectación general no puede confundirse con la posible proyección general de un litigio sobre la interpretación de una norma, sino que requiere que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general ( STS de 2 de junio de 2016, rcud. 3820/2014; de 7 junio 2017, rcud. 3039/2014 y de 24 de octubre de 2017, rcud. 1160/2016).".

3. La aplicación de la doctrina expuesta al caso controvertido lleva a la conclusión de que no concurre una afectación generalizada del tema decidendi, no existiendo ningún dato que permita afirmar que la reclamación tiene trascendencia general o que conduzca a apreciar la notoriedad de la afectación múltiple teniendo en cuenta su intrínseca naturaleza y el colectivo implicado.

En consecuencia y atendido que el presupuesto de partida revelaba que no se había alcanzado el umbral imprescindible para el acceso a la suplicación, ni por ende a la casación, la sentencia dictada por el juzgado de lo social no resultaba recurrible y había devenido firme.

TERCERO.- Por todo lo razonado procede, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, declarar la falta de competencia funcional para el enjuiciamiento del litigio. La sentencia emitida por la Sala de lo Social del TSJ fue dictada careciendo de la necesaria competencia funcional, procediendo ahora que sea casada y anulada, otorgando la correspondiente declaración de firmeza a la resolución de instancia y anulando las actuaciones posteriores a su dictado.

No se efectúa condena en costas, al quedar firme la sentencia de instancia que estima la demanda y ser declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad, procediendo la devolución a la parte recurrente del depósito efectuado para recurrir y el mantenimiento de las consignaciones constituidas en garantía del cumplimiento de la condena.