Sentencia Social 838/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1948/2023 de 31 de mayo del 2024

PRIMERO.- 1. La cuestión sometida a debate en casación unificadora por la parte demandante se centra en determinar si cabe recurso de suplicación contra el auto del juzgado de lo social que tiene por desistida de la demanda a la trabajadora que no comparece al acto de conciliación y juicio, auto que así mismo le impone el pago de las costas del procedimiento en cuantía de 300 euros. Más específicamente, el único extremo del auto que se impugna es la imposición de costas, no siendo combatido el pronunciamiento principal de la resolución que tiene por desistida a la demandante.

La sentencia recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla) de 12 de enero de 2023, RS. 3128/2020, desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la actora, confirmando la sentencia de instancia sin entrar a conocer del fondo del litigio por considerar que la resolución impugnada ( Auto de 24 de febrero de 2020) no era susceptible de ser recurrida en suplicación.

Razona a tal efecto que el art. 191.4 c) LRJS admite el recurso de suplicación contra los autos del Juzgado de lo Social que resuelvan el recurso interpuesto frente a la resolución que disponga la terminación anticipada del proceso, pero solo y únicamente en los supuestos de: a) satisfacción extraprocesal o pérdida sobrevenida de objeto; b) falta de subsanación de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representación procesal; c) o de incomparecencia injustificada a los actos de conciliación y juicio, siempre que, por caducidad de la acción o de la instancia o por otra causa legal, no fuera jurídicamente posible su reproducción ulterior.

Tras ello concluye que el auto recurrido no se encuentra en ninguno de estos supuestos, porque no concurre causa legal que impida la ulterior reproducción de la demanda, siendo la condena al pago de las costas una consecuencia accesoria de la resolución impugnada, que tampoco puede tener acceso a la suplicación si no lo tiene la resolución judicial a la que ese pronunciamiento se incorpora, no cabiendo en definitiva considerar la decisión sobre las costas, cualquiera que sea el fundamento de la misma, como un objeto procesal autónomo que por sí mismo pueda ser susceptible de recurrirse en suplicación.

2. El Ministerio Fiscal informa en el sentido de no considerar concurrente el presupuesto de contradicción y, subsidiariamente, considera que la Sala de suplicación carece de competencia funcional para conocer del recurso entablado ante la misma.

La parte demandada impugna el recurso interesando su inadmisión por tener diversa ratio decidendi las sentencias sometidas a comparación y, en segundo lugar, por falta de competencia funcional de la Sala de suplicación para conocer del recurso. Por último, aduce subsidiariamente en cuanto al fondo, que la imposición de costas debe ser puesta en relación en el presente caso, con la existencia de una sentencia de conflicto colectivo desfavorable a los intereses de la parte actora, y por la que fue requerida para que confirmara su interés en el mantenimiento del actual proceso, lo que no fue contestado. Su incomparecencia justifica en este contexto la condena en costas reflejada en el auto.

SEGUNDO.- 1. Dos son los motivos que formula la recurrente, ambos invocando la misma sentencia de contraste, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de octubre de 2004 (RS 8073/2003). El primero denuncia la infracción de los arts. 191.4 c) 2º LRJS y 24 CE, dirigiendo los alegatos a considerar que la resolución recurrida era susceptible de recurso de suplicación por llevar consigo una terminación anticipada del proceso jurídicamente imposible de reproducir ulteriormente. En el segundo motivo, bajo la denuncia de la vulneración de los arts. 66.3, 83.2 y 97.3 de la LRJS, la recurrente invoca su condición de beneficiaria del derecho de justicia gratuita, lo que la excluiría del abono de costas procesales.

2. Como declaramos, entre otras muchas, en la STS 21/2/2018, rcud. 920/2016, y reiteramos en las SSTS 9/7/2020, rcud. 4119/2017 y 13 de febrero de 2024, rcud 2326/2022: "La flexibilidad aplicada por esta Sala de casación en orden a determinar la concurrencia del requisito o presupuesto de contradicción de sentencias ex art. 219.1 LRJS cuando se trata de infracciones procesales que pudieran generar indefensión se evidencia en nuestras sentencias de 1 de junio de 2016 (rcud. 3241/2014); 11 de marzo de 2015 (rcud 1797/2014), 7 de abril de 2015 (rcud 1187/2014), que se remiten al Acuerdo adoptado en Pleno no jurisdiccional de fecha 11-02-2015 sobre el requisito de la contradicción en materia de infracciones procesales respecto del recurso de casación para la unificación de doctrina en el que se decidió que "Al analizar la contradicción en materia de infracciones procesales se exigirá siempre la concurrencia de la suficiente homogeneidad en la infracción procesal respectiva, con objeto de que se pueda examinar una divergencia de doctrinas que deba corregirse respecto de alguno de los aspectos propios de la tutela judicial efectiva" y que "Cuando en el recurso se invoque motivo de infracción procesal las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias comparadas". No es, por tanto, la cuestión sustantiva que constituye el fondo del asunto la que debe ser analizada para determinar si concurren los supuestos de contradicción del artículo 219.1 LRJS, sino la controversia planteada respecto de la infracción procesal sobre la que versen la sentencia recurrida y la de contraste y la necesidad de que concurra en este extremo suficiente homogeneidad ( STS de 11 de marzo de 2015, rcud.1797/2014)".

A lo que debemos añadir la singular peculiaridad que supone la circunstancia de que la posible infracción procesal afecte a la competencia funcional de la Sala de suplicación, lo que a su vez incide en la propia competencia de esta Sala IV para conocer del recurso de casación unificadora.

Como recuerda en este particular la STS 740/2023, de 11 de octubre (rcud. 1044/2021) y reitera la STS de 13 de febrero de 2024 (rcud. 2326/2022), "Esta Sala ha flexibilizado la exigencia del requisito de la contradicción cuando la cuestión a dilucidar en el recurso de casación para la unificación de doctrina afecta a la competencia funcional del Tribunal de segundo grado para conocer del recurso de suplicación por razón de la materia o de la cuantía, si bien es necesario en todo caso que la parte recurrente cite y aporte sentencia de contraste, concurriendo en caso contrario causa de inadmisión. En tal caso, por ejemplo, STSS 20 diciembre 2016 (Rcud. 3194/2014), 4 mayo 2017 (Rcud. 1201/2015) y 4 octubre 2017 (Rcud. 3273/2015). En esos supuestos la viabilidad del recurso de casación unificadora no está condicionada a la concurrencia de los elementos que configuran la contradicción cuando se trata de infracciones procesales. Así lo hemos afirmado, entre otras, en las SSTS de 3 de febrero de 2016 (Rcud. 2279/2014); de 19 julio de 2016 (Rcud. 3900/2014); de 22 septiembre de 2016 (Rcud. (119/2015); de 20 de diciembre de 2016 (Rcud. 3194/2014); de 16 de febrero de 2017 (Rcud. 2481/2015); de 05 de abril de 2017 (Rcud. 268/2016) y de 21 de mayo de 2020 (Rcud. 2786/2017). En ellas, a pesar de no apreciar las identidades requeridas entre la sentencia impugnada y la referencial, se entra a decidir si cabe o no recurso de suplicación.

El fundamento de esa doctrina radica en la consideración de que lo que está en juego no es sólo la competencia funcional del órgano de suplicación, sino la de esta Sala, que sólo la tiene para conocer de las sentencias dictadas en suplicación con arreglo a las exigencias impuestas por los presupuestos procesales impuestos por la Ley, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación. En definitiva, el control de la competencia funcional de la Sala -que pertenece al orden público procesal, cual se deriva de los arts. 238.1º y 240.1 LOPJ-, supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación, sin que en esta labor quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación. Así lo explican, entre otras, las SSTS de 5 mayo de 2016 ( Rcud. 3494/2014), de 31 enero de 2017 ( Rcud. 2147/2015), de 16 junio de 2017 ( Rcud. 1825/2015), y de 24 octubre de 2017 (2) (Rcuds. 692/2016 y 2931/2016)".

En aplicación de la doctrina expuesta, pasamos a acometer el examen del recurso interpuesto en el extremo relativo a la competencia funcional de la Sala para el conocimiento del litigio.

TERCERO.- 1. Para la resolución del recurso hemos de partir del art. 83.2 LRJS, precepto que establece: "Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda".

La resolución que dicta el órgano judicial provoca de esta forma la terminación anticipada del proceso, con lo que la posibilidad de recurrir en suplicación se rige por lo dispuesto a tal efecto en el art. 191. 4 letra c) LRJS, precepto según el cual, "Podrá interponerse recurso de suplicación contra las siguientes resoluciones: c) Los autos que resuelvan el recurso de reposición, o en su caso de revisión, interpuesto contra la resolución que disponga la terminación anticipada del proceso en los siguientes supuestos:

1º Satisfacción extraprocesal o pérdida sobrevenida de objeto.

2º Falta de subsanación de los defectos advertidos en la demanda no imputable a la parte o a su representación procesal o incomparecencia injustificada a los actos de conciliación y juicio, siempre que, por caducidad de la acción o de la instancia o por otra causa legal, no fuera jurídicamente posible su reproducción ulterior.".

2. Resolviendo idéntico asunto frente a la misma demandada, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, esta Sala IV declaró en sentencia nº 277/2024, de 13 de febrero, rcud 2326/2022, lo que sigue: "Como es de ver, el apartado 2º se refiere específicamente al supuesto de incomparecencia injustificada a los actos de conciliación y juicio, limitando la posibilidad de recurrir en suplicación a los casos en los que no fuera jurídicamente posible la ulterior reproducción de la demanda "por caducidad de la acción o de la instancia o por otra causa legal".

Solución legal con la que el legislador ha querido condicionar el acceso a suplicación y restringirlo a las situaciones en los que no sea posible que el demandante pueda volver a ejercitar judicialmente aquella misma pretensión de la que se le tiene por desistido. En tal sentido incluye de manera expresa entre esas causas obstativas la eventual caducidad de la acción o de la instancia, pero admite igualmente la concurrencia de cualquier otra causa legal que impida reproducir la demanda.

Y puesto que los efectos jurídicos del desistimiento no impiden al demandante volver a ejercitar la acción en una nueva demanda, la regla general que de esta previsión legal se desprende es la de que no cabe recurso de suplicación frente al auto que tiene por desistido al actor de su demanda, salvo en los supuestos en los que no sea jurídicamente posible reproducirla ulteriormente por concurrir una causa legal que lo impida.

Al recurrente le corresponde la carga de alegar y probar la existencia de una causa legal de esa naturaleza. De no acreditarse ese extremo, no cabe recurso de suplicación contra el auto del juzgado de instancia".

Concluíamos que ello es así por la manifiesta finalidad de la norma, que no es otra que la de "garantizar el derecho al recurso de suplicación en el caso de que el demandante no pueda volver a reproducir su demanda, permitiendo que ese auto pueda revisarse por la instancia superior para comprobar su adecuación a derecho y evitar las gravosas consecuencias que puede generar una incorrecta resolución contra la que no cabe recurso.

Ese es el motivo por el que niega el recurso cuando el demandante puede volver a plantear la demanda, porque en ese caso dispone de un mecanismo para evitar el perjuicio que le hubiere podido generar la finalización del anterior proceso, lo que hace innecesaria la revisión de aquella resolución en una instancia judicial superior".

3. Sobre tales parámetros interpretativos la sentencia cuyos razonamientos venimos reproduciendo, -y que atiende a circunstancias fácticas que guardan identidad con el caso que ahora enjuiciamos- apreció la inexistencia de obstáculo legal alguno para que el trabajador pudiera volver a reproducir la demanda de reclamación de cantidad de la que se le había tenido por desistido, y ello por cuanto que no se había producido "prescripción, ni caducidad de la acción o de la instancia, por lo que no hay causa legal que impida esa posibilidad, sin que quepa en consecuencia recurso de suplicación contra el auto que le tiene por desistido".

Ante la alegación por la recurrente de la eventual existencia de cosa juzgada, como causa obstativa que cierra la posibilidad de reproducir ulteriormente la demanda, en la sentencia a la que venimos haciendo referencia, negamos tal posibilidad, señalando que "Cuando el art. 191.4 LRJS permite el recurso de suplicación si hay causa legal que imposibilite la interposición de una nueva demanda, se está refiriendo a aquellas que impiden el ejercicio ulterior de la misma acción, esto es, a las situaciones jurídicas en las que esa causa legal aparezca como consecuencia de tener al actor por desistido de la demanda, que no a las que ya pudieren ser preexistentes al auto que acuerda el desistimiento.

Así resulta de la propia finalidad de esa norma, y lo evidencia el hecho de que mencione como paradigma de las mismas la caducidad de la acción y de la instancia, justamente porque son causas legales que no impedían en su momento la interposición de la demanda, pero que surgirían tras el auto de desistimiento que pone fin al procedimiento y cercenan la posibilidad de iniciar un ulterior proceso".

A ello añadíamos que "el alegato del recurrente viene a confundir las causas legales que puedan conducir a la desestimación de la demanda, con las causas obstativas que impidan la posibilidad de plantear un nuevo proceso judicial tras el auto de desistimiento, que es a lo que se refiere el art. 191.4 LRJS. Lo que exige que esas causas legales aparezcan y se generen por razón de que se haya tenido por desistida la primera demanda, que no las que ya fuesen preexistentes al auto de desistimiento y pudieren dar lugar finalmente a la desestimación de una segunda demanda".

A tal conclusión considerábamos que no obstaba el hecho de que en el caso enjuiciado se hubiera producido la circunstancia, "ciertamente anómala y bien extraña, de que el órgano judicial haya impuesto al trabajador las costas de la parte contraria en el auto en el que le tiene por desistido de la demanda", y ello por cuanto que dicho pronunciamiento "es accesorio del principal y no puede alterar por consiguiente la regla que impide el recurso de suplicación contra ese auto conforme a lo que anteriormente hemos razonado, y sin perjuicio de que el trabajador pueda activar los mecanismos legales oportunos para corregirlo".

CUARTO.- Razones de seguridad jurídica y la inexistencia de motivos que aconsejen apartarse del criterio expuesto -en tanto que basado en un supuesto con el que el presente caso guarda una esencial identidad- conllevan la desestimación del recurso interpuesto, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal, así como la confirmación de la sentencia recurrida y su declaración de firmeza.

No se efectúa condena en costas ( art. 235.1 LRJS) .