Sentencia Social 175/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 657/2022 de 07 de marzo del 2023

PRIMERO.- 1. Recurre la trabajadora en casación para la unificación de doctrina insistiendo en la procedencia del recurso en pleitos de acción declarativa y acumulada condena por cantidad, atendido que las cuantías deben incrementarse hasta el momento de conclusiones, ascendiendo en este caso a 4.904,30 euros.

Impugna la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede en Málaga) de 15 de diciembre de 2021, en la que se declara de oficio la inadmisión del recurso de suplicación deducido por la trabajadora al no encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el art. 191.2.g) LRJS que excluye de la suplicación las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros. Regla que debe ponerse en relación con la contenida en el art. 192.3 LRJS cuando establece que la cuantía del proceso, en aquellos casos en los que se pretende el reconocimiento de un derecho, vendrá determinada por el valor económico de lo reclamado. Y en el caso, la trabajadora -profesora de religión- con antigüedad reconocida de 1-1-1989, pretende que se le reconozca una antigüedad de 1-10-1987, y se abonen a efectos de trienios la diferencia de 1.949,70 euros, por lo que no se alcanza el tope cuantitativo de acceso al recurso de conformidad con el art. 191 LRJS.

Advertir aquí que ambas partes evacuaron sus conclusiones por escrito (folios 93 a 103 de las actuaciones de instancia). La parte actora concretó las cantidades a abonar hasta diciembre de 2020 en la cuantía de 5.037,25 euros con el 10% de interés por mora. El Abogado del Estado, sin embargo, en un elaborado escrito, señala que la actora no formalizará 10 trienios hasta el 1-3-2022, de ahí que, hasta diciembre de 2020, la cantidad total de prosperar la demanda sería la de 2.732,82 euros (el interés por mora, 273,282, conduciría a la cantidad de 3006,102 euros).

2. El Ministerio Fiscal evacúa informe de estimación del recurso. Aunque no concurriría el presupuesto de contradicción, estamos ante una cuestión de orden público procesal que faculta la recurribilidad. Y argumenta seguidamente que en este caso la reclamación del reconocimiento de 10 trienios en cómputo anual, no supera los 3000 €, pero la cantidad acumulada pretendida por dichos trienios hasta el día del juicio oral si sobrepasa esa suma, por lo que la sentencia de la instancia era recurrible en suplicación.

La Abogacía del Estado opone como causa de inadmisibilidad la falta de contenido casacional por no alcanzar la cuantía litigiosa mínima para recurrir. De forma subsidiaria argumenta la desestimación del fondo suscitado.

SEGUNDO.- 1. La sentencia que se ofrece de contraste es la dictada por esta Sala de 25 de septiembre de 2018 (rec. 3666/16), más no resulta ocioso recordar que la pretensión debe ser examinada sin necesidad de concurrir la contradicción con la sentencia de contraste citada, por tratarse de un asunto de competencia funcional que puede y debe incluso analizarse de oficio por la Sala.

Así lo expresamos en SSTS IV 10.03.2021, rcud 740/2019, 2.12.2020, rcud. 1256/2018, 23.11.2021, rcud 2621/2019, y STS 319/2022, de 6 de abril (ROJ: STS 1447/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1447), rcud 827/2019, entre otras muchas: la cuestión relativa a la recurribilidad de la sentencia de instancia afecta al orden público procesal -ex arts. 9.6, 238.3º y 240.2 LOPJ-, a la propia competencia funcional de la Sala de suplicación y consiguiente acceso al recurso de casación, por lo que debemos examinarla de oficio sin que el Tribunal se encuentre vinculado por la decisión que se haya adoptado en trámite de suplicación, y sin necesidad de que concurra o no el requisito o presupuesto de contradicción, en tanto que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, y "esto presupone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia sea -a su vez- recurrible en suplicación, de modo y manera que el control de la competencia funcional de la Sala supone el previo control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación (entre otras, las SSTS/IV 13-octubre-2006 -recurso 2980/2005-, 26-junio-2007 -recurso 1104/2006-, 16-enero-2008 -recurso 483/2007-, 21-enero-2008 -recurso 981/2007-, 5-marzo- 2008 -recurso 369/2007-, 29- mayo-2008 -recurso 878/2007-, 25- junio-2008 -recurso 1545/2007-, 30-junio- 2008 -recurso 995/2007-, 6-abril- 2009 -recurso 154/2008-, 20- abril-2009 -recurso 2654/2008). En los mismos términos nos pronunciamos en STS IV de 29.10.2019, rcud 2331/2017, con cita de nuestras SSTS de fecha 17.07.2018 (rcud. 904/2018 y 1176/2017) y recordando la argumentación de la del Pleno de 11 de mayo de 2018 (rcud. 1800/2016)".

La STS IV 1007/2018 de 4 diciembre (rcud. 611/2016), Pleno, recopiló y clarificó los criterios interpretativos sobre las previsiones de la LRJS que inciden sobre el problema que analizamos, criterios que hemos seguido en otras muchas posteriores, y que refieren lo que sigue:

"Como indica el art. 191.2 g), las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros no tendrán acceso al recurso de suplicación. Esta regla, inicialmente carente de complejidad, precisa de otras que delimiten el concepto de "cuantía litigiosa" ya que no siempre una pretensión podrá identificarse con una cifra o número.

Es por ello por lo que el art. 192 de la LRJS va a completar aquella previsión general perfilando los criterios que deben seguirse ante determinados supuestos, para poder obtener ese concepto de "cuantía litigiosa" que, en el límite cuantitativo impuesto, permitirá acceder al recurso de suplicación al que se refiere.

La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación "sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"].

Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis".

Y en cuanto al momento procesal para su fijación, aquella doctrina precisa que la solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-), siendo así que la pretensión laboral se formula en tres momentos diferentes del proceso [demanda; trámite de alegaciones; y conclusiones] y que es precisamente en el último de ellos -conclusiones- en el que de manera definitiva se materializa definitivamente la acción; por ello es éste el trámite procesal en el que de manera irrevocable se concreta la cuantía litigiosa, a los efectos -entre otros- de determinar la procedencia del recurso de Suplicación. [ STS de 25 de septiembre de 2018, rcud 3666/2016].

Por último, citaremos la STS 903/2022, Social sección 1 del 11 de noviembre (ROJ: STS 4298/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4298) rcud 3666/2021, en el pasaje que refiere que no puede computarse, a los efectos indicados, los intereses ni los recargos por mora.

2. Ya anunciamos que en fase de conclusiones definitivas la parte demandante ahora recurrente, aclaró que, computando los 10 trienios reclamados, la cantidad total ascendía a 4.579'32 € más los intereses de mora. El desglose es el que sigue:

- 1772'64 € desde mayo de 2018 a mayo de 2019

- 1772'64 € desde junio 2019 a mayo de 2020

- 1034'04 € desde junio 2020 a diciembre 2020.

Siendo precisamente en el momento de conclusiones, en el que de manera definitiva se materializa la acción, cuando el petitum concreto ha superado el umbral de los 3.000 euros para abrir el trámite del recurso, y al mismo debemos atenernos. En consecuencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 191.2 g) y 192.2 LRJS, en relación con la doctrina acuñada por esta Sala IV que se acaba de exponer, debemos entender que en el actual litigio procedía que la Sala de suplicación hubiera entrado a conocer del recurso de tal naturaleza formulado por la parte actora frente a la sentencia dictada por el juzgado de lo social, sentencia que resultaba recurrible.

TERCERO.- Lo anteriormente razonado, en línea con el informe del Ministerio Fiscal, permite concluir la estimación del recurso de casación unificadora para casar y anular la sentencia recurrida, con devolución de los autos a la Sala de segundo grado para que resuelva con libertad de criterio el recurso de suplicación interpuesto en su día contra la sentencia del Juzgado de lo Social, siendo esta la única cuestión que podemos resolver en este momento.

Sin imposición de costas en el presente recurso, a tenor del art. 235 de la LRJS.