Sentencia Social 658/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5821/2022 de 07 de mayo del 2024

PRIMERO.- 1. La cuestión que plantea la parte actora en el presente recurso de casación para la unificación de la doctrina se centra en determinar si el cese en el cargo de libre designación es vulnerador del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, al venir precedido de una denuncia del actor ante la Inspección de Trabajo, y sustentar así la acción extintiva que articula.

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29 de septiembre de 2022 (RS. 3159/2022), desestimó el recurso de suplicación y confirmó la de instancia desestimatoria de la demanda sobre resolución del contrato de trabajo por vulneración de la garantía de indemnidad. Señala la Sala que el cargo de Capitán se inserta en el ámbito de la alta dirección al ejercer altas funciones directivas en el buque, considerado como centro de trabajo autónomo ( ET art. 1.5) y que el cese en el cargo por pérdida de confianza no constituye un despido sino un desistimiento, dado que el demandante tiene derecho a continuar en la relación ordinaria previa, sin perjuicio de lo cual el desistimiento ha de respetar, en todo caso, los derechos fundamentales del trabajador, entre ellos la garantía de indemnidad en cuanto efecto del derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, estima la sentencia que los partes emitidos por el actor, los correos sobre presencia de amianto y la denuncia a la ITSS son actuaciones relacionadas con su cargo y condición adicional de delegado de prevención, por lo que no se realizaron a título individual y para el ejercicio de sus derechos, sino desde la perspectiva técnica y obligado por sus cometidos, lo que impide considerar que hubiese existido una reclamación propia y, de ahí la inexistencia de vulneración de su derecho individual de indemnidad, a lo que suma el hecho de que el desistimiento en el nombramiento fue coetáneo al acometimiento de una reestructuración del organigrama de la empresa.

2. El Fiscal informa que procede la desestimación del presente recurso de casación para la unificación de doctrina, por falta de contradicción. Asevera que las sentencias comparadas emiten fallos distintos pero que no resultan contradictorios al sustentarse en circunstancias fácticas diferentes, que en esa manera detalla.

El Abogado del Estado, en la legal representación que ostenta de SASEMAR, impugna el recurso señalando que concurre una primera causa de inadmisibilidad consiste en la falta de relación circunstanciada de la contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste. La segunda causa de inadmisibilidad que aduce consiste en la falta de contradicción entre las sentencias comparadas. Finalmente se alinea con la argumentación de la sentencia recurrida y concluye que el desistimiento que comporta el cese en el puesto de capitán (y la vuelta a la relación laboral ordinaria anterior) no constituye una represalia frente al ejercicio de acciones administrativas, sino que estaba justificado en razones organizativas de la empresa, afectando a otros varios trabajadores de los que no consta ejercicio de acciones ni judiciales ni administrativas previamente, y sin conocimiento aquí de la denuncia ante el ITSS.

SEGUNDO.- 1. Previamente al examen del también cuestionado presupuesto de contradicción ha de darse respuesta a la oposición verificada por el impugnante acerca de la falta del cumplimiento del relativo a la concurrencia de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción.

De la lectura del contenido del escrito de interposición se infiere la superación de esta última exigencia normativa, cumplimentando lo prevenido en el art. 224 de la LRJS, cuya dicción requiere una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del art. 221 citado, y que el escrito exprese separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente ( STS IV de 7 de febrero de 2024, rcud. 1612/2021).

La sentencia del TS IV 1096/2018, de 20 de diciembre (rcud 1055/2017) -que recordamos en la de 2 de abril de 2024, rcud. 4835/2022-, explica que el requisito formal del escrito de interposición del recurso relativo a que debe tener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, "exige una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida, al Ministerio Fiscal y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas [...] La finalidad y fundamento de esta exigencia de análisis pormenorizado o relación precisa o circunstanciada de la contradicción alegada es la garantía de defensa procesal de la parte recurrida, de suerte que ésta pueda apreciar con claridad los términos de un debate que dista mucho de ser simple, al consistir en la comparación de sentencias en la integridad de sus elementos. El análisis o argumento de contradicción ha de consistir, no ya y no sólo en un examen de las doctrinas en que se apoyan las sentencias comparadas, lo que podría corresponder también a la argumentación de infracción legal, sino, sobre todo, de una comparación de las controversias concretas objeto de enjuiciamiento. La comparación de las controversias comporta normalmente un examen individualizado y pormenorizado de los hechos, los fundamentos, pretensiones y decisiones de las sentencias comparadas, dependiendo el detalle exigible de la argumentación del grado de complejidad y casuismo de la cuestión planteada. El análisis de la contradicción de sentencias exige, en su caso, expresar por qué no son relevantes para el correspondiente juicio de contradicción aquellas diferencias entre las sentencias comparadas que en una primera aproximación puedan plantear dudas sobre la concurrencia de este requisito".

En el actual supuesto se detecta la referencia a los hechos, fundamentos y pretensiones de la sentencia recurrida y de la referencial, comparándolos y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del art. 219 de la LRJS en relación con la cuestión controvertida.

En consecuencia, procederá a continuación analizar la convergencia del presupuesto de contradicción.

2. La sentencia referencial invocada es la dictada por el Tribunal Constitucional el 28 de febrero de 2011, R. Amparo, 8949/2006. El TC examinó si la decisión de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía de cesar a la trabajadora del cargo de libre designación de directora económico-administrativa, después de que esta entablara contra ella acciones judiciales en reclamación de salarios, constituía una represalia o reacción ilegítima frente al ejercicio de acciones judiciales, o si se trataba simplemente de una manifestación del poder de autoorganización y libertad de cese de la empleadora en un puesto de libre designación.

Consta en los hechos probados que la carta de comunicación del cese en las funciones de Directora Económica expresa que tal decisión se debía al cese de confianza, fundamentado en el hecho de que la actora hubiese adoptado acciones legales frente a la empresa para reclamar determinados conceptos salariales. El TC declara la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de indemnidad y otorga el amparo a la trabajadora, al apreciar la conexión causal entre la medida empresarial y el ejercicio previo de acciones judiciales, razonando que aunque se trate de un puesto de libre designación que conlleva la libertad de cese, dicha libertad viene limitada por el respeto a los derechos fundamentales, y en el caso enjuiciado la empresa no ha demostrado la existencia de razones objetivas de índole profesional que justifiquen el cese impugnado.

3. No ignora esa doctrina la resolución ahora combatida. Tomando como punto de partida la consideración de cargo de confianza, admite la posibilidad del desistimiento por parte del empleador, pero afirma que ha de respetar, en todo caso, los derechos fundamentales del trabajador, entre ellos la garantía de indemnidad en cuanto efecto del derecho a la tutela judicial efectiva. Explicita así que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos.

No obstante, descarta finalmente la quiebra del derecho fundamental al valorar las diversas circunstancias concurrentes en las actuaciones, que devienen relevantes: los partes remitidos por el actor como Capitán, los correos sobre la presencia de amianto y la denuncia a la ITSS que anuda a su cargo y condición adicional de delegado de prevención, es decir como técnico u obligado por sus cometidos, siendo cuestiones meramente profesionales o técnicas, así como el coetáneo acometimiento de una reestructuración del organigrama de SASEMAR.

En sede fáctica se detallan otros ceses y nombramientos acaecidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, con ocasión del nombramiento de la nueva dirección de operaciones de SASEMAR, y, previamente se declara acreditado que antes y después de la designación como capitán, el trabajador, en ejercicio de sus funciones como delegado de prevención, solicitaba evaluaciones higiénicas, la reunión del comité intercentros, informaba del empeoramiento de las condiciones de trabajo, reunión CISS extraordinaria, realizaba requerimientos de documentación y evaluación de riesgos laborales, recibía requerimientos de la inspección de trabajo y solicitaba documentación a la empresa, llevaba a cabo peticiones de formación, entre otras, tratando el tema del amianto específicamente referido también al buque Punta Salinas. Los datos indican que en el acta de constitución del comité de empresa de flota de SASEMAR de 19 de diciembre de 2021 el Sr. Octavio no figura como miembro del comité de empresa ni como delegado de prevención, habiendo sido el 1 de diciembre cuando acaece el cese como capitán. Y, por otra parte, consta como responsabilidad de los Capitanes identificar, conocer, documentar, tratar y evaluar las "no conformidades" que se produzcan en las unidades de flota, definiendo qué se entiende como "no conformidad" y "no conformidad mayor", así como las actividades o situaciones susceptibles de dar origen a una no conformidad:

"1. Averías reiteradas o accidentes

2. Contaminación y/o daño producido

3. Accidentes o incidentes de la tripulación

4. Equipos inadecuados para el fin para el cual estaban destinados.

5. Servicios y/o productos inadecuados

6. Pedidos no conformes

7. Incumplimientos graves detectados en el transcurso de auditorías, evaluaciones o inspecciones.

8. Fallos en los equipos de navegación.

9. Ataques cibernéticos."

Dichos elementos resultan ajenos a los enjuiciados en la sentencia referencial, en la que el cese por pérdida de confianza se focaliza exclusivamente en la adopción por la trabajadora de acciones legales en reclamación de determinados conceptos salariales (antigüedad e incentivos). En este sentido, el propio TC indica que no se deduce causa profesional alguna a la que se haya vinculado la pérdida de confianza en el dilatado periodo en el que la recurrente desempeñó el puesto directivo.

Las divergencias puestas de relieve empecen la existencia de la identidad esencial requerida por el art. 219 de la LRJS. Los fallos discrepantes obedecen a la acreditación de los hechos y elementos de juicio diferentes anteriormente relatados.

Precisaremos aquí que ese precepto configura como presupuesto previo para resolver sobre la cuestión de fondo el análisis de manera autónoma de la concurrencia del requisito de contradicción respecto a las sentencias de contraste que se aleguen. Así lo expresamos en el rcud. 5606/2022 que trae causa de la demanda formulada por el mismo trabajador contra SASEMAR, si bien en el ejercicio de una acción de modificación sustancial de condiciones de trabajo, de naturaleza diferente, en la que igualmente ponemos de relieve que "No es objeto de ninguno de estos dos procesos la posible y aparente contradicción que pudiere existir entre las sentencias recurridas en cada uno de ellos.

Ni puede tan siquiera serlo, porque ninguna de ambas sentencias es firme, lo que impide que pudieren eventualmente invocarse como contradictorias.".

TERCERO.- Las precedentes consideraciones determinarán la desestimación del recurso unificador, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, declarando la firmeza de la sentencia impugnada.

No procede efectuar condena en costas ( art. 235.1 LRJS) .