Sentencia Social Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1136/2011 de 27 de Diciembre de 2011

INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS MORALES POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.- La situación de IT causada por dicha vulneración, puede ser indemnizada conforme al Baremo del automóvil, como período impeditivo para el desempeño de la profesión habitual del perjudicado.- Se desestima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto contra Sentencia estimatoria de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede en Granada, sobre solicitud de indemnización, por tutela de derechos fundamentales, por daños morales por razón de actuación denigrante de la empresa hacia el trabajador demandante.La Sala declara que  concurre el requisito de la contradicción que requiere el art. 217 de la LPL porque, sin que conste en ninguna de las dos Sentencias sometidas al juicio de identidad que los trabajadores implicados, durante sus respectivos períodos de IT, tuvieren ingreso hospitalario alguno, y aplicándose en ambos casos el mismo Baremo, aunque en las cuantías vigentes en cada momento, en uno (recurrida) a los días de IT se les considera, a esos efectos indemnizatorios por daño moral , como "impeditivos" y en el otro (contraste) como "no impeditivos", siendo así que en los dos supuestos tal situación (la IT) determinó la imposibilidad real y efectiva de desarrollar la actividad profesional propia y habitual de ambos trabajadores. Procede, pues, de conformidad con la opinión del Ministerio Fiscal al respecto, resolver el fondo del fondo del asunto.Y al respecto, la Sala declara que procede cuantificar el resarcimiento del daño moral correspondiente a los días de IT durante los que el actor, aún sin ingreso hospitalario, permaneció real y efectivamente incapacitado para su ocupación habitual, no con la cantidad fijada para los días "no impeditivos", sino con la suma establecida en el Baremo para los días impeditivos sin estancia hospitalaria, según ha hecho con acierto la Sentencia aquí recurrida, por lo que, en definitiva, procede, oído el parecer contrario del Ministerio Fiscal, desestimar el recurso de la empresa.