Sentencia Social Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3326/2006 de 20 de Septiembre de 2007

Se estima el recurso de casación para la unificación de la doctrina interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre extinción del contrato por voluntad del trabajador. Se determina que los hechos declarados probados evidencian que el Ayuntamiento demandado omitió la debida evaluación de riesgos y la correlativa implantación de medios para proteger a la trabajadora.Y esa pasividad o escasa diligencia empresarial correlativamente vulneró no sólo el derecho -de naturaleza laboral ordinaria- del trabajador a «su integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene» sino también su fundamental derecho a la vida y a la integridad física y a la salud, que no han sido salvaguardados por el empresario. Esa infracción del deber de protección que incumbe a la empresa y del derecho a la integridad que corresponde al trabajador han producido un acreditado daño psicológico que debe ser indemnizado además de la indemnización que corresponda por la extinción del contrato de trabajo.