Sentencia Social 522/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 270/2023 de 11 de abril del 2023

PRIMERO: El trabajador accionante interpuso demanda para impugnar la extinción del contrato de trabajo que, con efectos del 13 de octubre de 2021, le fue comunicada por Artedo Motor S.L. alegando causas objetivas de carácter económico y productivo. Solicitaba la declaración de nulidad del despido o su subsidiaria improcedencia, y pedía la condena solidaria de dicha mercantil y de las restantes empresas codemandadas Asturdai S.L., Comercio y Asistencia S.A., Triocar Comercial del Automóvil S.L. y Resnova S.L., en cuanto integrantes de un grupo empresarial a efectos laborales.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado de lo Social número seis de Oviedo donde el 13 de diciembre de 2022 se dictó sentencia que rechazó la pretensión principal de nulidad, y previa declaración de la existencia de grupo de empresas laboral entre Artedo Motor S.L. y Asturdai SL, declaró la improcedencia del despido y condenó solidariamente a ambas mercantiles a responder de las consecuencias económicas de dicha declaración, absolviendo a las demás codemandadas.

Las empresas condenadas se alzan en suplicación frente al pronunciamiento judicial con recurso que formula su común representación letrada, articulando motivos previstos en los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LJS), para solicitar la revocación de la sentencia y la declaración del despido objetivo como ajustado a derecho.

La representación letrada del trabajador impugna el recurso y defiende la corrección de lo resuelto en la instancia, pidiendo su confirmación.

SEGUNDO: Las mercantiles condenadas utilizan el cauce procesal del art. 193 b) LJS para proponer la ampliación del relato fáctico de la sentencia con dos nuevos ordinales del siguiente tenor:

A) "DECIMOTERCERO BIS: Las cifras de ventas de vehículos nuevos en ARTEDO MOTOR S.L., en los años 2019, 2020 y 2021 son las siguientes:

Año 2019: 679 vehículos

Año 2020: 380 vehículos

Año 2021: 309 vehículos."

Apoya el nuevo hecho en los documentos 17.1, 2 y 3 de su ramo de prueba (folios 351 a 353 de los autos), correos electrónicos enviados por departamentos comerciales de las marcas, resumidos en el folio 350 del procedimiento y detallados en los folios 351 a 357, que contienen datos extraídos del programa oficial de ventas. Sostiene que dichos documentos, no impugnados, y corroborados por la Jefa de ventas de Artedo Motor en el plenario, revelan un descenso en la venta de vehículos nuevos de más del 50% entre 2019 y 2021, que considera trascendente.

B) "DÉCIMOTERCERO BIS 2: "ARTEDO MOTOR S.L. es arrendataria de la mitad de las instalaciones que la mercantil TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMÓVIL S.L.U., tiene en nave industrial ubicada en la Autovía AS-II Nº 1573, en Roces, Gijón, con referencia catastral 2308008TP8220N00091K.

De la otra mitad de la nave es arrendataria la mercantil ASTURDAI SLU, de forma que ambas empresas, ARTEDO MOTOR S.L. y ASTURDAI SLU comparten instalaciones."

La redacción postulada se sustenta en el documento nº 11 de su ramo de prueba (folios 190 y 191) que recoge el contrato de arrendamiento y, en concreto, en la cláusula segunda de dicho contrato, que contradice lo razonado en la fundamentación de la sentencia acerca de la inexistencia de contrato que haya acordado el uso compartido de las instalaciones a cambio de una retribución económica .

Para decidir sobre las propuestas revisoras es indispensable recordar que es el Juzgador de instancia quien tiene atribuidas con plenitud las facultades para valorar las pruebas y los restantes elementos de convencimiento presentados ante él en el proceso - artículo 97.2 LJS- y que en su examen sobre tales materiales dispone de amplios márgenes de actuación, solo limitados por las reglas de la sana crítica. El éxito del motivo destinado a la revisión fáctica en un recurso extraordinario como el de suplicación, está supeditado a la concurrencia de una serie de requisitos perfilados por el Tribunal Supremo para un recurso de la misma naturaleza extraordinaria como el de casación:

a) que se concrete de manera clara y precisa qué hecho esencial omite o introduce la sentencia de manera errónea en el relato fáctico; b) que el hecho demostrativo del error se pueda apreciar de manera clara, patente y directa en la prueba documental o pericial obrante en autos; c) que se ofrezca un texto alternativo concreto, que sustituya, suprima o complete el texto calificado de erróneo; d) que el hecho resulte trascendente para modificar el fallo de instancia o, al menos, refuerce su sentido argumentativo ( SSTS del Pleno de 18/7/2014 rec. 11/2013, de 13/9/2016 rec. 212/2015, entre otras muchas).

Esas líneas generales se completan con las siguientes precisiones: 1) Una cosa es el error en la apreciación de la prueba, que de haberse producido mostraría un relato histórico hecho en términos equivocados, y otra muy distinta que su valoración jurídica conduzca a resultados que se consideren erróneos. 2) Se rechazan las pretensiones que instan una nueva valoración de la prueba, cuya competencia está legal y ampliamente atribuida al juez de instancia, siempre dentro de las reglas de la sana crítica. 3) Los documentos sobre los que se apoya la revisión han de tener una eficacia contundente e incuestionable evidenciando el desacierto judicial sin necesidad de argumentos valorativos, conjeturas o deducciones. 4) Salvo supuestos de error palmario, la revisión fáctica no se puede fundar en el mismo documento en que se ha basado la sentencia recurrida para sentar sus conclusiones, pues con ello se sustituiría el criterio objetivo del Juez por el interesado de la parte. 5) Si existe en los hechos probados constancia suficiente de los extremos que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, pueden ser tenidos en cuenta por la Sala sin necesidad de introducirlos en el relato histórico de la resolución recurrida. ( STS de 9/2/1996 rec. 2429/1994, de 13/11/2007 rec. 77/2006, de 28/6/2013 rec. 15/2012, de 18/3/2014 rec. 125/2013, de 16/4/2014 ( Pleno) rec. 57/2013, de 20/4/2015 rec. 354/2014, de 7/7/2016 rec. 174/2015, 9/1/2019 rec. 108/2018, 13/3/2019 rec. 1002/2019 o de 21.10.2021 rec. 143/2020).

Desde esas consideraciones no es posible aceptar la incorporación del ordinal decimotercero bis, cuyo texto se apoya en medios de prueba carentes de idoneidad para justificar el cambio en el relato fáctico. En efecto, los documentos que figuran a los folios 350 y 351 a 357 del procedimiento fueron elaborados unilateralmente por la parte que los invoca, como resumen y detalle de unos correos electrónicos (folios 351 a 353) que, sin constancia de datos de las entidades remitentes y su relación con la respectiva marca o fabricante, adolecen igualmente de garantías objetivas para acreditar su correspondencia con lo realmente acontecido, y no están dotados de una eficacia probatoria decisiva para reformar el relato de hechos elaborado por el Juzgador de instancia, tras la valoración conjunta de los elementos de convicción.

Respecto de la segunda solicitud "decimotercero bis 2", alega el trabajador que del documento invocado no resulta lo pretendido y, además, resulta irrelevante porque el Juzgador declara la existencia del grupo empresarial a partir de otros muchos datos, que no se discuten en el recurso. Ciertamente, la inclusión del texto postulado carece de relevancia decisiva para dilucidar los siguientes motivos que critican el derecho aplicado, y no justifica la incorporación del nuevo ordinal. Ahora bien, como el documento en sí no ha sido cuestionado y el ordinal tercero del relato fáctico menciona expresamente el contrato de arrendamiento de la nave suscrito el 1 de abril de 2014, no encuentra la Sala inconveniente alguno en asumir y tener en cuenta su contenido para sustituir la redacción del párrafo inicial del hecho probado tercero por la siguiente:

"ARTEDO MOTOR S.L. es arrendataria de la mitad de las instalaciones que la mercantil TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMÓVIL S.L.U., tiene en una nave industrial ubicada en la Autovía AS-II Nº 1573, en Roces, Gijón, con referencia catastral 2308008TP8220N00091K. De la otra mitad de la nave es arrendataria la mercantil ASTURDAI SLU, que no intervino en el contrato."

TERCERO: El recurso plantea tres motivos de naturaleza jurídica amparados en lo establecido en el artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En el primero, se parte del éxito del previo intento revisor para denunciar vulneración de los artículos 51.1 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores cuyo contenido reproduce en el escrito. Sostiene en esencia, que acreditada la disminución de las ventas de vehículos nuevos en ARTEDO MOTOR S.L., mercantil empleadora, incluso considerando la existencia de grupo empresarial entre las dos condenadas, concurre causa organizativa y productiva. Así lo recoge la Jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en Sentencia de 13 de mayo de 2019, (rec. 246/2018), cuando señala que al igual que en las causas técnicas y organizativas, las productivas "pueden actuar tanto en el ámbito de la empresa en su conjunto como en un solo centro de trabajo o en una unidad productiva autónoma, cuando lo que se produce es una situación de desajuste entre la fuerza del trabajo y las necesidades de la producción o de la posición en el mercado, que afectan y se localizan en puntos concretos de la vida empresarial, pero que no alcanzan a la entidad globalmente considerada, sino exclusivamente en el espacio en que la patología se manifiesta, el remedio a esa situación anormal debe aplicarse allí donde se aprecia el desfase de los elementos concurrentes, de manera que si lo que sobra es mano de obra y así se ha constatado como causa para la extinción de los contratos, la amortización de los puestos de trabajo es la consecuencia de tal medida".

En el presente caso, se da esta situación, pues siendo cierta la reducción de ventas de vehículos nuevos en el período comparativo entre 2019 y 2021, la empresa no necesita contar con el mismo número de vendedores lo que justifica la extinción del contrato del trabajador demandante, incluso en el supuesto de que se considere la existencia de un grupo empresarial.

La censura está condenada al fracaso si consideramos que, como ya afirmó el Tribunal Supremo en sus antiguas sentencias de 6 de diciembre de 1979 y 10 de mayo de 1980 y continúa sosteniendo en otras recientes- por todas la dictada el 28-3-12 resolviendo Recurso 119/2010 en Unificación de Doctrina - no puede prosperar la revisión en derecho de la sentencia de instancia cuando no se hayan alterado los presupuestos de hecho que en la resolución combatida se constatan y entre una y otra dimensión exista una íntima correlación o, dicho de otro modo, no es factible tal revisión jurídica cuando no se haya variado la relación fáctica de la causa a que aquella se halla subordinada, situación aquí concurrente si tenemos en cuenta que , cual evidencian las alegaciones contenidas en el motivo dirigido al examen del derecho aplicado que ahora nos ocupa, el éxito de la crítica viene ligado a la ampliación del relato mediante la incorporación del ordinal decimotercero bis, que se ha desestimado.

Faltando el adecuado soporte de hecho que permita entrar en el análisis de la pretendida infracción normativa, su fracaso es inexorable y no precisa ulteriores consideraciones.

CUARTO: Con idéntico amparo procesal, en el siguiente epígrafe del recurso se alega vulneración de los artículos 51.1 y 52.c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la existencia de grupo de empresas a efectos laborales, por todas, sentencias de 20 de octubre de 2015 (Rec. 172/2014), 8 Feb. 2018, (Rec. 234/2016) reiterada por las de 31 de mayo, 31 de octubre, 10 de noviembre de 2017 y 20 de junio de 2018 ( Rec. 2.501/2015, 115/2017 y 3.049/2015, 168/2017).

Aducen las recurrentes que, al contrario de lo que señala la sentencia, no se dan en el supuesto litigioso los requisitos jurisprudencialmente exigidos para declarar la existencia de grupo de empresas a efectos laborales. Consideran importante reseñar que no estamos en un procedimiento de demanda colectiva para la declaración de grupo a efectos laborales, sino ante la acción de un solo trabajador, que al impugnar la extinción de su contrato por causas objetivas alega, entre otras muchas cosas, existencia de grupo empresarial a efectos laborales. Y el matiz es importante, dado que el objeto del pleito debe quedar ceñido a la situación particular del demandante, trabajador del departamento comercial de ARTEDO MOTOR, respecto de cuyas funciones la sentencia no recoge circunstancias que revelen la existencia del grupo.

Su fundamentación jurídica parece ceñirse principal y exclusivamente a lo acaecido en los talleres de la empresa con apreciaciones inadmisibles, dado que, en primer lugar, se está refiriendo a la utilización de instalaciones compartidas sin la existencia de un contrato, que pudo haber sido verbal, y en segundo lugar, las facturas que parecen echarse en falta aparecen recogidas en el hecho probado quinto de la resolución, acreditando la existencia de una prestación de servicios o tracto comercial entre ambas empresas. Y el propio ordinal tercero refiere la existencia de facturación por servicios prestados que "justifica" la prestación de servicios de trabajadores de una empresa por la otra, e incluso la utilización de instalaciones y maquinaria desvirtuando la existencia de un grupo empresarial, y en particular, la de confusión de plantillas.

En definitiva, no hay datos en la sentencia que evidencien la prestación indiferenciada de servicios del actor para ASTURDAI, lo que impide considerar acreditada la existencia de grupo empresarial.

El criterio del Tribunal Supremo sobre responsabilidad laboral del grupo de empresas aparece recogido en la sentencia de 17 de febrero de 2015, rcud 168/2016 y otras más recientes como las de 15 de diciembre de 2021, rec. 196/2021 o 6 de abril de 2022, rec. 4408/2018, que señalan:

" Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que la configuración de grupo de empresas con efectos laborales, con el alcance de la responsabilidad solidaria de las empresas integrantes del grupo, existe cuando concurren elementos adicionales: "la enumeración -en manera alguna acumulativa- de los elementos adicionales que determinan la responsabilidad de las diversas empresa del grupo bien pudiera ser la que sigue: 1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa "aparente"; y 5º) el uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores". [...]

"a).- Funcionamiento unitario con confusión de plantillas.- En los supuestos de "prestación de trabajo "indistinta" o conjunta para dos o más entidades societarias de un grupo nos encontramos... ante una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores"; situaciones integrables en elart. 1.2. ET, que califica como empresarios a las "personas físicas y jurídicas" y también a las "comunidades de bienes" que reciban la prestación de servicios de los trabajadores".

b).- Confusión patrimonial.- Este elemento "no hace referencia a la pertenencia del capital social, sino a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión de su uso"; y "ni siquiera existe por encontrarse desordenados o mezclados físicamente los activos sociales, a menos que "no pueda reconstruirse formalmente la separación".

c).- Unidad de caja.- Factor adicional que supone el grado extremo de la confusión patrimonial, hasta el punto de que se haya sostenido la conveniente identificación de ambos criterios; hace referencia a lo que en doctrina se ha calificado como "promiscuidad en la gestión económica" y que al decir de la jurisprudencia alude a la situación de "permeabilidad operativa y contable", lo que no es identificable con las novedosas situaciones de "cash pooling" entre empresas del mismo Grupo, en las que la unidad de caja es meramente contable y no va acompañada de confusión patrimonial alguna, por tratarse de una gestión centralizada de la tesorería para grupos de empresas, con las correspondientes ventajas de información y de reducción de costes.

d).- Utilización fraudulenta de la personalidad.- Apunta a la "creación de empresa aparente" -concepto íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas- y alude al fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina del "levantamiento del velo", en supuestos en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que sirve de "pantalla" para aquélla.

e).- Uso abusivo de la dirección unitaria.- La legítima dirección unitaria puede ser objeto de abusivo ejercicio -determinante de solidaridad- cuando se ejerce anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante" (en tal sentido, las decisiones de Pleno citadas en el apartado anterior" (por todas, sentencia del TS de 22 de junio de 2020, recurso 195/2019 , y las citadas en ellas)".

La existencia del grupo laboral de empresas no exige la concurrencia de todos los requisitos señalados, y dependerá de las especiales características y situaciones que resulten de los datos que se declaran probados en cada caso, o los indiciarios.

La aplicación de esta doctrina jurisprudencial al supuesto que se somete ahora nuestra consideración, avala la conclusión obtenida por el Magistrado de instancia.

En efecto, la versión histórica de la sentencia, que incluye los extremos de naturaleza fáctica obrantes en su fundamentación, revela que ambas codemandadas despliegan su actividad en el sector de venta y reparación de automóviles, tienen los mismos administradores, comparten domicilio social, instalaciones y maquinaria. Hasta aquí podría aceptarse la existencia de un grupo mercantil sin responsabilidad laboral porque, como ha señalado en numerosas ocasiones el Alto Tribunal, el que una empresa tenga acciones en otra o que varias empresas lleven a cabo una política de colaboración no comporta necesariamente la pérdida de su independencia a efectos jurídico-laborales ( SSTS 03/05/90, 29/10/97, rec. 472/1997; 03/11/05, rcud. 3400/04; y 23/10/12, rcud. 351/12) y " la mera coincidencia de un administrador en ambas, aunque comportara una dirección unitaria, no determinaría sino la existencia de un grupo de empresas y no la responsabilidad solidaria de aquéllas" ( STS 26/12/01, rec. 139/2001).

Pero a los circunstancias señaladas se añade otra ciertamente relevante a los efectos que nos ocupan, como es el de la prestación de servicios indiferenciada simultánea o sucesiva de los trabajadores para ambas empresas. La extensa y detallada redacción de los ordinales tercero y cuarto del relato fáctico, cuya reiteración resulta innecesaria, proporciona información decisiva para evidenciar de manera palmaria una confusión generalizada de plantillas entre ambas empresas, que incluye personal directivo, trabajadores de taller y comerciales, como el aquí demandante, que ostenta la categoría profesional de vendedor. La periódica emisión de facturas de una empresa a otra por las horas trabajadas y el salario de los que las realizan, resulta ineficaz para desvirtuar lo anterior máxime teniendo en cuenta que, como con acierto señala el Juzgador en el fundamento quinto de la sentencia, "no consta contrato alguno en el que se pacten los términos o condiciones en las cuales un trabajador puede ser requerido para prestar servicios para la otra, porque precio, a que empresa pertenecen los medios o instrumentos de trabajo y cuál es la contraprestación por el uso compartido de los mismos".

Así las cosas, procede rechazar las censuras denunciadas en este epígrafe y, con ellas, las que de manera subordinada se invocan en el siguiente, respecto de la concurrencia de causas económicas justificativas de la extinción contractual.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de marzo de 2022, rec. 3522/2019, constituye doctrina consolidada de la Sala, desde la ya lejana STS de 14 de mayo de 1998, Rec. 3539/1997 , que "cuando estamos ante la alegación de una causa económica en un despido colectivo u objetivo, la existencia de una situación económica negativa comporta, para la determinación de su concurrencia, la valoración de la empresa en su conjunto. En efecto, la situación económica negativa, suficiente o trascendente, ha de afectar a la empresa en su conjunto o globalidad, lo que no posibilita en este ámbito económico la disgregación de la empresa en secciones o centros separados, pues con la adopción de la medida extintiva se pretende superar una situación negativa de la entidad y conseguir un adecuado funcionamiento económico de la misma.

La anterior doctrina llevada al supuesto de que el despido económico se realice en un grupo de empresas que ha sido considerado como un único y verdadero empresario a efectos laborales implica que la alegada causa o situación económica negativa concurra en el grupo en su conjunto y no aisladamente en una u otra empresa componente. Dado que el empresario es el propio grupo no resulta factible seccionar la causa en alguna de las empresas que lo componen y aprovechar la concurrencia de la situación económica negativa en una de ellas para proceder a la extinción de contratos de trabajo, aunque los afectados pertenezcan nominalmente a la empresa en la que concurre la causa, dado que esta debe concurrir en el conjunto, afectando al empresario que extingue el contrato."

Se añade más adelante que en estos casos de grupo empresarial formado por dos o más empresas, en la comunicación escrita que se entrega al trabajador notificándole la extinción de su contrato como consecuencia de una situación económica negativa debe exponerse, " no sólo la situación que afecta a un determinado centro o empresa, sino la posición económica de la empresa en su conjunto o del grupo en su totalidad, pues solo de esa forma se cumple la exigencia de que en el escrito de comunicación del despido se informe plenamente al trabajador de las circunstancias económicas que esgrime el empresario para justificar la extinción de su contrato. Si, acreditado que se está en presencia de un grupo de empresas que deben responder solidariamente de las consecuencias de la extinción del contrato laboral, se omite la información económica de una de las empresas del grupo en la carta de despido, no podrá considerarse que el contenido de la misma es suficiente y cumple las exigencias delartículo 53.1 a) ETrelativas a la expresión de la "causa" en la referida comunicación extintiva.".

En el supuesto que se somete a nuestra consideración la carta de despido no consigna los datos del grupo en su conjunto, así que procede descartar la causa económica como justificativa de la procedencia de la extinción impugnada, y confirmar íntegramente el pronunciamiento recurrido.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,