Sentencia Social 1024/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 760/2023 de 25 de julio del 2023

PRIMERO: Frente a la sentencia de fecha 11 de abril de 2023, dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo, que desestima la demanda de despido y vulneración de derechos fundamentales interpuesta por doña Isidora frente a DIRECCION000., don Marcial, doña Macarena, doña Lourdes y al Fondo de Garantía Salarial, recurre la citado demandante en suplicación, interesando, al amparo del artículo 193.b) de la LRJS, la modificación del relato fáctico de la sentencia impugnada, y denunciando, al amparo del art. 193.c) LRJS, la infracción de los artículos 2 y 27 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, y 14 de la Constitución Española

SEGUNDO: En primer lugar, debemos pronunciarnos sobre la admisibilidad de los dos documentos acompañados por la recurrente a su escrito de suplicación.

El artículo 233 de la LRJS dispone que "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complemente su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos".

En el presente caso, aporta la recurrente un extracto de los movimientos bancarios de la cuenta de don Abilio, así como una resolución del INSS por la que se declara el proceso de incapacidad temporal iniciado por doña Isidora en fecha 23 de septiembre de 2022 como derivado de accidente de trabajo.

Ninguno de tales documentos cumple los requisitos exigidos por el precepto antes transcrito.

El primero de ellos no es resolución judicial o administrativa firme, ni documento que no haya podido obtenerse y aportarse por la actora en fecha anterior al pronunciamiento de la sentencia que ahora impugna.

Respecto del segundo, además de desconocerse si concurre el requisito de firmeza, no reviste el mismo relevancia alguna para la resolución del presente asunto, resultando indiferente la contingencia de la cual deriva el citado proceso de incapacidad temporal.

Por ello, los dos documentos aportados deben ser inadmitidos.

TERCERO: Entrando a conocer de los motivos del recurso planteado, debemos comenzar con el formulado al amparo del apartado b) del artículo 193 de la LRJS.

A través del mismo, interesa la recurrente la modificación de los hechos probados segundo, tercero, quinto, séptimo, octavo, noveno, undécimo, duodécimo y decimotercero de la sentencia impugnada.

Cabe recordar, en primer lugar, los requisitos jurisprudencialmente exigidos para que la modificación del relato fáctico contenido en una resolución judicial a través del recurso extraordinario de suplicación interpuesto frente a ella pueda prosperar:

- En relación con los hechos, se exige que lo que se trate de modificar sea un enunciado contenido en el relato fáctico de la resolución impugnada, o bien una afirmación con valor fáctico contenida en la fundamentación jurídica de la misma. Puede pretenderse tanto la modificación de un enunciado en concreto, como su supresión, o la adición de un nuevo hecho al citado relato.

Además, la parte recurrente ha de proponer una redacción alternativa al enunciado que pretende modificar (o simplemente, la redacción del hecho que pretende introducir).

- En relación con la prueba, se exige que la modificación pretendida se desprenda directamente del contenido de una prueba documental o pericial concreta, obrante en las actuaciones y lícita, que sea invocada por la parte recurrente a tal efecto.

No se admite, por tanto, que la modificación se fundamente en pruebas de otro tipo, como puede ser el interrogatorio de parte o la testifical. Además, se excluye el valor de prueba documental a estos efectos de elementos como el acta del juicio, la demanda, las actas de la inspección de trabajo, etc.

Tampoco se admite que se fundamente la supresión de un hecho probado no en una prueba documental o pericial concreta, sino en la falta de prueba del mismo (prueba negativa).

No puede pretenderse a través de este motivo que el órgano judicial encargado de resolver el recurso realice una nueva valoración completa de la prueba practicada en instancia, tarea esta de la valoración de la prueba que corresponde exclusivamente al juez a quo y no puede ser suplida a través de un recurso extraordinario como es el de suplicación.

Asimismo, es necesario que la prueba en la que se fundamenta la pretensión de modificación no haya sido valorada por el órgano que dictó la resolución impugnada, salvo que se ponga de manifiesto el error en que el mismo podría haber incurrido en tal valoración.

- Por último, se exige que la modificación propuesta resulte trascendente, teniendo virtualidad para afectar al fallo de la resolución que se dicte.

Por todas, STS de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012, que, en doctrina para el recurso de casación, pero aplicable al de suplicación, también de carácter extraordinario, se remite a muchas otras anteriores en relación con los citados requisitos, a la luz de los cuales pasamos a analizar cada una de las pretensiones de revisión fáctica formuladas:

En primer lugar, interesa la recurrente la modificación del hecho probado segundo de la sentencia impugnada, y la sustitución de su contenido por el siguiente:

"Dª. Zaira tuvo dos hijos,

Dª. Bibiana y D. Abilio; la primera tuvo a su vez dos hijos llamados Dª. Macarena, casada con D. Pedro Antonio, y D. Marcial; y el segundo D. Abilio

contrajo matrimonio con Dª. Isidora,

demandante en estos autos, los cuales tuvieron a su vez una hija llamada Beatriz.

Dª. Zaira residía, y reside,

en el mismo edificio en el piso NUM000 en cuyo NUM005 estaba el bar-restaurante que tenía

arrendado en el cual trabajaba y regentaba, el cual giraba bajo el nombre

comercial de "el comedor de güeli", hasta que tras la boda de su hijo con Dª.

Isidora, esta pasó a trabajar con ella en el bar,

siendo dada formalmente de Alta en el Régimen General de la Seguridad Social

como trabajadora del establecimiento a cargo de Dª. Macarena.

Tras la jubilación de Dª. Macarena, la demandante se dio de

baja en el Régimen General y de Alta en el R.E.T.A."

Pretende la recurrente suprimir los datos relativos a la no percepción de retribución, al empleo de los ingresos del bar restaurante para atender a los gastos personales de la actora, a que la misma se hiciese cargo del negocio paulatinamente, llegando a ser quien lo gestionaba y dirigía y a que, tras el alta en el RETA, las circunstancias continuaron siendo idénticas.

No ampara tal modificación en prueba documental o pericial alguna obrante en autos, limitándose a criticar la valoración efectuada por el juzgador de instancia y a hacer mención al documento aportado junto con el recurso, que ha resultado inadmitido, y del cual, además, tampoco se desprendería necesariamente error en el texto que se pretende suprimir.

La primera pretensión de revisión fáctica debe ser, por ello, desestimada.

En segundo lugar, solicita la recurrente la modificación del hecho probado tercero de la sentencia impugnada, y la sustitución de su contenido por el siguiente:

"El 27-09-02, D. Rosendo como propietario, celebró un

contrato de arrendamiento con D. Abilio,

cónyuge de Dª. Isidora, de un local comercial

contiguo al anterior".

La modificación interesada, consistente en la supresión del dato de que los locales estaban unidos, no se fundamenta, nuevamente, en prueba documental o pericial alguna, y no se justifica, tampoco su trascendencia, por lo que debe ser desestimada.

En tercer lugar, interesa la recurrente la modificación del hecho probado quinto de la sentencia impugnada y la sustitución de su contenido por el siguiente:

"El 14-10-19, D. Fidel y D. Hermenegildo en su calidad de propietarios, celebraron un

contrato de compraventa con D. Inocencio, este último

actuando como apoderado de la sociedad LA TERRAZA DEL NARANCO S.L., por

el cual esta última adquirió el edificio sito en la CARRETERA000 nº

NUM001 (anterior nº NUM002), en el cual se encontraban los locales comerciales referidos

más arriba, por un precio total de 330.000 €; a cuyo fin la sociedad procedió a

realizar una ampliación de capital sin conocimiento de la demandante que supuso

diluir la cuota de participación de mi mandante en la referida sociedad (por

debajo del 3%)".

Nuevamente, la modificación interesada, ni se fundamenta en prueba alguna correctamente identificada, ni reviste trascendencia para la resolución del fondo del asunto planteado, por lo que debe ser desestimada.

En cuarto lugar, solicita la recurrente la modificación del hecho probado séptimo de la sentencia impugnada, y la sustitución de su contenido por el siguiente:

"Dª. Zaira, Dª. Isidora y D. Abilio,

son titulares de una cuenta bancaria abierta el 26-06-18 en la Caja Rural de

Asturias nº NUM004; cuenta en la que estaban

domiciliados los recibos de suministro de energía eléctrica del local y del

domicilio de Dª Macarena que venían a nombre de Dª. Zaira.

Las facturas de suministro de bombonas de butano (tanto del local como de la

vivienda) y las de instalación y revisiones de la empresa de seguridad "Securitas

Direct" del nº NUM001 NUM005 de la CARRETERA000, venían a nombre de la

demandante, que fue la que contrató este último servicio el 04-05-17 cuando

desempeñaba sus funciones como autónoma en el local.

El 01-04-21, la demandante en calidad de propietaria y de tomadora

del seguro, suscribió un contrato de seguro con la entidad RGA, por el que se

aseguraba el continente, obras de reforma, instalaciones y mobiliario y

mercancías del restaurante, mesón y tapería ubicado en el nº NUM001 NUM005 de la

CARRETERA000, domiciliando el pago en la cuenta referida

anteriormente".

Al igual que en las pretensiones de revisión fáctica anteriormente formuladas, la ahora interesada carece de relevancia alguna y no se fundamenta en prueba hábil para justificar una modificación de hechos probados, por lo que debe ser desestimada.

En quinto lugar, solicita la recurrente la revisión del hecho probado octavo de la sentencia impugnada, y la sustitución de su contenido por el siguiente:

"En diversas ocasiones, debido a necesidades del negocio hubo

trabajadores que prestasen servicio en el bar-restaurante, más allá del caso

puntual de un fin de semana en el año 2020 en el que se celebró en el local una

boda de unos amigos, para lo cual contrataron a un trabajador, siendo la

encargada de todas las gestiones para la contratación de los mismos la

codemandada Macarena, quien además de socia de

DIRECCION000., era la gestora de la misma".

No justifica tal revisión en prueba alguna, por lo que la misma debe ser, al igual que las anteriores, desestimada.

En sexto lugar, se solicita la modificación del hecho probado décimo, y la sustitución de su contenido por el siguiente:

"Tras la el periodo como autónoma de Dª Isidora y dado que por sus

condiciones económicas no podía seguir haciéndose cargo del negocio como

propietaria, el mismo fue regentado desde ese momento por Macarena, continuando la trabajadora como asalariada de la misma".

Al igual que en pretensiones anteriores, no cita la recurrente prueba alguna en la que se fundamente la revisión que interesa, que debe ser desestimada.

En séptimo lugar, se solicita la modificación del hecho probado undécimo de la sentencia recurrida, y la sustitución de su contenido por el siguiente:

"Nunca se emitió ninguna nómina, ni antes ni tras volver a ser dada de Alta la

demandante como trabajadora por cuenta ajena; No obstante y con motivo de

que la hija de la demandante Dª. Beatriz le requirió a Dª. Macarena

que le facilitase las nóminas de su madre, emitieron tres nóminas por los meses

de junio, julio, agosto y extra de verano de 2022, en las que figura una antigüedad

del 01-02-19, la categoría profesional de Camarera, y con un importe mensual de

1.099,11 € brutos, con el sello de "pagado"".

Se limita la misma, para fundamentar tal revisión, a criticar la valoración de la prueba efectuada por el juzgador de instancia, alegando la inexistencia de prueba de lo expuesto en el hecho probado undécimo tal y como fue redactado en la sentencia impugnada.

Siendo tal prueba negativa insuficiente, como hemos indicado, para justificar la estimación de una pretensión de revisión fáctica, debe la actual ser también desestimada.

En octavo lugar, solicita la recurrente la modificación del hecho probado duodécimo de la sentencia impugnada, y la sustitución de su contenido por el siguiente:

"El 23-09-22 tuvo lugar una reunión entre Dª. Zaira, Dª. Isidora, la hija de esta Dª.

Beatriz, Dª. Macarena y D. Pedro Antonio (esposo de la anterior), en la cual se debatieron diversos asuntos

relativos a la ampliación de capital de la sociedad "LAS TERRAZA DEL

NARANCO S.L y donde la trabajadora le manifestó a sus empleadores que iba a

acudir al centro de salud, dado que había sufrido un accidente laboral ese mismo

día, requiriéndole a la empresa la documentación para la mutua".

No identifica la recurrente prueba alguna concreta documental o pericial (se remite únicamente a la grabación de una conversación) de la cual se desprenda tal modificación, que debe ser desestimada.

Por último, se interesa la revisión del hecho probado decimotercero, y la sustitución de su contenido por el siguiente:

"Tras la citada reunión del día 23 de septiembre, la demandante acudió al Servicio de Urgencias de La Lila; y posteriormente acudió a su MAP el lunes día 26 de

septiembre, la que le prescribió la baja médica con efectos al día 23 con el

diagnóstico de "contractura muscular/espasmo", situación en la que permanecía

a la fecha de celebración del acto del juicio.

La demandante no entregó el Parte de Baja en la empresa ni consta ninguna

comunicación al respecto, ya que en la fecha en que se le dio la baja (día 26-09-2023) ya estaba despedida, habiendo tenido conocimiento del despido por un

mensaje de la TGSS".

Carece de trascendencia alguna la modificación interesada, constando ya en los hechos probados de la sentencia impugnada, sin necesidad de revisión alguna, la fecha en que la actora fue dada de baja en la Seguridad Social, así como aquella en la que el médico de atención primaria expidió la baja médica.

Por ello, procede su desestimación, y con ella, la de la totalidad del motivo primero del recurso interpuesto.

CUARTO: En el segundo motivo del recurso interpuesto, formulado al amparo del artículo 193.c) de la LRJS, denuncia la recurrente la infracción de los artículos 2 y 27 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, y 14 de la Constitución Española.

Se limita a citar el contenido de las normas invocadas e indicar que "la trabajadora se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde la fecha del despido debido al estrés que le ha creado toda esta situación, tal y como se demuestra con los informes médicos aportados como prueba documental".

El juzgador de instancia desestima la demanda de despido y reclamación de indemnización por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por la trabajadora por considerar que no ha logrado la misma acreditar la existencia de una relación laboral con los demandados, ni por tanto, del despido que alega.

Frente a tales consideraciones, no se hace siquiera alegación alguna en el motivo de censura jurídica interpuesto, por lo que el mismo debe ser inmediatamente desestimado.

Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación que nos ocupa, que conforme viene reiteradamente indicando la jurisprudencia, no puede el mismo ser configurado, en cuanto al derecho aplicable, por la Sala encargada de resolverlo.

Así, en múltiples ocasiones se ha señalado que el de suplicación es un recurso extraordinario (de "cuasi casacional" lo calificaba el Tribunal Constitucional en sus Sentencias de 18 de octubre de 1993 y 2 de octubre de 2000); que no constituye una apelación, pues la doble instancia ha sido siempre ajena al orden social de la jurisdicción. Ello significa que el Tribunal no ha de revisar o analizar el proceso en toda su dimensión, sino tan solo las cuestiones que, de entre las litigiosas -y en los términos legales-, acoten las partes. En otro caso, si se construyesen, de oficio, motivos de suplicación por el Tribunal, no solo se desnaturalizaría la esencia misma del recurso, sino que la Sala saldría de su posición procesal, asumiendo la de parte, lo que no puede sustentarse en modo alguno.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional, por ejemplo en Sentencia de 18 de enero de 1993, puede considerarse constitucionalmente válida la configuración del recurso de suplicación como un recurso de naturaleza extraordinaria, de objeto limitado, en que el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial la recurrente, que habrá de fijar e individualizar los hechos probados cuya alteración, supresión o adición pretende y detallar las normas que estime infringidas por la resolución impugnada. Así lo ha declarado igualmente el Tribunal Supremo, por ejemplo, en Sentencia de 23 de noviembre de 2000, en la que pone de relieve el "carácter extraordinario del recurso de suplicación, nítidamente diferenciado de una segunda instancia o de la apelación, circunstancia que el Tribunal Supremo ha venido reconociendo desde la sentencia de 26 de enero de 1961; tiene, además, dicho recurso naturaleza casacional, como ha puesto de relieve repetidas veces el Tribunal Constitucional (sentencias 3/83, de 25 de enero, 79/83, de 3 de julio y 117/86, de 13 de octubre), al declarar que la naturaleza de la suplicación no se diferencia de la casación más que en lo relativo a la cuantía de la pretensión y en determinados aspectos procedimentales que no alteran aquella sustancial identidad"; añadiendo que "se trata de un recurso que únicamente puede interponerse por alguno de los motivos legalmente tasados; es la parte recurrente la que ha de precisar los fundamentos o motivos del recurso, pues así lo exige el art. 194.2 de la Ley de Procedimiento Laboral al disponer que "En el escrito de interposición del recurso se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos". Por tal razón, la Sala de lo Social que conozca del recurso no tiene amplios poderes para revisar la totalidad de los puntos controvertidos en el litigio, y ni siquiera todos los resueltos en la sentencia impugnada; su capacidad de conocimiento y de decisión queda acotada por los motivos que puede deducir el recurrente, y en ellos se fundamentará el fallo que decida el recurso".

Como decimos, el juzgador de instancia parte en el presente caso de la inexistencia de relación laboral alguna entre las partes en conflicto, así como de que el cese de la actora en su prestación de servicios en el bar restaurante "El comedor de güeli" no tuvo otro motivo que su propia voluntad de cesar en tal prestación.

De ello, que es precisamente lo que se desprende del relato de hechos probados de la sentencia impugnada, que por los motivos arriba expuestos, no ha logrado modificar la recurrente, es de lo que hemos de partir, razón por la cual no puede apreciarse discriminación alguna ni daño derivado de la misma que deba ser indemnizado.

Procede así, como decimos, la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia impugnada.

QUINTO: Siendo la recurrente beneficiaria del derecho a asistencia jurídica gratuita, no procede hacer expresa imposición de costas.

Vistos los preceptos legales invocados, y demás de general y pertinente aplicación,