Sentencia Social 293/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 121/2023 de 28 de febrero del 2023

PRIMERO: La sentencia de instancia trae causa de la demanda mediante la cual el actor, trabajador que en fecha 23 de junio de 2.021 había suscrito con la demandada RANDSTAD Empleo ETT S.A. contrato de trabajo de duración determinada en la modalidad de eventual por circunstancias de la producción para prestar servicios como subnivel IV, calderero / soldador en el centro de trabajo que la codemandada Santa Bárbara Sistemas S.A. tiene en la localidad de Trubia (Asturias) en el marco del contrato de puesta a disposición a su vez suscrito entre ambas mercantiles, accionaba frente a la decisión extintiva comunicada en fecha 27 de abril de 2.022 por la empresa de trabajo temporal demandada, entendiendo que era constitutiva de despido y además que había sido objeto de una cesión ilegal a la empresa usuaria codemandada. En la demanda solicitaba sentencia por la que se declare la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido del actor, la condena a readmitir al trabajador en su puesto de trabajo con el abono de los salarios dejados de percibir devengados o, en su caso, la indemnización legalmente correspondiente, así como el abono de la cantidad de doce mil euros en concepto de daños y perjuicios morales por la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva denunciada.

El Ministerio Fiscal fue tenido por parte ante el Juzgado de lo Social con la intervención legalmente prevista.

Rechazando las pretensiones de cesión ilegal y vulneración de derecho fundamental, la sentencia considera la extinción del demandante constitutiva de despido y declara la improcedencia subsidiariamente postulada, condenando a la empresa demandada Randstad empleo ETT S.A. en los términos del fallo, esto es, a que en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente sentencia opte entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 2.580,63 euros y en el caso de que se opte por la readmisión con el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia a razón de un salario diario de 85,31 euros, con la advertencia que, de no optar expresamente, se entenderá que procede la readmisión, respondiendo subsidiariamente del abono de la citada indemnización Santa Bárbara Sistemas S.A.

Disconforme con lo resuelto en la instancia, la representación letrada del trabajador demandante recurre en suplicación al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, para solicitar que sea revocada en orden a, en su lugar, sea dictada otra " por la que se declare el derecho de la demandante a que le sea reconocido el despido como nulo, así como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales genera derecho a la indemnización de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado al trabajador, por tanto igualmente se solicita de las demandadas que se indemnice al trabajador con una indemnización de 12.000 euros por los daños ocasionados por la vulneración de un derecho fundamental".

El recurso ha sido objeto de impugnación por la representación letrada la empresa de trabajo temporal y por la representación letrada de la empresa usuaria, solicitando ésta con carácter principal la inadmisión del recurso y ambas su íntegra desestimación y confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO: Aunque sendas empresas codemandadas denuncian un defectuoso planteamiento del recurso, lo hace al particular la representación de Santa Bárbara Sistemas S.A. como causa de inadmisión del interpuesto para solicitar auto de conformidad con el artículo 200.2 LJS por el que se inadmita al entender que incumple " de manera manifiesta e insubsanable" los requisitos contemplados en la LRJS , razón por la que con carácter previo hemos de abordar su examen.

El artículo 196 LJS establece que "[...] 2. En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos. 3. También habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se pretende.

El artículo 200 LJS contempla la inadmisión del recurso en los siguientes términos: "1. Instruido de los autos por tres días el Magistrado ponente, dará cuenta a la Sala del recurso interpuesto y ésta, identificando de forma sucinta las circunstancias justificativas, podrá oír al recurrente por tres días sobre la inadmisión del recurso por haberse incumplido de manera manifiesta e insubsanable los requisitos para recurrir o por existir doctrina jurisprudencial unificada del Tribunal Supremo en el mismo sentido que la sentencia recurrida. 2. Si la Sala estimara que concurre alguna de las causas de inadmisión referidas dictará, en el plazo de tres días, auto, contra el que no cabrá recurso, declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida con imposición de las costas al recurrente y con pérdida del depósito necesario para recurrir, dándose a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda y notificando la resolución a las partes y al Ministerio Fiscal. Cuando la inadmisión se refiera solamente a alguno de los motivos aducidos o a alguno de los recursos interpuestos, mediante auto, no susceptible de recurso, se dispondrá la continuación del trámite de los restantes recursos o motivos no afectados por el auto de inadmisión parcial".

Dar respuesta a una pretensión de inadmisión de plano exige advertir si la técnica mediante la que el recurso se propone afrontar la sentencia recurrida no permite a priori acogerla. Los defectos denunciados atañen en realidad a la suficiencia o no del planteamiento del recurso para alcanzar el éxito pretendido, pero ello no impide -o al menos no de manera sustancial- conocer el sentido de la discrepancia que la parte recurrente articula mediante sendos motivos de revisión fáctica y censura jurídica. En otras palabras, desde la perspectiva del rigor en el cumplimiento de los requisitos del 196 LJS, un planteamiento que permite al menos mínimamente conocer el sentido de la pretensión determinará su estimación o desestimación una vez analizado, pero no habilita a la inadmisión de plano de su examen por razones puramente formales. No podemos desconocer que, conforme reiterada jurisprudencia constitucional, " una vez reconocida legalmente la procedencia de un recurso, el acceso al mismo (en los términos y con los requisitos establecidos) se incorpora al derecho de tutela judicial efectiva, integrándose en él, con la posibilidad, por tanto, de que se aprecie su desconocimiento o violación cuando se impida dicho acceso por causas no razonables o arbitrarias, o bien por una interpretación o aplicación rigorista, literal, no concorde con los fines de la norma legal que autorice el recurso" (Sentencias del Tribunal Constitucional 3/ 1.983 , 113/1.988 y 4/1.995).

En aplicación de ello la jurisprudencia ha venido reiterando que no debe rechazarse el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el correspondiente escrito suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, pues " lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido y si éste es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión ha de analizarse y no descartarse de plano" ( Sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 13/05/15 -rco 80/14-; 17/09/15 -rco 238/14-; SG 19/10/15 -rco 54/15-; SG 20/11/15 -rco 104/15 -; 24/11/15 -rco 270/14 -; 01/12/15 -rco 40/15-; SG 26/01/16 -rco 144/15-; y SG 31/03/16 -rco 272/15). Precisamente en aras a evitar formalismos enervantes, hemos de concluir que defectos como los denunciados no impiden franquear el examen en esta sede del recurso, pues sin perjuicio de lo que puedan determinar en orden a su estimación, ello deberá ser analizado en el momento oportuno. Que pudieran per se impedir atender un determinado planteamiento no tendrá otra consecuencia que vetar al particular su éxito por incumplir en rigor los requisitos exigibles. Mas ni puede, como es natural, prejuzgar el éxito o no de las tesis de la parte que no lleguen al recurso lastradas por el incumplimiento de los requisitos propios de la naturaleza extraordinaria del que nos concierne, ni impedir de entrada su examen, por lo que debemos rechazar la inadmisión solicitada.

TERCERO: Entrando ya al examen del recurso, parte éste de discutir el relato de hechos probados de la sentencia de instancia mediante un único motivo al amparo del artículo 193.b) LJS al que se oponen los respectivos escritos de impugnación de las codemandadas para interesar su íntegra desestimación, reprochando el incumplimiento de las reglas de la revisión fáctica y defendiendo el acierto de la redacción concretamente controvertida de conformidad con las facultades de valoración que corresponden al Juzgador de instancia.

Razones de lógica expositiva recomiendan comenzar recordando que, como resumidamente expone la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2.015 (rco. 309/2014):

" a) que el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LRJS - únicamente al juzgador de instancia [...], por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, y que la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error se desprenda de manera evidente de documentos idóneos para tal fin, pero rechazando que ello pueda conducir a negar las facultades de valoración que corresponden al Tribunal de instancia, únicamente fiscalizables si no se han ejercido conforme a las reglas de la sana crítica (recientes, SSTS 02/07/14 -rco 241/13 -; 16/09/14 -rco 251/13 -; y 15/09/14 -rco 167/13 );

b) que expresamente ha de rechazarse la formulación del motivo revisorio cuando con ella se pretende que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba [obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida], como si el presente recurso no fuera el extraordinario [...] sino el ordinario de apelación ( SSTS 03/05/01 -rco 2080/00 -; [...] 08/07/14 -rco 282/13 -; y SG 22/12/14 -rco 185/14 -); y

c) que los documentos al efecto invocados «deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable», hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa ( SSTS 15/09/14 -rco 167/13 -; 16/09/14 -rco 251/13 -; y SG 18/07/14-rco 11/13 -)".

Se trata, pues, de exigencias semejantes a las establecidas para el recurso de casación que, al igual que el recurso de suplicación, es un recurso extraordinario en el cual las facultades para alterar las premisas fácticas de la sentencia de instancia están sujetas a requisitos de ineludible cumplimiento al corresponder en nuestro ordenamiento laboral al juzgador de instancia la valoración de la prueba en toda su amplitud por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica. Constituyen por ello reglas básicas que ha venido compendiando la doctrina del Tribunal Supremo sobre la forma en que se ha de efectuar la revisión fáctica (entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2.014, rco. 251/2013, de 14 de mayo de 2.013, rco. 285/2011, de 5 de junio de 2.011, rco. 158/2010 y de 17 de enero de 2.011, rco. 75/2010): a) Que se indiquen qué hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis. b) Que se sustente en prueba documental o pericial y que de esta naturaleza se cite concretamente la que, por sí sola, demuestre la equivocación del Juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara. c) Que se precisen los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento. d) Que tal variación tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia. Además y conforme a las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2.013 (rco. 5/2012), 3 de julio de 2.013 (rcud. 1899/2012) y 25 de marzo de 2014 (rco. 161/2013), para que el motivo de revisión fáctica prospere se exige que " no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal".

Hechas estas precisiones, toda la solicitud del recurso se limita a " ampliar el hecho probado segundo en cuanto a que conforme al documento 1 y 2 del ramo de prueba del trabajador, la relación laboral del demandante iniciada el 23 de junio de 2021 mediante contrato eventual acumulación de tareas en producción por fabricación simultanea de la serie SV y otros programas a jornada completa prorrogado desde el 23 de diciembre del 2021 hasta el 22 de junio del 2022 (código 402) trabajos normales, habituales y propios de la actividad empresarial de SANTA BARBARA SISTEMAS SA , realizando trabajos expresamente excluidos para la celebración de un contrato de puesta a disposición, y así se desprende tanto de la testifical del delegado de prevención Don Aquilino[...] y de la documental 6 oficio dirigido a la dirección de la empresa, presencia de Cancerígenos en puesto de trabajo en talleres de armado y soldadura 1 y 2, puesto del trabajador demandante, tratándose por tanto de un contrato en fraude de ley ".

Atendiendo a las reglas ut supra expuestas, la revisión no puede prosperar. Aunque el recurso no identifica con clara separación el texto que pretende incorporar, es palmario que las circunstancias que propiamente conciernen al contrato constan ya expresamente al mismo hecho probado y por tanto cualquier adición al respecto es irrelevante. En lo que se refiere a la realización de " trabajos normales, habituales y propios de la actividad empresarial de SANTA BARBARA SISTEMAS SA, realizando trabajos expresamente excluidos para la celebración de un contrato de puesta a disposición", de entrada la afirmación a la postre pretende sustituir la valoración de la prueba efectuada por la Juzgadora a quo para dar preferencia a cuanto considera favorable para su tesis, finalidad que no tiene cabida en el recurso de suplicación conforme a las reglas expuestas y las facultades atribuidas por el artículo 97.2 LJS al Juzgador de instancia y no pone de manifiesto error con redacción conclusiva y predeterminante del fallo que excede claramente de lo admisible como dato objetivo.

Y siquiera así, también soslaya la parte que los elementos probatorios -documental o pericial- sobre los que el recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión fáctica deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas ( Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2.006, rco. 79/2005, y de 20 de junio de 2.006, rco. 189/2004). Tal aquí sin embargo no acontece cuando invoca prueba inidónea o insuficiente, pues como testifical lo es claramente la primera y la segunda -el oficio dirigido por la Inspección de Trabajo a la dirección de la empresa usuaria- no habilita a una revisión que pretende superar el tenor literal de un contenido que consta literalmente transcrito en hechos probados de la sentencia.

El motivo de revisión fáctica se desestima por todo ello en su integridad.

CUARTO: A medio de un único motivo de censura jurídica el trabajador demandante articula una denuncia plural por infracción de normas a cuyo éxito se oponen las empresas codemandadas en sus respectivos escritos de impugnación.

El recurso reitera que el despido fue nulo y lo fue dentro de una cesión ilegal del trabajador si bien al suplico nada expresamente dice de las consecuencias de la cesión ilegal, pidiendo que sea dictada otra por la que se declare el despido como nulo, así como la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al trabajador en doce mil euros por los daños ocasionados por la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Para ello, el trabajador recurrente denuncia infracción de los artículos 51 del Estatuto de los Trabajadores, 8 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal y 17 (sic) de la Constitución que escuetamente funda en las siguientes alegaciones. Primero, que se procedió al despido junto al actor de más de ciento cincuenta trabajadores cuyos contratos temporales sostiene lo fueron " contratados de la misma forma fraudulenta", lo que excedería de los umbrales del despido colectivo y lo convertiría en nulo por defecto de forma. Segundo, que " el despido es una reacción patronal llamada a evitar que los trabajadores afectados, incluido el actor, puedan promover las acciones que pudieran derivarse del oficio de Inspección de Trabajo, lo que implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad". Y tercero, que empresa usuaria y empresa de trabajo temporal " han venido actuando en connivencia" mediante contratos temporales suscritos en fraude de ley " privando de los beneficios sociales que se recogen en el convenio colectivo que rige las relaciones laborales de la mercantil principal, al margen de los riesgos de exposición a agentes cancerígenos que en su día fueron denunciados por la sección de un sindicato", actuación "dolosa" que una vez "desvelada" provoca un daño al actor que ha venido sufriendo unas condiciones laborales degradadas al que se le presenta así la posibilidad de " ser personal indefinido de una multinacional de la industria armamentística" porque " se le practica un despido en aras a evitar el ejercicio de sus derechos".

Reaccionan los respectivos escritos de impugnación del recurso, solicitando previa su desestimación, la confirmación de la sentencia recurrida en cuyo razonamiento rechazan que se aprecie error o infracción jurídica alguna. En síntesis, las empresas codemandadas subrayan que, a su juicio, el recurso resulta manifiestamente insuficiente para enfrentar la sentencia recurrida y no desautoriza la valoración de la prueba ni la conclusión judicial, asumiendo como punto de partida premisas que no fueron acogidas y pretendiendo presumir además un fraude cuya prueba es exigible a quien lo alega. Ambas codemandadas se atienen a los mismos argumentos que la sentencia contiene, subrayando que del relato fáctico incontrovertido en absoluto se desprenda la concurrencia de los requisitos que acreditarían la cesión ilegal reclamada ni, por extensión, la nulidad del despido.

Dados los términos de los escritos de recurso y de impugnación, es forzoso comenzar su análisis recordando que el objeto del recurso de suplicación no es el objeto del litigio librado por las partes en la instancia sino la sentencia dictada pues, dado el carácter extraordinario y limitado de este recurso, en efecto solo es posible afrontarlo en las cuestiones que en los términos legales establecidos acoten las partes. Las razones en que se funda la conclusión de instancia y los hechos que ésta acoge acreditados para sustentarla podrán ser o no compartidas, pero en suplicación la Sala no puede revisar o acoger otros hechos si no se demuestra que, más allá de la plenitud de facultades que en la valoración de la prueba concierne al Juzgador a quo, éste incurre en error. Incluso conforme a los mismos, tampoco es posible corregir o revocar una decisión judicial si no son adecuadamente desautorizadas con arreglo a una infracción de normas o jurisprudencia aquéllas razones en que se funda. Una y otra carga incumben a la parte que desde su disconformidad se enfrente a la sentencia recurrida con arreglo al artículo 196 LJS y ello constituye un límite infranqueable para este órgano judicial que ni en nuestro proceso es una segunda instancia, ni menos aún puede construir o completar de oficio el recurso so pena de quebrantar el indispensable equilibrio de partes y la imparcialidad que debe presidir el enjuiciamiento.

De entrada, las premisas fácticas de las que trae causa la decisión judicial han quedado inalteradas en la instancia, de modo que no solo exclusivamente a ellas podemos atenernos en el examen del recurso de suplicación interpuesto, sino que habremos de rechazar cuantas afirmaciones el recurrente asume como punto de partida incurriendo en el defecto de hacer supuesto de la cuestión. Ahora bien, no es menos cierto que tampoco el motivo de censura jurídica ofrece, bien mínimamente, bien de un modo adecuado, argumentos desde cuyo examen sea posible desautorizar en esta sede el razonamiento y conclusión judicial de la sentencia recurrida.

Desde la primera de unas circunstancias que lastran el objeto de examen jurídico, nos encontramos con que la infracción del artículo 51 ET que el recurso denuncia en la consideración de que el despido debe ser calificado como nulo por defecto de forma al haber excedido de los umbrales del despido colectivo no se asienta en otro argumento que la afirmación de que se procedió al despido junto al actor de más de ciento cincuenta trabajadores cuyos contratos temporales sostiene lo fueron " contratados de la misma forma fraudulenta". La sentencia de instancia rechazó esta alegación toda vez que, habiendo rechazado que la contratación hubiera sido celebrada en fraude de ley, en la literalidad del precepto así no computan las extinciones de los contratos temporales a efectos del umbral del despido. Y ciertamente de la contratación "de la misma forma fraudulenta" que afirma el recurso no tenemos dato fáctico alguno porque, más allá de que la sentencia constata que la empresa de trabajo temporal procedió a extinguir los contratos de más de ciento cincuenta trabajadores (hecho probado quinto) y ello fue tras la comunicación de la empresa usuaria solicitando extinción de los contratos de "soldadores y caldereros" (hecho probado cuarto), nada acerca de la naturaleza y circunstancias de alguna de aquéllas ciento cincuenta y cinco contrataciones consta para llegar a asumir aquella afirmación. A fortiori, si bien no podemos obviar que hasta la fecha esta Sala ha conocido de varios recursos de trabajadores frente a dicha extinción -tres incluido éste-, tampoco su resultado lo permite ni, a lo sumo desde el punto de vista fáctico, ponen de manifiesto otra cosa que contrataciones temporales, ni para los mismos puestos, ni en las mismas fechas.

Por otra parte, atendiendo a las exigencias legales para la construcción del motivo, resulta forzoso apreciar que la denuncia jurídica del recurso prescinde de un verdadero razonamiento al caso, sustituyéndolo por la sola cita de preceptos, cual acontece particularmente con la del artículo 8 LETT. En la instancia la cuestión jurídica de la cesión ilegal denunciada en la demanda del trabajador fue examinada tanto desde la perspectiva de la alegación de fraude en el recurso a una empresa de trabajo temporal considerando la imprecisión de la causa de la contratación y la realización de la actividad como verdaderamente permanente de la empresa, como de la alegación de haber estado expuesto a agentes cancerígenos cuando la ley de empresas de trabajo temporal prohíbe expresamente celebrar contratos de puesta a disposición en tales casos. Ambas fueron rechazadas merced al relato fáctico que resume la naturaleza y objeto del contrato de puesta a disposición y contrato eventual -que, aunque no tiene trascendencia para el recurso, conviene advertir son en realidad la misma de 23 de junio de 2.021 por incurrir la sentencia en un error material que las partes dan por rectificado- y sus prórrogas (hechos probados primero y segundo), la actividad de la empresa usuaria (hecho probado undécimo), el resultado de la actuación de la Inspección de Trabajo y la evaluación de puestos (hechos probados tercero y octavo a décimo), así como las consideraciones que con indudable valor fáctico añaden los fundamentos de derecho tercero y cuarto.

Resumidamente, la primera de las alegaciones fue desestimada en la instancia al juzgar justificada la causa de la contratación temporal y ampara el recurso a la empresa de trabajo temporal de conformidad con la previsión del convenio colectivo. La segunda razonando a tenor de la prueba practicada que el requerimiento de la Inspección de Trabajo actuante no constató exposición sino solo la presencia de cromo y níquel por la que requirió a la empresa para que garantizase que en los puestos de trabajo en que pudiera existir exposición a agentes cancerígenos no estuviesen ocupados por trabajadores puestos a disposición por una ETT, que tampoco así lo había constatado con ocasión de una actuación anterior años antes y que lo que a la postre ha resultado acreditado es que la empresa " facilita el correspondiente equipo de protección individual a los trabajadores y también dispone de sistemas de protección colectivos, realizándose, además, mediciones anuales en la empresa, mediciones de las que no se deriva que haya exposición a esos agentes, pues si bien es cierto que existe presencia de los mismos en el ambiente, con las medidas de protección adecuadas no se llega al nivel necesario para considerar que existe exposición", de todo lo cual concluye la Juzgadora a quo en definitiva que " en este caso, no se ha probado esa exposición".

Reiteramos que las razones de sendas conclusiones desfavorables a la pretensión de cesión ilegal de la parte -o los hechos en que se fundan- podrán ser o no compartidas, pero el recurso no las enfrenta en modo alguno que permita a la Sala desautorizarlas. El Tribunal Supremo tiene afirmado con reiteración la imposibilidad de que la Sala en suplicación varíe datos claves para la resolución judicial en su fundamentación jurídica sin previa alteración de los hechos probados en ese punto concreto, pues cuando la sentencia de instancia llega a una convicción resultado de un razonado análisis del acervo probatorio, aquélla ha de prevalecer frente a una eventual consideración contraria de la Sala en suplicación si a la misma se ha llegado sin que hubiera prosperado adecuada pretensión revisora formulada al efecto ( sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2.014 -rcud. 476/2013- y 26 de junio de 2.014 -rcud. 1046/2013-).

Mas incluso con independencia de que las premisas fácticas de la sentencia, inalteradas en cualquier caso, la infracción denunciada se revela palmariamente insuficiente. Basta reparar en que a la respuesta judicial dada a la pretensión de cesión ilegal el recurso solo acota la cita formal de infracción del artículo 8 LETT -por el que las empresas tienen vetada la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal en determinados casos- y ni siquiera ésta la encontramos desarrollada mediante una argumentación que propiamente entre a rebatir las razones por las que la Juzgadora a quo rechaza que el actor viniese estando efectivamente expuesto a agentes cancerígenos, mutágenos o tóxicos conforme prohíbe uno de los supuestos de aquel precepto.

Abordar la cuestión jurídica desde la cesión de trabajadores que el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores advierte que " solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan" (apartado primero) -esto es, con remisión a los supuestos previstos en la formulación positiva del artículo 6 LETT y a los contemplados en la formulación negativa de las exclusiones previstas por el artículo 8 LETT- exige examinar una eventual cesión ilegal -que así admite reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2.022, rcud. 749/2019, y cuantas en ella se citan)- en términos que hemos de advertir desbordan el exiguo e insuficiente planteamiento del motivo de censura jurídica.

De una parte, no hay rastro de oposición alguna a la desestimación de la primera de las alegaciones sustento de la cesión ilegal que concernía a la causa y objeto de la contratación.

Y de otra parte, la denuncia de infracción en puridad formulada llega realmente huérfana de fundamento y esta es una causa más de desestimación. No hay en el recurso una mínima argumentación que despliegue y fundamente el reproche jurídico que con la cita del artículo 8 LETT pretende enfrentar la sentencia de instancia. Si ésta asume como punto de partida que, no discutiéndose la presencia de agentes cancerígenos, no consta acreditada al caso exposición por aquel razonamiento que hemos resumido ut supra, el recurso renuncia a entrar a rebatir ésta u otra circunstancia en modo alguno, tampoco merced a razones que pudieran desautorizar la conclusión judicial aunque, a la postre, se funde en la prueba practicada de la que da cuenta como hechos probados. Por todo argumento el recurrente asume una privación de derechos sociales que ni consta ni explica, salvo en lo que a lo sumo se refiere a la expectativa de éxito de la acción de cesión ilegal como consecuencia de la denuncia de exposición a agentes cancerígenos pero que, forzosamente, decae a falta de razones fácticas y jurídicas fundadas en el relato de instancia que la sustenten en el recurso.

Como ya hemos dicho, el artículo 196.2 LJS exige del escrito de interposición del recurso que "junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas" que supone que " en todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos". Ello obedece a que no puede pretender la parte una eventual estimación de la pretensión que pasase necesariamente por que este Tribunal adoptase postura de parte, fijando motu propio no solo las normas o la jurisprudencia supuestamente infringidas por la sentencia, sino incluso construyendo de oficio los inexistentes argumentos jurídicos del recurso, lo que como ya hemos dicho no puede acometerse so pena de quebrantar el indispensable equilibrio de partes en el proceso y la imparcialidad que debe presidir el enjuiciamiento.

Por último, los argumentos del recurso que conciernen a la infracción del artículo 24 de la Constitución -pues según los mismos aparenta la cita del artículo 17 a todas luces errónea- difícilmente alcanzan a desautorizar el razonamiento judicial si llegan huérfanos de las premisas fácticas y jurídicas que da por supuestas para su éxito. Aun ante una decisión que la empresa usuaria abiertamente achacó a dar cumplimiento al requerimiento de la Inspección de Trabajo y sin que la resolución del contrato de puesta a disposición por el cliente principal legitimase a la empresa de trabajo temporal para la extinción sin formalidad del contrato con el trabajador cuando aún estaba vigente su duración -esto es, sin respetar el plazo pactado cuando se acababa de acordar una prórroga-, cuando la sentencia de instancia concluye que es la empresa de trabajo temporal quien tuvo que adoptar y comunicar el despido al ser la empleadora del actor y no es posible apreciar nulidad en dicha decisión sino improcedencia no podemos apreciar que incurra en la infracción por vulneración de derecho fundamental denunciada.

Sirva destacar que la pretensión de nulidad del despido está ligada a la pretensión de cesión ilegal, pues el trabajador recurrente vincula la vulneración de derechos fundamentales directamente a las razones de la decisión de la empresa usuaria y plantea que sea ésta la que deba responder de la misma por causa de dicha cesión ilegal a todos los efectos y como consecuencia de la opción de fijeza. Sin embargo, las razones de la desestimación de la pretensión de nulidad del despido -pues como tal despido fue considerada la extinción del contrato por la empresa de trabajo temporal- traen causa de la desestimación de la premisa de la cesión ilegal y, fracasada ésta, difícilmente puede sostenerse tampoco una calificación que conecta en la argumentación del recurso con razones que trascienden de la empresa de trabajo temporal empleadora merced a fraude u oculta intención de connivencia que, lejos de presumirse, requieren de prueba que falta en la instancia. Razones todas que conducen a que el motivo de censura jurídica sea rechazado.

A tenor de lo expuesto, se debe desestimar íntegramente el recurso de suplicación interpuesto y confirmar la sentencia recurrida, desestimación que dada la condición del recurrente en los términos del artículo 235.1 LJS no conlleva condena en costas.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,