Sentencia Social 11/2024 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 13/2024 de 28 de mayo del 2024

PRIMERO:En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se indica que los anteriores hechos que se declaran probados se han obtenido de los elementos de convicción que en cada uno de los ordinales se indica.

SEGUNDO:La parte demandante formula demanda en fecha 18 de marzo de 2024, en la que impugna la decisión de cese colectivo adoptada por la empresa PRD GLISS SL con efectos del 24 de febrero de 2024 , dirigiendo la misma frente a dicha empresa y frente a las empresas DEPORTES PARDO SL y PRD INTERETAIL SL, solicitando se declare la nulidad de la decisión extintiva, o subsidiariamente que no es procedente o ajustada a derecho, condenando a las demandadas a estar y pasar por tal declaración con todo lo demás procedente en derecho.

La impugnación de la decisión de cese colectivo adoptada por la empresa se basa fundamentalmente en lo siguiente:

El incumplimiento por parte de la demandada PDR GLISS de las obligaciones establecidas en el artículo 51.2 del ET. En concreto se alega la falta de entrega de la documentación necesaria siendo insuficiente la que se aportó para garantizar una negociación informada y adecuada por parte de los trabajadores a los efectos de alcanzar un posible acuerdo, señalando la existencia de un grupo de empresas a efectos mercantiles y laborales entre las tres empresas demandadas; así como la ausencia, por parte de la empresa, de buena fe negocial durante el periodo de consultas, y la existencia de fraude de ley, lo que determina la declaración de nulidad del despido colectivo. En defensa de la calificación del cese como no ajustado a derecho sostiene que no concurren ni las causas económicas ni las productivas indicadas por la empresa.

Por las empresas PRD GLISS y DEPORTES PARDO se alega la incompetencia de jurisdicción, a lo que la representación de DEPORTES PARDO añade la excepción de falta de legitimación pasiva, obligando ello en primer lugar a resolver sobre cuál es el orden jurisdiccional competente.

Las empresas demandadas haciendo mención al nº 5 del artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manifiestan que la empresa PDR GLISS SL se halla en concurso de acreedores que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Oviedo, y que por lo tanto al estar en presencia de un despido colectivo realizado por una empresa en situación de concurso de acreedores, la jurisdicción competente es la mercantil y el Juzgado competente el que tramita el concurso de acreedores.

El precepto que invocan las recurrentes dispone: La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación laboral y a lo establecido en la legislación concursal, tengan carácter colectivo, así como de las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.

El artículo 2 a) de la LRJS dispone que los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan "entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo". En su artículo 3 h) establece que los órganos jurisdiccionales del orden social no conocerán de las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por la Ley Concursal la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso.

La normativa concursal a considerar es la que contempla en el nuevo texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto Leglslativo 1/2020, de 5 de mayo, al haberse producido la extinción de los contratos bajo su vigencia.

El artículo 53 de la Ley Concursal, relativo a la jurisdicción del juez del concurso en materia laboral, dispone su apartado 1 que la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación laboral y a lo establecido en esta ley, tengan carácter colectivo, así como de las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.

Por su parte el artículo 169 de la LC dispone: "Declarado el concurso, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido y la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se tramitarán por las reglas establecidas en esta Subsección cuando tengan carácter colectivo".

Y el artículo 170 del mismo texto legal establece:

1. Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario hubiera iniciado los trámites para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada, de carácter colectivo, el concursado lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez del concurso. En el caso de que aún no se hubiera alcanzado un acuerdo o no se hubiera notificado la decisión empresarial, dentro de los tres días siguientes al de la comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia citará a comparecencia a los legitimados previstos en el artículo siguiente para exponer y justificar, en su caso, la procedencia de continuar con la tramitación de las medidas colectivas, conforme a lo previsto en esta Subsección. Las actuaciones practicadas hasta la fecha de la declaración de concurso conservarán su validez en el procedimiento que se tramite ante el juzgado.

2. Si a la fecha de la declaración del concurso ya se hubiera alcanzado un acuerdo o se hubiera notificado a la decisión adoptada con relación a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al traslado, al despido, a la suspensión de contratos o la reducción de jornada, de carácter colectivo, corresponderá a la administración concursal la ejecución de tales medidas.

3. Si al tiempo de la declaración de concurso el acuerdo o la decisión empresarial hubieran sido impugnados ante la jurisdicción social, el procedimiento continuará ante los órganos de esta jurisdicción hasta la firmeza de la correspondiente resolución.

4. En los casos a que se refiere este artículo, la declaración de concurso habrá de ser comunicada a la autoridad laboral a los efectos que procedan".

En el presente caso sucede que la declaración del concurso tuvo lugar en el Auto de fecha 1 de abril de 2024 dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo. En dicha fecha no solamente ya había sido notificada por la empresa la decisión extintiva colectiva, sino que tal decisión se encontraba ya impugnada por los trabajadores ante esta esta Sala de lo Social con la demanda presentada en fecha 18 de marzo de 2024, luego conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 170 de la Ley Concursal, el procedimiento tiene que continuar ante los órganos de esta jurisdicción social hasta la firmeza de la correspondiente resolución, por lo la falta de jurisdicción que se invoca por las demandadas tiene que debe rechazada.

TERCERO:En cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por la codemandada DEPORTES PARDO SL, ha de indicarse que la misma se trata en realidad de una excepción de fondo, que no procesal, dado que dicha empresa ha sido demandada al sostenerse por la parte actora que hay un grupo de empresas patológico o laboral, lo que determina que sea principal el resolver tal cuestión de si existe una situación de grupo de empresas a efectos laborales, lo que se niega por las demandadas comparecidas, ya que condicionará no solo la legitimación de la empresa DEPORTES PARDO (quedando excluida la de la otra empresa codemandada dado que está acreditado y es un hecho conforma que PRD Interetail SL se encuentra extinguida y sin actividad desde hace años), sino también, de estimarse si hubo grupo de empresas como tal, si se reunieron en la tramitación del ERE las formalidades exigidas en la Ley.

Para ello ha de partirse de la doctrina jurisprudencial en materia de grupos de empresa. En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2021 (rec. 81/2019) manifiesta: "La doctrina de la Sala sobre el denominado grupo de empresas y el levantamiento de la personalidad jurídica ha sido recogida y sistematizada por la STS de 20 de junio de 2018, Rec. 168/2017 (En el mismo sentido STS de 11 de julio de 2018, 81/2017, entre otras), recogiendo jurisprudencia anterior y tratando de aclarar los elementos terminológicos en juego y la fundamentación jurídica de las posibles condenas solidarias cuando aparecen elementos que configuran el grupo empresarial como el resultado de operaciones jurídicas y económicas tendentes a ofrecer apariencias que nada tienen que ver con la realidad, generalmente en perjuicio de los trabajadores.

Siguiendo, pues, la reseñada doctrina jurisprudencial, lo primero que hay que advertir es que la expresión "grupo patológico" ha de ser reservada para los supuestos en que las circunstancias determinantes de la responsabilidad solidaria se enmarcan en el terreno de la ocultación o fraude, pero cuando los datos objetivos que llevan a esa responsabilidad laboral no se ocultan, no responden a una actuación con finalidad defraudatoria ni atienden a abuso alguno, la terminología más adecuada más bien debiera ser la de "empresa de grupo" o "empresa-grupo", que resultaría algo así como el género del que aquél -el grupo patológico- es la especie, cualificada precisamente por los referidos datos de abuso, fraude u ocultación a terceros ( SSTS -pleno- de 20 de octubre de 2015, Rec. 172/2014; de 31 de octubre de 2017, Rec. 115/17 y de 10 de noviembre de 2017, Rcud. 3049/2915).

Desde la perspectiva laboral, el dato del que hay que partir es que el hecho de que varias empresas tengan vínculos entre sí no determina, directamente, ningún efecto; antes bien al contrario, en el caso de que varias empresas pertenezcan a un mismo grupo, hay que entender que cada una de ellas es independiente y, por tanto, cada una responde de las obligaciones con sus propios trabajadores pues no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales, porque los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son ( SSTS de 21 de diciembre de 2000, Rcud. 1870/1999; de 26 de septiembre de 2001 y de 23 de enero de 2002, Rcud. 1759/2001 Rcud. 558/2001, entre otras). Tales elementos adicionales han sido, tradicionalmente, enumerados por nuestra jurisprudencia de la forma siguiente, que no puede entenderse como acumulativa: 1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa "aparente"; y 5º) el uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores.

Tales elementos han sido precisados por la Sala de la forma siguiente:

a).- Funcionamiento unitario con confusión de plantillas.- En los supuestos de prestación de trabajo "indistinta" o conjunta para dos o más entidades societarias de un grupo nos encontramos, generalmente, ante una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores; situaciones integrables en el artículo 1.2 ET que califica como empresarios a las personas físicas y jurídicas y también a las comunidades de bienes" que reciban la prestación de servicios de los trabajadores.

b).- Confusión patrimonial.- Este elemento no hace referencia a la pertenencia del capital social, sino a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión de su uso; y ni siquiera existe por encontrarse desordenados o mezclados físicamente los activos sociales, a menos que no pueda reconstruirse formalmente la separación.

c).- Unidad de caja.- Factor adicional que supone el grado extremo de la confusión patrimonial, hasta el punto de que se haya sostenido la conveniente identificación de ambos criterios; hace referencia a lo que en la doctrina se ha calificado como "promiscuidad en la gestión económica" y que, al decir de la jurisprudencia, alude a la situación de permeabilidad operativa y contable, lo que no es identificable con las novedosas situaciones de "cash pooling" entre empresas del mismo Grupo, en las que la unidad de caja es meramente contable y no va acompañada de confusión patrimonial alguna, por tratarse de una gestión centralizada de la tesorería para grupos de empresas, con las correspondientes ventajas de información y de reducción de costes.

d).- Utilización fraudulenta de la personalidad.- Apunta a la creación de empresa aparente -concepto íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas- y alude al fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, en supuestos en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que sirve de pantalla para aquélla.

e).- Uso abusivo de la dirección unitaria.- La legítima dirección unitaria puede ser objeto de abusivo ejercicio -determinante de solidaridad- cuando se ejerce anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante.

En definitiva, el concepto de grupo laboral de empresas y, especialmente, la determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo depende de cada una de las situaciones concretas que se deriven de la prueba que en cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, sin que se pueda llevar a cabo una relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse que existe esa extensión de responsabilidad (así, SSTS de 20 de octubre de 2015, Rec. 172/14; de 30 de mayo de 2017, Rec. 283/2016; de 31 de octubre de 2017, Rec. 115/2017; de 8 de noviembre de 2017, Rec. 40 /2017 y de 10 de noviembre de 2017, Rcud. 3049/2015; entre otras)".

En el presente caso ha quedado acreditado que las dos empresas PDR GLISS y DEPORTES PARDO tienen el mismo domicilio social (sito en la calle Llano Ponte nº 48 bajo de Avilés), el mismo objeto social (la comercialización, venta al por menor, instalación y reparación de toda clase de artículos, equipos, prendas, enseres, moda y objetos varios, comprendidos dentro de los utilizados para todo tipo de deportes) y coinciden sus dos administradores solidarios ( Harold y José), teniendo la primera, cuyas participaciones corresponden por mitad a cada uno de sus dos administradores solidarios, la titularidad del cincuenta por ciento de la segunda. También consta acreditado que las dos tienen su almacén en un local de la calle Cervantes, que a su vez es colindante con el de Llano Ponte 48 bajo y los cuales se encuentran comunicados con una puerta. Pero además ha resultado acreditado no solo que cinco de las siente trabajadoras de PDR GLISS ( Muriel, Evolet, Paulina, Angélica y Constanza), durante su vida laboral han prestado también servicios por cuenta de la empresa DEPORTES PARDO, sino que dos de ellas ( Paulina y Angélica) lo hicieron de forma indistinta, ya que está declarado probado que una y otra, ya estuvieran contratada por PRD GLISS o por DEPORTES PARDO, siempre siguieron trabajando en la misma tienda, sucediendo que Angélica nunca trabajó en tienda alguna de Deportes Pardo. Y a ello se añade que la trabajadora Constanza, a la que la empresa DEPORTES PARDO considera en su contestación a la demanda como una trabajadora actual suya, si bien la prueba practicada demuestra que el 31 de enero de 2017 fue baja por cuenta de dicha empresa, presta sus servicios en la oficina que la empresa PRD GLISS tiene como centro de trabajo en el domicilio de su sede social, calle Llanoponte 48 bajo, que es el local de DEPORTES PARDO, realizando labores de contabilidad, prestando también tales servicios para la empresa Deportes Pardo, sin que haya constancia de la realidad de facturación alguna por ese trabajo a dicha empresa. Todo ello lleva a apreciar que ha existido y existe un funcionamiento con confusión de plantillas, y por ello la existencia del grupo laboral que es sostenida por la parte actora.

Está acreditado que ya en la primera reunión del periodo de consultas celebrada el día 30 de enero de 2023 por la parte social se puso de manifiesto que las causas y la documentación que la justifique ha de referirse no solo a GLISS, sino también a Deportes Pardo SL y a PRD Interetail SL por conformar un grupo de empresas mercantil y a efectos laborales, limitándose la representación de GLISS a indicar que no existe grupo de empresas y que PRD Interetail SL está disuelta desde hace años, no aportando en ninguna de las sucesivas reuniones celebradas documentación referente a DEPORTES PARDO, habiendo insistido la representación social en la de los días 2 y 9 de febrero nuevamente en la existencia de empresa de grupo a efectos laborales con Deportes Pardo SL.

Pues bien, dada la existencia de grupo de empresas laboral, tenía que haberse aportado necesariamente en el proceso de negociación la documentación económica de la empresa DEPORTES PARDO, y no solo la referente a PRD GLISS, lo que no se hizo. Ello supone que la documentación entregada no fue completa, ni por lo tanto la negociación pudo desarrollarse de manera adecuada, pues al no haber sido aportada la documentación de DEPORTES PARDO no existió una información cabal y completa de la situación económica del grupo, siendo que el ámbito de la causa resultaba ser mucho mayor y debía abarcar la situación económica de las dos empresas integrantes del grupo laboral. La existencia de un grupo laboral con la consiguiente responsabilidad solidaria de las empresas que lo integran, determina que las causas económicas que se invoquen han de venir referidas al conjunto empresarial que lo conforman. Ya se esté ante un grupo mercantil o laboral o patológico, la empresa que forme parte de un grupo de empresas e inste un despido colectivo por causas económicas, deberá aportar la documentación que exige el artículo 4.5 del RD 1483/2012, con el fin de que la representación de los trabajadores pueda conocer la situación económica real .Si no lo hiciera así, si la empresa, ya sea en la comunicación de apertura del periodo de consultas o una vez iniciado este a solicitud de la representación de los trabajadores, no proporciona esta información legalmente exigida, pertinente y esencial para que los representantes de los trabajadores puedan conocer la causa del despido y puedan abordar con mínimas garantías el periodo de consultas, la consecuencia de esta actuación será, con carácter general, la nulidad del despido colectivo, al no haberse llevado a cabo el periodo de consultas en los términos que exige el art. 51.2 ET, cuya finalidad y la de los preceptos reglamentarios es la de que los representantes de los trabajadores tengan una información suficientemente expresiva para conocer las causas del despido y poder afrontar el periodo de consultas adecuadamente. Como manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2017 (rec.14/17)) la regulación del despido colectivo exige que la información facilitada a la representación de los trabajadores sea suficiente para poder negociar durante la fase de consultas. Y esa finalidad de proporcionar la información necesaria para abordar con mínimas garantías el periodo de consultas o, de manera aún más elemental, de conocer documentalmente la situación económica real de la empresa sobre la que se justifican los despidos, exige que se aporte la documentación que con carácter preceptivo exige el art. 4.5 del RD 1483/2012. Dicha documentación resulta relevante sin duda, por cuanto que cuando se trata de empresas encuadradas en un grupo mercantil, y se dan los requisitos que exige la norma habrán de aportarse las cuentas de las demás empresas del grupo, precisamente para conocer la verdadera situación de la que adopta la decisión de despido colectivo.

Por lo tanto concurriendo el grupo de empresas a efectos laborales que la parte actora hace valor, ello supone de un lado, la extensión de responsabilidad solidaria a las dos sociedades que lo componen, y de otro la realidad del incumplimiento de la obligación de aportar la documentación exigida legal y reglamentariamente en caso de procedimiento de despido colectivo, y por lo tanto que el período de consultas no se acomodó a derecho, lo que conduce a la declaración de la nulidad del despido, a tenor con lo dispuesto en el art. 124.11 LRJS, que establece que la sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el art. 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el art. 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, y señala que en este supuesto la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 123 de esta Ley.

CUARTO:A lo anterior cabe añadir que tampoco cabría estimar que se hubiera cumplido por la empresa PRD GLISS con la obligación de facilitar toda la información necesaria para poder abordar con garantías el periodo de consulta, teniendo a su disposición la parte social la documentación precisa para conocer la situación económica de la empresa.

La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2022 (rec. 265/2021) compendia la doctrina sobre la aportación de documentación en el periodo de consultas, manifestando:

"a) Según dispone el apartado 2 del artículo 51 ET, la comunicación de inicio del procedimiento de despidos colectivos a los representantes legales de los trabajadores deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de la documentación contable y fiscal y los informes técnicos. Tales términos son los establecidos en el RD 1483/2012, de 29 de octubre. No basta, por tanto, la mera notificación formal a los representantes de los trabajadores del inicio de la consulta y del propósito empresarial, se precisa, además, que ambas vayan acompañadas de toda la información y documentación constitutiva del objeto de la propia consulta, de suerte que la obligación de documentación se configura como parte esencial del deber empresarial de información en el procedimiento de despidos colectivos, que, vinculado a las consultas, conecta, sin duda, con el principio de buena fe que, por imperativo legal debe presidir la negociación en esta fase procedimental.

b) La información se configura así como un presupuesto ineludible de las consultas. El tema conecta, sin dificultad, con la previsión del artículo 2.3.a) de la Directiva 98/59/CE que, con el fin de permitir que los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas al empresario, éste deberá proporcionarles toda la información pertinente. Se trata, obvio es, de una expresión jurídicamente indeterminada que deja en el aire no sólo el entendimiento de qué es lo pertinente, sino, también, la cuestión de quien debe decidir si la información es o no pertinente. En estos casos se impone la lógica jurídica. Así, el empresario cumple, en principio, con entregar a los representantes toda la información exigida por la indicada norma reglamentaria. Nada se opone, más bien al contrario, que voluntariamente acompañe cualquier otra, no exigida normativamente, pero que pueda contribuir al desarrollo de las consultas.

c) Se impone, en todo caso, reiterar el carácter instrumental del deber de información al servicio del derecho a la negociación colectiva en el seno de las consultas lo que implica que no todo incumplimiento de obligación documental conlleva la nulidad de la decisión extintiva, sino tan sólo aquella que sea trascendente a los efectos de una negociación adecuadamente informada. Y se refiere a la "trascendencia" de la documental, porque se entiende que a pesar de los claros términos en que se expresan los arts. 6.2 RD 801/11 y 4.2 RD 1483/12 [el empresario "deberá aportar"], así como del 124 [...] de todas formas la enumeración de documentos que hace la norma reglamentaria no tiene valor "ad solemnitatem", y no toda ausencia documental por fuerza ha de llevar a la referida declaración de nulidad, sino que de tan drástica consecuencia han de excluirse -razonablemente- aquellos documentos que se revelen "intrascendentes" a los efectos que la norma persigue [proporcionar información que consienta una adecuada negociación en orden a la consecución de un posible acuerdo sobre los despidos y/o medidas paliativas: art. 51.2 ET] [...]

e) Tanto la Directiva 98/59 como el artículo 51.2 ET obligan al empresario a proporcionar a los representantes de los trabajadores toda la información pertinente en relación a las medidas extintivas que pretenden adoptar; información que se refiere no sólo a las causas justificativas, sino que alcanza a todos los aspectos del proyecto de despido que se propone llevar a cabo, de suerte que existe un principio de plenitud informativa al que debe atenerse el empresario para facilitar un correcto desarrollo del período de consultas. Desde esta perspectiva, las previsiones de la norma reglamentaria ( RD 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.) obligan a que la empresa aporte a los representantes de los trabajadores toda la documentación que exigen los artículos 3 a 5 del citado Reglamento. Ahora bien, ni toda omisión del contenido de la información contenida en los indicados preceptos reglamentarios implica un incumplimiento de la obligación de información que nos ocupa, ni ésta queda siempre y en todo caso cumplida cuando los documentos allí expresados se entregan pero se omiten otros que han sido solicitados por los representantes y que se revelan útiles y pertinentes a efectos de poder desarrollar en plenitud las negociaciones inherentes a todo período de consultas.

f) Ello aboca a examinar el cumplimiento de la obligación informativa desde una óptica finalista; es decir el problema de la necesidad de aportación o no de una determinada documentación -no prevista normativamente- vendrá determinada por la solicitud de los representantes de los trabajadores y por la utilidad de la documentación pedida a los fines examinados. La incorrección del despido colectivo por infracción de la obligación informativa vendrá determinada, en consecuencia, por la negativa de la empresa a la aportación de la información solicitada o por su defectuosa aportación, siempre que la solicitud esté justificada puesto que no se puede imponer al empresario la aportación de cualquier documentación no prevista legalmente salvo que quede acreditada su relevancia para la negociación durante las consultas".

En el presente caso no solo no fue facilitada la documental referida a DEPORTES PARDO, sino que está acreditado como ya en la primera reunión del periodo de consultas por la parte social se manifiesta a la representación de la empresa PRD GLISS SL que la principal diferencia que se aprecia en las cuentas de 2023 respecto a las de 2022 se produce en los aprovisionamientos que generan las supuestas pérdidas que la empresa alega, y que dicha parte social no reconoce como ciertas, y solicita a la empresa para aclarar esa cuestión diversa documental, entre la que se comprendía el inventario detalle por productos a los cierres de los ejercicios 2022/2023, determinando descripción de referencia y producto, unidades y precio de valoración finales y movimientos durante los ejercicios; información de los precios de venta por producto y referencia, marcados por la empresa durante los ejercicios 2022/2023, insistiendo en que no tienen constancia de que se haya estado vendiendo por debajo del coste o con ofertas distintas a las que hubo en 2022 por lo que no admiten que ello haya motivado la diferencia en los costes y aprovisionamientos. Por la empresa no se aportó esa documentación pedida. Es cierto que no se trata de documentación preceptiva, pero también lo es que la misma se ha demostrado que era relevante para el conocimiento de la causa económica alegada en la memoria por la empresa, y que al no ser facilitada impidió el acceso a información que era necesaria para conocer la situación de la empresa.

La trascendencia real de tal documentación la viene a reconocer la Inspección de Trabajo que habiendo intervenido en el proceso de despido colectivo, emite el preceptivo informe, en el que, respecto de la causa económica alegada en la Memoria y examinada la documentación aportada por la empresa, se manifiesta que "comprobadas las cuentas (no auditadas, declaración responsable de exención de obligación de Auditoria de Cuentas) se observa un ligero descenso de las ventas entre 2022 y 2023 (3,5%), sin embargo existe una gran diferencia entre el resultado de 2022 (beneficio 7.851 €) y el de 2023 (perdida de 143.253,36 €), que no queda justificado. Se solicitó a la empresa el inventario de las prendas de las temporadas en los que la empresa alega que tuvo que realizar grandes descuentos para su venta, así como justificación de la diferencia, habiéndose aportado un documento de Word, en el que no constan referencias de las prendas, marca, genero, unidades, tallas, PVP y porcentaje de descuento, ni se acredita la veracidad de su contenido...." También se recoge en el mismo, respecto de la negociación, que "no se ha acreditado una negociación de buena fe con los representantes de los trabajadores....en el sentido de facilitar el conocimiento y comprensión de la causa, teniendo en cuenta que las cuentas no se encuentra auditadas y se solicitó por la Comisión Negociadora documentación de los inventarios que acreditasen la veracidad de la información contenida en las mismas relativas a los descuentos agresivos que se hacen constar en la Memoria, que justificarían las pérdidas, aportándose documentos Word/Excelll sin referencia de prendas...".

Por otro lado la prueba pericial practicada a instancia de la parte actora igualmente avala que la documentación solicitada y no aportada, era relevante durante la negociación para el conocimiento de la causa económica alegada en la memoria por la empresa. En efecto en el informe pericial sobre análisis de las causas económicas en relación con la documentación económica en el ERE para la extinción de contratos de trabajo en PDR GLISS SL, aportado por la parte actora y que fue ratificado en el acto del juicio, se concluye que la mercantil no ha justificado adecuadamente las causas económicas alegadas en relación con las pérdidas significativas relacionadas con el incremento del coste de ventas en el ejercicio 2023. Se indica en el mismo que la reducción de ventas comparativas entre los dos ejercicios 2022 y 2023 no es significativa (3,52% de reducción- en valores absolutos 38.000 euros de reducción en la cifra de negocios de 2023 respecto del ejercicio precedente), y que no obstante, lo anterior supone un aumento del coste de las ventas del 16,92% (en términos absolutos un incremento en aproximadamente 108.000 euros respecto al ejercicio 2022). Se señala que la entidad mercantil no ha aportado inventarios detallados de existencias por referencias de productos, unidades y precios a fin de ejercicio ni durante los mismos, ni tampoco se ha facilitado información de los precios de venta por producto y referencia, marcados por la empresa durante los ejercicios 2022/2023, y que sin ello no se puede establecer como la entidad mercantil ha estimado la variación de existencias reconocidas en los balances de situación de los ejercicios, así como su razonabilidad, y con efectos significativos en el coste de las ventas y en los resultados negativos que la entidad presenta en el ejercicio 2023. También se recoge en el mismo que no se ha facilitado documentación que justifique contablemente el coste de las ventas del ejercicio 2023. El perito declaro en el acto del juicio que de un ejercicio a otro hay una gran diferencia de existencias lo que no resulta justificado con la documental que aportó la empresa, siendo el coste de las ventas elemento clave para determinar las pérdidas, señalando que ni el coste de las ventas, ni la variación de existencias resulta estar acreditada en documentación alguna. Frente a tales afirmaciones efectuadas por el perito de la parte actora, es lo cierto que por la parte demandada no se ha practicado prueba pericial alguna que las venga a desvirtuar, demostrando su desacierto.

En consecuencia, dada la falta de aportación por la empresa PRD GLISS de esa documental adicional cabe apreciar que se ha incumplido por su parte el deber de buena fe en el periodo de consultas, ya que no existió una auténtica negociación al no aportarse la documentación solicitada por la representación de la parte social, que se considera ser trascendente a los efectos de una negociación adecuadamente informada, por lo que, de conformidad con el párrafo del apartado 11 del artículo 124 LRJS, procede también declarar la nulidad de la extinción colectiva impugnada.

Por lo tanto concurriendo las causas de nulidad expuestas, ello exime de examinar sobre las demás causas de nulidad manifestadas en la demanda (mala fe, fraude de ley), y en su caso sobre la justificación o no de las causas económicas (situación económica negativa) y productivas (descenso en la demanda de los productos ofrecidos), que partiendo de los hechos declarados probados no podrían considerarse como justificadas, resultando por ello procedente la declaración de nulidad del despido colectivo enjuiciado con los efectos establecidos legalmente y, en este caso, con responsabilidad solidaria de las empresas PRD GLISS SL y DEPORTES PARDO S.L, y absolución de la otra empresa traída al proceso.

VISTOSlos preceptos legales invocados, y demás de general y pertinente aplicación