Sentencia Social 1399/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 1241/2023 de 07 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Interpone la parte actora recurso de suplicación contra la Sentencia de instancia, íntegramente desestimatoria de las pretensiones deducidas en su demanda, en el que interesa la revisión del relato fáctico de aquélla, con adecuado encaje en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y denuncia la infracción de normas sustantivas y/o de la jurisprudencia, al amparo de la letra c) de dicho precepto. El recurso es impugnado por el Organismo demandado.

Respecto de aquél primer motivo debe de recordarse que es doctrina consolidada, cuya reiteración excusa su pormenorizada cita, la que declara que para evitar que la discrecionalidad jurisdiccional se extralimite hasta el punto de transformar el recurso excepcional de suplicación en una segunda instancia, éste debe de adecuarse a la observancia de determinados requisitos, que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de Septiembre de 2004 o 26 de Junio de 2007 concreta en:

"1º) Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2º) Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3º) Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".

4º) No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5º) El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6º) Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a ser suprimido.

7º) Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate ".

Sólo la conjunta concurrencia de los presupuestos reseñados permitirá, en su caso, la prosperabilidad del motivo de suplicación analizado, lo que no es predicable en el supuesto que nos ocupa de ninguna de las siete postuladas variaciones fácticas que se detallan en el escrito de formalización, sustentadas en los documentos singularmente acotados en el mismo.

Primero porque con ellas pretende la recurrente introducir datos en la versión histórica que no se desprenden de manera clara y concluyente, sin necesidad de argumentaciones o deducciones más o menos lógicas, de los documentos reseñados, persiguiendo aquélla en realidad que se realice una nueva valoración global de la prueba incorporada al procedimiento más acorde a sus intereses. La referida documental carece de virtualidad suficiente para sustituir la conclusión a la que llegó la Magistrada a quo apreciando la totalidad de los elementos de convicción resultantes de la prueba practicada en el juicio, constituyendo la redacción interesada otra versión de lo ocurrido con la que la parte intenta sustituir la obtenida por la Juzgadora, situación que prohíbe el artículo 97.2 de la referida Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Aquélla documentación es utilizada como mecanismo que, unido a otros, permite demostrar, en su opinión, que los hechos tuvieron lugar en forma distinta a la descrita en la Sentencia, actuación procesal con la que se intenta no corregir un error sino sustituir la valoración objetiva de los medios probatorios efectuada en la instancia por la subjetiva de la propia parte.

Segundo porque es doctrina consolidada la que matiza que no resulta admisible suplantar aquélla valoración, desinteresada e imparcial, por la subjetiva, interesada y parcial de quien recurre habiendo sido parte en el proceso, máxime si como aquí acaece la recurrente se limita a otorgar mayor valor a los documentos con los que pretende la revisión que a los tenidos en cuenta en la Sentencia, olvidando que la Magistrada ha valorado ya dichos documentos junto con el restante material probatorio, así como con los elementos de convicción (concepto éste más amplio que el de los medios de prueba), a los que ha decidido otorgar, tras verificar el pertinente juicio de razonabilidad, más eficacia y credibilidad.

Y tercero, porque es dicha Juzgadora quien puede valorar de entre el material probatorio practicado el que considere más atinado objetivamente o de superior valor científico, debiendo asumirse la convicción por ella así alcanzada salvo que se evidencie error en las pruebas documentales o periciales, no comportando ello ni la aceptación de una absoluta soberanía en la apreciación de la prueba ni la admisión de su libertad plena para seguir o guiarse por meras conjeturas o impresiones, pues el artículo 24.2 de la Constitución exige en este punto una deducción lógica partiendo de datos fijados con certeza y obtenidos de modo racional.

Debe insistirse que la suplicación no es una apelación ni una segunda instancia, sino un recurso de naturaleza extraordinaria y objeto limitado en el que la Sala carece de jurisdicción para valorar "ex novo" la prueba practicada, pudiendo solo revisar los hechos declarados probados por el Juzgador a quo, a quien el artículo 97.2 de la Ley de la Jurisdicción Social otorga en exclusiva la facultad de valorar la prueba, cuando se invoque prueba documental o pericial, no contradicha por ningún otro medio de prueba, que ponga de manifiesto palmariamente la equivocación de aquél de forma directa e incontestable, sin necesidad de deducciones, conjeturas ni hipótesis, presupuestos ausentes en los motivos aquí examinados.

De otro lado es sabido que a los efectos modificativos del relato de hechos probados siempre deben de ser rechazados los posibles argumentos valorativos y las simples conjeturas interpretativas, ya que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte, conforme recuerdan acertadamente las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 3 de Marzo, 14 de Abril ó 3 de Junio de 2020.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de Marzo de 2020, con cita en ella de las 17 de Abril de 1991 ó 26 de Mayo de 1992, es claro al precisar que "La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente".

SEGUNDO.-En el apartado reservado a infracciones jurídicas denuncia la recurrente la vulneración de los preceptos 4.2, 20.2 y 50.1 c) del Estatuto de los Trabajadores, 15 y 24.2 de la Constitución, 96, 177 y ss. y 182 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin mayor concreción de las Directivas Comunitarias 43/2001, de 21 de Junio, 78/2001, de 27 de Noviembre, 2000/43 del Consejo de 29 de Junio de 2000, 2000/78 del Consejo de 27 de Noviembre, 2002/73 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Septiembre de 2002 y jurisprudencia que desarrolla el concepto de acoso laboral, limitándose a citar tres Sentencias de los TSJ del País Vasco 20-3-02, de Galicia 8-4-03 y Canarias 28-4-03, así como la doctrina del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias reseñadas en el escrito de recurso relativa al resarcimiento indemnizatorio por vulneración de derechos fundamentales previsto en el precepto 183 de aquélla citada Ley Procesal.

Con respecto a las Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, reiteradamente se ha declarado que no pueden servir de base o apoyo para evidenciar la infracción de la jurisprudencia en un recurso extraordinario cual es de suplicación, pues la misma, como fuente complementaria del ordenamiento jurídico, la constituye solo la doctrina que de modo reiterado establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho ( artículo 1.6 del Código Civil), así como la interpretación que de los preceptos constitucionales resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional (precepto 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

En relación con el ámbito procesal laboral el Tribunal Constitucional viene proclamando que en supuestos en los que se alega que una determinada actuación del empleador encubre en realidad una conducta lesiva de un derecho fundamental corresponde al autor de aquella soportar la carga de la prueba de que la medida adoptada obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio o vulnerador de tal derecho. Ahora bien para que opere el desplazamiento de la carga de la prueba a la empresa no basta simplemente con que el trabajador tilde la medida, decisión o práctica adoptada por la empleadora de lesiva de dicho derecho, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, presente esta prueba indiciaria, el empresario asume la carga de demostrar que los hechos motivadores de la decisión encuentran fundamento en una legítima causa y se presentan razonablemente como ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales.

Con respecto al acoso en el trabajo, los artículos 2.3 de la Directiva 2000/78, sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y el 2.3 de la Directiva 2000/43, sobre la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico de la persona, precisan que aquél se produce cuando en la empresa uno o varios trabajadores son objeto de un comportamiento no deseado, "que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo".

En esa línea incide la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 16 de Febrero de 2011 definiendo expresamente el acoso laboral -mobbing- como "conducta abusiva o violencia psicológica a que se somete de forma sistemática a una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo. Actitudes de hostigamiento que conducen al aislamiento del interesado en el marco laboral, produciéndole ansiedad, estrés, pérdida de autoestima y alteraciones psicosomáticas, y determinando en ocasiones el abandono de su empleo por resultarle insostenible la presión a que se encuentra sometido".

Referente a la violación de la denominada garantía de indemnidad que consagra el artículo 24.1 de la Constitución, derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 5/2003, de 20 de Enero, con cita en ella de otras muchas, afirma que " ... no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. Por tal razón, hemos dicho que el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el campo de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos ( SSTC 14/1993, de 18 de enero, 54/1995, de 24 de febrero, 197/1998, de 13 de octubre, 140/1999, de 22 de julio, 101/2000, de 10 de abril , y 196/2000, de 24 de julio), de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental ( SSTC 7/1993, de 18 de enero; y las ya citadas 54/1995; 101/2000 y 196/2000), ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( art. 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores ... ".

TERCERO.- En el caso que nos ocupa la Juzgadora a quo, tras valorar en conciencia y con plena inmediación las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, haciendo expresa referencia en el penúltimo y último párrafos del Segundo Fundamento de Derecho de la Sentencia "a la documental obrante en autos y a las testificales practicadas" en las personas de Dña. Bernarda, Dña. Guadalupe o Dña. Hortensia, descarta y no aprecia motivadamente la concurrencia de indicios racionales de la existencia de conducta alguna del empleador que pudiera ser tachado de ilegal y vulnerador de los derechos fundamentales de la accionante.

Analiza con detalle en dicho Fundamento las distintas actuaciones o procederes del Organismo demandado que se han sucedido en el tiempo, que a fin de evitar innecesarias reiteraciones se ha de dar aquí por reproducidos, a los que la trabajadora asocia o vincula la lesión de los antes referidos derechos fundamentales, y llega al convencimiento, compartido por la Sala, que "no puede considerarse que se hayan puesto de manifiesto indicios de un hostigamiento conjunto durante años a la actora, derivado de una queja verbal por las irregularidades en el sistema de control de fichajes", que además se han "producido por dos responsables de oficina diferentes con distinto personal y con la intervención de otras personas pertenecientes al área de informática o de prevención de riesgos laborales" de dicho demandado.

Por contra sí se admite "una situación de conflictividad laboral" en la que se han sucedido circunstancias tales como que "el Director de la oficina de Montevil ... se dirigiera a ella por correo o por escrito cuando la actora se había ido de la reunión de junio de 2017", o que existieran "discrepancias con sus tareas" o "con el sistema de cola única", o con la presentación de una queja puntual "sobre la apertura de la oficina con un retraso de diez minutos", o con la falta de adaptación de la accionante "al nuevo sistema de control horario" o con que ésta no siguiese "las instrucciones relativas a la aplicación para solicitar permisos, licencias, etc".

No cabe por tanto apreciar un arbitrario e injustificado proceder empresarial en el ejercicio del poder de dirección, subsumible en la acepción o concepto de hostigamiento o acoso laboral vinculado a una agresión del empleador demandado, exteriorizada con hechos, órdenes o palabras repetidas y duraderas en el tiempo, dirigidas a desacreditar, desconsiderar y aislar a la demandante con el fin de conseguir un auto-abandono del trabajo y de producir un daño progresivo y continuo. La problemática y el descontento que ésta vive en su actividad laboral no pueden asociarse a comportamientos reales de hostigamiento, vejación o degradación prolongados y repetidos en el tiempo e imputables al empresario demandado.

Tampoco puede deducirse, siquiera de forma remota o mediata, lesión del derecho de tutela judicial efectiva-garantía de indemnidad a partir de una simple comunicación a la Jefa de Sección de Personal, formulada ya en el año 2016, sobre la problemática surgida con el sistema de fichaje del horario de personal (Hecho Probado Tercero), ni con la denuncia presentada ante la Inspección de Servicios del SEPE en Febrero de 2019 (ordinal Décimo Primero), que se saldó con su archivo ante la insuficiencia de indicios y con las actuaciones en dicho ordinal descritas, ni, por último, con la existencia de los procesos judiciales reseñados en el Hecho Probado Vigésimo Segundo, dos de ellos en reclamación de complemento de productividad y tres por deducción de haberes, ya que la primera de las demandas que dan origen a los mismos fue presentada el 18 de Julio de 2022, resultando que la actora se hallaba desde el día 7 de ésos mes y año en situación de incapacidad temporal, en la que permanecía al menos hasta la fecha del juicio (ordinal Séptimo), no constando en ése lapso de tiempo actuación alguna del Organismo demandado susceptible de generar vulneración del ya indicado derecho fundamental.

Consecuentemente con lo hasta aquí razonado, la falta de indicio alguno de proceder empresarial que pudiera ser tachado de ilegal y vulnerador de los ya analizados derechos fundamentales de la demandante impide que opere sobre la empleadora la anunciada traslación o desplazamiento de la carga de la prueba, no habiendo acreditado aquélla en modo alguno los hechos constitutivos de su pretensión.

No habiéndose demostrado la violación de los derechos fundamentales invocados, no procede reconocimiento de quantum indemnizatorio alguno por inexistentes daños y perjuicios.

CUARTO.- Por último ha de ser también rechazada la postulada extinción contractual amparada en una alegada falta de ocupación efectiva.

La doctrina jurisprudencial es reiterada al afirmar que la resolución del vínculo contractual por voluntad del trabajador al amparo de lo previsto en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores es una solución extrema que ha de estar proporcionada a la gravedad del incumplimiento empresarial, de ahí que tan solo procede en casos de grave y reiterados incumplimientos por su parte de las condiciones esenciales que regulan la relación laboral, de los que se infiera una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con el trabajador. Únicamente en tales supuestos se puede entender justificada la acción extintiva.

Ése precitado artículo prevé en su nº 1 c) como causa justa para que el trabajador pueda solicitar la extinción de su contrato "Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo en los supuestos de fuerza mayor", reconociendo el precepto 4.2 a) del mismo texto legal el derecho a la ocupación efectiva como derecho básico del trabajador.

Conforme recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de Enero de 2023, "Para dar lugar a la extinción del contrato en la forma mantenida por el artículo 50 del ET, es necesaria la concurrencia de "gravedad" en el incumplimiento empresarial, y a tales efectos es necesario determinar si la falta de ocupación efectiva, es imputable a la empresa, valorando las circunstancias del caso desde un punto de vista objetivo, temporal y cuantitativo. En consecuencia, tendría lugar el incumplimiento empresarial derivado de la falta de ocupación efectiva, cuando dicha falta de ocupación, no fuera esporádica, y sí continuada y persistente. Y cuando su origen fuera capricho de la empresa, y no obedeciera a causas económicas imputables o no a la empresa".

El rechazo del motivo de recurso examinado es obligado, fundamentalmente porque como ya afirmó el Tribunal Supremo, entre otras en sus Sentencias de 6 de Diciembre de 1979 y de 10 de Mayo de 1980, a las que siguió doctrina del extinto Tribunal Central de Trabajo y continuaron los Tribunales Superiores de Justicia, no puede prosperar la revisión en derecho de la sentencia de instancia cuando no se hayan alterado los presupuestos de hecho que en la resolución combatida se constatan y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima correlación entre ambos presupuestos, o dicho de otro modo, no es factible tal revisión jurídica cuando no se haya variado la relación fáctica de la causa a cuya modificación aquélla se halla subordinada, situación aquí concurrente si tenemos en cuenta que ni la -inalterada- versión histórica de la Sentencia recurrida ni las afirmaciones que con indudable valor de hecho probado se plasman en su fundamentación jurídica ponen de manifiesto, en modo alguno, una falta de ocupación efectiva y continuada en el tiempo motivada por exclusiva decisión del Organismo empleador.

Consecuentemente con lo razonado, aun admitiendo que las discrepancias sobre concretos aspectos de las condiciones de trabajo han podido motivar sensibilidades psicológicas y reacciones ansiosas en la persona de la accionante, es lo cierto que no constituyen en el supuesto enjuiciado un incumplimiento grave y culpable de las obligaciones empresariales que sea causa justa para la extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador, regulada en el artículo 50.1 c) del Estatuto de los Trabajadores.

En atención a lo expuesto, no incurriendo la Resolución de instancia en las infracciones jurídicas denunciadas en el recurso, procede la confirmación de la Resolución de instancia.

Por cuanto antecede;