Sentencia Social 788/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 92/2022 de 01 de diciembre del 2022

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la pretensión ejercitada por la actora, Dª Adriana, trabajadora que presta servicios desde el día 9 de febrero de 2000 para la AUTORIDAD PORTUARIA de SANTA CRUZ de TENERIFE con la categoría profesional de Técnico de Comunicación e imagen, que interesaba::

que se declarara injustificada y vulneradora de los derechos fundamentales la actitud mantenida hacia su persona por parte de D. Urbano (Presidente de la Autoridad Portuaria entre los días 25 de junio de 1996 y 18 de septiembre de 2007), D. Jose Ángel (Presidente de la Autoridad Portuaria entre los días 18 de septiembre de 2007 y 4 de septiembre de 2015), D. Luis Pablo (Jefe del Departamento de Recursos Humanos), D. Jesús Carlos (Director de la Autoridad Portuaria entre los días 1 de julio de 2014 y 25 de abril de 2018) y Dª Carina (Jefa de la División de Recursos Humanos), consistente en someterla a una situación de acoso moral en su puesto de trabajo;

que se declarara la nulidad radical de tal conducta y se ordenara a los demandados el cese inmediato en las mismas;

que se condenara solidariamente a la entidad y a las personas codemandadas a abonarle la cantidad de 217.515 € en compensación por los daños y perjuicios físicos y morales ocasionados con su actuación antijurídica.

Frente a la misma se alza la demandante mediante el presente recurso de suplicación articulado a través de lo que parecen ser once motivos de revisión fáctica y uno de censura jurídica a fin de que, revocada la sentencia combatida, se estimen cuantas pretensiones ha ejercitado en su demanda.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social solicita la demandante, hoy recurrente, la modificación del relato fáctico declarado probado por la Magistrada de instancia con la finalidad de cambiar la actual redacción de los ordinales segundo, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoséptimo, vigésimo, así como para añadir tres nuevos ordinales, los que harían el vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Sobre tales premisas, la Sala entiende que los once motivos de revisión fáctica articulados por la actora han de ser rechazados por cuanto la formalización de los mismos es a todas luces defectuosa, pues la recurrente si bien señala los ordinales concretos que combate (segundo, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoséptimo y vigésimo), así como los nuevos ordinales que pretende añadir a los originales (los que harían el vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero), no cita de manera concreta los textos alternativos que propone para sustituir a los originales, ni los textos de los nuevos hechos probados que propone. Tan solo el segundo motivo (modificación del hecho probado sexto), el séptimo (modificación del hecho probado decimoséptimo) y el octavo (modificación del hecho probado vigésimo) se han estructurado con un mínimo de rigor formal que permite a esta Sala entrar a su conocimiento.

Por otra parte, la prueba testifical, al igual que ocurre con el interrogatorio de las partes, no puede fundamentar la revisión de los hechos probados en el recurso extraordinario de suplicación, aunque el resultado de la misma se encuentre documentado en el acta del juicio oral (dado que ésta, además, no merece la consideración de documento a efectos de sostener la pretensión de revisión fáctica, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas, sentencias de 6, 16 y 22 de mayo de 1990). Al basarse la pretensión revisoria en prueba testifical, han de ser rechazados los motivos segundo (modificación del hecho probado sexto), tercero (modificación del hecho probado séptimo), noveno (nuevo hecho probado vigésimo primero), décimo (nuevo hecho probado vigésimo segundo) y undécimo (nuevo hecho probado vigésimo tercero).

Además, el motivo séptimo (modificación del hecho probado decimoséptimo) ha de ser rechazado por cuanto que, sin necesidad de entrar en el análisis de la veracidad de los datos que se pretenden incorporar al relato de hechos probados (bajas médicas indeterminadas por trastorno depresivo), los mismos resultan intrascendentes para resolver la cuestión que nos ocupa y en nada afectarían al sentido de la presente resolución, como veremos más detalladamente a la hora de resolver el siguiente motivo de censura jurídica. El motivo octavo (modificación del hecho probado vigésimo) también ha de ser rechazado porque, existiendo en el presente procedimiento varias pruebas periciales que arrojan resultados divergentes, los informes emitidos por la Dra. Asunción y el Dr. Esteban, han de prevalecer las conclusiones a las que la juzgadora ha llegado en la valoración global de tales elementos de convicción.

De otro lado, se limitan todos los motivo (en realidad la totalidad del recurso) a elaborar una crítica global de la valoración de la prueba testifical y documental realizada por la Magistrada de instancia en lo referente a las circunstancias e incidentes laborales denunciados por la actora, mediante comentarios desfavorables de la misma que pretenden sustituir el objetivo criterio de la Juzgadora por el de la propia parte. Pero es que, además, de los diversos documentos obrantes en las actuaciones tampoco se desprende de manera clara, evidente y directa, sin necesidad de razonamientos, conjeturas o suposiciones, más o menos lógicas, el error cometido por la Magistrada a quo en la valoración de la prueba practicada, lo que conduce a la desestimación de los once hipotéticos motivos de revisión fáctica articulados, quedando los hechos probados firmes e inalterados.

TERCERO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la actora la infracción del artículo 4 párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores, del artículo 10 de la Constitución Española y por la jurisprudencia sentada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en su sentencia de 22 de mayo de 2003. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que habiendo quedado acreditada la existencia de los elementos fácticos que sustentan el acoso moral denunciado, se entiende que esta situación sobrepasa los límites de un mero conflicto laboral para alcanzar una situación de permanente descrédito y acoso personal con menoscabo de la dignidad de la demandante y, finalmente, daño a su salud psíquica y también física, con episodios de baja desde el año 2004 (sic).

Con carácter previo hemos de apuntar que si bien es cierto que el artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social señala como posible objeto del recurso de suplicación en su apartado c): "examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia", de forma que la jurisprudencia también puede ser conculcada dando lugar a éste motivo, por tal ha de entenderse únicamente la doctrina legal emanada del Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 párrafo 6º del Código Civil, siendo necesarias al menos dos sentencias conformes (una sola si ha sido dictada en unificación de doctrina). Por no crear propia y verdadera jurisprudencia, no puede basarse este motivo en la infracción de doctrina de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1992), ni siquiera cuando el criterio del juez colisione con el de la Sala ante la que se sustancia el recurso, mucho menos en la que emana de sentencias dictadas por juzgados de lo social.

Entrando ya a analizar la cuestión jurídica planteada por la recurrente nos encontramos con que la Sra. Adriana, Técnico de Comunicaciones e Imagen de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife desde el día 9 de febrero de 2000 viene a denunciar en el presente procedimiento, en esencia, que D. Urbano (Presidente de la Autoridad Portuaria entre los días 25 de junio de 1996 y 18 de septiembre de 2007), D. Jose Ángel (Presidente de la Autoridad Portuaria entre los días 18 de septiembre de 2007 y 4 de septiembre de 2015), D. Luis Pablo (Jefe del Departamento de Recursos Humanos), D. Jesús Carlos (Director de la Autoridad Portuaria entre los días 1 de julio de 2014 y 25 de abril de 2018) y Dª Carina (Jefa de la División de Recursos Humanos), la vienen haciendo objeto de una campaña de descrédito profesional y sometiéndola a hostigamiento y acoso en el trabajo, sin señalar en sede de recurso los actos en que se materializa (al parecer en hacer comentarios, críticas e insultos en su contra ante el resto de trabajadores), menoscabando así su reputación personal y profesional y que ello se lleva a cabo sin que la Autoridad Portuaria haya actuado para impedirlo.

La constatación de la existencia en las empresas de trabajadores sometidos a un hostigamiento tal que incluso llegan a presentar síntomas psicosomáticos y reacciones anormales hacia el trabajo y el ambiente laboral, ha determinado la acuñación del término "mobbing" para su calificación, acepción que literalmente significa atacar o atropellar y que ha sido traducido como hostigamiento psicológico en el trabajo, refiriéndose a aquella situación en la que una persona se ve sometida por otra u otras en su lugar de trabajo a una serie de comportamientos hostiles.

Tomando como base la definición que nos ofrece la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social, el acoso moral en el trabajo, también denominado mobbing o bossing puede ser definido como aquella conducta o conductas reiteradas en un periodo de tiempo más o menos prolongado en las que, por medio de agresiones verbales, aislamiento social, difusión de críticas o rumores sobre el trabajador, se crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para quien es objeto de la misma, con la consiguiente lesión de su dignidad e integridad moral.

El acoso moral debe tener siempre unos perfiles objetivos como son la sistematicidad, la reiteración y la frecuencia y, al propio tiempo, otros subjetivos como son los de la intencionalidad y el de la persecución de un fin.

Por tanto, a los efectos que aquí nos ocupan, tres son los elementos esenciales del acoso moral:

la existencia de comportamientos hostiles hacia el trabajador;

su reiteración o sucesión a lo largo de un periodo más o menos largo de tiempo (dependiendo de las circunstancias concretas del caso y de la intensidad de la conducta);

la producción de un efecto lesivo de la integridad moral de la persona y degradante de su ambiente u otras condiciones de trabajo.

La doctrina especializada en esta materia incluye en esta categoría de mobbing conductas tales como la persecución del trabajador mediante órdenes caprichosas, la imposición de sanciones infundadas, la asignación al trabajador de un entorno desproporcionadamente incómodo para realizar su trabajo, la encomienda de trabajos impropios de la categoría profesional o de imposible realización, la utilización selectiva de comunicaciones para reprender o amonestar sin motivo, el establecimiento de diferencias de trato (determinados controles selectivos, desigualdad remunerativa, satisfacer el salario con un retraso injustificado), la modificación de jornada aduciendo motivos técnicos y organizativos que no han sido acreditados, la modificación arbitraria y sin sentido del sistema de organización del trabajo, la denegación injustificada de las fechas de disfrute de vacaciones pretendidas, la intensificación de los controles sobre las actividades cotidianas del trabajador y sobre su rendimiento, el llevar a cabo amonestaciones frecuentes, proferir expresiones denigrantes y ofensivas para el trabajador con ánimo de dañar la consideración del mismo, el realizar comentarios desfavorables a terceros ante el trabajador, la alteración de las funciones atribuidas al trabajador, la congelación del salario, la denegación injustificada de permisos, el cambio de horario injustificado, el trato laboral despectivo y degradante, el hostigamiento empresarial y de sus compañeros, el menoscabo de la intimidad o dignidad con finalidad discriminatoria, etc.

Pero no puede confundirse el mobbing con los conflictos laborales que puedan originarse por defender los sujetos de la relación laboral intereses contrapuestos, ni con el estado de agotamiento provocado por el estrés profesional, ni con manifestaciones de maltrato esporádico o de sometimiento a inadecuadas condiciones de trabajo.

El causante del mobbing puede ser otro empleado de la empresa, quien puede lesionar el derecho fundamental a la integridad moral del trabajador hostigado, pues los derechos fundamentales operan en el ámbito de las relaciones laborales ( sentencias del Tribunal Constitucional 224/1999 y 74/2007), siendo responsable la empresa en el caso de tolerar la conducta del empleado directamente causante, siendo en estos casos responsables solidarios ésta y el trabajador de la misma directo causante del acoso.

Desde una perspectiva procesal, en aquellos procesos en los que se alega la vulneración del derecho a la libertad sindical y demás derechos fundamentales y libertades públicas (como ocurre en el presente que se consideran infringidos el derecho a la integridad física y moral, a no ser sometido a tratos degradantes y al honor previstos en los artículo 14, 15 y 18 de la Constitución Española) entra en juego la institución de la "inversión de la carga de la prueba" prevista en el artículo 181 párrafo 2º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Siguiendo en este extremo al Profesor Montero Aroca ("Proceso Laboral Práctico"), según dicho precepto, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido la violación del derecho fundamental en cuestión, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Pero no cabe admitir que la mera alegación por el actor de la existencia de violación del derecho a la integridad física y moral suponga la inversión de la carga de la prueba; el demandante precisa probar uno o varios indicios (hechos indiciarios) de los que no llegue a poder presumirse de modo completo que existe la violación, pero de los que sí pueda deducirse la probabilidad de su existencia. Al no existir una presunción plena de violación, sino un simple juicio de probabilidad, no puede decirse que al demandado corresponda destruir una presunción, sino que el hecho indiciario y la probabilidad son el presupuesto para que exista la inversión de la carga de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 80/2001, de 26 de marzo y 190/2001, de 1 de octubre).

Dejando sentado que es el mobbing y cuales son los requisitos para que pueda entenderse que concurre la actitud hostigadora y coactiva, en el presente procedimiento nos encontramos con que constan como hechos probados:

que la Sra. Adriana viene prestando servicios como Técnico de Comunicación e Imagen en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife desde el día 9 de febrero de 2000 (hecho probado primero);

que entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2015 la actora fue Secretaria del Comité de Empresa y liberada sindical (hecho probado octavo);

que D. Urbano fue Presidente de la Autoridad Portuaria entre los días 25 de junio de 1996 y 18 de septiembre de 2007, D. Jose Ángel fue Presidente de la Autoridad Portuaria entre los días 18 de septiembre de 2007 y 4 de septiembre de 2015, que D. Luis Pablo es Jefe del Departamento de Recursos Humanos), D. Jesús Carlos fue Director de la Autoridad Portuaria entre los días 1 de julio de 2014 y 25 de abril de 2018 y Dª Carina es la Jefa de la División de Recursos Humanos (hechos probados tercero, cuarto y quinto);

que el día 19 de febrero de 2007 la Sra. Adriana remitió un correo electrónico a Dª Ana María comentándole que no se le venía abonando el "plus de irregularidad horaria" y preguntándole si se podía hacer algo (hecho probado sexto);

que el día 14 de marzo de 2014, tras finalizar una reunión del Comité de Empresa, la Responsable de Recursos Humanos, la Sra. Carina cogió del brazo a la actora y le dijo "la próxima vez que haya una reunión y comentes algo de mi te voy a partir la cara"; por estos hechos la responsable de recursos humanos fue sancionada por la Autoridad Portuaria por la comisión de una falta grave con dos días de suspensión de empleo y sueldo;

que en la Navidades de 2014, en el acto del brindis celebrado por la Policía Portuaria, el Presidente D. Jose Ángel, le dijo a la actora que era una mala sindicalista (hecho probado séptimo);

que en fechas no determinadas el Jefe del Departamento de Planificación Estratégica le mandó corregir un dato erróneo advertido en la presentación power point de un proyecto, lo cual fue llevado a cabo sin mayores incidencias (hecho probado undécimo);

que en fechas no determinadas la actora presentó una incidencia ante la Dirección Tecnológica de Información y Comunicaciones de la Autoridad Portuaria denunciando que se le había instalado un "programa espía" en su ordenador, comprobándose que ello no era cierto y que las anomalías en el cursor se debían a la superficie brillante sobre la que se deslizaba su ratón óptico (hecho undécimo);

que cuando la actora cesó en su puesto de Secretaria del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria y dejó de ser liberada sindical, el día 31 de diciembre de 2015, se le asignó un nuevo despacho en la planta 0, que presentaba problemas de iluminación y con el ordenador, incidencias que fueron solventadas puntualmente (hecho probado octavo);

que la actora se ha encontrado en situación de baja por incapacidad temporal entre los días 19 de agosto de 2008 y 9 de junio de 2009 por trastorno depresivo no clasificado, entre los días 2 y 9 de marzo de 2010, por anomalías congénitas del sistema nervioso, y entre los días 30 de octubre de 2017 y 29 de octubre de 2018 por trastorno depresivo mayor (hecho probado décimo séptimo).

Partiendo de tales datos, la Juzgadora de instancia entendió que no existían indicios racionales de que se hubiera producido una situación de acoso laboral (mobbing) respecto de la persona de la actora, pues no se daban sospechas razonables o apariencias de que ésta hubiera estado sometida a un trato hostil, vejatorio o humillante en su puesto de trabajo, ni de que se hubieran violado sus derechos fundamentales y por ello no desplaza la carga de la prueba hacia la demandada, determinación con la que está plenamente de acuerdo esta Sala. Como con acierto mantiene la juzgadora en el fundamento de derecho quinto de su sentencia, no consta acreditado en autos que los demandantes humillaran injustamente a la actora, ni que la hicieran víctima de coacción psicológica ni que pretendieran su aislamiento laboral, solo ha quedado evidenciada la existencia de desavenencias entre la actora, Técnico de Comunicaciones y miembro en su momento del comité de empresa, y diversos mandos intermedios de la Autoridad Portuaria, en el ejercicio de sus respectivas funciones y un deterioro de la relación laboral entre la actora y aquéllos que generó en la misma una creciente situación de desazón y estrés emocional. Especial significación revisten los incidentes ocurridos el día 14 de marzo de 2014 cuando, tras finalizar una reunión del Comité de Empresa, la Responsable de Recursos Humanos, la Sra. Carina, cogió del brazo a la actora y le dijo "la próxima vez que haya una reunión y comentes algo de mi te voy a partir la cara" y el acaecido en el brindis de las Navidades de 2014, en el que el Presidente de la Autoridad Portuaria entonces le dice a la actora que es "una mal sindicalista". Pero esos hechos ocurrieron en 2014, seis años antes de que se interpusiera la demanda que da origen al presente procedimiento, sin que haya constancia de que comportamientos como éstos se repitieran con posterioridad, amen de que la responsable de recursos humanos fue sancionada por ello por la comisión de una falta grave.

Ciertamente obra en autos un informe psiquiátrico de parte que sin duda acredita que la Sra. Adriana padece un trastorno depresivo mayor reactivo a problemas laborales y personales en el momento de su emisión, ahora bien, esta Sala entiende (al igual que la Magistrada de instancia) que si bien el mismo pudiera acreditar una relación de causalidad entre dicha dolencia y su trabajo, en el que es notorio que la actora no se siente cómoda con los codemandados, para nada demuestra la existencia de una situación de acoso u hostigamiento propiciada por éstos.

La Magistrada de instancia dedica todo el fundamento de derecho primero a valorar pormenorizada y extensamente toda la prueba practicada en el acto del juicio (testifical, pericial, documental), llegando a la conclusión de que no se daban los requisitos necesarios para que exista acoso laboral, sin que nada tenga que objetar esta Sala a su valoración global y ponderada, que se ajusta, además, a las reglas de la sana crítica.

En efecto, no puede hablarse en el presente caso de que la actora haya sido sometida a una situación generalizada de hostigamiento, intimidación o acoso moral (mobbing) en el trabajo, por parte de sus superiores (bossing) o de sus compañeros de trabajo, pues no han quedado acreditados los actos concretos en que la misma se materializa, ni la existencia de una actuación intencional de los demandados dirigida a laminar moral y profesionalmente a la actora para forzar su baja o anular su resistencia. No se ha constatado la existencia de comportamientos hostiles hacia la trabajadora, ni su reiteración o sucesión a lo largo de un periodo más o menos largo de tiempo, ni la producción de un efecto lesivo de la integridad moral de su persona y degradante de su ambiente y condiciones de trabajo.

Por otra parte, no habiendo quedado acreditada la vulneración de derechos fundamentales denunciada por la actora, ni ninguna otra, no se da la base fáctica que permitiría fijar la indemnización reclamada por la misma con base en lo dispuesto en el artículo 183 párrafo 1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Habiéndolo entendido en el mismo sentido la Magistrada de instancia, procede la desestimación del motivo de censura jurídica y, por su efecto, la del recurso de suplicación interpuesto por la demandante, debiendo ser confirmada la sentencia combatida en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,