Sentencia Social 17/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 146/2022 de 17 de enero del 2023

PRIMERO.- La sentencia dictada por el juzgado de lo social 3 de Santa Cruz de Tenerife, número 586/2021, autos 153/2021, de 29 de noviembre 2021, desestima la demanda interpuesta por doña Rosana y doña Sagrario frente a Parque Científico y Tecnológico de Tenerife S.A., y doña Susana.

Doña Rosana y doña Sagrario, interponen recurso de suplicación al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para revisar el hecho probado vigesimoséptimo; y al amparo de la letra c), denunciando la infracción del artículo 18.1 de la Constitución Española.

Solicita se dicte sentencia declarando la existencia de vulneración del derecho a la intimidad de las trabajadoras, con todos los efectos que de ello se deriven.

Doña Susana impugnó el recurso solicitando su desestimación.

La empresa pública PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE S.A. (PCTT S.A) impugnó el recurso solicitando sus desestimación.

SEGUNDO.- Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967 , 18 y 27 de marzo de 1968 , 8 y 30 de junio de 1978 , y 2 de mayo de 1985 ).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980 , 10 de octubre de 1991 , 10 de mayo , 16 de diciembre de 1993 , o 10 de marzo de 1994 ). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001 ).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Se insta por la parte recurrente, la revisión del hecho probado vigesimoséptimo para que se le añada un segundo párrafo con el siguiente contenido:

El método más lógico, asequible y normal que tendría cualquier empresa para acceder a información relativa a la actividad laboral de empleados ausentes de la misma temporalmente por causa de baja médica o similar sería el de recabar su autorización, o eventualmente, su voluntaria presencia, dejando constancia fehaciente de tal petición o requerimiento, para acceder a tales datos y/o comunicaciones, poniendo en su conocimiento la necesidad de realizar los ajustes y transformaciones pertinentes, a los exclusivos efectos de compatibilizar la necesidad de correcto funcionamiento de la empresa, con la protección de la intimidad personal del trabajador.

En el caso presente, tal acción no se realizó por PARQUE TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO, ni tan siquiera se intentó, pudiendo hacerlo, procediéndose por la vía de los hechos consumados a realizar directamente las acciones que a Dª Agustina le parecieron oportunas, con ocultación de las mismas a la consejera delegada posteriormente nombrada.

Esta revisión no puede tener favorable acogida. No se basa en ningún documento y se configura como unas conclusiones a las que llega la parte y quiere hacer llegar a esta Sala. No se trata de un hechos probados y son claramente predeterminantes del fallo, en cuanto pretende introducir, ya desde los hechos probados, la existencia de un ataque a la intimidad personal del trabajador, lo que constituye el objeto del procedimiento.

CUARTO.- REVISIÓN JURÍDICA.- Infracción del artículo 18.1 de la Constitución Española.

Sostienen las actoras que en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, en que estaban ausentes por baja médica, se produjeron accesos e irregularidades en su correspondencia electrónica, sin comunicación ni consentimiento de ellas. Que todo fue realizado de forma mediata por doña Susana y que esto constituye una ataque a su derecho a la intimidad.

Los hechos probados permiten afirmar que el correo electrónico de doña Rosana fue desviado a un grupo denominado servicios financieros del que son miembros 5 trabajadores de la empresa, entre ellos doña Susana. -hecho probado octavo.- En ese correo electrónico se recibe el certificado electrónico al que tuvieron acceso los 5 trabajadores.

Se efectuó el borrado de archivos de One Drive de doña Rosana el día 6 de julio de 2020, y hubo un bloqueo temporal en los correos electrónicos de doña Rosana y doña Sagrario.

Estos hechos sucedieron estando en situación de incapacidad temporal.

No consta probado, quién efectúo el desvío del correo, quién efectúo el borrado de los archivos y quién efectuó el bloque temporal de los mismos. Pudiera presumirse que no lo hicieron las propias actoras, porque no sería lógico que se bloquearán a si mismas.

Sostienen las actoras, que todo esto fue realizado por doña Susana, con la que es evidente su mala relación laboral.

El interés personal que pudiera tener doña Susana, no se evidencia en autos. Conforme al hecho probado vigésimo cuarto, el redireccionar un correo a un grupo, permite a los integrantes de ese grupo leer los correos que llegan, pero no la apertura del buzón. La redirección no se realizó sólo al correo de doña Susana, sino a un grupo de trabajo, por lo que debe presumirse que el interés era continuar con el trabajo de las trabajadoras que estaban en situación de incapacidad temporal y no ningún interés espúreo de carácter personal, de conocer sus correos personales, a los que no tendría acceso porque eran anteriores y estarían en el buzón.

En relación con el borrado de los archivos de OneDrive, se alude al interés de doña Susana en negar el trabajo de la actora, pero igualmente pudiera existir un interés en doña Rosana de ocultar su trabajo mientras se encuentra en situación de incapacidad temporal. Asimismo el hecho probado vigésimo quinto señala que para que se tenga acceso a esas carpetas es necesario que se hayan compartido en otras carpetas, con lo que el acceso a las mismas no tiene que ser único para la administradora, y por tanto, para doña Susana. No se trataba por tanto, de unos archivos privados y reservados, sino de archivos que ya habían sido compartidos por doña Rosana, de tal manera que no estaríamos en la esfera del derecho a la intimidad del artículo 18 de la Constitución Española. Se trataría de archivos de trabajo, no personales, cuya eliminación, sería una cuestión laboral, que excede la dimensión constitucional invocada en autos.

Ciertamente la conversación que consta en el hecho probado decimoquinto acredita que se conocía la redirección y bloqueo de correos electrónicos, no que su autora fuera doña Susana,y que debió hacerse desde la empresa.

Ahora bien, el interés de la empresa en la redirección y bloqueo de las cuentas, no parece extenderse al ámbito personal de las trabajadores, sino a la continuación en la prestación de su trabajo.

QUINTO.- La jurisprudencia viene manteniendo lo siguiente: 4.- Acerca de la inclusión del correo electrónico en el ámbito de protección del derecho a la intimidad, se dice en la decisión de contraste:

a).- "... aun cuando la atribución de espacios individualizados o exclusivos - como la asignación de cuentas personales de correo electrónico a los trabajadores- puede tener relevancia sobre la actuación fiscalizadora de la empresa, ha de tenerse en cuenta que "los grados de intensidad o rigidez con que deben ser valoradas las medidas empresariales de vigilancia y control son variables en función de la propia configuración de las condiciones de disposición y uso de las herramientas informáticas y de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin" [ STC 241/2012 , FJ 5]" (FJ 4).

b).- "... el uso del correo electrónico por los trabajadores en el ámbito laboral queda dentro del ámbito de protección del derecho a la intimidad; ... el cúmulo de información que se almacena por su titular en un ordenador personal -entre otros datos sobre su vida privada y profesional- forma parte del ámbito de la intimidad constitucionalmente protegido; también que el ordenador es un instrumento útil para la emisión o recepción de correos electrónicos, pudiendo quedar afectado el derecho a la intimidad personal "en la medida en que estos correos o email, escritos o ya leídos por su destinatario, quedan almacenados en la memoria del terminal informático utilizado" [ STC 173/2011, de 7/Noviembre , FJ 3]; (FJ 5).

c).- "... el ámbito de cobertura de este derecho fundamental viene determinado por la existencia en el caso de una expectativa razonable de privacidad o confidencialidad. En concreto, hemos afirmado que un "criterio a tener en cuenta para determinar cuándo nos encontramos ante manifestaciones de la vida privada protegible frente a intromisiones ilegítimas es el de las expectativas razonables que la propia persona, o cualquier otra en su lugar en esa circunstancia, pueda tener de encontrarse al resguardo de la observación o del escrutinio ajeno... [ STC 12/2012, de 30 de enero , FJ 5]" (FJ 5).

5.- Finalmente, sobre la adecuación del control empresarial se mantiene por el TC:

a) Existiendo previsión colectivamente fijada sobre prohibición del uso del ordenador para fines personales, "cabe concluir que, en su relación laboral, sólo estaba permitido al trabajador el uso profesional del correo electrónico de titularidad empresarial; en tanto su utilización para fines ajenos al contenido de la prestación laboral se encontraba tipificada como infracción sancionable por el empresario, regía pues en la empresa una prohibición expresa de uso extralaboral, no constando que dicha prohibición hubiera sido atenuada por la entidad. Siendo este el régimen aplicable, el poder de control de la empresa sobre las herramientas informáticas de titularidad empresarial puestas a disposición de los trabajadores podía legítimamente ejercerse, ex art. 20.3 LET, tanto a efectos de vigilar el cumplimiento de la prestación laboral realizada a través del uso profesional de estos instrumentos, como para fiscalizar que su utilización no se destinaba a fines personales o ajenos al contenido propio de su prestación de trabajo" (FJ 4).

b).- "... "para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto [juicio de idoneidad]; si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia [juicio de necesidad]; y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto [juicio de proporcionalidad en sentido estricto]" [ STC 96/2012, de 7 de mayo , FJ 10; o SSTC 14/2003, de 28 de enero, FJ 9 ; y 89/2006, de 27 de marzo , FJ 3] (FJ 5).

c).- El referido dato -previsión de exclusivo uso profesional- "constituye una importante particularidad respecto a los supuestos enjuiciados en algunos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los que la apreciación, "... a la vista de las circunstancias, de que el trabajador no estaba advertido de la posibilidad de que sus comunicaciones pudieran ser objeto de seguimiento por la empresa ha llevado a admitir que dicho trabajador podía razonablemente confiar en el carácter privado de las llamadas efectuadas desde el teléfono del trabajo o, igualmente, en el uso del correo electrónico y la navegación por Internet [ SSTEDH de 25 de junio de 1997, caso Halford c. Reino Unido , § 45 ; de 3 de abril de 2007, caso Copland c. Reino Unido , § 42 y 47]" ( STC 170/2013, de 7/Octubre , FJ 5).

Por su parte el art. 87 de la LO 2/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales dispone que:

"Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.

2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.

3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.

El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.

Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado."

La doctrina del TC y del TS ( STC 241/2012; 170/2013; TS 20-9-2007 R. 966/06 . TS 8-3-2011 R. 1826/10 puede resumirse del siguiente modo:

a) Los sistemas informáticos de la empresa son un instrumento de trabajo sujeto a las facultades de control del empresario ( STC 241/2012)

b) El empresario ha de establecer unas pautas sobre el uso de los medios informáticos de advertir de la existencia de controles, así como de las medidas que han de adoptarse en su caso para garantizar la efectiva utilización laboral del medio cuando sea preciso, sin perjuicio de la posible aplicación de otras medidas de carácter preventivo, como la exclusión de determinadas conexiones ( STC 241/2012). Si no existe advertencia sobre posibles límites de utilización y de posibilidad de realizar controles al efecto se vulnera el derecho de intimidad del trabajador ( STS 8-3-2011 R. 1826/2010)

c) Cuando existe una prohibición absoluta de un uso personal, es posible su control y establecer mecanismos para controlar su uso exclusivamente laboral. Si el medio se utiliza para usos privados en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no puede entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado "una expectativa razonable de intimidad" en los términos establecidos en los siguientes pronunciamientos: STEDH 25-6- 1007, caso Halford; 3-4-2007, caso Copland).

Como afirma la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: "En consecuencia, el Tribunal considera que la recogida y almacenamiento de información personal relativa a las llamadas telefónicas, correo electrónico y navegación por Internet de la demandante, sin su conocimiento, constituye una injerencia en su derecho al respeto de su vida privada y su correspondencia, en el sentido del artículo 8 del Convenio" (Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales).

Consta probado en autos, por tanto, que se produjo desde la empresa, una redirección y bloqueo de las cuentas de correo de las actoras. Que sobre tales cuentas la empresa no había impuesto un uso exclusivamente laboral de las mismas y no les había informado de la posibilidad de redireccionar y bloquear las cuentas cuando estuvieran ausentes por cualquier motivo o en situación de incapacidad temporal.

Si como se señala se puede redireccionar la cuenta sin acceder a los correos que estén en buzón, bastaba a la empresa con comunicar a las actoras y a todos los trabajadores, que estando de baja se les redireccionarían sus cuentas y se bloquearían, por motivos del trabajo, para que éstas asumieran si utilizaban o no tales correos con fines personales. No parece que las actoras hicieran un uso personal de los correos, pues la única imputación de ataque a la intimidad que se señala el envió de un certificado electrónico. Ahora bien, lo que se protege es el potencial derecho a la intimidad de las trabajadores, que se violenta desde el momento en que sin consentimiento ni conocimiento previo, se produce el bloqueo y redirección de sus correos por parte de la empresa.

Y asiste la razón a las recurrentes, que la violación al derecho a la intimidad no requiere que se haya conocido información sensible o íntima de las mismas, sino que el sólo hecho de abrir tal posibilidad al redireccionar y bloquear los correos ya supone un ataque al derecho a la intimidad que proclama el artículo 18 de la Constitución Española.

Ahora bien, no consta en autos prueba de que la autora fuera doña Susana, y ni siquiera que actuará de forma oculta a la empresa, por iniciativa propia, y con motivos personales y espúreos. Lo que si consta es que la empresa permitía que don Luis María redireccionará los correos cuando una persona estaba de baja y tenía que continuar con el tema. -hecho probado decimocuarto.-. Es la empresa la que debió arbitrar los medios para proteger el derecho a la intimidad de sus trabajadores, y bastaba con una simple comunicación de tal circunstancia, previa al uso de sus correos electrónicos.

La condena, en consecuencia, debe ser para la empresa, en cuanto es la que debe velar por la intimidad de sus trabajadores y la que permitía la redirección de los correos sin arbitrar los medios necesarios para protegerla.

No es cierto que el recurso se dirija o pretenda únicamente la condena de doña Susana, en cuento, solicita se declare la existencia de vulneración del derecho a la intimidad con todas las consecuencias legales. La condena de la empresa vulneradora de tal derecho es una pretensión del recurrente.

SEXTO.- El artículo 183 de la LJS establece que "1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño......"

Como sostiene la jurisprudencia, una vez que se declara probada la violación del derecho de libertad sindical, el órgano judicial debe decretar la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas ( art. 15 LOLS), disponiendo el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, integridad que comporta, entre otros extremos, la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera ( art. 182.1.d) LRJS) ; debiendo, como regla, fijarse la cuantía de la indemnización en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados ( art. 183.1 LRJS). Cuando se concreta la pretensión indemnizatoria del demandante a la reparación del daño moral, el Tribunal para cumplir con el deber de pronunciarse sobre la cuantía del daño, la puede determinar prudencialmente cuando, como acontece como regla tratándose de daños morales, la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, flexibilizando, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización, y debiendo ser la indemnización fijada suficiente para resarcir a la víctima y para restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño ( arts. 179.3 y 183.2 LRJS).

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 16 de enero de 2020(r. de casación nº 173/2018) recapituló la jurisprudencia sobre el reconocimiento de una indemnización en estos casos y resolvió: "...tras una etapa inicial de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acreditara un específico perjuicio, considerando que éste debía de presumirse (así, STS/4ª de 9 junio 1993 -rcud. 3856/1992- y 8 mayo 1995 -rec. 1319/1994), se pasó a exigir la justificación de la reclamación acreditando indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar la condena (así, STS/4ª de 11 junio 2012 -rcud 3336/2011- y 15 abril 2013 -rcud. 1114/2012-).

No obstante, la jurisprudencia se ha ido decantando por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ..." ( STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011-). Lo que acabamos corroborando en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS -y 183.1 y 2 LRJS-, en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Y hemos añadido que el art. 183.2LRJS viene a atribuir a la indemnización no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum), sino también la de prevención general ( STS/4ª de 5 febrero y 13 julio 2015 - rec. 77/2014 y 221/2014, respectivamente-, 18 mayo y 2 noviembre 2016 - rec. 37/2015 y 262/2015, respectivamente-, y 24 enero y 19 diciembre 2017 - rcud. 1902/2015 y 624/2016, respectivamente-)", aplicando como criterio orientador las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, porque ".....es reiterada ya nuestra doctrina, que lo acoge en tanto que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006 (RTC 2006, 247). Señalamos, no obstante, que con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, no estamos haciendo "una aplicación sistemática y directa de la misma", sino que nos ceñimos "a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental" ( STS/4ª de 15 febrero 2012 -rec. 67/2011 (RJ 2012, 3894) -,8 julio 2014 -rcud. 282/2013 (RJ 2014, 4521)- y 2 febrero 2015 (RJ 2015, 762)-rcud. 279/2013-, entre otras)".

Más recientemente ( STS 23.03.2021, RC 133/2019 (RJ 2021, 1670), con relación a una reclamación de indemnización circunscrita a la reparación del daño moral, al no haberse acreditado otros perjuicios materiales, reiteramos que:"....el Tribunal para cumplir con el deber de pronunciarse sobre la cuantía del daño, podía determinar prudencialmente su importe cuando, como acontece en general tratándose de daños morales, la prueba de su exacta cuantificación resulta demasiado difícil o costosa, flexibilizando, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización, y debiendo ser la indemnización fijada suficiente para resarcir a la víctima y para restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño. No se trata de la aplicación automática de la condena al pago de una indemnización, sino de la necesaria flexibilidad con la que han de ser aplicados los criterios para indemnizar el daño moral de tan difícil precisión".( sentencia de 6 de septiembre de 2021(rc. nº 65/2020).

Atendiendo a esta doctrina, debe fijarse una indemnización por la lesión del derecho fundamental a la intimidad de las actoras del artículo 18 de la Constitución Española. Y dado que en autos sólo se constata un daño moral y no un daño material para tal derecho de las actoras, se juzgada acorde al mismo fijar una indemnización de 600 euros para cada una de ellas, atendiendo a que el bloqueo fue temporal y que sólo hubo un acceso colectivo a un correo electrónico privado que no tuvo repercusión alguna para los intereses privados de la actora, al no activarse el certificado.

Por lo expuesto, se desestima la demanda frente a doña Susana y se condena a PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE S.A., a abonar a cada una de las actoras el importe de 600 euros en concepto de indemnización por la lesión de su derecho a la intimidad.

SÉPTIMO.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto a las costas del presente recurso.