Sentencia Social 283/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 143/2022 de 29 de marzo del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima parcialmente las pretensiones ejercitadas por el actor, D. Carlos, trabajador que prestara servicios entre los días 17 de abril de 2006 y 12 de septiembre de 2016 como Camarero para la empresa "SAMANTA y ALEJO, SL", el cual sufrió un accidente de trabajo el día 11 de abril de 2015 a consecuencia del cual padeció lesiones consistentes en "aneurisma de aorta ascendente", por las que finalmente ha sido declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual el día 12 de septiembre de 2016, el cual reclamaba de la empresa y compañía de seguros codemandadas una indemnización en cuantía total de 203.618,36 € por responsabilidad civil derivada del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Frente a la misma se alza el demandante, mediante recurso de suplicación articulado a través de un motivo de revisión fáctica y lo que parece ser otro de censura jurídica a fin de que, revocada parcialmente la sentencia combatida, se estimen íntegramente las pretensiones ejercitadas en la demanda rectora de autos y se incremente la cuantía de la indemnización que le ha sido reconocida.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social solicita el demandante la modificación del relato de hechos declarados probados por la Magistrada de instancia con la finalidad de añadir un nuevo ordinal, el que haría el décimoquinto, expresivo de la etiología de las secuelas derivadas del accidente de trabajo que le han quedado al actor, redactado con el siguiente tenor literal:

"Analizado el historial clínico del actor no se aprecia informe médico que confirme que éste padecía una insuficiencia aórtica que fue progresando a lo largo del tiempo y que el aneurismapuede ser secundario a la misma. Muy por el contrario, no es sino desde el día del siniestro cuando comienza la problemática cardíaca del actor, con independencia de que concurran varios factores de riesgo en sus hábitos".

Basa sus pretensiones revisorias en los documentos obrantes a los folios 31, 32 y 36 a 42 de las actuaciones, consistentes en copia de dos sentencia dictadas por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y por esta Sala.

Con carácter previo a la vista de la fundamentación del recurso se han de realizar algunas precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Hechas las anteriores aclaraciones, la Sala considera que el motivo planteado merece ser rechazado porque el texto propuesto por el recurrente para el nuevo ordinal, lejos de contener hechos, viene a incorporar al relato histórico una serie de valoraciones jurídicas predeterminantes del fallo que, como tales, no pueden ser incluidas de la declaración de hechos probados de la sentencia combatida.

Se desestima, por tanto, el motivo de revisión fáctica articulado por el actor, quedando los hechos probados firmes e inalterados.

TERCERO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social alega el recurrente la infracción de lo dispuesto en el Baremo que incorpora como anexo la Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, concretamente la tabla III del Anexo, y de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias que detallan en los escritos de interposición de sus recursos. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia:

por un lado, que se ha producido un error material a la hora de cuantificar el valor de los 500 días impeditivos reconocidos al actor, pues multiplicados éstos por 58,41 €, darían un total de 29.205,00 €, lo que sumado a los 20 días de internamiento hospitalario multiplicados por 71,84 €, darían un resultado de 1.436,80 €, lo que hace un total de 30.641,80 €;

por otro, que la hora de valorar y cuantificar los 40 puntos otorgados por la sentencia de instacnia al actor en concepto de secuelas, éstos han de ser multiplicados por un valor de 1.656,73 €, lo que haría un total de 66.269,20 €;

de forma que la indemnización total a la que tiene derecho el actor asciende a 94.755,11 € y no a los 28.984,91 € fijados en el fallo de la sentencia recurrida.

Acreditado el incumplimiento empresarial en matera de prevención de riesgos laborales, hemos de apuntar que para que un daño sea indemnizable, debe ser real en su existencia y cuantía, recayendo en el trabajador la carga de probar ambos extremos.

La indemnización de los daños debe ir encaminada a lograr la íntegra compensación de los mismos, "restitutio in integrum" o "compensatio in integrum", pero no debe exceder del daño sufrido.

En cuanto a la valoración del daño, tradicionalmente se ha considerado que es el libre arbitrio judicial el que determinará el quantum indemnizatorio. La ausencia de parámetros que ordenen la valoración del daño (especialmente el moral) ha provocado una gran inseguridad jurídica que se ha visto aumentada por la progresiva tendencia de los órganos judiciales a no especificar suficientemente los criterios en los que se fundamenta su valoración. Aunque no son baremos obligatorios, cada vez más resoluciones judiciales utilizan como criterio valorativo el régimen impuesto por la Disposición Adicional Octava de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados de 8 de noviembre de 1995, la cual incorporó como Anexo un sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Así, nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 30 de junio de 2010 dice textualmente:

"Ante determinadas secuelas o daños derivadas de accidente de trabajo, la falta de toda previsión legal específica en la materia y la factible aplicación analógica de otra normativa -ex art. 4.1 del Código Civil-, han determinado que la doctrina unificada admita la aplicación orientativa del Anexo introducido por la DA Octava de la Ley 30/1995 (8 /noviembre) en la LRCSCVM (Decreto 632/1968, de 21 /marzo), cuyos módulos (cuantitativamente actualizados por Resoluciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) pueden servir de ayuda para determinar la indemnización por daños y perjuicios derivados. Pero en el bien entendido que esa aplicación orientativa de la LRCSCVM no implica una reproducción mimética, pues no hay que olvidar -resumimos- que:

- a) Ello sería opuesto, por definición, a la aplicación orientativa.

- b) Con el Baremo del Anexo se está regulando la responsabilidad de una aseguradora de automóviles en el marco de una responsabilidad objetiva en materia de accidentes de tráfico, mientras que en el supuesto de accidentes de trabajo se trata de la indemnización que pueda atribuirse al empleador por concurrencia de culpabilidad en la producción del resultado lesivo. Y por lo mismo, tampoco han de seguirse necesariamente los concretos importes máximos previstos en el citado Anexo, pues bien pudieran incrementarse en atención a diversos factores ( SSTS -recogiendo precedentes sobre la aplicación analógica-de 17/07/07 -rcud 513/06-; 17/07/07 -rcud 4367/05-; 20/09/07 -rcud 3326/06-; 30/01/08 -rcud 414/07-; y 20/10/08 -rcud 672/07-).

Sobre la fijación y actualización de los importes fijados conforme al Baremo del Anexo a la LRCSCVM, hemos indicado que como se trata de una deuda de valor, el régimen jurídico para secuelas y puntos lo determina la fecha del accidente, aunque los puntos y criterios valorativos son los de la fecha de consolidación ( SSTS -ambas de Sala General- de 17/07/07 -rcud 513/06-; y 17/07/07 -rcud 4367/05-)".

Las reglas de valoración del daño, contenidas en el Real Decreto Legislativo 8/2004 determinan en relación a la indemnización por incapacidad permanente, que se ha de distinguir entre:

a) perjuicio personal básico, consistente en la determinación de las secuelas y de su gravedad e intensidad, y se realiza de acuerdo con el baremo médico (contenido en la tabla 2.A.1) con la relación de los perjuicios psicofísicos, orgánicos y sensoriales;

b) perjuicio personal particular (tabla 2.B), que comprende el perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial, el perjuicio estético, la pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas que impiden o limitan su autonomía personal para realizar las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o su desarrollo personal mediante actividades específicas,la pérdida de calidad de vida de familiares de grandes lesionados y pérdida de feto a consecuencia del accidente;

c) perjuicio personal excepcional: se indemniza con criterios de proporcionalidad, con un límite máximo de incremento del 25% de la indemnización por perjuicio personal básico; y

d) perjuicio patrimonial (tabla 2.C), distinguiendo las categorías de: - 1) daño emergente, consistente en la previsible de asistencia sanitaria futura, la necesidad de iplantación de prótesis y órtesis o de ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía personal, la adecuación de la vivienda, el incremento de costes de movilidad, y la necesidad de ayuda de tercera persona; y - 2) lucro cesante.

El régimen legal aplicable a la valoración es el vigente en la fecha del siniestro ( sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2007), si bien, el baremo que se ha de utilizar es el vigente a la fecha del alta médica ( sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2008). Por lo tanto, en el presente caso se ha de aplicar el contenido en la Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

La Magistrada de instancia, a la hora de determinar el quantum indemnizatorio, hace uso, como parámetro orientador, del Baremo para la valoración de los daños y perjuicios causados en accidente de circulación, incluido en la Ley 30/1995, actualizado por la resolución de 5 de marzo de 2014 de la Dirección General de Seguros.

A continuación analiza separadamente los conceptos señalados en la demanda, señalando que:

que han habido 20 días de ingreso hospitalario a razón de 71,84 €, lo que hacen 1.436,80 €; que han habido 500 días impeditivos a razón de 58,41 €, lo que hacen 29.205 €; lo que hace un total de 30.604,80 €;

respecto de las secuelas procede a computar 40 puntos, que atendiendo a la edad del demandante (55 años) lo son a razón de 20,06 € hacen un total de 1.103,30 €; y el perjuicio estético lo concreta en 1.670,60 €;

con lo que sumados los tres conceptos, la indemnización global alcanza la cantidad de 32.811,40 €.

la juzgadora descuenta de dicha cantidad 3.826,49 € por el importe de las prestaciones económicas por incapacidad temproral percibidas por el demandante de la MUTUA FREMAP.

Cuantificada así la indemnización, el actor se manifiesta disconforme con las operaciones llevadas a cabo por la Magistrada de instancia a la hora de cuantificar la indemnización por daños y perjuicios.

El actor viene a argumentar, en primer lugar, que se ha producido un error material a la hora de cuantificar el valor de los 500 días impeditivos reconocidos al actor, pues multiplicados éstos por 58,41 €, darían un total de 29.205,00 €, lo que sumado a los 20 días de internamiento hospitalario multiplicados por 71,84 €, darían un resultado de 1.436,80 €, lo que hace un total de 30.641,80 €.

Por otra parte, viene a denunciar, en segundo lugar, que la hora de valorar y cuantificar los 40 puntos otorgados por la sentencia de instancia al actor por secuelas, éstos han de ser multiplicados por un valor de 1.656,73 € (no por los 20,06 € reflejados en la sentencia de instancia), lo que haría un total de 66.269,20 € (no los 1.103,30 € recogidos en la misma).

La función de valorar y cuantificar los daños a indemnizar es propia de los órganos jurisdiccionales de instancia y solo puede corregirse en el trámite del recurso extraordinario de suplicación cuando concurran circunstancias singulares (tales como que el juzgador de instancia resuelve de forma caprichosa, desorbitada o evidentemente injusta o cuando sus conclusiones, por ser erróneas, se combaten a través de la denuncia del error de derecho en la valoración de la prueba o ante la falta de concreción de dichas bases, que impide conocer el alcance del daño o en los casos de indebida aplicación de baremos o criterios de determinación de la cuantía de las indemnizaciones o si media error notorio o arbitrariedad, por existir una notoria desproporción en más o en menos o o cuando no se justifica adecuadamente su aplicación ( sentencias del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2013) y deben hacerse de forma fundada, para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad, lo que supone que el órgano ad quem no puede realizar una valoración conjunta de los daños causados, sino que deben hacer una valoración vertebrada del total de los daños y perjuicios a indemnizar, atribuyendo a cada uno un valor determinado.

No obstante, entiende la Sala que, partiendo de la valoración llevada a cabo por la Magistrada de instancia, han de ser reconstruidos los cálculos aritméticos materializados por la misma en el fundamento de derecho quinto de sus sentencia en el siguiente sentido:

En cuanto a los días de impedimento sufridos por el actor:

20 x 71,84 = 1.436,80 €

500 x 58,41 = 29.205,00 €

1.436,80 + 29.205,00 = 30.641,80 €.

En cuanto a las secuelas que le han quedado al actor, ciertamente conforme a la tabla III del Baremo contenido en la Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, el valor del punto para una persona de 55 años de edad cuando los puntos son 40 es de 1.656,73 €, no los ridículos 20,06 € reflejados en la sentencia de instancia.

40 x 1.656,73 = 66.269,20 €;

cantidad a la que se ha de agregar la de 1.670,60 €, reconocida en sentencia por intervención quirúrgica (sic).

A la suma de los tres conceptos se ha de restar la cantidad de 3.826,49 € por el importe de las prestaciones económicas por incapacidad temproral percibidas por el actor.

En conclusión, la indemnización total a reconocer al actor asciende a 94.755,11 €:

30.641,80 € + 66.269,20 + 1.670,60 - 3.826,49 = 94.755,11 €.

Lo expuesto conduce a la Sala, al no haberlo entendido en el mismo sentido la Magistrada de instancia, a la estimación parcial del motivo de censura jurídica articulado por el actor contra la sentencia de instancia y, con revocación también en parte de la misma, fijamos la cuantía de la indemnización debida al Sr. Carlos en 94.755,11 €, manteniendo inalterados el resto de sus pronunciamientos.

Ciertamente el recurrente recoge en el prolijo suplico de su recurso gran cantidad de peticiones principales y subsidiarias, al decir:

"...previos los trámites oportunos, dicte en su momento sentencia por la que, con estimación del recurso, se:

A) Revoque la de instancia solo en lo que a continuación señalaremos:

1) En la cuantificación de 15 puntos de secuela que la misma asigna a la Insuficiencia cardíaca Grado II disnea de moderados esfuerzos y en su lugar se le asigne a esta secuela los 30 puntos que esta parte ha solicitado.

2) En la cuantificación de 15 puntos que la misma asigna a la prótesis valvular y en su lugar se le asigne a esta secuela los 35 puntos que esta parte ha solicitado.

3) En la valoración de 20,06 euros que la misma asigna a cada punto de secuela y en su lugar se consideren correctamente los valores del Baremo que incorpora como Anexo la Resolución de 5 de marzo de 2014 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la cual fija en la Tabla III el valor respectivo por cada punto de secuela para una persona de una edad de 55 años.

B) Subsidiariamente, en caso de que no se estime la petición anterior, solicitamos que se estime nuestro recurso y se revoque la sentencia que se recurre solo en lo que a continuación señalaremos:

1) En la cuantificación de 15 puntos de secuela que la misma asigna a la Insuficiencia cardíaca Grado II disnea de moderados esfuerzos y en su lugar se le asigne a esta secuela un porcentaje acorde con el criterio empleado por la juez a quo al fijar los puntos de secuela por perjuicio estético, en el que fijó10 puntos siendo 12 puntos el máximo que podía asignar, es decir, que 10 puntos representan el 83,33% del máximo que puede asignarse, con lo cual solicitamos, en base al mismo criterio empleado por la Juez a quo para cuantificar los puntos por perjuicio estético, que se asignen 25 puntos a la Insuficiencia cardíaca Grado II disnea de moderados esfuerzos.

2) En la cuantificación de 15 puntos que la misma asigna a la prótesis valvular y en su lugar se le asigne a esta secuela 29 puntos (83,33 % del máximo que puede asignarse).

3) En la valoración de 20,06 euros que la misma asigna a cada punto de secuela y en su lugar se consideren correctamente los valores del Baremo que incorpora como Anexo la Resolución de 5 de marzo de 2014 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la cual fija en la Tabla III el valor respectivo por cada punto de secuela para una persona de una edad de 55 años.

C) Subsidiariamente, en caso de que no se estime la petición anterior, solicitamos que se estime nuestro recurso y se revoque la sentencia que se recurre solo en lo que a continuación señalaremos:

1) En la cuantificación de 15 puntos de secuela que la misma asigna a la a la prótesis valvular y en su lugar se le asigne a esta secuela los 20 puntos que como mínimo establece el Baremo para accidentes de tráfico.

2) En la valoración de 20,06 euros que la misma asigna a cada punto de secuela y en su lugar se consideren correctamente los valores del Baremo que incorpora como Anexo la Resolución de 5 de marzo de 2014 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la cual fija en la Tabla III el valor respectivo por cada punto de secuela para una persona de una edad de 55 años.

D) Subsidiariamente, en caso de que no se estime la petición anterior, solicitamos que se estime nuestro recurso y se revoque la sentencia que se recurre solo en lo que a continuación señalaremos:

1) Se revoque la misma solo en los términos que manifestamos en nuestro escrito de 10 de diciembre de 2021 en el que solicitamos la corrección de ésta, términos que hemos reproducido en el Motivo Tercero de este Recurso de Suplicación a los que nos remitimos por economía procesal, así como con los demás pronunciamientos inherentes a tal declaración y cuanto en derecho sea procedente".

Pero la mayor parte de dicha peticiones, concretamente todas las relacionadas con la asignación de puntuaciones alternativas a las secuelas del actor, no pueden ser tenidas en cuanta por esta Sala, por cuanto nos hallamos en el marco de un recurso extraordinario y no se ha articulado ningún motivo de censura jurídica que le sirva de sustento, a parte del que acabamos de resolver.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,