Sentencia Social 100/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 320/2022 de 08 de febrero del 2023

PRIMERO.- La sentencia del juzgado de lo social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en los autos 440/2020, de Tutela de derechos fundamentales, de fecha 2 de diciembre de 2021, desestima la demanda interpuesta por don Apolonio y el Sindicato, Central Sindical Independiente y de Funcionarios frente a la entidad Transportes Aéreos Sanitarios Isleños S.A., doña Claudia, don Cosme, don Eduardo, don Eulogio, doña Hortensia, don Hipolito, don Iván, y doña Nicolasa.

La parte actora, articula el recurso al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para rectificar el hecho probado sexto, y al amparo de la letra c) del mismo precepto, por revisión jurídica, denunciando la infracción de los artículos 28 y 14 de la Constitución Española, en relación con los artículos 64 y 81 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 8.2.c) de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Infracción del artículo 15 de la LISOS.

Solicita se dicte sentencia, que revoque íntegramente la sentencia recurrida y consiguientemente, se declare que se ha vulnerado los derechos fundamentales del actor de la libertad sindical artículo 28 CE y derecho a la no discriminación, art. 14 CE. Se condene a los demandados a cesar en su actitud y que los mismos faciliten a los actores un local sindical o faciliten el uso del local sindical existente mediante entrega de copia de las llaves del citado local. Se condene a los demandados a indemnizar al actor en la cuantía de 14.000 euros por los daños y perjuicios sufridos o la que estime la Sala conveniente.

Doña Nicolasa, don Cosme, don Eduardo, doña Claudia, don Eulogio, doña Hortensia, don Hipolito y don Iván y Transportes Aéreos Sanitarios Isleños S.A., impugnaron el recurso, solicitando su desestimación.

SEGUNDO.- La sentencia sostiene que no se ha vulnerado ningún de los derechos fundamentales invocados, de libertad sindical ni igualdad, por cuanto el uso exclusivo del local puesto a disposición de la empresa para el Comité de empresa y secciones sindicales, por acuerdo del comité de empresa, en el que figuran el sindicato actor, se acordó que fuera de uso exclusivo por el Comité de Empresa.

TERCERO.- Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones. Como con reiteración viene señalando esta Sala, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren los siguientes requisitos:

- A) De carácter sustantivo:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967 , 18 y 27 de marzo de 1968 , 8 y 30 de junio de 1978 , y 2 de mayo de 1985 ).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febreroy 24/1990 de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980 , 10 de octubre de 1991 , 10 de mayo , 16 de diciembre de 1993 , o 10 de marzo de 1994 ). De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados.

- B) De carácter formal:

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). En cualquier caso, y al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto no puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas que sean predeterminantes del fallo.

3º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador ( artículo 196 párrafo 3º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), estando el recurrente obligado a determinar con exactitud y precisión el documento concreto y particularizado en que se apoya su pretensión revisora, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), así como la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que propone ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001 ).

4º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia.

5º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Insta la parte actora y recurrente la revisión del hecho probado sexto para que se le de la siguiente redacción:

La custodia de la llave del citado local la tiene tanto el Presidente (actualmente, doña Hortensia, una vez jubilado, don Cosme) como el secretario del Comité de empresa (actualmente, don Eduardo). Desde 2009, el local existente en la empresa ha venido siendo usado por el Comité de empresa, exclusivamente, para las funciones de dicho órgano de tal manera que las reuniones de las distintas Secciones sindicales, como sindicatos, se realizan en las respectivas sedes de tales formaciones. Igualmente, la empresa tiene un juego de llaves del local y que usa con la finalidad de realizar actividades excepciones tales como la limpieza extraordinaria, por razón de la Covid-19. El local está abierto, a excepción de los martes. Asimismo, el delegado del Sindicato Csif, don Apolonio, puede entrar a dicho espacio siempre que esté el presidente o el secretario los cuales son los que tienen las llaves del local sindical. Por otro lado, dicho establecimiento no tiene cartelería ni publicidad de sindicato alguno; únicamente, está publicadas en las tablas salariales del Convenio colectivo de la empresa. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa está realizando gestiones dirigidas a la puesta a disposición de un local para las secciones sindicales.

La revisión no tiene favorable acogida. No se cita ningún folio o documento en que se basa y este hecho se recoge en la sentencia en base a prueba testifical que no puede ser objeto de revisión en sede de suplicación. Es una facultad soberana de la instancia la valoración de la prueba testifical practica con inmediación, como se ha expuesto anteriormente.

CUARTO.- Revisión jurídica.-

La parte actora sostiene que aunque la empresa ha proporcionado un local adecuado al comité de empresa y secciones sindicales, no se ha facilitado el acceso efectivo al local asignado, al no facilitarse copia de la llave a la parte actora.

Afirma que la decisión de no facilitarle una copia de la llave, se hace con clara e inequívoca intención de obstruir la labor sindical de la parte actora, decisión no ajustada a derecho por ir en contra del artículo 28 de la CE.

Imputa tal vulneración tanto a la empresa como al Comité de Empresa que no facilita la llave.

En primer lugar, el cambio de cerradura que consta en el hecho probado séptimo y en concreto en el hecho probado cuarto de la sentencia del social 3, no puede ser invocada en autos como violación de un derecho fundamental. La sentencia de social 3 de Santa Cruz de Tenerife, autos 223/2019 desestima la demanda de tutela de derechos fundamentales y señala que no queda acreditado que el sindicato CSIF reúna los requisitos establecidos en la Ley para tener acceso a la utilización de dicho local. Ya en esa sentencia se impugna el cambió de cerradura realizado en fecha 21 de enero de 2019 y se concluye la inexistencia de violación del derecho fundamental del Csif. Esta desestimación fue confirmada por sentencia dictada en el recurso 711/2019, de esta Sala, sentencia de fecha 15 de octubre de 2019.

Si en sentencia firme se declara que el cambio de cerradura no constituye una ataque al derecho fundamental del Csif, ese mismo hecho no puede reproducirse en autos, para fundamentar un ataque al derecho fundamental de libertad sindical del actor.

Asimismo en aquella sentencia se sostenía que ningún ataque al derecho de igualdad se produjo por que todos los miembros del Comité de Empresa no tuviera una llave del local.

Lo que puede analizarse en autos, es los hechos posteriores, por cuanto los analizados en aquella sentencia ya fueron juzgados con efectos de cosa juzgada material.

QUINTO.- Se ha producido un cambio de circunstancias importante con respecto a a aquella sentencia, y es que en la últimas elecciones sindicales, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), obtuvo 5 representantes de los 13 elegidos.

Ostenta el derecho a constituir sección sindical y a que se le proporcione un local adecuado para su acción sindical en los términos del artículo 8 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Y en virtud de ese derecho solicita en el recurso se le de una llave del local puesto a disposición por la empresa al Comité de Empresa y a las secciones sindicales.

La empresa que tiene llave del local, no le proporciona la llave y le señala que la gestión compete tanto a las secciones sindicales de los sindicatos más representativos como al comité de empresa y sus integrantes.

Y los miembros del Comité de Empresa se amparan en su Reglamento que señala que el Presidente y Secretario, serán los que custodien el local del comité de empresa y acceso al mismo, así como la documentación recogida, así como las llaves del local.

El artículo 8 de Ley Orgánica de Libertad Sindical señala:

1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo:

a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad con lo establecido en los Estatutos del Sindicato.

b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa.

c) Recibir la información que le remita su sindicato.

2. Sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio colectivo, las Secciones Sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los comités de empresa y en los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas o cuenten con delegados de personal, tendrán los siguientes derechos:

a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.

b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica.

A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades en aquellas empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores.

No hay en este caso una regulación convencional o pactos de empresa que dispongan un régimen jurídico diferente al que se contempla en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, por lo que la resolución del asunto habrá de atenerse a la adecuada aplicación de ese precepto legal conforme a los criterios jurisprudenciales elaborados en su interpretación.

Recuerda la sentencia de 12 de febrero de 2012 rec. 67/2011 del Tribunal Supremo los principios básicos por los que se rige el derecho de las secciones sindicales a disponer de un local facilitado por la empresa: " A) Se trata de una facultad instrumental del ejercicio mismo de la libertad sindical, en tanto que permite la reunión de la sección sindical y también la organización de la misma. B) Implica la correlativa obligación de la empresa de puesta a disposición del uso del local y que éste resulte adecuado para la función que se le atribuye. C) Constituye un derecho real de uso, que delimita las facultades posesorias del empresario y que debe ejecutarse in natura -comparable al que se otorga a los cargos sindicales del art. 9.1 LOLS de acceder a los centros de trabajo (apartado c))-".

Para razonar hasta qué punto es del todo ineludible por la empresa el cumplimiento de esa obligación, expone seguidamente la sentencia las importantes diferencias existentes desde la perspectiva de la obligación empresarial, entre lo dispuesto en el art. 81 ET en referencia a la posibilidad de facilitar un local a la representación unitaria de los trabajadores y lo establecido en el art. 8 LOLS respecto a las secciones sindicales, para poner de manifiesto como en el primero de los casos el ET solo establece la necesidad de facilitar ese local al comité de empresa " siempre que sus características lo permitan", no apareciendo este condicionante de la obligación en el art. 8.2 c) LOLS que resulta por ello de cumplimiento inexcusable cuando la sección sindical reúne los requisitos para ser titular de ese derecho, estando sin duda justificado ese diferente tratamiento en la circunstancia de que en el art. 81 ET " no existe límite cuantitativo alguno que conecte el derecho en cuestión al volumen de la plantilla; como sí se establece en el caso de las secciones sindicales. El eventual derecho a disponer de un local se reconoce a todos los delegados de personal y comités de empresa, sin excepción, sea cual sea el tamaño de la empresa. La ley no limita el derecho en atención al volumen de la plantilla... pero, sí, a cambio, lo condiciona de modo indeterminado a la posibilidad real. Dicho de otro modo,esto supone la imperatividad de la dotación de local, salvo que resulte del todo imposible".

Lo que otorga una cierta flexibilidad a la empresa en el cumplimiento de la obligación que le impone el art. 81 ET si acredita la absoluta imposibilidad de llevarla a efecto, pero ese no es el caso cuando se trata de cumplir con las más exigente e ineludible previsión del art. 8 LOLS , en el que " la prerrogativa de las secciones sindicales legalmente constituidas halla fundamento jurídico en la protección global del derecho a la libertad sindical, en su perspectiva colectiva. La LOLS sólo reconoce el derecho al uso de un local de las secciones sindicales legalmente constituidas en los casos en que la empresa o centro de trabajo cuente con más de 250 trabajadores. No se otorga el privilegio a cualquier sección sindical, ni se impone el deber en empresas o centros de pequeñas dimensiones. De ahí que, no disponga vía de exención posible al cumplimiento del deber empresaria"

4.- Partiendo de esa naturaleza incondicionada de la obligación empresarial, las diferentes sentencias que ha tenido ocasión de dictar esta Sala han venido a modular los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para delimitar su alcance : 1º) el derecho a la utilización de un local forma parte del contenido adicional de la libertad sindical que proclama el art. 28 de la Constitución , en cuanto es una herramienta para su ejercicio que debe considerarse comprendida dentro de los medios necesarios para el cumplimiento de la actividad sindical y es por ello indisociable al contenido esencial de aquel derecho, que comprende también los medios de acción necesarios para que el sindicato pueda desarrollar las funciones a las que es llamado por el artículo 7 de la Constitución Española ( STS de 20 de enero de 2004, rec.- 129/2002 ); 2º) ese derecho no permite exigir la utilización en exclusiva del local, que puede ser compartida, siempre que sea un espacio apropiado para el desempeño con efectividad de la función que le corresponde, porque el art. 8.2º c) LOLS no obliga a ello y solo impone que sea un local adecuado a tal efecto, ( STS 12 de febrero de 2012 rec. 67/2011 ), otra cosa sería si el convenio colectivo estableciera una regulación diferente ( STS 19-12-1996, rec. 806/1996 ), lo que no es el supuesto de autos; 3º) la utilización compartida puede serlo con el comité de empresa, condición que ha de entenderse cumplida cuando en dicho local pueda desarrollarse eficazmente la actividad de una y otra representación ( STS 24 de septiembre de 1996. rec. 3170/1995 ).

No se discute el derecho de la sección sindical al uso del local, ni tampoco la circunstancia de que la empresa ha dispuesto un despacho a tal efecto, la cuestión se ciñe a determinar si el local facilitado por la demandada para su utilización compartida por las tres secciones sindicales y el comité de empresa es o no adecuado en las circunstancias del caso.

5.-Lo que merece respuesta afirmativa teniendo en consideración las circunstancias que reflejan los hechos probados de la sentencia que hemos transcrito en los antecedentes de esta resolución, a cuyo contenido nos vamos a referir al hilo del análisis que seguidamente exponemos: 1º) el local facilitado por la empresa es un emplazamiento provisional por las obras que se están realizando en el edificio, sin que conste una especial duración de este régimen provisional que pudiere demostrarse tan excesiva y dilatada como para interferir en el ejercicio de la acción sindical; 2º) la empleadora ha puesto además a disposición de las centrales sindicales una sala de reuniones adicional que pueden solicitar cuando la necesiten, teniendo con ello acceso a dos locales diferentes para el desempeño de sus funciones, sin que el hecho de que ese segundo local se nomine como "sala de reuniones" comporte que su única finalidad haya de ser la de mantener encuentros entre varias personas y no pueda utilizarse como lugar de trabajo, no habiendo constancia que la empresa haya negado su utilización con ese u otro argumento a las secciones sindicales que pudieren haberlo solicitado; 3º) el local dispone de dos puestos de trabajo dotados con los medios necesarios y a los que todo trabajador puede acceder con sus claves de acceso personal, sin que haya elementos de juicio que permitan considerar que esa dotación de infraestructura existente en cada uno de esos dos puestos no fuere bastante para atender a su finalidad; 4º) la llave electrónica de apertura del local la tiene el conserje del edificio a disposición de cualquiera de las secciones sindicales. Ninguna sección tiene llave propia, ni consta tampoco que se hubiere negado en ninguna ocasión el acceso a la llave a la sección del sindicato demandante, lo que impide acoger el argumento de que no han dispuesto de las mismas hasta un momento ulterior a la presentación de la demanda. El sistema instaurado por la empresa para facilitar la entrega de las llaves no se revela inadecuado ni impeditivo u obstaculizador de la acción sindical, careciendo en consecuencia de consistencia jurídica el alegato del recurso, para lo que no es óbice que la presidenta del comité de empresa pueda disponer de llave propia y sea la que lo utilice con mayor frecuencia; 5º) no es imaginable la hipótesis que todas las secciones sindicales y miembros del comité de empresa pretendan usar al unísono los dos locales, pudiendo repartirse perfectamente el tiempo de utilización a lo largo de toda la jornada de trabajo en una razonable y lógica distribución compartida con leal y no abusivo reparto de los tiempos entre todos los interesados, en lo que no consta que tales locales fuesen inadecuados e insuficientes para adaptarse a un uso sensato de todos ellos; 6º) no es desdeñable, aunque no haya de ser, obviamente, determinante, el elemento que hace entrar en juego la sentencia recurrida, cuando atinadamente pone de manifiesto que ninguna de las demás secciones sindicales y el comité de empresa codemandados han comparecido a juicio estando debidamente citados, pese a encontrarse en idéntica situación material que la recurrente y utilizar de igual forma esas mismas instalaciones.

Con todo ello sobre la mesa, la solución no puede ser otra que ratificar en este punto la resolución impugnada que acertadamente concluye en la inexistencia de vulneración del derecho a la libertad sindical por parte de la empresa.

SEXTO.- Hechas estas consideraciones, el caso de autos merece una distinta solución, atendiendo a las circunstancias obrante en autos.

La empresa, facilita, y no se discute en autos, un local adecuado a las secciones sindicales y comité de empresa, pero no lo hace en condiciones de igualdad para ambas, por cuanto, permite que el Comité de empresa realice la gestión del local, incluso el cambio de cerradura, y no facilita después de tener la llave del local, una copia a todos a los que ha facilitado su uso.

La ley orgánica de libertad sindical, impone una obligación al empresario por cuanto es el titular de las instalaciones y del local que debe poner a disposición de las secciones sindicales más representativas.

Si ante la petición de una sección sindical representativa, pone a disposición un local compartido, deberá facilitar el mismo en las mismas condiciones que a los demás usuarios, esto es, otras secciones sindicales y el comité de empresa. No puede condicionar el derecho de la sección sindical a lo que decida el Comité de Empresa, por cuanto la obligación de facilitar a la sección sindical el local adecuado es empresarial y no del Comité de Empresa.

Y véase que la empresa permite que la llave del local, y por tanto, su apertura se decida por el Comité de Empresa, de tal manera que no esta facilitando en condiciones de igualdad el uso del local a todos los legitimados.

Y ello ocurre desde 2019 en que CSIF le solicita para su sección sindical el uso de un local adecuado.

Que el Comité de Empresa haya decidido internamente gestionar el uso del local es ajeno a la empresa y no constituye una norma a cumplir por el mismo, se trata de una cuestión de organización interna del sindicato.

Y no se puede hablar de renuncia de derechos por el CSIF por el hecho de que tenga representantes en el Comité de Empresa.

Una realidad jurídica es que a don Apolonio, como miembro del comité de empresa, le vincule la decisión mayoritaria y democrática adoptada en su Reglamento, y otra bien distinta, y que escapa al control del Comité de Empresa, es que como representante de la sección sindical representativa no puede solicitar y obtener de la empresa el uso de un local.

La acción del Comité de Empresa de cambiar la cerradura, ya vimos como por el efecto de cosa juzgada material, no puede ser enjuiciado en autos.

Y el que no proporcione las llaves del local a la sección sindical de CSIF no es una vulneración del derecho de libertad sindical por cuanto no es el obligado legalmente a facilitar un local a la sección sindical, el obligado es la empresa.

De tal manera que lo que se ha producido en autos, es una violación del derecho fundamental de libertad sindical por la empresa, en cuanto, tenía una obligación, en manifestación del derecho de libertad sindical de la sección sindical actora, de entregarle en igualdad de condiciones con el resto de usuarios legitimados, un local adecuado para su actividad sindical. Y si la decisión empresarial, fue proporcionarle un local compartido, debió facilitarle una copia de la llave, al igual que la tenía el Comité de Empresa, y no condicionar o limitar el derecho de la sección sindical a lo que decidiera el Comité de Empresa.

Otra cuestión distinta es que después de facilitarle la llave la obstrucción a la entrada se hubiera producido por el Comité de empresa, en cuyo caso, ya no podría hablarse de una incumplimiento empresarial, por cuanto siendo un local adecuado para que tanto el Comité de Empresa como las secciones sindicales más representativas desarrollen su actividad representativa y sindical, debe pactarse un uso de local por períodos o espacios.

La única condenada en autos debe ser la empresa.

SÉPTIMO.- Dispone el art. 179.3º LRJS que la demanda en tutela del derecho de libertad sindical deberá expresar "la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios, a los efectos de lo dispuesto en los arts. 182 y 183, y que, salvo en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada, deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño, o las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador".

Es reiterada la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que en su aplicación viene aceptando la cuantificación del importe de la indemnización en referencia a lo establecido en el sistema de sanciones e infracciones del orden social en la LISOS, tal y como recuerda la sentencia de 11 de febrero de 2015, rec. 95/2014 y las que en ellas se citan.

Siendo que conforme a la LISOS, la infracción cometida es la del artículo 7.8 del Real Decreto Legislativo 5/2000, calificada de grave, siendo susceptible de ser sancionada con multa de 751 a 7500 euros, esta Sala juzga adecuado fijar una indemnización en su grado mínimo de 751 euros, atendiendo a que la violación del derecho fundamental se produce por no facilitar un uso del local en igualdad de condiciones con los demás usuarios del mismo, esto es, con una llave, pero que según el hecho probado sexto el local estaba abierto a excepción de los martes y pudo entrar a dicho espacio el delegado sindical del Csif actor, salvo con esa limitación de los martes.

OCTAVO.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto a las costas del presente recurso.