Sentencia SOCIAL Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 191/2019 de 01 de Abril de 2019

Encabezamiento

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL
VALLADOLID
SENTENCIA: 00638/2019
C/ANGUSTIAS S/N (PALACIO DE JUSTICIA) 47003.VALLADOLID
Tfno: 983458462-463
Fax: 983.25.42.04
Correo electrónico:
NIG: 49275 44 4 2018 0000354
Equipo/usuario: MAH
Modelo: 402250
RSU RECURSO SUPLICACION 0000191 /2019
Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000173 /2018
Sobre: RECLAMACION CANTIDAD
RECURRENTE/S D/ña CONSEJERIA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEON
ABOGADO/A: LETRADO DE LA COMUNIDAD
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
RECURRIDO/S D/ña: Tomás
ABOGADO/A: JOSE FERNANDEZ POYO
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
Ilmos. Sres. Recurso nº: 191/2019 R.L.
D. Emilio Álvarez Anllo
Presidente de la Sala
D. José Manuel Riesco Iglesias
D. Rafael Antonio López Parada/ En Valladolid a uno de Abril de dos mil diecinueve.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta
por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A
En el Recurso de Suplicación núm. 191 de 2.019, interpuesto por CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON contra sentencia del Juzgado de lo Social Nº Uno
de Zamora en el Procedimiento nº 173/2018 de fecha 4 de diciembre de 2018, en demanda promovida por D.
Tomás contra CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Rafael Antonio López Parada.

Antecedentes

PRIMERO. - Con fecha 13 de abril de 2018, se presentó en el Juzgado de lo Social Número Uno de Zamora, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.



SEGUNDO. - En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes: '
PRIMERO.- El demandante, Tomás , con DNI NUM000 , comenzó a prestar servicios para el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, dependiente de la CONSEJERIA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, con la categoría profesional de Conductor, en fecha 9 de julio de 2010, en virtud de contrato de trabajo firmado el 09/07/2010, de duración determinada, de interinidad para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, y con jornada completa, puesto de trabajo NUM NUM001 CONDUCTOR, en la localidad de JUSTEL, hasta el día 01 de octubre de 2010 en que causó baja por finalización de la campaña de incendios forestales (documentos nº 1, 2 y 3 del expediente administrativo). En los años siguientes, D. Tomás fue llamada para las sucesivas campañas anuales de incendios, prestando servicios en los periodos siguientes (folios 5 a 18 del expediente administrativo): De 16/06/2011 a 16/10/2011 De 01/06/2012 a 30/09/2012 De 16/06/2013 a 15/10/2013 De 01/06/2014 a 30/09/2014 De 01/06/2015 a 30/09/2015 De 01/07/2016 a 31/10/2016 De 01/06/2017 a 19/10/2017.



SEGUNDO.- Según certificado de servicios prestados durante la campaña de Incendios 2017 en el que ha participado Tomás como fijo discontinuo, expedido por el Jefe de Unidad de Secretaría Técnica del Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León, el trabajador ha trabajado durante 141 días en la campaña de 2017 (del 1/06 al 19/10), siendo los días efectivos de trabajo: 66 (12 en junio, 15 en julio, 16 en agosto, 14 en septiembre y 9 en octubre), días de descanso:7, vacaciones:7, y 1 día de asuntos particulares

TERCERO.- El demandante ha agotado la vía administrativa previa.'

TERCERO. - Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada fue impugnado por la parte actora. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.

Fundamentos

PRIMERO.- Con carácter previo ha de decirse que la sentencia de instancia es susceptible de recurso de suplicación, a pesar de la cuantía de la reclamación, por cuanto se trata de un litigio que afecta a un gran número de trabajadores y posee la característica legal de afectación general, lo que la Sala acepta por notoriedad a la vista del número de litigios que se están suscitando sobre la misma, incluso bajo la misma representación procesal del letrado que suscita la cuestión y que sin duda debe conocer que en otros litigios él mismo ha alegado la existencia de afectación general relativa a esta cuestión, aceptada por la Sala, a efectos de poder instrumentar su recurso de suplicación ante sentencias que fueron desfavorables para sus defendidos.



SEGUNDO.- No se cuestiona en el recurso que el cómputo de los trienios en el convenio colectivo del personal de la Junta de Castilla y León a efectos del complemento salarial por antigüedad deba hacerse, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos (contratados en este caso por campañas de incendios), con arreglo a todo el tiempo de contratación, sino solamente el cómputo del mismo periodo en relación con la promoción profesional, en lugar de computar únicamente el tiempo de servicios efectivos.

El criterio de la Sala en sentencia de 4 de julio de 2018 (recurso 2244/2017 ), cuya doctrina ya ha sido seguido por esta Sala en las sentencias posteriores como las de 27 de julio de 2018 (recurso 1109/2018 ), 4 de octubre de 2018 (recurso 846/2018 ) y 11 de octubre de 2018 (recurso 880/2018 ), es que, en relación con el personal indefinido no fijo de la Junta de Castilla y León destinado en el servicio de extinción de incendios, ha de diferenciarse entre aquellos preceptos que se refieren genéricamente a la 'antigüedad', como ocurre con el artículo 48 relativo a la promoción económica, de aquellos otros que se refieren a los 'servicios efectivos', como ocurre con el artículo 22 relativo a la promoción profesional. Mientras que en los primeros hemos entendido que ha de computarse el tiempo total desde el inicio de la relación laboral, independientemente del tiempo de prestación de servicios efectivos, en los segundos hemos interpretado que solamente debe computarse el tiempo de prestación efectiva de servicios.

En concreto en estas sentencias hemos dicho: 'La cuestión que se suscita es esencialmente jurídica y la expone claramente el recurrente: determinar qué tiempo de prestación de servicios ha de tomarse en consideración respecto de unos trabajadores que tienen la condición de fijos discontinuos contratados para las campañas de extinción de incendios a los únicos efectos del cálculo del complemento de antigüedad que establece el art 48 del convenio aplicable, si computando todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral, como sostiene quien recurre, o sólo el de prestación efectiva de servicios, considerado por la Consejería demandada y que ha validado la sentencia de instancia. En estos asuntos el Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 20 de septiembre de 2015, Rec. 129/15 , 11 de septiembre de 2017, Rec. 981/17 , y 11 de enero de 2018, Rec. 1584/17 ) nos enseña que para la solución de la cuestión hay que acudir a la regulación convencional en la materia. Conforme a los artículos 82.3 , 25.1 y 26.3 del Estatuto de los Trabajadores es el convenio colectivo, resultado de la negociación colectiva que reconoce el artículo 37 de la Constitución , la norma que establece las condiciones sustanciales del contrato de trabajo, entre las que se encuentra el sistema de remuneración, la cuantía del salario, su estructura y los ' complementos salariales fijados en función de las circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador '. Consiguientemente, es el convenio colectivo la norma que regula la cuantía del salario y de sus complementos con plena autonomía, siempre que se respeten los mínimos legales de derecho necesario en materia retributiva, mínimos que solo afectan a la cuantía retributiva mínima legal, pero no a la estructura salarial aplicable, ni, menos aún a la aplicación analógica de criterios legales establecidos para otros tipos de contratos, como es el contrato a tiempo parcial, figura contractual diferente del contrato laboral fijo-discontinuo que es regulado por distintos preceptos legales (el contrato a tiempo parcial en el art. 12.4 del ET y el contrato fijo discontinuo en el artículo 15.8 del ET antes y en el art. 16 de la redacción vigente en la actualidad). Resuelto que el complemento de antigüedad se regula por el convenio colectivo que lo crea y especifica los requisitos que se deben acreditar para tener derecho al mismo, la cuestión planteada queda reducida a determinar el alcance de las disposiciones del convenio colectivo correspondiente.

La norma convencional aquí aplicable lleva como rúbrica 'Complementos personales: Antigüedad', y define tal complemento (art 48) como 'La cantidad que percibirá el personal por cada 3 años de servicios completos, devengándose desde el día primero del mes en que se cumplan. A estos efectos se reconocerán los servicios previos acreditados por cualquier trabajador que los haya prestado en esta u otra Administración Pública, cualquiera que hubiere sido el carácter de su relación jurídica. Cuando el reconocimiento se resuelva de forma favorable, los derechos económicos surtirán efectos desde el día 1 del mes siguiente a la presentación de la solicitud y su abono se producirá, en todo caso, dentro de los 3 meses siguientes a su reconocimiento' Las dos secciones de la Sala, interpretando la misma, han llegado a conclusiones distintas; así en sentencia de su sección 1ª de fecha 27-4-18 (rec. 2212/17 ) y en sentencia de su sección segunda 14-3-18 (rec. 2213/17 ), lo que ha motivado la convocatoria a Pleno de todos sus integrantes para unificar criterio, llegando finalmente a la conclusión unánime que a efectos del complemento salarial de antigüedad debe computarse a trabajadores con contrato fijo discontinuo (como los demandantes) todo el tiempo de vinculación a la empresa, incluidos los periodos de inactividad entre campañas. Partimos de que, como viene admitiendo la doctrina jurisprudencial 'el concepto de antigüedad es complejo y no tiene un sentido unívoco, ni desempeña la misma función en los distintos aspectos que puede tener en la relación laboral porque, la antigüedad es, según uno de los significados que recoge el Diccionario de la Real Academia, 'el tiempo transcurrido desde que se obtiene un empleo'. Pero ese tiempo puede ser definido de forma distinta, según los efectos a los que se refiere su cómputo, y en el ámbito laboral puede no ser lo mismo la antigüedad a efectos de promoción económica que la antigüedad a efectos de promoción profesional o del cálculo de las indemnizaciones por la extinción del contrato...' ( STS/4ª de 15 marzo 2010 -rcud. 90/2009 -). Debiendo estarse, como se dijo, a lo que el convenio disponga. Y en este caso, la norma convencional resulta poco clarificadora, al no hacer ningún tipo de matización ni incluir estipulación especifica alguna respecto de esta modalidad de contratación de duración indeterminada, que no temporal - los trabajadores indefinidos discontinuos no tienen limitada la duración del contrato, sino la de su jornada anual, irregular y sometida a la necesidad de llamamiento -. Antes bien, al regular el citado complemento, se refiere genéricamente al personal, sin distingo alguno, y utiliza la expresión 'por cada 3 años de servicios completos', de la que no se puede deducir sin más que hayan de computarse los periodos de inactividad entre campañas pero que tampoco descarta su inclusión. Ni siquiera se deduce la exigencia de 'efectividad de tales servicios' por la expresión de servicios previos prestados en otras Administraciones Públicas que es también genérica y puede referirse a todo el tiempo de vigencia de la relación sin mayores matices, es decir, incluso suspendida. A falta de mayor aclaración en convenio, lo que define la antigüedad es la vinculación con el empleador, aun suspendida la relación, y no la prestación efectiva de servicios. Pero es que, además, el mismo convenio al regular los requisitos para la promoción profesional (art 22.2) establece como uno de ellos 'acreditar la prestación de servicios efectivos como trabajador laboral fijo o fijo discontinuo de esta administración en la competencia funcional desde la que promociona durante un periodo mínimo de 2 años....'. A diferencia de la promoción económica, aquí la norma convencional es clara, alude a prestación de 'servicios efectivos' y comprende tanto a trabajadores fijos como fijos discontinuos, expresión que es lógico interpretar como tiempo de prestación de servicios en cada campaña, puesto que en los periodos entre campañas el trabajador ni presta servicios ni adquiere tampoco experiencia profesional.

Resulta evidente que si la voluntad de los negociadores del convenio hubiera sido la de conferir el mismo tratamiento a la antigüedad a efectos económicos hubieran utilizado las mismas o similares expresiones, y no otras tan inespecíficas como las señaladas. Concluimos por ello, como hiciéramos en la sentencia de 14-3-2018 que, con independencia de que a los trabajadores fijos discontinuos no les sean aplicables las mismas normas que a los contratados a tiempo parcial - recordar en todo caso que desde el punto de vista de Derecho Europeo ambos tipos contractuales deben ser considerados como contratos a tiempo parcial a efectos de la Directiva 97/81/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, por cuanto ambos encajan en la definición del punto uno de la cláusula tercera del Acuerdo, según la cual 'a efectos del presente Acuerdo, se entenderá por 'trabajador a tiempo parcial' a un trabajador asalariado cuya jornada normal de trabajo, calculada sobre una base semanal o como media de un período de empleo de hasta un máximo de un año, tenga una duración inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable', de lo que se deduce que la diferencia conceptual propia del derecho interno, que excluye de la consideración como contrato a tiempo parcial del contrato de trabajadores fijos discontinuos, no existe en el derecho Europeo, al menos a efectos de la indicada Directiva, de manera que ambas modalidades contractuales se regirían por el Acuerdo Europeo incorporado como anexo de la misma -, el complemento de antigüedad viene a compensar al trabajador por su permanencia en la empresa durante un periodo más o menos largo de tiempo, motivo por el cual, de no haber previsión convencional expresa contraria, ha de computarse desde que comienza la relación laboral, dado que aún con los periodos de inactividad, sigue vinculado con su empleadora, sin que ello implique en fin un trato más favorable para el trabajador fijo discontinuo si tenemos en cuenta que éste solo percibirá la retribución correspondiente al complemento de antigüedad durante los periodos de actividad (mientras trabaje cada campaña)'.

En este caso debemos reiterar el mismo criterio. Del mismo resulta que el tiempo completo de contratación debe computarse a efectos de la promoción económica, como se reconoce en el fallo de la sentencia recurrida, pero no para la promoción profesional, donde solamente se computan servicios efectivos.

El recurso de la Junta de Castilla y León no cuestiona este punto, sino el reconocimiento genérico de la antigüedad figurado en la primera parte del fallo, cuando dice que se declara el derecho a computar todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral (09/07/2011) 'a efectos de antigüedad y trienios', en la medida en que tal declaración incluye el reconocimiento de la antigüedad a efectos de promoción profesional, lo que sería contrario a la doctrina de esta Sala. En realidad no está claro si el reconocimiento incluido en el fallo se refiere también a la promoción profesional, puesto que nada se razona expresamente sobre la misma.

Esa ambigüedad ya estaba presente en la demanda presentada e incluso en el recurso se razona que la antigüedad debe ser reconocida también a efectos promocionales, por lo que, aunque sea en un momento tan tardío como el escrito de impugnación del recurso, la parte demandante aclara que su pretensión también se refería a la promoción profesional. Si dicha demanda hubiese reclamado exclusivamente la antigüedad a efectos de promoción económica, la sentencia del Juzgado debería ser interpretada a la luz de la misma y por ello bastaría con haber aclarado que el pronunciamiento contenido en el fallo solamente se refería a ésta.

Pero como la propia demanda incurre en la ambigüedad que también aparece en la sentencia y parece que la parte, aunque extemporáneamente, hace expresa referencia en su impugnación a la promoción profesional, la seguridad jurídica lleva a la estimación del recurso, en el sentido de excluir el reconocimiento de antigüedad a efectos de promoción profesional y limitarlo a la promoción económica. Ahora bien, el suplico del recurso está incorrectamente redactado y es incongruente con lo explicitado en el propio recurso, puesto que pide la íntegra desestimación de la demanda, que no procede acordar más allá de lo estrictamente referido a la antigüedad a efectos de promoción profesional. Por eso la estimación es parcial.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso.

Por lo expuesto y EN NO MBRE DEL REY

Fallo

Estimar parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por el letrado D. Ricardo Rodríguez Berasategui en nombre y representación de la Junta de Castilla y León contra la sentencia de 4 de diciembre de 2018 del Juzgado de lo Social número uno de Zamora , en los autos número 173/2018. Revocamos el fallo de la misma en el sentido de desestimar la demanda en cuanto al reconocimiento de la antigüedad a efectos de promoción profesional, manteniendo el restante contenido del fallo en cuanto al reconocimiento de antigüedad y trienios a efectos de promoción económica, así como la condena al abono de cantidades.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente cuyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm 2031 0000 66 0191 19 abierta a nombre de la sección 2ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco de Santander, acreditando el ingreso.

Si se efectúa a través de transferencia bancaria desde otras entidades o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número 0049 3569 92 0005001274, código IBAN ES55, y en el campo concepto deberá contener los 16 dígitos que corresponden a la cuenta expediente indicado en el apartado anterior.

Asimismo, deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de la condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.