Sentencia SOCIAL Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 691/2019 de 30 de Septiembre de 2019

Encabezamiento

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL
VALLADOLID
SENTENCIA: 01620/2019
C/ANGUSTIAS S/N (PALACIO DE JUSTICIA) 47003.VALLADOLID
Tfno: 983458462-463
Fax: 983.25.42.04
Correo electrónico:
NIG: 49275 44 4 2018 0000549
Equipo/usuario: MMD
Modelo: 402250
RSU RECURSO SUPLICACION 0000691 /2019
Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000273 /2018
Sobre: RECLAMACION CANTIDAD
RECURRENTE/S D/ña CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON
ABOGADO/A: LETRADO DE LA COMUNIDAD
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
RECURRIDO/S D/ña: Pablo
ABOGADO/A: TOMAS MURIEL MARTIN
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
Ilmos. Sres. Recurso nº: 691/19 C
D. Emilio Álvarez Anllo
Presidente de la Sala
D. Mª del Carmen Escuadra Bueno
D. Rafael Antonio López Parada/ En Valladolid a treinta de septiembre de dos mil diecinueve.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta
por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 691 de 2019, interpuesto por CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. DOS de ZAMORA
(Autos 273/2018) de fecha 5 de noviembre de 2018, dictada en virtud de demanda promovida por D. Pablo
contra CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON sobre RECLAMACION
DE CANTIDAD, ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dña. Mª del Carmen Escuadra Bueno.

Antecedentes

PRIMERO. - Con fecha 8-06-2018 se presentó en el Juzgado de lo Social número 2 de ZAMORA demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.



SEGUNDO. - En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:
PRIMERO.- El demandante, Don Pablo , ha venido prestando servicios para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora estando destinado en el operativo de las campañas de prevención y extinción de incendios desde el 15/07/1991 de manera ininterrumpida, y hasta la actualidad, teniendo la condición de Fijo Discontinuo y con categoría reconocida de peón de incendios y con derecho a percibir sus retribuciones de acuerdo con el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta (Bocyl 28/10/2013), para la referida categoría.



SEGUNDO.- El actor reclama el derecho a que le sea computado y reconoció a efectos de promoción económica y profesional vinculada a la antigüedad, todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral el 15/07/1991, con inclusión de los periodos en que no ha existido prestación efectiva de servicios y en su consecuencia abone diferencias en concepto de complemento de antigüedad correspondientes al periodo de la última anualidad, anterior a la interposición de esta demanda.



TERCERO. - Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, no fue impugnado. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.

Fundamentos

PRIMERO.- En sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 2 de ZAMORA se estima la demanda planteada por DON Pablo , sobre Derecho y Cantidad, contra la CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN en la que reclamaba que se le reconociera la antigüedad a efectos de promoción económica y profesional. Frente a dicha resolución se alza la demandada, solicitando que se revoque la misma por motivos únicamente de índole jurídica.



SEGUNDO.- La cuestión de la recurribilidad de una resolución dictada por los Tribunales constituye materia de orden público procesal y, como tal, debe incluso ser examinado y resuelto por la Sala de oficio, sin necesidad de denuncia por las partes. La Magistrada de instancia concede recurso por que puede tener afectación general y para esta Sala es notaria dicha afectación general, debido a los múltiples asuntos que ya se han resuelto en esta sede en los que la cuestión planteada era la misma. En consecuencia, el recurso se admite por la afectación general apuntada por la Juez a quo, debiendo entrarse a resolver el fondo del asunto.



TERCERO.-Al amparo de lo dispuesto en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se articulan dos motivos de recurso por la parte recurrente destinados a denunciar, en un primer motivo, la infracción de lo establecido en el artículo 22.2 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ella. Y un segundo motivo en el que se denuncia la infracción de la jurisprudencia que cita expresamente ( sentencia de esta Sala de 14 de marzo de 2018, Rec. 2213/2017 y 27 de julio de 2018, Recurso 1109/2018).

No se cuestiona en el recurso que el cómputo de los trienios en el convenio colectivo del personal de la Junta de Castilla y León a efectos del complemento salarial por antigüedad deba hacerse, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, con arreglo a todo el tiempo de contratación, sino solamente el cómputo del mismo periodo en relación con la promoción profesional, en lugar de computar únicamente el tiempo de servicios efectivos.

El criterio de la Sala en sentencia de 4 de julio de 2018 (recurso 2244/2017), cuya doctrina ya ha sido seguido por esta Sala en las sentencias posteriores como las de 27 de julio de 2018 (recurso 1109/2018), 4 de octubre de 2018 (recurso 846/2018) y 11 de octubre de 2018 (recurso 880/2018), es que, en relación con el personal indefinido no fijo de la Junta de Castilla y León destinado en el servicio de extinción de incendios, ha de diferenciarse entre aquellos preceptos que se refieren genéricamente a la 'antigüedad', como ocurre con el artículo 48 relativo a la promoción económica, de aquellos otros que se refieren a los 'servicios efectivos', como ocurre con el artículo 22 relativo a la promoción profesional. Mientras que en los primeros hemos entendido que ha de computarse el tiempo total desde el inicio de la relación laboral, independientemente del tiempo de prestación de servicios efectivos, en los segundos hemos interpretado que solamente debe computarse el tiempo de prestación efectiva de servicios.

En concreto en estas sentencias hemos dicho: ' La cuestión que se suscita es esencialmente jurídica y la expone claramente el recurrente: determinar qué tiempo de prestación de servicios ha de tomarse en consideración respecto de unos trabajadores que tienen la condición de fijos discontinuos contratados para las campañas de extinción de incendios a los únicos efectos del cálculo del complemento de antigüedad que establece el art 48 del convenio aplicable, si computando todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral, como sostiene quien recurre, o sólo el de prestación efectiva de servicios, considerado por la Consejería demandada y que ha validado la sentencia de instancia. En estos asuntos el Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 20 de septiembre de 2015, Rec. 129/15 , 11 de septiembre de 2017, Rec. 981/17 , y 11 de enero de 2018, Rec. 1584/17 ) nos enseña que para la solución de la cuestión hay que acudir a la regulación convencional en la materia. Conforme a los artículos 82.3 , 25.1 y 26.3 del Estatuto de los Trabajadores es el convenio colectivo, resultado de la negociación colectiva que reconoce el artículo 37 de la Constitución , la norma que establece las condiciones sustanciales del contrato de trabajo, entre las que se encuentra el sistema de remuneración, la cuantía del salario, su estructura y los 'complementos salariales fijados en función de las circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador'. Consiguientemente, es el convenio colectivo la norma que regula la cuantía del salario y de sus complementos con plena autonomía, siempre que se respeten los mínimos legales de derecho necesario en materia retributiva, mínimos que solo afectan a la cuantía retributiva mínima legal, pero no a la estructura salarial aplicable, ni, menos aún a la aplicación analógica de criterios legales establecidos para otros tipos de contratos, como es el contrato a tiempo parcial, figura contractual diferente del contrato laboral fijo-discontinuo que es regulado por distintos preceptos legales (el contrato a tiempo parcial en el art. 12.4 del ET y el contrato fijo discontinuo en el artículo 15.8 del ET antes y en el art. 16 de la redacción vigente en la actualidad). Resuelto que el complemento de antigüedad se regula por el convenio colectivo que lo crea y especifica los requisitos que se deben acreditar para tener derecho al mismo, la cuestión planteada queda reducida a determinar el alcance de las disposiciones del convenio colectivo correspondiente.

La norma convencional aquí aplicable lleva como rúbrica 'Complementos personales: Antigüedad', y define tal complemento (art 48) como 'La cantidad que percibirá el personal por cada 3 años de servicios completos, devengándose desde el día primero del mes en que se cumplan. A estos efectos se reconocerán los servicios previos acreditados por cualquier trabajador que los haya prestado en esta u otra Administración Pública, cualquiera que hubiere sido el carácter de su relación jurídica. Cuando el reconocimiento se resuelva de forma favorable, los derechos económicos surtirán efectos desde el día 1 del mes siguiente a la presentación de la solicitud y su abono se producirá, en todo caso, dentro de los 3 meses siguientes a su reconocimiento' Las dos secciones de la Sala, interpretando la misma, han llegado a conclusiones distintas; así en sentencia de su sección 1ª de fecha 27-4-18 (rec. 2212/17 ) y en sentencia de su sección segunda 14-3-18 (rec.

2213/17 ), lo que ha motivado la convocatoria a Pleno de todos sus integrantes para unificar criterio, llegando finalmente a la conclusión unánime que a efectos del complemento salarial de antigüedad debe computarse a trabajadores con contrato fijo discontinuo (como los demandantes) todo el tiempo de vinculación a la empresa, incluidos los periodos de inactividad entre campañas. Partimos de que, como viene admitiendo la doctrina jurisprudencial 'el concepto de antigüedad es complejo y no tiene un sentido unívoco, ni desempeña la misma función en los distintos aspectos que puede tener en la relación laboral porque, la antigüedad es, según uno de los significados que recoge el Diccionario de la Real Academia, 'el tiempo transcurrido desde que se obtiene un empleo'. Pero ese tiempo puede ser definido de forma distinta, según los efectos a los que se refiere su cómputo, y en el ámbito laboral puede no ser lo mismo la antigüedad a efectos de promoción económica que la antigüedad a efectos de promoción profesional o del cálculo de las indemnizaciones por la extinción del contrato...' ( STS/4ª de 15 marzo 2010 -rcud. 90/2009 -). Debiendo estarse, como se dijo, a lo que el convenio disponga. Y en este caso, la norma convencional resulta poco clarificadora, al no hacer ningún tipo de matización ni incluir estipulación especifica alguna respecto de esta modalidad de contratación de duración indeterminada, que no temporal -los trabajadores indefinidos discontinuos no tienen limitada la duración del contrato, sino la de su jornada anual, irregular y sometida a la necesidad de llamamiento -. Antes bien, al regular el citado complemento, se refiere genéricamente al personal, sin distingo alguno, y utiliza la expresión 'por cada 3 años de servicios completos', de la que no se puede deducir sin más que hayan de computarse los periodos de inactividad entre campañas pero que tampoco descarta su inclusión. Ni siquiera se deduce la exigencia de 'efectividad de tales servicios' por la expresión de servicios previos prestados en otras Administraciones Públicas que es también genérica y puede referirse a todo el tiempo de vigencia de la relación sin mayores matices, es decir, incluso suspendida. A falta de mayor aclaración en convenio, lo que define la antigüedad es la vinculación con el empleador, aun suspendida la relación, y no la prestación efectiva de servicios. Pero es que, además, el mismo convenio al regular los requisitos para la promoción profesional (art 22.2) establece como uno de ellos 'acreditar la prestación de servicios efectivos como trabajador laboral fijo o fijo discontinuo de esta administración en la competencia funcional desde la que promociona durante un periodo mínimo de 2 años....'. A diferencia de la promoción económica, aquí la norma convencional es clara, alude a prestación de 'servicios efectivos' y comprende tanto a trabajadores fijos como fijos discontinuos, expresión que es lógico interpretar como tiempo de prestación de servicios en cada campaña, puesto que en los periodos entre campañas el trabajador ni presta servicios ni adquiere tampoco experiencia profesional.

Resulta evidente que si la voluntad de los negociadores del convenio hubiera sido la de conferir el mismo tratamiento a la antigüedad a efectos económicos hubieran utilizado las mismas o similares expresiones, y no otras tan inespecíficas como las señaladas. Concluimos por ello, como hiciéramos en la sentencia de 14-3-2018 que, con independencia de que a los trabajadores fijos discontinuos no les sean aplicables las mismas normas que a los contratados a tiempo parcial - recordar en todo caso que desde el punto de vista de Derecho Europeo ambos tipos contractuales deben ser considerados como contratos a tiempo parcial a efectos de la Directiva 97/81/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, por cuanto ambos encajan en la definición del punto uno de la cláusula tercera del Acuerdo, según la cual 'a efectos del presente Acuerdo, se entenderá por 'trabajador a tiempo parcial' a un trabajador asalariado cuya jornada normal de trabajo, calculada sobre una base semanal o como media de un período de empleo de hasta un máximo de un año, tenga una duración inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable', de lo que se deduce que la diferencia conceptual propia del derecho interno, que excluye de la consideración como contrato a tiempo parcial del contrato de trabajadores fijos discontinuos, no existe en el derecho Europeo, al menos a efectos de la indicada Directiva, de manera que ambas modalidades contractuales se regirían por el Acuerdo Europeo incorporado como anexo de la misma -, el complemento de antigüedad viene a compensar al trabajador por su permanencia en la empresa durante un periodo más o menos largo de tiempo, motivo por el cual, de no haber previsión convencional expresa contraria, ha de computarse desde que comienza la relación laboral, dado que aún con los periodos de inactividad, sigue vinculado con su empleadora, sin que ello implique en fin un trato más favorable para el trabajador fijo discontinuo si tenemos en cuenta que éste solo percibirá la retribución correspondiente al complemento de antigüedad durante los periodos de actividad (mientras trabaje cada campaña)'.

En este caso debemos reiterar el mismo criterio. Del mismo resulta que el tiempo completo de contratación debe computarse a efectos de la promoción económica, pero no para la promoción profesional, donde solamente se computan servicios efectivos. El recurso de la Junta de Castilla y León cuestiona en el segundo motivo del recurso el reconocimiento genérico de la antigüedad en la medida en que tal declaración incluye el reconocimiento de la antigüedad a efectos de promoción profesional, lo que sería contrario a la doctrina de esta Sala.

Dado que en la demanda se solicitaba tanto el reconocimiento de la antigüedad a efectos de promoción profesional como económica y la sentencia así lo estima, esto lleva en aplicación de la teoría seguida por esta Sala a la estimación del recurso, en el sentido de excluir el reconocimiento de antigüedad a efectos de promoción profesional y limitarlo a la promoción económica. Ahora bien, el suplico del recurso está incorrectamente redactado y es incongruente con lo explicitado en el propio recurso, puesto que pide la íntegra desestimación de la demanda, que no procede acordar más allá de lo estrictamente referido a la antigüedad a efectos de promoción profesional. Por eso la estimación es parcial.

Por lo expuesto y EN NOMBRE DEL REY,

Fallo

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de suplicación formulado por la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN contra la sentencia dictada en fecha 5 de noviembre de 2018 por el Juzgado de lo Social Número 2 de ZAMORA (Autos 273/2018), en virtud de demanda interpuesta por DON Pablo frente a la referida recurrente, sobre Cantidad. En consecuencia, revocamos el fallo de la sentencia de instancia en el sentido de desestimar la demanda en cuanto al reconocimiento de la antigüedad a efectos de promoción profesional, manteniendo el restante contenido del fallo en cuanto al reconocimiento de antigüedad y trienios a efectos de promoción económica, así como la condena al abono de cantidades.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que, contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente cuyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm. 2031 0000 66 0691 19 abierta a nombre de la sección 2ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco de Santander, acreditando el ingreso.

Si se efectúa a través de transferencia bancaria desde otras entidades o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número 0049 3569 92 0005001274, código IBAN ES55, y en el campo concepto deberá contener los 16 dígitos que corresponden a la cuenta expediente indicado en el apartado anterior.

Asimismo, deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de la condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.