Sentencia Social 25/2024 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 1188/2023 de 12 de enero del 2024

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Ciudad Real con fecha 29.07.2022 desestimando la demanda interpuesta por D. Evelio frente al Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en solicitud de declaración de derecho al cese de conducta de acoso laboral o mobbing e indemnización por daños morales por vulneración de derechos fundamentales por valor de 100.006 €, formula recurso de suplicación la parte actora articulado en tres motivos al amparo de lo preceptuado en el artículo 193 b ) y c) de la LRJS .

Dicho recurso ha sido impugnado.

SEGUNDO.- Los motivos primero y segundo del recurso presentado tienen por finalidad adicionar a los Hechos Probados Cuarto y Séptimo los párrafos que figuran subrayados y en negrita quedando redactados en la forma siguiente:

" CUARTO.- En fecha 30/7/2019 el Pleno del Ayuntamiento aprobó RPT, con creación de director de Servicios Administrativos, personal directivo profesional, coordinador de los servicios administrativos municipales. Por resolución de la Alcaldía de 5/11/2019 se nombra a D. Miguel Ángel en comisión de servicios para dicho puesto en tanto se cubra la vacante (doc. 5 ramo prueba demandante).

Se da por reproducido doc. 6 ramo prueba de parte demandada: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local nº 4 de 25/2/2020: "propuesta de creación de comité asesor de cambio (CAB)". Dicho comité tenía por finalidad, entre otras, la de conocer de todo cambio propuesto por los jefes y encargados de los servicios municipales, analizar la necesidad del cambio, verificar si responde a exigencia legal, si persigue mejorar servicio, condiciones de trabajos, planificar puesta en marcha, dar a conocer a los afectados los cambios...

Dicho comité consta fue aprobado, su presidente es Sr. Miguel Ángel, dentro de los vocales se encuentra el Sr. Evelio. Se acompañan las sesiones celebradas.

El 23/1/2020 el Sr. Miguel Ángel informó por correo electrónico al Sr. Evelio de la intención de crear este comité. No obstante, mediante la prueba testifical tanto de la parte demandante, como de la parte demandada, ha quedado acreditado la celebración de reuniones extraoficiales en relación a cuestiones que posteriormente fueron tratadas por este comité, como es la gestión de la Administración Electrónica, en la que participaron todos los miembros de la sección de informática a excepción del demandante.

En Resolución de la Alcaldía de 22/9/2020 se atribuyó temporalmente a D. Efrain las funciones de ingeniería en informática, con atribución de funciones de elaboración y dirección de proyectos, redacción de pliegos y emisión de informes técnicos de nivel superior que le sean encomendados (doc. 8 demandante)", basando la misma en la prueba testifical realizada por los Sres. Inocencio Fernando; Miguel Ángel y Efrain.

"SEPTIMO.- Respecto a funciones que elaboraba el trabajador antes de la reestructuración de personal se acredita lo siguiente.

El concejal de informática y comunicaciones encomendó a D. Evelio la elaboración de un pliego de prescripciones técnicas para Plan director de Alcázar Smart City, que fue presentado el 28/6/2018. Dicho plan se encuentra en proyecto EDUSI, Estrategia de desarrollo sostenible e integrado FONDOS EUROPEOS FEDER (Doc. 5 y 6 ramo prueba parte demandante).

Igualmente, en fecha 26/11/2019 elaboró pliego de prescripciones técnicas para portal web municipal 2019.

Tras el nombramiento de Don Miguel Ángel como director de Servicios Administrativos, se toman determinadas decisiones de reestructuración y reorganización de la sección de informática, así como de la asignación de tareas. Tras la RPT aprobada el 30 de marzo de 2021, se crea un nuevo puesto de trabajo con denominación "responsable de informática y telecomunicaciones" asignando de manera excepcional y temporal las funciones a Don Efrain, reconociendo en su declaración testifical que sus funciones son las de firma de permisos, resolución de incidencias, gestión del reparto de tareas, seguimiento de proyectos, elaboración de pliegos de prescripciones...Reconociendo también que antes esas funciones eran realizadas por Don Evelio como jefe de sección.

Con posterioridad al nombramiento de Don Miguel Ángel como director de Servicios Administrativos, las funciones que el concejal de informática acredita que el demandante realizó fueron:

El 11/3/2020 elaboró informe para oferta contratación canal simétrico 2019.

El 15/4/2020 elaboro informe técnico telefonía fija.

El 30/6/2020 elaboró informe sistemas multifunción.

Estas últimas funciones se han reconocido en las testificales de la parte demandada que son las propias de un Técnico Medio" ; con base en la prueba testifical realizada por los Sres. Miguel Ángel, Efrain, Inocencio y Hipolito.

En orden a resolver los motivos expuestos debemos comenzar señalando que tal y como establecen los artículos 193 b ) y 196.3 de la LRJS , la revisión fáctica de la sentencia necesariamente ha de fundarse en la prueba documental o en la pericial practicadas en juicio, que pongan de manifiesto el error judicial de valoración de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables.

Por otro lado, el Tribunal Supremo en doctrina emanada en el análisis del recurso de casación previsto en el apartado d) del artículo 207 de la LRJS , extrapolable al recurso de suplicación al participar ambos recursos de naturaleza extraordinaria ha señalado en sentencia de 06.02.2019 :

"En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009 ), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009 ), 5 de junio de 2011 (Rec. 158/2010 ), 23 septiembre 2014 (rec. 66/2014 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".

El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/2011 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 mayo 2014 (rec.161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental."

La aplicación de la doctrina expuesta a este concreto supuesto, lleva a la desestimación de la modificación pretendida, toda vez que la misma se basa en prueba testifical, en concreto en la declaración prestada por Sres. Miguel Ángel, Efrain, Inocencio y Hipolito, prueba claramente inidónea para tal fin.

TERCERO.- En el tercero de los motivos con objeto de examinar las infracciones de la jurisprudencia cita la sentencia de esta Sala de 28 de mayo de 2002; del TSJ de las Islas Canarias de 15 de junio de 2017y de Aragón de 22 de diciembre de 2005, argumentando que de la prueba testifical y el informe pericial aportado por el recurrente se evidencia que se está ante una situación manifiesta de acoso laboral que viene padeciéndose desde hace cuatro años de manera persistente y además por varios miembros de su misma sección siendo su único fin aislarlo de la misma, atentando contra su dignidad de manera abusiva y persistente en el tiempo, hasta verse desprovisto de cualquier función que realizase antes del año 2019 que además ha llevado al deterioro de su salud, sin que pueda definirse dicha situación como conflictividad laboral.

El legislador en el recurso de suplicación ha impuesto unos requisitos formales en los artículos 193 y 196 de la LRJS , conforme a los cuales se exige que en el escrito de interposición del recurso de suplicación, se expresen con suficiente claridad y precisión el motivo o motivos en que el mismo se ampare, citando las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideran infringidas y razonando la fundamentación de los motivos, así como los concretos hechos que se pretende modificar, citando expresamente el documento o pericia en que se apoye la modificación interesada.

El Tribunal Constitucional en sentencias entre otras 29/1985 y 99/1990 ha señalado en orden al cumplimiento de los indicados requisitos que "no basta con manifestar una voluntad de recurrir la sentencia de instancia...sino que hay que hacerlo con las exigencias que impone el propio recurso interpuesto, máxime cuando se trata de un recurso extraordinario, como lo es en nuestro ordenamiento el recurso de casación", argumento que es de aplicación al recurso de suplicación al ser igualmente de naturaleza extraordinaria.

En el presente recurso los requisitos recogidos en los preceptos indicados, no se han cumplido, dado que alegando un motivo de orden jurídico sustantivo ( art. 193 c) LRJS ) debería en primer lugar citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que a juicio de la parte recurrente ha sido vulnerada por el fallo de la sentencia, jurisprudencia que conforme a lo preceptuado en el artículo 1.6 del Código Civil es la emanada de la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo, articulando motivos separados para cada precepto, razonando la pertinencia y fundamentación de los motivos, es decir argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el juicio poniendo de manifiesto como su correcta aplicación determinaría una distinta solución, a pesar de lo cual esta Sala interpretando los mismos con la flexibilidad necesaria para que se traduzca en real el derecho de tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) que debe prevalecer sobre las infracciones formales del recurso va a dar adecuada respuesta al motivo expuesto.

Como ya ha tenido ocasión de establecer esta Sala en sentencia dictada el 24.05.2021 rec. 669/2021 , recogida por la Juzgadora de instancia, la doctrina judicial viene considerando que el acoso laboral es el "maltrato persistente, deliberado y sistemático de varios miembros de una organización hacia un individuo con el objetivo de aniquilarlo y eliminarlo de la misma; asedio o intimidación que sufre una persona por la acción de otra u otras, sean sus compañeros de trabajo, sean los propios empresarios; cualquier manifestación de una conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, que puede ser verbal, física o de otro modo de una o más personas contra una u otras en el lugar de trabajo y/o en el proceso de contratación que puede considerarse que contraviene el derecho de las personas a un trabajo digno; acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo se autoelimine, durante un proceso de destrucción que pasa por diversas fases y que termina en el abandono físico de la empresa; presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante la denigración laboral ( STSJ Castilla La Mancha de 28 de mayo de 2002 ). Agresión del empresario, o de alguno de sus empleados con el conocimiento y tolerancia de aquél, mediante hechos, órdenes o palabras, repetida y duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar y aislar al trabajador que puede llegar a incluso deteriorar su salud, con objeto de conseguir un auto abandono del trabajo, produciendo un daño progresivo y continuo a su dignidad ( STS Aragón de 22 de diciembre de 2005 ) o como dice la STSJ País Vasco de 23 de diciembre de 2003 "situaciones de hostigamiento a un trabajador frente a la que se desarrollan actitudes de violencia psicológica de forma prolongada y que conducen a su extrañamiento en el marco laboral ". Entre los elementos que lo integran podemos señalar los siguientes: violencia psicológica extrema, de carácter sistemático, ejercida en lugar de trabajo, que normalmente produce un daño moral o psicológico, ejercida por quien ostenta una posición jerárquicamente superior contra el acusado, que puede responder a un plan predeterminado cuyo objeto es producir el abandono del trabajo por parte de este último" ( sentencia del TSJ Cataluña Sala de lo Social, sec. 1ª, S 25-4-2008, nº 3532/2008, rec. 671/2008 )".

De lo reflejado se desprende que la intencionalidad y la sistemática reiteración de la presión son en consecuencia requisitos necesarios para poder hablar de acoso moral en el trabajo, siendo asimismo imprescindible para su estimación que se demuestre de manera plena tanto la intención de dañar como la efectiva producción de un daño; ahora bien no toda actitud de tensión en el desarrollo de la actividad laboral puede merecer el calificativo de acoso moral, no pudiendo confundirse el mismo con las situaciones de conflicto, y desentendidos laborales en el seno de la empresa por defender los integrantes de la relación laboral intereses diversos y a veces contrapuestos.

Pues bien, en el presente supuesto no se ha acreditado la concurrencia de los requisitos anteriormente indicados para poder considerar que estamos ante una situación de acoso moral o mobbing, pues tal y como se constata en la sentencia objeto de recurso, en base a las pruebas practicadas, al Sr. Evelio al ser del trabajador de mayor antigüedad y titulación en el servicio de informática, en 2013, tras la creación del puesto de trabajo de jefe de Informática en el Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan le fue asignado dicho puesto llevándose a cabo la adscripción al mismo en tanto se procediese a su cobertura con carácter definitivo.

Atendiendo a las necesidades de la administración local demandada y con la finalidad de llevar a cabo un plan de reestructuración, modernización y racionalización de recursos personales se llevó a cabo una modificación de puestos de trabajo desde el 2019 al 2022, que afecto a distintos trabajadores y servicios y en concreto en lo que se refiere a la sección de Informática se creó el puesto de ingeniero informático que se atribuyó temporalmente y hasta que se cubra la vacante a D. Efrain, único funcionario del servicio con titulación superior, y entre cuyas funciones están la de elaboración y dirección de proyectos, redacción de pliegos y emisión de informes técnicos de nivel superior que le sean encomendados.

Asimismo, se creó el puesto de Director de Servicios Administrativos para el que fue nombrado el Sr. Miguel Ángel y que asume la jefatura de atención al ciudadano, coordinación administrativa e informática sin competencias técnicas, sino de coordinación y dirección.

Ambos puestos de trabajo comportan respecto al Sr. Evelio que pasa a tener dos superiores jerárquicos a cuyas ordenes debe atenerse.

Las modificaciones de las RPT no ha sido objeto de impugnación.

El Decreto 38/2020 de 21 de julio de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha estableció la obligatoriedad de portar mascarilla en cualquier espacio cerrado abierto al público, lo que no fue cumplido por el Sr. Evelio aduciendo problemas de salud, ante lo cual se solicitó por parte del Ayuntamiento a Quirón Prevención asesoramiento técnico para valorar su aptitud al puesto de trabajo y mientras se le propone que temporalmente desempeñe su actividad mediante teletrabajo, emitiéndose informe con fecha 28.01.2021 por el servicio de prevención declarándole apto proponiendo que porte mascarilla FFP2, ante lo cual el concejal delegado de personal informo al trabajador que podía acogerse a las siguientes opciones: incorporación inmediata a su puesto de trabajo con uso obligatorio de mascarilla para lo cual le serán proporcionadas las mismas o continuar con el teletrabajo; y en los meses de marzo y abril de 2021 se le hace entrega de cajas de mascarillas FFP2.

El trabajador usaba una línea de titularidad del Ayuntamiento y el 07.10.2020 solicito la portabilidad de la misma a su nombre a lo que se accedió, solicitando a continuación un nuevo teléfono móvil para uso laboral lo que fue denegado, al no ser necesario por disponer como todos los demás jefes de sección y servicio de un teléfono fijo en su mesa de trabajo.

Con fecha 04.05.2021 presento denuncia ante el Ayuntamiento solicitando la activación del protocolo anti acoso, incoándose el oportuno expediente por acuerdo de Alcaldía de 19.05.2021, en el cual con fecha 11.06.2021 se resuelve declarare la inexistencia de acoso y el archivo del expediente, así como que por el responsable del Servicio de Informática se establezcan los mecanismos de resolución de conflictos interpersonales que sean posibles para el restablecimiento de unas correctas relaciones de trabajo en el departamento. Formulado recurso de reposición se requiere informe al Equipo de Referencia el cual se ratifica en los informes emitidos concluyendo que no se aprecian indicios de situación de acoso laboral y si se percibe la existencia de un conflicto interpersonal entre compañeros. Ante lo cual y tras las alegaciones realizadas por el demandante se desestima el recurso interpuesto.

El trabajador ha sido diagnosticado de trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión; concluyendo la Magistrada de instancia tras un minucioso examen y valoración del conjunto probatorio, que no existen indicios de los que pueda deducirse la existencia de una conducta de acoso laboral, conclusión con la cual esta Sala se muestra conforme, pues del conjunto probatorio reflejado en la sentencia se desprende que lo realmente acaecido es que la situación existente desde el 2013 momento en el cual le fue asignado al demandante, con carácter temporal, el puesto de jefe de sección, sin tener ningún superior jerárquico y por lo tanto adoptando todas las decisiones a nivel laboral que estimaba oportunas, ha sufrido una modificación con la reestructuración llevada a cabo en los distintos servicios del Ayuntamiento, reestructuración que por otra parte no ha sido objeto de recurso, y que ha supuesto en relación con la estructura del servicio al cual está adscrito el Sr. Evelio que pase a depender jerárquicamente de dos personas, lo que indudablemente conlleva que algunas de las funciones que anteriormente realizaba pasen a ser desempeñadas por otras personas, pero ello en modo alguno ha supuesto que no se le asigne la realización de los trabajador que atendiendo a su formación y puesto de trabajo el corresponden, tal y como consta en el hecho probado séptimo; no pudiendo entenderse lo indicado como una degradación injustificada en sus funciones como se alega en el recurso, siendo que por el contrario la organización y mejor distribución de los recursos tanto personales como materiales con los que cuenta la administración local es no solo una competencia sino una obligación de la misma, toda vez que no puede olvidarse que su función es la de dar un adecuado servicio al ciudadano, sin que por otra parte el hecho de haber teletrabajado durante un periodo de tiempo implique un intento de apartarle de sus compañeros, toda vez que fue únicamente debido a su personal decisión de no ponerse mascarilla en su puesto de trabajo, cuando la misma era obligatoria y mucho menos la decisión de no asignarle un nuevo móvil para uso laboral sea indicativa de una actitud hostil hacia el mismo por parte de la empleadora, toda vez que para atender las cuestiones laborales disponía como el resto de compañeros de teléfono fijo en su mesa de trabajo, sin que los otros jefes de sección dispongan de teléfono móvil a dichos fines.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo