Sentencia Social 2761/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 101/2024 de 14 de mayo del 2024

PRIMERO.-La sentencia que llega a nuestro conocimiento en suplicación ha desestimado la demanda de tutela de derechos fundamentales articulada por la trabajadora, absolviendo a la empresa demandada.

Contiene un extenso relato de hechos probados (44). Y, a pesar de apreciar las excepciones de prescripción y de falta de acción por la suscripción de un acuerdo transaccional con eficacia liberadora, con adecuada técnica jurídica entra a analizar en profundidad la controversia, llegando a la conclusión de que, pese a reconocer la existencia de un conflicto laboral, habiendo mantenido la demandante discrepancias con sus superiores, especialmente las Sras. Agustina y Simoney, no puede apreciarse una situación de acoso u hostigamiento, vulneradora de derechos fundamentales.

Disconforme con estos pronunciamientos, presenta recurso de suplicación la trabajadora, interesando varias revisiones fácticas, al amparo de la letra B del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), y articulando 5 motivos de censura jurídica, por el cauce de la letra C del mismo precepto.

Impugna el recurso, la empleadora, interesando su desestimación, y proponiendo, a su vez, la adición de un nuevo hecho probado, a lo que se opone la parte actora.

SEGUNDO.-Examinemos, en primer lugar, los motivos de revisión fáctica, comenzando por los articulados por la trabajadora.

2.1.-En un primer motivo se pretende modificar el hecho probado 6º de la sentencia, que, recordemos, es del siguiente tenor literal:

"La Sra. Agustina va enviar correus electrònic convocant a la Sra. Lizbeth a reunions per exemple en dates 30 de març de 2017, 4 de maig de 2017, 30 de gener de 2018 i 1 de febrer de 2018".

Propone que, a continuación, añadamos otro párrafo, con la siguiente redacción:

"Tanmateix, no la va convocar a altres reunions, entre altres la de 29/1/2018, en que s'hi tracta temes de formació, tot i que la demandant gestionava temes de formació. La demandant se'n va queixar de l'exclusió mitjançant correu de la mateixa data, i no consta resposta o rectificació al respecte".

En apoyo de su pretensión revisora cita el documento nº 19 de su propio ramo de prueba, obrante al folio nº 145. En el mismo consta el volcado al papel de un mensaje de correo electrónico enviado por la demandante a la Sra. Agustina el día 29 de enero de 2018 en el que, efectivamente, le reprocha no haber sido convocada a una reunión.

Sin embargo, el documento no evidencia por sí sólo el supuesto error del juzgador de instancia. Se trata de un reproche unilateralmente formulado por la trabajadora que no acredita ni que no hubiera sido convocada a una reunión ni la propia existencia de esa concreta reunión.

Se trata, por otro lado, de una supuesta reunión celebrada 5 años antes del juicio. Si tan relevante era la misma, y tan trascendente la falta de convocatoria de la trabajadora, debería haberse especificado así en la demanda, identificando la reunión, al objeto de permitir a la empleadora procurarse prueba al respecto.

Si lo que se denuncia en la demanda es la genérica falta de convocatoria de la demandante a las reuniones de trabajo lo que el magistrado de instancia ha reflejado al respecto es la convicción alcanzada en relación a esa alegación, a la vista de la prueba practicada en el juicio, cuya valoración a él le corresponde; que la demandante sí era convocada a reuniones de trabajo.

2.2.-Solicita, a continuación, la recurrente, la modificación parcial de los hechos probados 8º y 9º.

En los mencionados hechos probados la sentencia de instancia recoge el contenido de los mensajes de correo electrónico cruzados entre la demandante y la Sra. Agustina en marzo de 2018 (hecho probado 8º), así como el de otros mensajes de correo electrónico enviados por la demandante los días 15 de abril de 2016 y 20 de diciembre de 2017 a otros trabajadores.

Se interesa que se eliminen las expresiones "mostraba un to recriminatori envers la Sra. Agustina", que consta en el primer párrafo del hecho 8º; "La Sra. Lizbeth també va mostrar un to recriminatori", que se indica en el inicio del hecho 9º; "la Sra. Lizbeth es mostrava ofesa" en los párrafos segundo y tercero del hecho probado 8º; y "es va mostrar ofesa"del segundo párrafo del hecho 9º.

Denuncia, al respecto, que se trata de expresiones valorativas que pudieran predeterminar el fallo.

No compartimos los reparos manifestados en el recurso. Corresponde al magistrado de instancia la valoración de la prueba practicada. La redacción de los hechos probados cuestionados resulta del examen directo del volcado al papel de los mencionados mensajes de correo electrónico, no apreciándose error alguno en su valoración. Las expresiones cuestionadas son simplemente descriptivas del contenido de los mensajes; y en absoluto podemos considerarlas predeterminantes del fallo. Si del contenido de los mensajes se deducen reproches o quejas, o la expresión de un sentimiento de ofensa, debe así quedar reflejado en el relato de hechos probados, sin que esto último condicione el fallo, pues dependerá del resto de extremos que se logren acreditar. El problema, para la recurrente, es que no ha acreditado incidentes previos que puedan justificar el tono y contenido de esos mensajes.

2.3.-En tercer lugar, interesa la modificación del hecho probado 10º.

La redacción originaria del mencionado hecho es la siguiente: "La Sra. Lizbeth va referir un episodi d'ansietat en visita mèdica de data 7 de març de 2018".

Y se propone la siguiente redacción alternativa: "El 7 de març de 2018 es va practicar a la Sra. Lizbeth un Estudi de Pressió-Flux per dificultats en la micció de 6 mesos produït a partir d'un episodi d'ansietat".

Se remite, al efecto, al documento nº 34 de su ramo de prueba, obrante al folio nº 165.

Aunque no podemos apreciar error esencial del magistrado de instancia en la valoración del documento, vamos a admitir la modificación propuesta, pues, ciertamente, del contenido del documento no podemos deducir si el episodio de ansiedad fue referido por la demandante o constaba en la documentación médica del facultativo que la atendió; siendo más precisa, también en relación al motivo de la consulta, la redacción alternativa propuesta en el recurso.

2.4.-Propone, a continuación, la recurrente, una redacción alternativa del hecho probado 11º, también dedicado a reflejar una asistencia médica.

La redacción originaria del mencionado hecho probado es del siguiente tenor: "La Sra. Lizbeth va referir una època de molt d'estrès en visita mèdica de data 12 de març de 2018".

Y la alternativamente propuesta, en base al documento nº 35 del ramo de prueba de la parte actora (folio nº 168) es la siguiente: "El 12 de març de 2018 la Sra. Lizbeth va acudir al Servei de Consultes Externes de l'Hospital de Calella per gran dificultat miccional d'un mes d'evolució coincident amb època de molt estrès, i fou diagnosticada com a megabufeta amb disminució de la contractilitat agreujada per estrès i medicació concomitant".

Por las mismas razones expuestas con motivo del análisis de la anterior propuesta de modificación fáctica, vamos a estimar la que ahora nos ocupa.

2.5.-Se interesa, a continuación, la supresión del hecho probado 13º, que, recordemos, apunta que, desde el cambio de departamento en fecha 15 de marzo de 2018 la demandante no solicitó ningún cambio de puesto de trabajo ni se presentó a ninguna plaza de promoción interna o de convocatoria pública.

Se justifica la pretensión de eliminación por tratarse de un hecho negativo, sin apoyo normativo, y sin especial trascendencia.

No podemos compartir estos argumentos. Ciertamente se trata de un hecho negativo, pero de constancia necesaria, al ser especialmente trascendente, pues en la demanda se presenta el cambio de departamento en un contexto de supuesto acoso.

Y no podemos considerar que carezca de respaldo probatorio cuando, como se alega en el escrito de impugnación, ha sido certificado por la Directora de Recursos Humanos de la empresa demandada, la Sra. Tabata (documento nº 8 del ramo de prueba de la empresa, folio nº 204), que, además, declaró como testigo, siendo la valoración de sus declaraciones de competencia exclusiva del magistrado de instancia.

2.6.-En un sexto motivo de revisión fáctica se propone modificar el último inciso del hecho probado 21º.

La redacción originaria del mismo es la siguiente: "En el moment de la reincorporació, i després del temps en el que la Sra. Lizbeth havia estat de baixa, es va donar coincidència de llocs de treball amb altres persones, però sense problemes de cadira, ordinador, etc".

Propone la siguiente redacción alternativa, en la que se ha subrayado la diferencia con la originaria: "En el moment de la reincorporació, i després del temps en el que la Sra. Lizbeth havia estat de baixa, es va donar coincidència de llocs de treball amb altres persones, i no disposava de taula, cadira ni ordinador".

Señala, al efecto de evidenciar el supuesto error del magistrado de instancia, los documentos nº 4 y 5 de su ramo de prueba, obrantes a los folios nº 81 y 82.

Sin embargo, los mencionados documentos no evidencian por sí mismos el supuesto error en la valoración de la prueba.

El documento nº 4 (folio nº 81) consiste en una comunicación de una supuesta situación de riesgo, unilateralmente efectuada por la demandante, en fecha 12 de diciembre de 2018, consistente en la falta de mesa, silla y ordenador. El documento acredita, en su caso, la queja de la demandante, pero no la realidad de la situación sobre la que se proyecta la misma.

Y el documento nº 5 (folio nº 82) consiste en el acta de una reunión extraordinaria del Comité de Empresa con la dirección de la empresa para tratar el tema de la ubicación de la demandante, proponiendo, la dirección, dos concretos puestos de trabajo.

Esta última reunión tiene lugar el 8 de marzo de 2019, haciendo referencia a una anterior reunión celebrada el 27 de febrero de 2019, y se realiza en previsión a la reincorporación de la trabajadora tras su ausencia por baja médica iniciada el 20 de diciembre de 2018. Reincorporación que finalmente tuvo lugar el 6 de mayo de 2019 (hecho probado 23º).

Mientras que el hecho probado que se trata de modificar hace referencia a la problemática habida tras la reincorporación de la trabajadora después de una baja médica anterior, el 26 de noviembre de 2018 (hecho probado 20º).

El magistrado de instancia ha valorado toda la prueba relativa a las circunstancias de la reincorporación en esta última fecha. Y, objetivamente, reconoce la existencia de dificultades por la coincidencia de varios trabajadores en el departamento, lo que pudo devenir en una indefinición o confusión de las tareas correspondientes a cada uno. Pero expresamente descarta que la trabajadora no dispusiera de medios tan esenciales como mesa u ordenador.

2.7.-El siguiente motivo se dirige a modificar el hecho probado 24º.

En el mismo se recoge otra asistencia facultativa, con el siguiente redactado: "En informe mèdic de data 1 de febrer de 2019 es va informar de l'existència d'eczema crònic amb clara relació amb l'estrès d'origen laboral referit per la Sra. Lizbeth". Y en el recurso se interesa la supresión del último inciso, subrayado en el texto original.

Al efecto se remite al documento nº 37 del ramo de prueba de la parte actora, folio nº 170 de los autos.

Vamos a acceder a la modificación propuesta, al igual que hemos accedido a la de los hechos probados 10º y 11º, pues, aunque pudiera presumirse que la relación de los brotes del eczema con el estrés fue referida por la propia paciente, la demandante, no podemos descartar otra fuente de conocimiento del facultativo tras el seguimiento y la consulta de la documentación médica.

2.8.-Se cuestiona, también, el hecho probado 32º de la sentencia de instancia. Aunque en la apertura del motivo se hace referencia al hecho probado 31º, es evidente que trata de modificarse el 32º.

En el hecho probado 31º la sentencia hace referencia a la solicitud de la trabajadora, en fecha 30 de julio de 2021, de activar el protocolo por acoso laboral, y la petición de la Unidad de Prevención, en escrito de 9 de agosto de 2021, de que esta nueva denuncia fuera tratada por un agente externo, ya que la demandante había manifestado su desconfianza en relación a la intervención de la Unidad de Prevención en ocasiones anteriores.

En el hecho 32º, que es el que se trata de modificar, se deja constancia de que la dirección de la empresa aceptó la petición de la Unidad de Prevención, comunicándolo a la demandante el 7 de septiembre de 2021, sin que esta última se opusiera a ello.

Interesa, el recurso, matizar los motivos de la falta de oposición de la demandante con el siguiente redactado alternativo: "La decisió de la direcció va ser acceptar la petició de la Unitat de Prevenció, i es va comunicar en data 7 de setembre de 2021 a la Sra. Lizbeth, que no s'hi va oposar en entendre que es tractava d'una mediació" (subrayamos la concreta matización que se pretende).

Aunque no tiene la relevancia que el recurso pretende darle vamos a acceder a la matización interesada, pues es lo que claramente se desprende del mensaje de correo electrónico enviado por la demandante el día 7 de septiembre de 2021, obrante al folio nº 253, integrante del documento nº 27 del ramo de prueba de la empresa, que es, precisamente, el que ha servido al magistrado de instancia para formar su convicción al respecto.

2.9.-Se interesa, a continuación, modificar el hecho probado 42º, en el que queda reflejado el acuerdo transaccional al que las partes llegaron con motivo del despido, que consta documentado (folios nº 269 y 270, documento nº 35 de la empresa).

Se solicita añadir un último párrafo con la siguiente redacción: "Ambdues parts estableixen que el contingut del acord haurà de ser ratificat en conciliació administrativa o judicial, moment en que s'abonaria la resta de la indemnització quantificada".

Debemos acceder a la modificación propuesta, pues resulta de forma meridiana de las estipulaciones 4ª y 5ª del acuerdo; y, como más adelante se verá, es trascendental para resolver una de las cuestiones jurídicas.

2.10.-A continuación, se solicita añadir un nuevo hecho probado, que sería el 45º, con la siguiente redacción:

"El Protocol per a la prevenció, actuació i resolució de l'Assetjament Moral i Discriminació de l'empresa preveu que davant un cas d'assetjament o discriminació, s'actuarà en dues fases, una primera mitjançant la intervenció d'una persona mediadora que intenti posar fi al conflicte i evitar la repetició futura, i una fase final en la que intervindrà un Comitè Investigador format per 5 membres: Representat de la Direcció, Direcció de RRHH, Cap de la UPRL, Delegat/da de Prevenció, i Secretari/a. Aquests Comitè actuarà inicialment com a òrgan mediador, per a després efectuar la investigació del cas amb les accions pertinents per a poder determinar si ha existit assetjament, podent proposar mesures cautelars. Les parts poden assistir a la reunió del Comitè Investigador acompanyades si ho desitgen".

El mencionado protocolo consta, efectivamente, en los folios nº 106 y siguientes (documento nº 13 del ramo de prueba de la parte actora). El procedimiento que se trata de dejar descrito en el relato fáctico es el que se detalla en los folios nº 121 a 123, como se destaca en el recurso.

Y la modificación propuesta puede ser trascendente, pues uno de los motivos de censura jurídica es, precisamente, el supuesto incumplimiento del protocolo.

Motivo por el que hemos de acceder a la modificación fáctica interesada. Eso sí, en el bien entendido de que la descripción efectuada en la redacción propuesta no nos impide examinar directamente el protocolo, que debemos considerarlo por íntegramente reproducido, especialmente para valorar si la fase de mediación era preceptiva, o simplemente voluntaria.

2.11.-En un último motivo de revisión fáctica se propone la adición de un nuevo hecho probado, que sería el 46º, con la siguiente redacción:

"Durant la dilatada presencia de la demandant en l'empresa demandada i el seu pas pels diferents Departaments com es refereix en el precedent fet primer, la demandant ha treballat sota les ordres o en col·laboració amb diversos professionals, que en sengles correus electrònics manifesten la vàlua professional i la bona disposició i tracte personal de la demandant el Sr. Alejandro, el Dr. Raimundo, el Dr. Johann, el Dr. Franko, la Dra. Judith, el Dr. Juaquín, la Dra. Mical, la Dra. Úrsula, la Dra. Cecilia, i el Dr. Ivan".

En soporte de esta pretensión se remite a los documentos nº 24 a 33 del ramo de prueba de la parte actora (folios nº 151 a 164), en los que constan varios mensajes de otros tantos profesionales que, según se dice, trabajaron con la demandante.

No podemos acceder a la pretensión revisora por varias razones:

A.- En primer lugar, porque no se está enjuiciando la conducta de la trabajadora; sino de la empresa y de las supuestas acosadoras. Carece de sentido analizar ahora toda la trayectoria profesional de la demandante.

B.- En segundo lugar, porque la versión de unas personas sobre lo que pudiera ser objeto de enjuiciamiento no se convierte en documento susceptible de modificar el relato de hechos probados porque se ponga por escrito.

El cauce natural para conocer esas versiones sería llamando a sus autores para que declararan como testigos. Lo que no se ha hecho.

C.- por último, desconocemos las fechas en las que la demandante pudo haber coincidido con aquellos profesionales. Su trayectoria en la empresa es de 30 años, y el conflicto se limita a los últimos 5 o 6 años.

Se trata, por tanto, de unas circunstancias que, ni podemos considerar documentadas, ni tienen relevancia para resolver el litigio.

TERCERO.-En su escrito de impugnación, la empresa, interesa, también, una modificación fáctica.

Solicita la adición de un nuevo hecho probado, que no sería el 45º, sino el 46º, pues hemos admitido la adición de uno de los hechos probados interesados por la recurrente, con el siguiente redactado:

"En fecha 14 de noviembre de 2022 la letrada Abigail Blanco Cumplido en en representación de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva presenta escrito solicitando conciliación anticipada ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Mataró en el marco del procedimiento de impugnación de despido 545/2022 instado por la actora la Sra. Lizbeth. En fecha 16 de noviembre de 2022 dicta el Juzgado de lo Social Diligencia de Ordenación mediante la cual señala una fecha para celebrar la conciliación anticipada. En fecha 17 de noviembre el abogado Ramon Llena presenta escrito en nombre de la actora para manifestar que no quiere ratificar el acuerdo transaccional alcanzado en fecha 28 de mayo de 2022".

El contenido fáctico que se pretende añadir consta, efectivamente, en los documentos nº 40, 41 y 42 del ramo de prueba de la empresa (folios nº 282 y siguientes).

Y resulta especialmente relevante, pues evidencia que a pesar de haber alcanzado un acuerdo transaccional las partes no llegaron a ratificarlo en conciliación administrativa o judicial, como contemplaba la cláusula 4ª del acuerdo (folio nº 269 vuelto), que ahora ya tiene reflejo en los hechos probados al haberse admitido la modificación del hecho probado 42º.

No podemos atender ninguna de las objeciones esgrimidas por la parte recurrente.

En cuanto a la objeción formal, el art. 197.1 de la LRJS dispone que "En los escritos de impugnación(...) podrán alegarse motivos de inadmisibilidad del recurso, así como eventuales rectificaciones de hechoo causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia, con análogos requisitos a los indicados en el artículo anterior".

Por tanto, la parte impugnante puede, a su vez, interesar la modificación de hechos probados. El carácter subsidiario, entendemos, no se refiere a las rectificaciones de hechos, sino a las causas de oposición. Y la subsidiaridad se proyecta no respecto a los motivos del recurso, sino a los argumentos de la sentencia.

Y respecto a la objeción material, discrepamos de la recurrente. La modificación fáctica es muy relevante, pues evidencia que el acuerdo transaccional, por las razones que sean, no se han cumplido. Es más, nos sorprende la oposición de la recurrente, pues si no fuera porque ahora acogemos la introducción de este nuevo hecho probado en el relato fáctico no quedaría constancia del incumplimiento del acuerdo transaccional, que es el motivo por el que la propia recurrente niega su eficacia liberatoria.

CUARTO.-Fijado, ya, definitivamente, el relato de hechos probados, podemos abordar el estudio de los motivos de censura jurídica.

En un primer motivo se denuncia la supuesta infracción del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y 1973 del Código Civil (CC), al haberse estimado la excepción de prescripción.

Motivo que debe ser estimado por las siguientes razones.

A.- Consideramos, coincidiendo en ello con la fundamentación de la sentencia de instancia, discrepando de la recurrente, que el plazo de un año para interesar la tutela de los derechos fundamentales supuestamente quebrantados se inicia cuando se ha cometido la vulneración de los mismos; sin necesidad de esperar a la extinción del vínculo laboral, el 9 de junio de 2022.

En el caso de denunciarse acoso u hostigamiento, tratándose de una situación formada por un conjunto de actos repetidos, cuando cesa esta situación, es decir, cuando tiene lugar el último de los actos constitutivos del supuesto acoso.

En nuestro caso, la demandante inició un proceso de incapacidad temporal el día 29 de octubre de 2021 (hecho probado 37º), manteniéndose desde entonces alejada del entorno laboral.

En esta fecha hemos de localizar el inicio del cómputo del plazo de prescripción.

B.- No discrepan las partes en que el día final es cuando se ejercita judicialmente la acción de tutela, presentando la demanda rectora de estos autos, que tuvo lugar el 24 de mayo de 2023 (hecho probado 44º).

C.- Tampoco se pone en discusión que el plazo es susceptible de interrupción, tanto por reclamación extrajudicial como por reconocimiento por el supuesto deudor (la empresa) ( art. 1973 del CC, y, en el mismo sentido, art. 121.11.c y d del Codi Civil de Catalunya -CCC-).

No parecen discutir, tampoco, las partes, que el burofax enviado por la entonces abogada de la demandante el 2 de marzo de 2022, del que se hace eco el hecho probado 40º, también interrumpe la prescripción.

Pero es que, además, y en esto coincidimos con el argumento de la parte recurrente, el acuerdo transaccional celebrado el día 28 de mayo de 2022, reflejado en el hecho probado 42º, volvió a interrumpir el cómputo de la prescripción, pues en el mismo la demandante expresamente manifestó que entendía haber sido víctima de una situación de acoso y que era su intención impugnar por ello el despido que ya antes, el día 25 de mayo de 2022, le había sido comunicado, aunque con efectos extintivos a fecha 9 de junio de 2022.

Cierto es que, acto seguido, las partes pactaron la extinción indemnizada de la relación laboral. Pero este pacto no llegó a ratificarse, como estaba previsto, en conciliación administrativa o judicial, no cumpliéndose sus términos, en especial el desistimiento de la acción de despido y el pago de la indemnización convenida. Pero la falta de eficacia del acuerdo no enerva las manifestaciones realizadas por las partes, y, especialmente, las vertidas por la demandante sosteniendo la existencia de una situación de acoso.

La demanda judicial se interpuso antes de que transcurriera un año desde la fecha del frustrado acuerdo transaccional, por lo que no podemos considerar prescrita la acción de tutela de derechos fundamentales.

QUINTO.-En un segundo motivo de infracción jurídica se denuncia la infracción de los art. 3.5 y 4 del ET, en los que se proclaman, respectivamente, el carácter irrenunciable de los derechos de los trabajadores reconocidos por normas de derecho necesario o calificados como indisponibles por normas convencionales, y los derechos laborales; así como el art. 1114 del CC, sobre la eficacia de las obligaciones condicionales.

Alega, en síntesis, que no puede reconocerse eficacia liberatoria al acuerdo transaccional suscrito el 28 de mayo de 2022 al no haber sido ratificado en conciliación administrativa o judicial.

Nuevamente debemos acoger los argumentos de la parte recurrente. La cláusula 4ª del acuerdo recogía el compromiso de las partes de ratificar el acuerdo en conciliación administrativa o judicial. Y la cláusula 5ª condicionaba el efecto liberatorio al pago de la indemnización pactada.

Nada de esto tuvo lugar, las partes no llegaron a conciliar ni en sede administrativa ni judicial. Ni se pagó la indemnización adicional a la propia del despido objetivo comunicado. Por tanto, no podemos reconocer eficacia liberatoria a aquel acuerdo, con independencia de cual fuera la parte que decidió no ratificarlo.

No obstante, el magistrado de instancia, con buen criterio, a pesar de estimar en su sentencia dos excepciones que ahora han sido revocadas, ha pasado a analizar el fondo del litigio, lo que ha permitido a la parte recurrente impugnar el pronunciamiento absolutorio, sin necesidad de acordarse la retroacción de actuaciones.

SEXTO.-A continuación, se denuncia la supuesta infracción de los art. 16, 18 y 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en relación al Protocolo para la Prevención, Actuación y Resolución del Acoso Moral y Discriminatorio en la Empresa (en lo sucesivo, el Protocolo).

A este último instrumento está dedicado el hecho probado 45º, introducido tras estimarse uno de los motivos de revisión fáctica del recurso.

El art. 16 de la LPRL regula, genéricamente, las obligaciones de prevención empresariales, mediante la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. El art. 18 los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en materia preventiva. Y el art. 31 regula los llamados servicios de prevención.

En esencia, viene a argumentar que la empresa no siguió el procedimiento previsto en el Protocolo, consistente en un intento de mediación y, en caso de fracaso del mismo, una investigación a cargo de un Comité formado por 5 miembros (un representante de la Dirección, un miembro de la dirección de Recursos Humanos, el Jefe de la Unidad de Prevención, un Delegado de Prevención, y un Secretario).

Denuncia que, en su lugar, la Dirección de la empresa optó, a petición de la Unidad de Prevención, a encargar una investigación a un profesional externo.

Siendo cierto lo expuesto en el recurso, no podemos acoger el motivo.

En primer lugar, porque la fase de mediación no se estipula como necesaria, sino como facultativa, pudiendo ser rechazada por cualquiera de las partes.

En segundo lugar, porque el encargo de la fase de investigación a un profesional externo, en lugar de al Comité previsto en el Protocolo, no obedece a un capricho de la dirección, sino a la petición formulada por la Unidad de Prevención, tras las reticencias manifestadas por la propia trabajadora con motivo de intervenciones anteriores cuestionando su objetividad y neutralidad. Encargo al que no se opuso la demandante, con independencia de que en un primer momento pensara que sus funciones serían mediadoras y no investigadoras.

Pero, en cualquier caso, y esto es lo más relevante, no debemos perder de vista que estamos ante un proceso especial de tutela de derechos fundamentales, regulado en los art. 177 y siguientes de la LRJS, en cumplimiento de la previsión del art. 53.2 de la Constitución (CE), de carácter no sólo preferente, sino, también, sumario, estando su objeto limitado al conocimiento de la eventual vulneración de derechos fundamentales ( art. 178.1), en nuestro caso la integridad moral del art. 15 de la CE, en relación con el derecho a la dignidad del art. 10 de la CE.

Lo que, en su caso podría haber vulnerado el art. 15 de la CE es la situación de acoso u hostigamiento, no el incumplimiento formal de las normas de un Protocolo interno, considerando que la empresa no permaneció ni mucho menos pasiva ante la denuncia de la trabajadora, tratando de investigar lo acaecido, articulando un procedimiento alternativo a través de un profesional externo, frente al que la trabajadora no manifestó su oposición, ni al principio, cuando podían existir dudas sobre el alcance del encargo, ni disipadas las mismas durante su actuación. Sólo al final, y en relación a las conclusiones de su informe, al no ser de su agrado.

SÉPTIMO.-Se denuncia, en el siguiente motivo de censura jurídica, la supuesta infracción de los art. 96.1 y 181.2 de la LRJS.

Estos preceptos recogen el llamado recurso de inversión de la carga de la prueba en materia de derechos fundamentales. Disponen que una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Se trata de un recurso especialmente útil en los casos en los que el trabajador tiene dificultades para acreditar la verdadera pero velada motivación de actos empresariales impugnados, como un despido o una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (MSCT) que se pretenden amparar formalmente en el legítimo ejercicio de las potestades empresariales, pero que, en verdad, tienen como finalidad o efecto vulnerar los derechos fundamentales de la persona trabajadora.

Los mencionados preceptos no pueden considerarse vulnerados en nuestro caso, en primer lugar, porque lo que se denuncia como vulnerador de derechos fundamentales no son concretos actos empresariales, sino una supuesta situación de acoso u hostigamiento por parte de sus superioras.

Recordemos que no se está impugnando el despido, que es posterior a los hechos que nos ocupan y que, al parecer, pende también de enjuiciamiento.

El único concreto acto empresarial que pudiera entenderse cuestionado es el cambio de departamento comunicado en marzo de 2018, recogido en el hecho probado 12º. Y el mismo tenía precisamente como finalidad, que no logró, poner fin al conflicto, no siendo cuestionado en ningún momento por la demandante; que incluso lo vivió como una oportunidad, de forma positiva, no pidiendo volver a ser cambiada de departamento (hecho probado 13º), y refiriendo una mejora anímica al respecto (hecho probado 19º).

No podemos, tampoco, considerar como indicios activadores de la inversión de la carga de la prueba, los señalados en el recurso, tratándose de las reiteradas quejas de la demandante a sus superioras a través de mensajes de correo electrónico, reflejadas en el hecho probado 7º, pues se trata de simples manifestaciones unilaterales de una de las partes en conflicto que nada acreditan respecto al mismo, más allá de su subjetiva versión.

Por último, no podemos considerar aplicable un recurso sobre la carga de la prueba especialmente previsto para los casos en los que no puede llegarse a conocimiento de lo acaecido por falta de prueba, cuando la sentencia de instancia, en un evidente esfuerzo de exhaustividad ha relatado con todo detalle a lo largo de 44º hechos probados (46º tras las dos adiciones admitidas) la evolución del conflicto.

OCTAVO.-Por último, se denuncia la infracción de los art. 15 y 24 de la CE.

Tampoco este motivo puede ser estimado. El relato de hechos probados da cuenta de una situación de conflicto entre la demandante y sus superioras, primero la Sra. Agustina y después la Sra. Simoney, que no revirtió a pesar del cambio de Departamento.

Coincidimos con la sentencia de instancia en el análisis pormenorizado del conflicto. Podían existir discrepancias entre la demandante y sus superioras. Pero estas discrepancias no eran imputables a un trato incorrecto por parte de las responsables de la empresa. No consta el sometimiento a un trato degradante o vejatorio.

La existencia de un conflicto e incluso su repercusión en el estado emocional y la salud psíquica de la trabajadora no necesariamente deben ser consecuencia de una situación de acoso. Pueden ser también derivadas de un defectuoso proceso de interiorización subjetiva de las discrepancias que naturalmente surgen en cualquier entorno de interrelación personal como es el trabajo.

No acabamos de comprender las razones por las que se denuncia como infringido también el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la CE.

En este sentido, parece que se vuelve a argumentar sobre la inaplicación de la inversión de la carga de la prueba de los art. 96.1 y 181.2 de la LRJS, cuya infracción ya se ha descartado.

Se dice que la empresa no ha aportado una justificación objetiva y razonable al hostigamiento sufrido por la trabajadora. Pero el argumento hace supuesto de la cuestión, pues no se ha acreditado la situación de acoso u hostigamiento.

Debemos, en consecuencia, desestimar también este motivo y, con ello, la pretensión revocatoria articulada en el recurso, confirmando todos los pronunciamientos de la sentencia de instancia, aunque no por todos sus argumentos.

NOVENO.-En aplicación del artículo 235 de la LRJS, no ha lugar a la imposición de costas a la parte recurrente, al disfrutar del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de conformidad con el artículo 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, por su condición de trabajadora por cuenta ajena.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.