Sentencia Social 6622/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4853/2023 de 21 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Contenido y objeto del recurso.

Se articula el recurso por la representación de AYUNTAMIENTO DE CASTELLDEFELS contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, al amparo de la letra c) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS), y denuncia infracción de los artículos 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP), y 53.1 y 306 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (en adelante, LMRLC). El recurso pretende la desestimación de la demanda

El recurso ha sido impugnado por la representación de Pedro Antonio al entender que la sentencia ha valorado correctamente la prueba practicada y aplicado adecuadamente el derecho.

La demanda origen del presente procedimiento pretendía la declaración de improcedencia, del despido de fecha 30-7-2021 (notificado el 2-8-2021), que estaría constituido por la pretendida de decisión de desistimiento empresarial de la relación laboral especial de alta dirección.

La sentencia ahora recurrida entiende que no han quedado suficientemente acreditados hechos que sustenten la existencia de relación laboral de carácter especial de alta dirección, sino ante una relación laboral ordinaria, por lo que nos encontramos ante un despido que merece la calificación de improcedente al no existir causa alguna que lo justifique.

SEGUNDO.- La normativa aplicable al caso.

Por cuanto aquí interesa, el RD 1382/1985establece:

Art. 11. Extinción del contrato por voluntad del empresario.

Uno. El contrato de trabajo podrá extinguirse por desistimiento del empresario, comunicado por escrito, debiendo mediar un preaviso en los términos fijados en el artículo 10.1. El alto directivo tendrá derecho en estos casos a las indemnizaciones pactadas en el contrato; a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días del salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades.

En los supuestos de incumplimiento total o parcial del preaviso, el alto directivo tendrá derecho a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido.

Dos. El contrato podrá extinguirse por decisión del empresario mediante despido basado en el incumplimiento grave y culpable del alto directivo, en la forma y con los efectos establecidos en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores; respecto a las indemnizaciones, en el supuesto de despido declarado improcedente se estará a las cuantías que se hubiesen pactado en el contrato, siendo en su defecto de veinte días de salario en metálico por año de servicio y hasta un máximo de doce mensualidades.

Tres. Cuando el despido sea declarado improcedente o nulo, el empresario y el alto directivo acordarán si se produce la readmisión o el abono de las indemnizaciones económicas previstas en el párrafo dos de este artículo, entendiéndose, en caso de desacuerdo, que se opta por el abono de las percepciones económicas. Si el despedido se reintegrase al empleo anterior en la Empresa, se estará a lo dispuesto en el artículo 9.3 de este Real Decreto.

El EBEPestablece:

Artículo 13. Personal directivo profesional.

El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

El LMRLCestablece:

Artículo 53. Alcalde o alcaldesa.

1. El alcalde o alcaldesa es el presidente o presidenta de la corporación y tiene, en todo caso, las atribuciones siguientes:

i) Ejercer la dirección superior de todo el personal de la corporación y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al pleno en estos dos últimos supuestos en la primera sesión que aquél convoque. Esta atribución se entiende sin perjuicio de lo que disponen los apartados 1 y 3 del artículo 99 de la Ley reguladora de las bases del régimen local.

Artículo 306. Personal directivo.

1. El nombramiento de personal directivo de entidades locales y la formalización del correspondiente contrato laboral de alta dirección, de acuerdo con lo establecido en esta ley, son competencia de la presidencia de la entidad, que debe dar cuenta de ello al pleno en la primera sesión que tenga.

TERCERO.- Análisis del derecho aplicado por la sentencia. Recurso e impugnación.

1.- Por cuanto ahora interesa, la sentenciarazona que no nos encontramos ante una relación laboral de alta dirección, regulada por el real decreto 1382/1985, sino ante una relación laboral de carácter común y ello por cuanto

"La prestación laboral del contrato de 1 de junio de 2009 se ejecutó con la categoría de Director de Área, y antes con otros cargos también en régimen laboral común, de conformidad con el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, habiéndose dado las notas de: dependencia, subordinación, ajenidad, habitualidad y contraprestación económica, horario, aumentos de sueldo vinculados al resultado de la negociación colectiva, percepción de trienios y complemento de productividad y nombramiento y adscripción al cargo sin proceso de selección.

La formalización del contrato de trabajo de alta dirección, de 1 de junio de 2009, lo fue después de la adscripción del actor a dicho puesto de trabajo mediante Decreto de Alcaldía de 15 de mayo de 2008.

El horario debía cumplir las 1800 horas anuales, con un cupo determinado de horas semanales y sujeto a control horario mediante fichaje del tiempo de permanencia en el centro de trabajo.

El actor percibió siempre trienios por su antigušedad, y el complemento de productividad, con la valoración máxima sobre los tres parámetros de aplicación (puntualidad, absentismo y objetivos), en marzo de cada año, respecto del año anterior.El actor fue nombrado y adscrito como titular del cargo de Director de Área de Servicios Territoriales sin mediar ningún procedimiento de selección, ni principios de publicidad y concurrencia.

El actor realizaba muchas de esas funciones del contrato de alta dirección desde antes del 15 de mayo de 2008.

2.- El recurso denuncia la infracción del art. 13 EBEP y cita la sentencia del TSJ de Madrid 523/2021, de 28/05/2021, Recurso 157/2021, de la que extrae los siguiente:

"Y es que el RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, no define al personal directivo (al que somete a la relación laboral especial de alta dirección) por referencia a los criterios de la legislación laboral en el sentido del artículo 1 del RD 1382/1985, de 1 de agosto, sino por referencia al ejercicio de funciones directivas para cuya concreción se remite a normas administrativas específicas de cada administración.

Y tomando como punto de partida esta premisa, será suficiente con que la Administración Pública de que se trate defina una función como directiva o, lo que es igual, atribuya a un determinado titular de un puesto de trabajo la condición de directivo para que nos hallemos ante "personal directivo", aun cuando no reúna los requisitos del RD 1382/1985, de 1 de agosto; y es que, a mayor abundamiento, no debemos olvidar que el artículo 2.1.c) del Estatuto de los Trabajadores extiende el concepto de relación laboral de carácter especial a "cualquier trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por una Ley"; y esto es lo que ha venido a hacer, respecto del personal directivo de carácter laboral al servicio de las administraciones públicas, el RDLeg 5/2015, de 30 de octubre.

Entiende que la aplicación de dicha doctrina al presente caso implica dar validez al contrato de trabajo suscrito entre las partes y por tanto entender que estamos ante una relación laboral de carácter especial de alta dirección, por virtud del artículo 13 EBEP, y ello permite el desistimiento del contrato por parte de la entidad local contratante. Consecuencia de todo ello sería que no ha existido despido alguno, sino un desistimiento de la parte empresarial, y ello implicaría estimar el recurso y desestimar la demanda origen del proceso.

3.- El escrito de impugnación señala al respecto que cuando se suscribió el contrato de trabajo entre las partes, el 1 de junio de 2009, el demandante ya venía desempeñando esas tareas desde el 15 de mayo de 2008, y venia prestando servicios desde 2004 según se deduce del primer HDP; su retribución variaba de acuerdo con los pactos alcanzados en la negociación colectiva, extendiéndose también en elementos de la relación laboral que no han quedado acreditados en el proceso; no existió ninguna convocatoria para la cobertura del puesto de trabajo que ha venido desempeñando. Niega la capacidad de auto organización absoluta de las entidades de la administración local y pone en cuestión la aplicación al presente caso de la doctrina sentada por la sentencia del TSJ de Madrid que cita el recurso. Pone de manifiesto que el demandante depende de un gerente municipal que es quien realmente toma las decisiones, y a quien está subordinado en el sentido del artículo 1 ET. Cita determinada jurisprudencia referida al principio de que los contratos deben ser calificados por su contenido y no por la definición que les den las partes.

CUARTO.- La posición de la Sala.

En la Sala entendemos que debemos desestimar el recurso.

Al respecto resulta de máximo interés la jurisprudencia asentada en la sentencia 742/2023 del Tribunal Supremo, de fecha 11 de octubre de este año, recurso 2053/2021.

" 3. La alta dirección en el sector público.

La STS 15 marzo 2015 (rcud. 819/2014 ) posee especial trascendencia para nuestro caso, ya que unifica doctrina respecto de "gerentes provinciales de empresas o agencias públicas dependientes de la Junta de Andalucía, cuya empleadora manifiesta desistir de la relación que le unía, y que realizan funciones directivas intermedias en un ámbito provincial dependiendo funcionalmente, en un caso, de " los distintos Directores de Áreas de los Servicios Centrales " y con subordinaron al Consejo de Dirección del que no forma parte ("La empresa celebra Consejo de Dirección en el que interviene el Director, Subdirectores y Directores de Área, y Consejo de Dirección ampliado, en el que además de los anteriores se invita a los gerentes provinciales"), y, en el otro, "debe seguir las directrices e instrucciones impartidas por el Consejo Rector, Presidente, Director General y por los Jefes de Departamento", sin que conste que hubieren realizado funciones distintas de trascendencia a los efectos de variar el carácter de la relación jurídica, y, en el caso de la recurrida se configura la relación laboral existente entre las partes como especial de alta dirección, mientras que en la de contrate como laboral ordinaria".

Con respecto a la relación especial de alta dirección y las Administraciones públicas, en aquella ocasión recordábamos que nuestra jurisprudencia se ha pronunciado, tanto con anterioridad como con posterioridad a la entrada en vigor del EBEP señalando lo siguiente:

A) No hay un concepto especial de alta dirección para las Administraciones Públicas y si éstas en virtud de las normas de Derecho Administrativo no pueden en principio delegar "poderes inherentes" a la esfera de competencia propia de los órganos administrativos superiores, de ello se derivarán las correspondientes restricciones en la aplicación de este tipo de contratos, pero sin que en ningún caso sea posible dispensar la concurrencia de alguno de los requisitos que delimitan la alta dirección, permitiendo que se otorgue esta calificación a trabajos que no cumplen las exigencias legales.

B) En el ámbito de la Instituciones Sanitarias el RD 1382/1985, se aplica a determinados directivos de centros sanitarios como consecuencia de que así lo han querido normas con rango de Ley, sin que ello comporte cumplir los requisitos de la relación laboral de carácter especial.

C) Hemos legitimado la contratación como personal de alta dirección del director gerente de un hospital psiquiátrico aunque en el momento de realizarla existiera un vacío normativo más tarde subsanado pues "una vez que por normativa idónea se dio carta de naturaleza a la relación laboral especial de alta dirección, la relación laboral de aquella manera iniciada, continuó en todos sus extremos incluida la alta responsabilidad y su justa remuneración, sin que ninguna de las partes a lo largo de la extensa relación, hicieran amago de apartarse de su regulación".

QUINTO.- Carácter del negocio jurídico examinado.

A la vista de cuanto hemos expuesto, por las razones que seguidamente desgranaremos, consideramos que la relación laboral establecida entre IDEA y su Gerente Provincial, al menos en el caso que ahora conocemos, no debe considerarse como especial de alta dirección, sino como común, propia de personal directivo intermedio.

1. Traslación del criterio de STS 16 marzo 2015 (rcud. 819/2014 ).

La sentencia referencial se basa en la ya citada STS de 16 de marzo de 2015 (rcud. 819/2014 ), la cual analizó la contradicción existente entre la recurrida (sobre Gerente provincial de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía) y otra [ STSJ de Andalucía de 1 de julio de 2009, (rec. 3793/2008 )] referida a Gerente de IDEA. Son innegables las semejanzas entre el caso ahora resuelto y el de la STS 16 marzo 2015 (rcud. 819/2014 ), como hemos señalado ya.

Tanto que en esa ocasión admitimos el contraste con la STSJ Andalucía (Sevilla) de 1 julio 2009 sobre Gerente Provincial de IDEA. Se daba como hecho que "ha firmado 1477 resoluciones de concesión y revocación de subvenciones", "para la concesión de las mismas debe seguir las directrices e instrucciones impartidas por el Consejo Rector, Presidente, Director General y por los Jefes de Departamento de los que cabe destacar el de Emprendedores y Programas y el de Innovación y Tecnología ".

En esa ocasión dijimos la naturaleza de su relación era la laboral común, a pesar de su apariencia formal de alta dirección, por lo que la unilateral decisión extintiva acordada por el empleador constituye el despido improcedente frente al que se acciona ( STS de 14/07/1988 ) y no el desistimiento al que alude la recurrente.

2. El nomen iuris no es decisivo, pero las funciones desempeñadas sí.

La suscrición de un contrato especial de alta dirección no determina su verdadera naturaleza, aunque pueda tomarse como indicio de que así es, sino que ha de estarse al verdadero contenido de las funciones asumidas.

Las encomendadas al hoy recurrente no entrañan realmente ejercicio autónomo de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativo a sus objetivos generales, pues su real actividad se limitaba a realizar funciones directivas intermedias en un ámbito provincial, dependiendo funcionalmente de diversos órganos, sin que conste que hubiere realizado funciones distintas de trascendencia a los efectos de variar el carácter de la relación jurídica.

5. Ineficacia de la cláusula resolutoria.

El relato fáctico indica que la estipulación novena del contrato suscrito en su día disponía que el contrato de trabajo podrá extinguirse por desistimiento del empresa (concretamente y según establece el artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Agencia IDEA, por Decreto del Consejo de Gobierno , a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que se encuentre adscrita la Agencia IDEA), comunicado por escrito, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto , por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección con una serie de especialidades que se mencionaban a continuación relativas a las posibles indemnizaciones a percibir por el trabajador (no superior a 7 días de salario por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de 6 mensualidades) y las formalidades necesarias para llevar a efecto dicho desistimiento (por escrito y con 15 días de preaviso). La sentencia recurrida y la impugnación al recurso invocan esa previsión como argumento de cierre.

Sin embargo, al quebrar la naturaleza especial del contrato de trabajo resulta inaplicable la figura del desistimiento contenida en el RD 1382/1985. Huelga advertir que por la vía del artículo 49.1.b ET tampoco sería posible introducir una causa de terminación del contrato que abocara a la libre y unilateral decisión de la empleadora.

SEXTO.- Carácter común del contrato e identificación del cese como despido.

1. Unificación doctrinal.

Cumpliendo la misión que constitucional y legalmente nos está reservada ( arts. 123 y 152.1 CE ; art. 219 LRJS ) debemos unificar las discrepantes doctrinas enfrentadas en el presente caso. Y, por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación del Derecho, ello nos aboca a considerar errónea la contenida en la sentencia recurrida.

En concordancia con cuanto hemos venido sosteniendo en asuntos similares, consideramos que la doctrina correcta se halla en la sentencia referencial.

Ni las competencias realmente desempeñadas ni la regulación aplicable al Gerente Provincial del IDEA permiten encauzar su prestación de servicios por la relación laboral especial de alta dirección. Tampoco la cláusula contractual amparando el libre desistimiento es válida, de modo que esta decisión empresarial ha de calificarse como despido improcedente."

Es más que evidente la similitud del asunto ahora debatido con el que ha resuelto la reciente sentencia del Tribunal Supremo, lo que nos lleva a confirmar que no nos encontramos ante un supuesto de relación laboral de carácter especial sino un contrato de carácter común, lo que implica que nos hallamos ante un despido que merece la calificación de improcedente como perfectamente ha establecido la sentencia recurrida.

En razón a ello entendemos que debemos ratificar la decisión alcanzada por la sentencia recurrida y desestimar el recurso planteado contra la misma.

QUINTO.- Imposición de costas.

La desestimación del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1º LRJS, implica la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, condena que incluye el pago de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que esta Sala, y dentro de los límites legales, señala en 1.000 euros. Se decreta también, como preceptúa el artículo 204.4º del citado texto procesal, la pérdida del depósito constituido para recurrir que, una vez sea firme la sentencia, se ingresará al Tesoro público; y por fin, se condena a la misma parte vencida a la pérdida de la cantidad consignada a la que se dará el destino legal.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.