Sentencia Social 1984/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6424/2022 de 23 de marzo del 2023

PRIMERO.- Objeto del recurso:

En su demanda el actor afirmaba haber prestado servicios para MIGUELÓN EXPRESS,S.L. entre el 1/06/2021 y el 1/08/2021, como conductor, señalando que en esa última fecha había sido despedido verbalmente sin que nunca llegara a formalizarse la relación laboral. Postulaba la responsabilidad personal de la persona física codemandada, sin efectuar ninguna alegación de hecho o de derecho al respecto, y reclamaba cantidades salariales que consideraba adeudadas por un importe total de 6.713,68 euros.

La sentencia desestimó la demanda, considerando que no se había conseguido acreditar la existencia de relación laboral con la empresa demandada, que la persona física no podía ser condenada porque la demanda no contenía alegaciones al respecto y que además no se había acreditado nada que lo justificase. Se señalaba, adicionalmente, que de la documental propuesta parecía desprenderse que los servicios los prestaba el actor para ENVIALIA, que no había sido demandada.

Frente a tal decisión se formula recurso por el demandante, quien solicita varias revisiones de hechos probados para luego denunciar infracciones jurídicas que entiende deberían conducir a la íntegra estimación de la demanda.

El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, que se opone al mismo y sostiene el acierto de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados:

Como se ha indicado la trabajadora recurrente pretende, por la vía del art. 193.b) LRJS, varias modificaciones de hechos probados.

Con carácter general se debe recordar que para que prospere la revisión del hecho probado esta Sala, - entre otras en su sentencia núm. 5328/2007 de 13 julio, siguiendo la reiterada doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo plasmada en sentencias de 11 de junio de 1993, 15 y 26 de julio y 26 de septiembre de 1995, 2 y 11 de noviembre de 1998, 2 de febrero de 2000, 24 de octubre de 2002 y 12 de mayo de 2003, ha reiterado una doctrina que puede resumirse como sigue:

1) Se deben concretar los documentos o pericias en los que se basa la pretensión modificadora ( art. 196.3 LRJS).

2) No puede invocarse ni la prueba testifical, ni el interrogatorio (incluida la ficta confessio) ni la prueba indiciaria, por cuanto esos medios de prueba sólo encuentran su capacidad de convicción en la instancia, puesto que el ser practicados dentro del acto de juicio oral se producen con inmediación, oralidad y concentración de suerte que inciden en el ánimo del juzgador en su función valorativa primaria.

3) Tampoco es válida la pretensión revisora que se base en documentos que en realidad encubren una declaración de parte o de testigos, lo que sucede cuando se trata de manifestaciones en escritura pública, informes de detective privado o declaraciones de autoridad o funcionario público respecto de hechos que no constan en los archivos que tiene a su cargo.

4) Es imprescindible la indicación del concreto hecho probado que se trata de modificar o suprimir, como también lo es en su caso la redacción del texto alternativo que se pretende incluir en la sentencia recurrida. Es cierto que esa exigencia puede llegar a dispensarse pero únicamente cuando del recurso se desprende sin ningún género de dudas lo pretendido por la parte ( STC 230/2000, de 2 de octubre).

5) La revisión solicitada ha de ser trascendente para el signo del fallo, es decir, ha de constituir un elemento de hecho que tenga relevancia, más o menos inmediata, en relación con la parte dispositiva de la sentencia. No puede aceptarse la pretensión de que en el relato de probanzas consten datos que ninguna relación guardan con el objeto litigioso o que tan sólo guardan con él una relación lejana. Ahora bien, según el Tribunal Supremo, no cabe descartar un motivo de revisión fáctica por el mero hecho de que resulte intrascendente debido a la concreta decisión que adoptará el órgano jurisdiccional de suplicación, puesto que tal juicio de intrascendencia podría no ser compartido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a la hora de resolver un posible recurso de casación. Además, es preciso que los motivos de la revisión fáctica sean enjuiciados siempre en la sentencia de suplicación, con independencia de que puedan concurrir excepciones procesales conducentes a la desestimación del recurso. Las excepciones serán valoradas no antes sino después de resolver los motivos de la revisión fáctica. Sucede así dado que si la sentencia de suplicación es recurrible en unificación de doctrina deben incluirse en ella todos los elementos de juicio que permitan resolver de manera definitiva en dicha vía.

6) La prueba invocada ha de ser fehaciente, es decir, debe reflejar la verdad judicial por sí sola, y con ello revelar sin lugar a dudas el error en el juzgador o juzgadora, sin otras consideraciones colaterales, hipótesis o conjeturas. De no hacerlo así, la Sala estaría suplantando al juez de lo social en su función soberana y exclusiva de valoración de la prueba. El de suplicación no es un recurso ordinario (tipo apelación) sino un recurso que tiene naturaleza extraordinaria. En este sentido, no son admisibles tampoco los recursos basados en deducciones u operaciones matemáticas de cierta complejidad.

7) Puede solicitarse la revisión de cuanto tenga contenido fáctico y obre, sin embargo, de forma indebida en los Fundamentos de Derecho de la sentencia. Al contrario, los conceptos jurídicos o predeterminantes del fallo se tendrán por no puestos, y de ser solicitada su constancia, serán rechazados por la Sala.

8) Siempre que exista un mínimo de actividad probatoria, que haya permitido la valoración judicial, resulta inadmisible la llamada prueba negativa, es decir, la revisión fundada en la simple alegación de la carencia de pruebas referidas al hecho de que se trate.

9) Los errores materiales o aritméticos pueden ser subsanados a través del recurso de aclaración, sin acudir a la vía de la suplicación más que cuando aquél fuese desestimado.

10) Puede solicitarse la constancia de los hechos sobre los que las partes mantuvieran verdadera y estricta conformidad, sin necesidad de que estuvieran avalados por prueba documental o pericial alguna.

11) Respecto a los límites de las facultades de revisión fáctica que asisten a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en el marco del recurso de suplicación, la STS 16-IV-2004 ( RJ 2004, 3694) apodera a aquéllas para estimar la existencia de prueba en contrario cuando el juez de instancia haya hecho uso de una presunción iuris tantum -de existencia de accidente de trabajo, en el caso que estaba suscitado- para estimar acreditadas determinadas circunstancias o datos fácticos. De hecho, la citada sentencia dice que la prueba en contrario de la presunción legal apreciada por el juez de instancia puede consistir en una presunción judicial de no laboralidad construida sobre la base de hechos indiciarios aportados por los litigantes, exigiendo en todo caso que se haya propuesto por las partes un motivo de revisión fáctica.

12) Nunca puede pretenderse la inclusión en el relato de probanzas de expresiones impropios de su naturaleza lo que, de acuerdo con reiterada doctrina casacional contenida entre otras en las sentencias del Tribunal Supremo de 28 mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ) o 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ) supone excluir:

- Normas de Derecho o su exégesis.

- Valoraciones jurídicas.

- Calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo.

- Hechos no probados, es decir, un redactado que suponga la constatación de que algunos elementos fácticos no han quedado acreditados.

Descendiendo al supuesto concreto de autos mediante la aplicación de la doctrina expuesta debe analizarse la pretensión revisora, que se proyecta sobre diferentes hechos y examinaremos de forma separada.

-Revisión del hecho probado primero:

Pretende el recurrente que, en lugar del texto arriba transcrito (y que lo que hace es recoger cuál es el contenido de la demanda), se declare probado lo siguiente:

"Don Maximiliano mantuvo una relación laboral con la empresa MIGUELON EXPRESS S.L desde el 1 de junio de 2021 hasta el 01 de agosto de 2021, recibiendo órdenes e instrucciones del demandado Nemesio, a través de los trabajadores de este, doña Dulce y don Luis Francisco; desarrollando el demandante las funciones de conductor/repartidor de paquetería, y con un horario de 7:00 a las 19:00 horas. Y todo ello, sin formalizar un contrato de trabajo ni ser dado de alta en la Seguridad Social."

La base para tal alteración se contiene en casi diez páginas en los que, en cuanto a documentos, se mencionan los obrantes en los folios 14 a 25, 34 y 36 a 43.

El motivo no puede prosperar porque no se dan los requisitos necesarios para ello, y que antes hemos expuesto. La revisión sólo tiene posibilidades de ser exitosa si de alguno de los documentos señalados en concreto en el recurso se desprende, de forma directa e inmediata que existe un error en el texto de la resultancia fáctica, ello sin necesidad de razonamientos, procesos lógicos, deductivos, inductivos, conjeturas o presunciones lógicas. Que lleve al recurrente casi diez páginas explicar de qué modo la Sala debería llegar al texto que se pretende, a partir de los documentos, es indicativo de que ello sólo es posible mediante complejos argumentos valorativos. Los documentos que se señalan son la cédula de citación a la conciliación administrativa previa, impresiones de mensajes de Whatsapp, el VILE de la empresa, y el contrato de trabajo de una trabajadora de la empresa. De ninguno de esos documentos se desprende, de forma directa e inmediata, ni que existiera una relación laboral, ni que la misma se iniciara en una u otra fecha, ni que se prestaran unos u otros servicios, ni que se recibieran órdenes e instrucciones de unas u otras personas, ni que se realizara uno u otro horario. A todos esos elementos fácticos que se pretende incorporar llega el recurrente a través de un complejo argumento que pone en relación los documentos con las manifestaciones en juicio de las partes y los testigos. Pretende el recurso que hagamos una valoración conjunta de los medios de prueba, lo que legalmente no puede hacer este tribunal en sede de recurso.

Lo que podría haber solicitado el recurrente es que declarásemos probado que entre él y algunas personas se intercambiaron los mensajes que constan en las impresiones de Whatsapp, o que una u otra persona se mantuvo de alta en la TGSS por un determinado periodo, o que la Sra. Dulce tenía contrato con la empresa como jefa de tráfico, porque esos datos sí resultan de forma directa e inmediata de los documentos. A partir de ahí podría haber solicitado, ya por la vía del art. 193.c) LRJS, que a esos hechos aplicáramos el derecho en el sentido que conviene a sus intereses, concluyendo en la existencia de una relación laboral sujetos a unos concretos parámetros. Sin embargo, no ha sido así, y se pretende que modifiquemos el hecho probado primero para dotarlo de un contenido que sólo se puede alcanzar tras un intenso esfuerzo argumentativo.

Lo razonado determina el fracaso del motivo.

-Revisión del hecho probado segundo:

En él el Magistrado de instancia registra la afirmación contenida en la demanda sobre la existencia de un despido verbal, y el recurrente pretende que ese texto se sustituya por el que sigue:

"En fecha 1 de agosto de 2021, el trabajador don Don Maximiliano fue despedido verbalmente mediante llamada telefónica por los demandados sin darle la indemnización que por ley le correspondía y sin pagarle el sueldo de los meses de junio y julio de 2021 así como tampoco las 4 horas extras que realizo de lunes a viernes en los meses de junio y julio de 2021."

La base documental de la que entiende resulta el error de la sentencia, y la certidumbre sobre el texto que propone, es la misma que la del motivo anterior. No podemos aceptar tampoco esta revisión, por los motivos ya indicados en relación con la solicitud relativa al hecho probado primero. Como es lógico ni del VILE, ni de la cédula de citación al CMAC, ni del contrato de trabajo de la Sra. Dulce se desprende de forma directa e inmediata nada de lo que se pretende añadir, pues en esos documentos no consta la existencia de ninguna llamada telefónica, al margen de que se pretenden añadir hechos negativos (que se le dejó de abonar la indemnización y el sueldo) que no deben figurar en la exposición histórica de la sentencia. En cuanto a las conversaciones de Whatsapp, tampoco de ellas resulta la existencia de ninguna llamada ni de ningún despido, y de hecho nada hay que sea del día 1 de agosto. En realidad, cuando se examina el argumento del recurso, en él esta modificación se basa en la testifical, que como dijimos no es hábil a efectos revisorios ya que su valoración corresponde al órgano de instancia.

Lo razonado determina, de nuevo, el fracaso del motivo.

-Revisión del hecho probado cuarto:

En el cuestionado hecho probado se da cuenta de que en el uniforme que se exhibió en juicio constaba el rótulo de la empresa ENVIALIA.

Se pretende sustituir por el siguiente texto:

"El uniforme de trabajo que la empresa MIGUELON EXPRESS SL, daba a sus trabajadores que no estaban dados de alta en la seguridad social era un uniforme que contenía el rótulo de la empresa ENVIALIA, y no de la empresa demandada MIGUELON EXPRESS SL."

En este caso ni tan siquiera se señala ningún documento o pericia que sustente la solicitud de revisión, lo que aboca el motivo nuevamente al fracaso, no evidenciándose error alguno en un hecho probado que, además, resulta de la observación directa del Magistrado durante el acto de juicio y que por tanto no podemos en ningún caso corregir en esta alzada.

TERCERO.- Motivo relativo a la infracción de normas sustantivas y jurisprudencia:

El recurso contiene un único motivo que se formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.c) LRJS, y en él se denuncia la infracción del art. 97.2 LRJS, 1 y 56 ET, así como sentencias del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de los administradores.

La primera consideración que entendemos necesaria es que el art. 97.2 LRJS no es norma sustantiva, sino procesal, y en concreto relativa a los requisitos de la sentencia. Si el recurrente entendía que la resolución incurría en un defecto formal debía articular su recurso por la vía del art. 193.a) LRJS, y allí solicitar su nulidad. Sin embargo, el desarrollo mismo del motivo aleja el alegato del ámbito propio de la denuncia procesal, ya que lo que se muestra, en síntesis, es discrepancia con el modo en que el Magistrado valoró las pruebas practicadas, llegando a reiterar en este motivo su solicitud de revisión de los hechos probados. En concreto el recurrente alega lo siguiente:

"Su ilustrísima NO expresa todo lo acontecido en el acto del juicio oral, no hizo un resumen suficiente del hecho que fue OBJETO DE DEBATE EN EL PROCESO. Su ilustrísima vino a omitir las declaraciones vertidas por los demandados , que resultaban fundamentales para poder demostrar que SI EXISTIO RELACION LABORAL ENTRE LOS DEMANDADOS Y DEMANDANTE QUE FUE OBJETO DE DESPIDO IMPROCEDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA DEMANDADA, la parte demandada negó a lo largo del acto del juicio oral la existencia de dicha relación laboral, a pesar de que sus declaraciones NO fueron respaldadas por los documentos aportados por esta parte y tampoco por los documentos aportados por la propia parte demandada en el acto del juicio oral obrantes al folio 14 a 25, 34 , 36 a 43 en el que se puede observar que las personas que daban órdenes a mi representado son trabajadores de MIGUELON EXPRESS SL, quienes trabajan en horario de lunes a sábado en horario en el cual mi representado recibía órdenes por parte de la empresa a través de ellos, de lunes a viernes , los testigos narraron que dichos trabajadores eran doña Dulce y don Luis Francisco e incluso manifestaron que doña Dulce era jefa de tráfico de la empresa demandada así resulto corroborado por el contrato aportado por la propia empresa demandada, si no hubiese sido trabajador de dicha empresa y hubiese sido despedido por la empresa demandada los testigos: don David hubiese manifestado que Dulce era quien daba órdenes y era quien se dedicaba al tráfico, si había o no incidencias en la entrega de la paquetería en los horarios de 7 de la mañana a 19 horas de la tarde.

De ahí, que el grado de estrictez del juzgador a la hora de analizar y valorar la prueba documental aportada por esta parte en el acto del juicio oral así como la brindada por los demandados y por mi representado, debió ser aún mayor y, sobre todo, dicho análisis debió efectuarse considerando especialmente el resto de las pruebas que se han practicado a lo largo del proceso (...) No en vano, consta de manera exhaustiva en la documental obrante en Autos al folio 14 al 25, 34, 36 a 43 que dan fe de que mi representado fue trabajador por cuenta ajena de ambos demandados desde el 01 de junio a 01 de agosto de 2021. Es preciso aclarar a este respecto que se cumplen en el presente escrito los requisitos establecidos jurisprudencialmente de cara a la revisión pretendida como es el hecho de que se ha padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, consistente en que el Magistrado declaro probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; así como también se ha que omitido hechos que se desprenden de las pruebas, son errores evidentes , que tienen trascendencia en el Fallo y que de no haberse omitido o tomado en cuenta el fallo sería muy distinto."

Como hemos dicho ese razonamiento no guarda relación con el incumplimiento de las exigencias del art. 97.2 LRJS, pero en todo caso la sentencia cumple holgadamente con el requisito de expresar un resumen suficiente de los hechos que hayan sido objeto de debate en el proceso. Al cumplimiento de esa formalidad le dedica el Magistrado el fundamento primero de la sentencia, en el que se recoge tanto lo que se pide en la demanda como lo que opuso la parte demandada, dejando con ello constancia suficiente de cuál es el objeto del debate.

En cuanto a la infracción del art. 1 ET la discrepancia del recurrente se centra en sostener que de la prueba practicada debió inferirse que fue contratado verbalmente por la demandada, y que recibía órdenes de sus jefes de tráfico, siendo la mercantil la que determinaba el lugar y horario en que debía prestar servicios. No podemos acoger este razonamiento porque los hechos probados, inalterados tras fracasar la pretensión de revisión, no nos dan noticia de la concurrencia de ninguno de los elementos configuradores de la relación de trabajo tal y como la define el art. 1.1 ET. No podemos apreciar la dependencia, ni la ajenidad, ni siquiera la retribución, porque de todo ello no hay constancia en la exposición fáctica de la que inexorablemente debemos partir.

En juicio se propusieron y admitieron como prueba unas impresiones de mensajes de Whatsapp respecto de cuya autenticidad y contenido no parece que hubiera controversia en juicio. El Magistrado los valora de una determinada manera y ello le conduce a no apreciar la existencia de la relación que la parte actora pretendía. Afirma el Magistrado, con indubitable valor fáctico, que MIGUELÓN EXPRESS contrataba con trabajadores autónomos, que ENVIALIA era su cliente, y además que alquilaba furgonetas a particulares y empresas, sin que la prueba fuese suficiente para acreditar cuál era la ubicación del actor en todas esas posibles posiciones, si estaba en alguna. La sentencia asigna especial relevancia a la conversación que el actor mantuvo con alguien que tenía registrado en sus contactos como " Gotico", y en la que tras presentarse como quien hacía la ruta 200/08037-08009 le pidió " el número de tu jefe de ENVIALIA porque no me están pagando ni ENVIALIA ni el proveedor", y tras contestarle su interlocutor que debía hablar con el proveedor (que no consta cuál es) porque ellos ya habían hecho el pago el actor responde " al final yo tengo pruebas de que trabajo para ustedes, que es ENVIALIA, la denuncia irá para ustedes y por tenerme en negro". Ello coincide con el dato de que el uniforme que el actor utilizaba, según se pudo comprobar en juicio, llevaba el nombre de ENVIALIA.

Siendo la Sala consciente de las dificultades que pueden afectar a los trabajadores en este tipo de situaciones, donde una posible falta de formalidades en la contratación puede implicar una importante confusión sobre la verdadera empleadora, lo que no podemos en ningún modo soslayar es la ausencia de material fáctico que nos permita concluir que el actor prestaba servicios de forma continuada insertado en el ámbito directivo y organicista precisamente de MIGUELÓN EXPRESS. Tampoco hay elementos de los que extraer un vínculo ilícito o patológico entre ambas empresas, siendo que ni se alegaron en la demanda ni tampoco ENVIALIA fue demandada. Tal y como señala el juez a quo, la demanda fue parca en cuanto a datos de hecho, y no se explicó en ella cuál era el funcionamiento cotidiano en la pretendida prestación de servicios, qué vehículo utilizaba, quién era su propietario, dónde recogía los paquetes, quién le indicaba dónde y a quién entregarlos, ni cuál era el papel concreto de las dos empresas que figuran en el grupo de Whatsapp. Se acompañaron unas impresiones de mensajes de los que resultaba imposible deducir con precisión quién estaba dando las indicaciones. En las expuestas condiciones no apreciamos que la sentencia incurra en infracción del art. 1 ET, ni consecuentemente tampoco del art. 56 ET, pues no apreciada la existencia de relación laboral, tampoco es posible dar por acreditado un despido.

Por último, y en cuanto a la denuncia de infracción de la jurisprudencia relativa a la responsabilidad de los administradores, el examen no sería necesario dado que sólo en caso de ser responsable la empresa empleadora cabría plantear una extensión al administrador. No obstante, atendida la atención que a esta cuestión dedican tanto la sentencia, como el recurso, como la impugnación, recordaremos que tal y como señala el juez a quo la demanda no contenía ni una sola afirmación de hecho relativa a este particular. Partir de hechos no alegados en la demanda para establecer con base en ellos una responsabilidad personal sumiría al codemandado en la máxima indefensión, pues no pudo contestar a ellos en juicio ni proponer prueba al respecto. Pero, además, añadiremos que la mera condición de administrador no determina la responsabilidad personal, ni tampoco lo hace que sea el administrador quien contrate ni quien imparta órdenes e instrucciones. Las personas jurídicas operan en el mundo físico, necesariamente, a través de persona físicas, y ello no determina la responsabilidad de éstas. Que un administrador actúe en nombre de la sociedad con trabajadores y terceros no supone otra cosa que el desarrollo normal de la actividad mercantil, sin que ello deba conducir a ninguna forma de confusión ni extensión de responsabilidades. La condena del Sr. Nemesio sólo hubiera sido posible, en primer lugar, si se condenase a su empresa, y en segundo lugar si en la demanda se hubieran alegado elementos de hecho conducentes a aplicar la doctrina del levantamiento del velo que luego fueran acreditados en juicio. Ni se alegaron ni se probaron infracapitalización societaria, ni abuso de la forma jurídica en fraude de ley (utilización de la forma societaria como normativa de cobertura o utilización abusiva de la personalidad jurídica), ni tampoco suerte alguna de confusión patrimonial. Todo ello determinaba, necesariamente, la absolución del Sr. Nemesio.

Por todo lo razonado procede la desestimación del recurso, sin imposición de costas a la parte vencida en el recurso dada la condición desde la que litiga ( Art. 235 LRJS).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,