Sentencia Social 3267/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 7774/2022 de 23 de mayo del 2023

PRIMERO.- La representación letrada del trabajador demandante interpone recurso de suplicación con fundamento en un motivo único, formulado al amparo del art. 193, c) LRJS, denunciando la infracción de diferentes preceptos que resultan de aplicación. El recurso concluye solicitando la revocación de la sentencia recurrida y el reconocimiento de la improcedencia del despido con los efectos legales inherentes a tal declaración.

La representación letrada de la empresa demandada formula impugnación del recurso, solicitando su inadmisión por eventuales defectos formales en su planteamiento. De forma subsidiaria, se opone al motivo único de recurso en base a las argumentaciones que se contienen en dicho escrito, finalizando con la petición de que se desestime el recurso de suplicación interpuesto por el demandante y se confirme la sentencia recurrida que desestimó la demanda y que absolvió a la empresa de las pretensiones formuladas en su contra.

SEGUNDO.- Con carácter previo a examinar el motivo de suplicación planteado por la representación letrada del trabajador demandante, procede examinar en primer término las causas de inadmisibilidad del recurso opuestas por la empresa recurrida, pues si prosperaran las mismas, procedería desestimar directamente las pretensiones de la recurrente obviando los motivos de recurso planteados.

Alega la parte recurrida que procede no admitir el recurso de suplicación por cuanto que este adolece de "ausencia de la debida formulación de los mínimos exigibles en la elaboración del recurso, limitándose la recurrente a manifestar su disconformidad, obviando en todo momento la valoración de la prueba practicada en la instancia, y sin articular el recurso por los motivos legalmente previstos, debería suponer la desestimación de este,..."

Para la resolución de esta primera cuestión, debe partirse de las previsiones legales contenidas, entre otros preceptos, en el art. 196.2 LRJS, en el que se dispone literalmente que: "En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos."

Sobre esta previsión legal, ha de traerse a colación la doctrina flexibilizadora adoptada desde antiguo por esta Sala a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, jurisprudencia que, de conformidad con el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vincula a jueces y tribunales. Esta jurisprudencia que inspira una aplicación flexible de las exigencias formales de los recursos, se recoge y sintetiza con precisión en la STC 163/1999, de 27 de setiembre: "...3. Al respecto este Tribunal tiene dicho que la efectividad del derecho reconocido en el art. 24.1 C.E ., incluso en su vertiente de acceso a los recursos, exige que las normas que contienen los requisitos procesales sean aplicadas en función del fin que según la Ley vienen a procurar, resultando lesivas las interpretaciones irrazonables, arbitrarias o incursas en error patente que invaliden el derecho del justiciable, lo que incluye la resistencia injustificada, infundada o artificiosa a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ( SSTC 76/1997 , 93/1997 , 192/1998 , 235/1998 , 236/1998 y 23/1999 , entre otras muchas).

Como sostuvimos en la STC 18/1993 : "el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso, no debe rechazar 'a limine' el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales". Y, conforme a lo afirmado en la STC 135/1998 , "el derecho al recurso, en los términos y con los requisitos establecidos legalmente, pasa a integrar, en principio, el derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTC 3/1983 , 69/1987 , 27/1994 y 172/1995 ). Y, por tanto puede resultar menoscabado si se impide el acceso a las instancias supraordenadas arbitrariamente o con fundamento en un error material ( STC 37/1995 , fundamento jurídico 2º)". Por otra parte ha de tenerse en cuenta que, según continúa precisando la misma STC 135/1998 , "como se dijo en la STC 18/1993 , desde la perspectiva constitucional, en último extremo, lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido" y que, desde esta perspectiva, resulta obligado concluir que, cuando éste es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión del recurrente y de la argumentación que la sustenta la decisión de desestimar el recurso "puede vulnerar el art. 24.1 C.E . al estar basada en un error material o ser arbitraria ( SSTC 55/1993 y 37/1995 ), por cuanto prescinde de los datos aportados en dicho escrito".

4. De acuerdo con la doctrina transcrita, el amparo interesado debe prosperar. La Ley de Procedimiento Laboral, al objeto de una reconsideración de la calificación jurídica de la pretensión, exige que en el escrito de interposición se expresen con suficiente precisión y claridad las normas del Ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se reputen infringidas, razonándose la pertinencia y fundamentación de los motivos. Desde esa premisa no es de recibo rechazar la pretensión si, vistas las circunstancias del caso y los actos de parte en el iter procesal, se trasluce sin esfuerzo o empeño especial cuál era el objeto de la suplicación y cuál el precepto de referencia para apreciar si en el caso se había producido o no una infracción de normas sustantivas. Y sin duda en el supuesto no se trataba de la cita de un precepto diverso que pudiera llevar a una confusión insalvable para la Sala (STC 256/1994 ); antes al contrario, se invocaba aquél cuya aplicación se discutió en instancia, al que era fácil llegar de conformidad con la nueva correspondencia numérica en el Texto Refundido que entraba en vigor en momentos temporales próximos al ejercicio del derecho al recurso.

Por lo demás , no estamos en el presente caso ante un escrito de interposición desprovisto en su estructura, formal y materialmente, de soporte en alguno de los motivos tasados de suplicación. Tampoco se da en él una confusión entre las cuestiones de hecho y las de Derecho, suscitándose dudas fundadas acerca de cuál sea realmente la causa de impugnación en la que se basa el recurso, obligando a una especie de reconstrucción 'ex officio' del mismo, con menoscabo del principio de imparcialidad que debe guiar la actuación de los órganos judiciales. Rehusar, si tal hubiera sido el supuesto, el examen de fondo habría resultado irreprochable, máxime si tales defectos únicamente hubieran sido imputables al recurrente asistido de Letrado ( STC 294/1993 ). Pero hacerlo en una situación como la que se configura en estos autos, en la que ni siquiera la parte recurrida mencionó óbice de esa naturaleza, perjuicio aparejado o dificultad en identificar lo que se sustanciaba con menoscabo de su derecho de defensa (circunstancias que, por otro lado, no deberían nunca haberse considerado conforme a un recto enjuiciamiento concurrentes en el caso) implica otorgar al defecto apreciado (si es que realmente hubiera sido merecedor de tal calificación) unas consecuencias excesivas de acuerdo con su gravedad y trascendencia, lo cual no puede armonizarse ni siquiera con los umbrales más primarios de la tutela judicial efectiva."

En el presente caso, a partir del escrito de formalización del recurso de suplicación, no cabe ninguna duda para la Sala que se cumplen escrupulosamente los requisitos formales exigidos por la legislación procesal. En efecto, el escrito viene suscrito por letrado ejerciente, identifica perfectamente la resolución recurrida, detalla los fundamentos legales del recurso y, lo que es más importante, despliega de forma ordenada y razonada el motivo de suplicación, formulado al amparo del apartado c) del art. 193 LRJS, señalando de forma adecuada los preceptos legales presuntamente infringidos por la resolución de instancia, desplegando las alegaciones jurídicas que se estiman más pertinentes, en este caso las causas concurrentes que aconsejarían -según criterio de la recurrente- la aplicación de la doctrina gradualista para declarar la improcedencia del despido. Naturalmente que se le puede objetar al recurso interpuesto su mayor o menor solidez en sus argumentaciones jurídicas, exactamente las mismas objeciones que pueden oponerse al escrito de impugnación. Sin embargo, resulta inaceptable cuestionar su admisibilidad por "falta de rigor técnico", aseveración tan excesiva como carente de fundamento jurídico serio y que pone en evidencia a quien la formula. En consecuencia, procede desestimar íntegramente las causas de inadmisión del recurso invocadas por la parte recurrida en su escrito de impugnación, acordando su admisión a trámite a fin de examinar el motivo único de suplicación planteado por la parte recurrente.

TERCERO.- Con correcto amparo procesal en el art. 193, c) LRJS, la trabajadora recurrente denuncia la eventual infracción del art. 54.1 y 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como el art. 62, h) del Convenio colectivo de aplicación en la empresa, así como de jurisprudencia que se dirá. La parte recurrente considera que: "que la sentencia impugnada sería desproporcionada, vulnerando la teoría gradualista que indica que debe afrontarse la valoración de este tipo se asuntos con una actitud individualizadora y humanitaria, que en el presente caso brilla por su ausencia." Desglosa la demandante en su recurso diferentes circunstancias que, a su parecer, deberían atenuar la gravedad de la falta impugnada y, en consecuencia, de la consiguiente sanción.

La empresa demandada se opone a las alegaciones vertidas en el recurso, expuesto de forma sintética, recordando que los hechos imputados en la carta de despido han sido probados en juicio, plasmados en el relato fáctico de la sentencia y no han sido cuestionados por la recurrente por el conducto procesal del apartado b) del art. 193 LRJS, de tal suerte que ante la tipificación de tales hechos como muy graves, el empresario es muy libre de imponer la sanción que considere oportuna dentro de las previstas para las faltas muy graves, de entre las cuales está el despido.

CUARTO.- El art. 58.1 ET establece que los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que establezcan las disposiciones legales o en el convenio colectivo. Partiendo de esta previsión legal, puede afirmarse que en el régimen disciplinario laboral rigen los principios de legalidad y tipicidad, es decir, el empresario puede ejercitar el poder sancionador frente a sus trabajadores siempre y cuando se ajuste a las previsiones formales establecidas en la ley o en el convenio colectivo y a la doble exigencia de tipicidad de la falta y de la sanción. La doctrina científica ha sostenido que el principio de tipicidad opera como límite de la facultad empresarial de sancionar. Doble tipicidad que supone que la empresa únicamente podrá sancionar aquellas conductas laborales del trabajador que estén expresamente previstas como infracciones laborales en la ley o en el convenio colectivo (tipicidad de las faltas laborales) y, además, únicamente podrá sancionar tales conductas infractoras con las sanciones que se hallen expresamente establecidas en el régimen disciplinario aplicable (tipicidad de las sanciones laborales). La jurisprudencia social ( STS de 8 de octubre de 1988, RJ 1988\8107) sostiene que el poder sancionador empresarial queda limitado mediante la aplicación de los principios de tipicidad de la falta y legalidad de la sanción, no pudiendo el empresario imponer a su libre arbitrio la sanción sustitutoria del despido sino la que en derecho corresponda. El art. 58.3 ET prescribe que no se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber. Y a pesar de la efectividad inmediata de la medida punitiva adoptada por el empresario contra el trabajador, este último podrá instar su revisión ante los órganos jurisdiccionales del orden social, tal y como expresamente reconocen los arts. 58.2 ET y 114.1 LRJS.

En cuanto a la tipificación de las conductas susceptibles de ser calificadas como faltas laborales por el empresario y las sanciones imponibles, el legislador otorga un papel relevante a los convenios colectivos en la regulación de los regímenes disciplinarios. El art. 58.1 ET, al reconocer al empresario la facultad de sancionar los " incumplimientos laborales", prevé que tal actividad disciplinaria se llevará a término: "de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable". De acuerdo con esta previsión, el legislador está "deslegalizando" la capacidad de graduación y tipificación de los incumplimientos laborales susceptibles de medidas disciplinarias y de las sanciones imponibles. Es decir, conforme a lo expresamente previsto en el art. 58.1 ET, los convenios colectivos podrán asumir la función de regular libremente todos aquellos aspectos relativos al régimen disciplinario, tales como la previsión de qué conductas laborales son sancionables, su graduación en función de su gravedad y las sanciones imponibles. Sin embargo, a pesar de esta transferencia a la negociación colectiva de la capacidad reguladora de los regímenes disciplinarios, el legislador excluye la posibilidad de imponer determinada tipología de sanciones -antes aludidas- y que se recogen en el apartado 3 del art. 58 ET. Por tanto, la autonomía colectiva no podrá establecer en los regímenes disciplinarios que regule en su ámbito funcional ninguna de las sanciones proscritas por dicho precepto.

En cuanto a la graduación de las faltas y sanciones laborales, la norma legal ha configurado el régimen disciplinario en base a la graduación de conductas sancionables y puniciones previstas. En efecto, el art. 60. 2 ET establece, al regular la prescripción de las faltas laborales, una graduación de las mismas que condiciona los regímenes disciplinarios dispuestos en la negociación colectiva. Concretamente prevé dicho precepto legal que: "Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido." También en materia de graduación de las faltas y sanciones, se prevé en el art. 58.2 ET que: "[...] La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que lo motivan." Pues bien, partiendo de las previsiones de ambos preceptos estatutarios, puede deducirse que los regímenes sancionadores deberán articularse -en función de la gravedad de la conducta sancionable- mediante la graduación de las faltas en tres niveles y de sus correlativas sanciones. De esta forma, se prevé la tipificación de faltas leves, graves y muy graves, requiriendo los dos grados superiores de la forma escrita para su sanción. Además, se exige que esta comunicación incluya la fecha de la comisión y la concreción de los hechos punibles.

La graduación de las faltas laborales en función de su gravedad permite que el principio de proporcionalidad despliegue sus efectos a la hora de adoptar la sanción. Para determinar la gravedad de la falta y la culpabilidad del infractor habrán de tenerse en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas, los antecedentes y las circunstancias coetáneas a los hechos ( STS de 9 de abril de 1986). La aplicación de la teoría gradualista en los despidos disciplinarios por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza exige la valoración individualizada de todas las circunstancias concurrentes ( STS 19-07-10, RJ 2010\7126). De esta forma, el principio de proporcionalidad requiere que la medida sancionadora deba someterse a una adecuada y razonable proporción de medio y fin, debiéndose ponderar todas las circunstancias presentes en cada caso. Para la jurisprudencia social, deberá aplicarse el principio de proporcionalidad entre el hecho, la persona del trabajador y la sanción, analizando de forma específica e individualizada cada caso concreto, con pleno y especial conocimiento del factor humano ( STS 2-04-92). Al respecto, la doctrina jurisprudencial ( STS, 4ª, de 15 de enero de 2009, rec. 2302/2007) ha afirmado que el ejercicio de la potestad disciplinaria debe producirse desde un enfoque de ponderación "...de todos sus aspectos, objetivos y subjetivos, pues los más elementales principios de justicia exigen una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción... a través de un análisis específico en cada caso."

En el caso que nos ocupa, la conducta laboral que es objeto de sanción de despido y que se describe en el hecho probado 3º de la sentencia de instancia, ha sido calificada por la empresa demandada como muy grave y, a partir de esta tipificación, se ha impuesto la máxima sanción laboral, prevista en el art. 54.2, c) ET. También el Convenio colectivo provincial de Barcelona de la industria siderometalúrgica -que ambas partes consideran aplicable-, dispone que en materia de régimen disciplinario -art. 75- se aplicará lo previsto en el Convenio colectivo estatal del metal vigente en 2021, en cuyo art. 65 se establece que se considerará falta muy grave: "[...] h) Las riñas, los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a cualquier persona relacionada con la empresa, en el centro de trabajo."

Resultando pacíficos los hechos imputados en la epístola punitiva -pues no se ha cuestionado el relato fáctico de la sentencia de instancia- y atendiendo a la máxima gravedad de la conducta imputada al trabajador demandante, pues se está frente a una agresión física a un compañero de trabajo sin que medie motivo ni provocación que justifique mínimamente una reacción tan desmesurada, la Sala debe concluir en los mismos términos que la sentencia de instancia, pues la imposición de la máxima sanción laboral resulta proporcional con la gravedad de la conducta sancionada, sobre todo porque se está ante una acción violenta y gratuita que no resulta aceptable ni en el ámbito social ni tampoco en el laboral. Y aunque en el recurso se han alegado diferentes circunstancias concurrentes que, al parecer de la parte recurrente, podrían atemperar la gravedad de la conducta sancionada, lo cierto es que las mismas resultan bien poco relevantes de cara a atenuar la gravedad de la agresión y el rigor de la sanción impuesta a dicha conducta.

Por las razones expuestas, debe concluirse que no se han infringido ni los preceptos legales ni el convenio colectivo invocados en el motivo único de recurso ni tampoco la doctrina gradualista y, en consecuencia, no puede acogerse favorablemente el recurso de suplicación, procediendo su desestimación íntegra y la confirmación de la sentencia de instancia que desestimó la demanda interpuesta y absolvió a la empresa demandada de las pretensiones formuladas en su contra.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.