Sentencia Social 3380/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6849/2022 de 25 de mayo del 2023

PRIMERO.- Contra la sentencia de instancia, que estima parcialmente la demanda interpuesta por la demandante, sobre reclamación de cantidad, se interpone el presente recurso de suplicación.

La demandante presentó demanda solicitando se condenara a la codemandada GAS NATURAL al abono de la cantidad que indica, en concepto de diferencias salariales desde la fecha de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de Barcelona, autos 972/2017-B hasta la fecha de la reincorporación de la demandante en dicha empresa, así como se le condenara al abono de las costas por temeridad y mala fe y al abono de los honorarios de su Letrado.

La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda condenando a GAS NATURAL, S.A. (NATURGY) al abono de la cantidad que consta en la parte dispositiva, más el 10% en concepto de interés por mora, absolviendo a la otra empresa codemandada; dicha cantidad es la que consta en el hecho proado quinto, hecho conforme entre las partes, al haber apreciado dicha resolución la prescripción de las diferencias reclamadas anteriores al año previo a la interposición de la papeleta de conciliación.

El recurso tiene por objeto, por un lado, la revisión de los hechos probados de la sentencia recurrida, que se articula al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y, por otro, el examen de las normas sustantivas o jurisprudencia infringidas en la sentencia de instancia, de acuerdo con el apartado c) de dicho precepto. La parte recurrida ha presentado escrito de impugnación del recurso, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso y con correcto amparo procesal, la parte recurrente solicita la revisión del hecho probado primero y la adición de un nuevo hecho, con el ordinal primero bis.

Para que pueda prosperar el motivo del recurso dirigido a la revisión del relato fáctico es necesario la concurrencia de una serie de requisitos ( STS de 24 de septiembre de 2.018, que se remite a las Sentencias de 28 de mayo de 2.013, rec. 5/2012, de 3 de julio de 2.013, rec. 88/2012, o 25 de marzo de 2.014, rec. 161/2013), que se concretan en los siguientes: "1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse). 2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica. 3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa. 4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. 5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo

de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas. 6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos. 7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo. 8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento. 9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998 ). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, rec. 1042/90 , o 26 de mayo de 1992, rec. 1244/1991 ). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso"(por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, rec. 19/2002 )".

2.1.- En primer lugar, solicita la parte recurrente la revisión del ordinal primero, formulando un texto alternativo, en los términos que constan en el escrito de formalización del recurso. En dicho hecho probado se hace referencia al anterior procedimiento planteado por la demandante contra las empresas demandantes, y, con el texto propuesto, la parte recurrente pretende consignar determinados extremos. Por un lado, el referido a la pretensión anterior que no solo se refería al reconocimiento de su derecho, sino también a la reclamación de cantidad, y en relación al contenido de la anterior demanda y, en concreto, de su petitum, indicando que en la misma se había solicitado que se declarara la existencia de cesión ilegal, y que solidariamente se solicitaba que se condenara a ambas

codemandadas al abono de la cantidad bruta de 9.232,38 euros, derivada de las diferencias salariales reclamadas, indicándose expresamente "que dicha cantidad se vería incrementada, a razón de 715,17 euros brutos mensuales, desde la interposición de la demanda, hasta su efectiva incorporación en la plantilla de GAS NATURAL". Y, por otro lado, para que se detallen determinados aspectos referidos al trámite del anterior procedimiento: que en el transcurso del período correspondiente a la interposición de los recursos de suplicación y de casación, se solicitó la ejecución provisional de aquella sentencia en enero de 2019; que ante la firmeza de la anterior sentencia, el 13 de mayo de 2020, la demandante solicitó su ejecución para que se incorporara a la plantilla de GAS NATURAL, con las condiciones dispuestas en el fallo de la sentencia; y que, finalmente, el 26 de enero de 2021, la parte actora desistió de la ejecución debido a que ya se había incorporado a la plantilla de dicha empresa, pero no se le habían abonado las cantidades desde la fecha de la sentencia hasta la incorporación, por lo que interpuso papeleta de conciliación el 19 de febrero de 2021.

Se remite la parte recurrente a los documentos que obran a los folios 34 a 44, demanda del anterior procedimiento; 45, citación, en la que consta que la reclamación era de reconocimiento de derecho y cantidad; 46 a 56, sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7; 64 a 66, solicitud de ejecución presentada el 13/05/2020; 118 1 123, consistente en el escrito de oposición frente al Auto de 13 de enero de 2019, sobre ejecución provisional; 60 a 63, Auto de inadmisión RCUD; 309, acta de comparecencia en la ejecución. No se cuestionan los extremos que la parte recurrente pretende introducir en relación a las actuaciones en el anterior procedimiento desde la fecha de la sentencia, los recursos que contra la misma se plantearon, la solicitud de la demandante en relación a su ejecución. Pero debe matizarse, en relación al contenido de la demanda anterior, en el que la parte pretende se haga constar que se solicitó la condena solidaria, las cantidades reclamadas hasta la fecha de la demanda y que la misma "se vería incrementada, a razón de 715,17 euros brutos mensuales, desde la interposición de la demanda, hasta su efectiva incorporación en la plantilla de GAS NATURAL", que este último extremo no consta en el petitum de la demanda, que obra al folio 44, como se alega por la parte recurrida en el escrito de impugnación. Conviene aclarar dicho aspecto, aunque el mismo sería irrelevante, a los efectos de resolver el recurso, pues en la anterior sentencia se condenó a la empleadora al abono de una cantidad, por diferencias salariales anteriores a la presentación de la demanda, y a una cantidad mensual desde la "presentación de la demanda hasta la fecha de la presente sentencia".

2.2.- En segundo lugar, solicita la parte recurrente la adición de un nuevo hecho, con el ordinal primero, bis, para que se transcriba el contenido del escrito presentado por la codemandada en la oposición a la ejecución provisional de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7. Se remite al contenido de los documentos que obran a los folios 118 a 123, y que considera relevante para variar el sentido del fallo de la sentencia recurrida, indicándose que, en el mismo, en ningún momento, se niega por la empresa demandada la existencia de la deuda que

se reclama por diferencias salariales. No se cuestiona la presentación de dicho escrito en el trámite de oposición al Auto de 14 de enero de 2019, mediante el que se ordena el despacho de la ejecución provisional solicitada por la parte actora, por lo que puede considerarse como acreditado el contenido del mismo, en dicho trámite. Cuestión distinta es lo que pretende la parte recurrente en cuanto a aceptar lo pretendido por la parte recurrente.

TERCERO.- En el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica, la parte recurrente denuncia la infracción del artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 1973 del Código Civil. Muestra su disconformidad con el criterio de la sentencia de instancia, al aplicar la prescripción en relación a las cantidades reclamadas por la demandante en el período septiembre de 2018 a enero de 2020. Y alega, en síntesis, que no existe prescripción, pues ha ejercitado distintas acciones en el seno de un proceso declarativo, de derecho y cantidad, y posterior proceso ejecutivo, que hacen que este plazo de prescripción no haya empezado a computar nunca, o, en cualquier caso, dicho plazo de prescripción se habría visto interrumpido. Alega que la jurisprudencia a la que se remite la sentencia de instancia no es aplicable al presente caso, porque, por un lado, en el mismo no se está en presencia de una acción meramente declarativa, dado que en la demanda principal se acumuló la acción de cantidad, por las diferencias salarias que se devengasen hasta la incorporación de la demandante en la plantilla de Gas Natural; y, por otro, porque, si bien ambos procedimientos lo son en materia de reclamación de cesión ilegal, en el primer proceso que analiza dicha sentencia, se interpuso únicamente una demanda declarativa, por lo que las diferencias salariales fueron prescribiendo conforme transcurrían los meses hasta que se interpuso la demanda, mientras que, en el presente caso, la demandante presentó una acción declarativa, junto a la reclamación de cantidad. Considera que la interrupción de la prescripción se ha interrumpido, como mínimo, en las siguientes acciones/resoluciones: solicitud de ejecución provisional, Auto que ordena el despacho de ejecución provisional, escrito de oposición a la ejecución provisional, Auto del Tribunal Supremo inadmitiendo el recurso de casación para la unificación de doctrina y solicitud de ejecución definitiva, presentado el 13 de mayo de 2020 tras la declaración de firmeza de la sentencia de instancia. Se remite a otras sentencias, afirmando que la voluntad de la recurrente ha sido la instar a la empresa para que la reincorporara de forma efectiva en la plantilla, con las consecuencias salariales inherentes a tal declaración y que las solicitudes de ejecución y comparecencias se ha reclamado no solo la incardinación de la demandante en la plantilla, sino también el reconocimiento de la categoría profesional y el abono de los salarios dejados de percibir. Se remite también a que la empresa no se opuso a la existencia de deuda salarial en la ejecución provisional y termina solicitando se revoque la sentencia de instancia y se condene a la parte demandada al abono de la cantidad de 8.901,68 euros.

La parte recurrida se opone a la petición de la demandante solicitando la confirmación de la sentencia recurrida. Indica, en síntesis, que las acciones ejercitadas en el procedimiento resuelto por la sentencia de 3 de septiembre de

2018 son distintas, y, por ello, no cabe considerar que puedan interrumpir la prescripción. Y, de entender que las acciones son idénticas, en la medida en que existe sentencia firme, debería ser aplicable la cosa juzgada material. Se remite a la doctrina unificada, sobre la interrupción de la prescripción en relación al ejercicio previo de una acción declarativa de cesión ilegal y muestra su disconformidad con el planteamiento de la recurrente cuando afirma que, como ejercitó también una acción de reclamación de cantidad, dicha pretensión sí produciría el efecto de interrumpir la prescripción, remitiéndose a las sentencias que cita en materia de reclamaciones salariales en un período determinados, los cuales no producen dichos efectos en relación a los devengos de los mismos conceptos en otros períodos temporales diferentes.

CUARTO.- La cuestión que se plantea consiste en determinar si debe o no aplicarse el instituto de la prescripción en relación a las cantidades reclamadas correspondientes al período septiembre de 2018 a enero de 2020, año anterior a la presentación de la reclamación previa. No se cuestiona que, de aplicarse la prescripción a las diferencias reclamadas durante dicho período, serían las que reconoce la sentencia de instancia, correspondiente al período posterior al indicado. También debe dejarse constancia de que, pese a que en la demanda la demandante solicitaba una cantidad superior, hecho tercero de la demanda, en el recurso ha limitado la condena a la cantidad de 8.901,68 euros.

El artículo 59 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores dispone que "las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado un plazo especial, prescriben al año de su terminación". A esta prescripción se le aplican las reglas generales del Código Civil, teniendo tan solo el Estatuto de los Trabajadores una especialidad respecto del dies a quo, o momento en que comienza a computarse la prescripción, pues dicho plazo de un año no comienza a correr hasta la terminación del contrato de trabajo, aun cuando la acción pudiera ejercitarse con anterioridad. Como excepción a la regla general, cuando la acción se ejercita para exigir percepciones económicas, el plazo de un año se computa desde el día en que la acción pudo ejercitarse ( artículo 59 párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores). La doctrina unificada ha analizado la determinación del dies a quo para el computo de la prescripción, en aquellos supuestos en los que existe un procedimiento anterior en el que se haya solicitado un pronunciamiento declarativo y , posteriormente, una reclamación de las cantidades correspondientes por diferencias salariales y ha venido declarando que el ejercicio de una previa acción meramente declarativa del derecho no puede interrumpir el plazo de prescripción de los efectos económicos que se deriven del mismo, porque el plazo no comienza a partir de aquella. Así, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha declarado que "la tramitación de un procedimiento anterior en el que se postula un pronunciamiento declarativo sobre la procedencia de un incremento salarial no determina que la prescripción para las diferencias devengadas con posterioridad comience a computarse a partir de la sentencia dictada en aquel procedimiento, sino que tiene que serlo desde la fecha en que, habiéndose devengado la correspondiente retribución no se hizo efectiva en el momento legalmente previsto para el pago, porque el derecho que se reclama no

surge de aquella sentencia, sino en el momento que se prestan los servicios que han de ser retribuidos. Las sentencias citadas añaden que el ejercicio de la acción declarativa no puede tener en estos casos los efectos interruptivos previstos en el art. 1.973 del Código Civil." ( STS de 14 de julio de 2000, rcud 2845/1999, que se remite a otras anteriores de la Sala). En definitiva, se ha declarado que las acciones meramente declarativas carecen de eficacia para interrumpir la prescripción de las acciones de condena que se deriven de dicha declaración; así se ha declarado en relación a la clasificación profesional y la posterior reclamación de diferencias salariales ( STS de 30 de septiembre de 1997, rcud 658/1996), o en materia de cesión ilegal y acciones de contenido económico derivadas de la misma, como sería el presente caso ( STS de 27 de abril de 2010, rcud. 2164/2009).

Es cierto que, en el anterior pleito, la demandante formuló una acción declarativa, referida a la cesión ilegal, y una reclamación de cantidad, que quedó concretada en la demanda al período anterior y a su ampliación "por cada mes transcurrido desde la interposición de la presente demanda...". Es oportuno aclarar que no existía en dicha petición la mención expresa que la parte recurrente indica que la cantidad reclamada "se vería incrementada a razón de 715,17 euros brutos mensuales desde la interposición de la demanda hasta su efectiva incorporación en la plantilla de GAS NATURAL", como alega en el recurso, aunque, como se ha dicho anteriormente, esta matización sería intrascendente en la medida en que la anterior sentencia fija el período de la condena solo hasta su fecha y no a ningún período posterior, por lo que dicha reclamación no puede tener el efecto que pretende la parte recurrente en el sentido de interrumpir la prescripción sobre los períodos futuros, aunque dicha resolución hubiese sido recurrida y la firmeza de la sentencia no se hubiese producido hasta una fecha posterior. Este efecto interruptivo que pretende la parte recurrente sólo sería aplicable en relación a las peticiones planteadas a través de la modalidad procesal de conflictos colectivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 160.6 de la LRJS, sin que una demanda de cantidad previa interrumpa el plazo de prescripción respecto a las peticiones no reclamadas en la misma, y ello pese a que se haya resuelto sobre la existencia o no de cesión ilegal, y aunque se determine el derecho de la trabajadora a percibir un superior salario al que venía percibiendo; tal extremo produciría el efecto de cosa juzgada material sobre posteriores reclamaciones de cantidad, pero no interrumpiría el plazo de prescripción de las mensualidades no reclamadas.

Tampoco puede apreciarse la concurrencia de actos de interrupción de la prescripción que alega la parte recurrente. Es cierto que debe admitirse la interrupción del plazo de prescripción en todos aquellos supuestos en los que existen actos que evidencien la voluntad de conservar el derecho, pero, en el presente caso, no se expresó de forma inequívoca la voluntad de conservar el derecho a reclamar las cantidades que se fueran devengado con posterioridad a la fecha de la anterior sentencia. Y la recurrente entiende que existen actos de interrupción de la prescripción en relación a la solicitud de ejecución provisional de la anterior sentencia, en la resolución dictada por el Juzgado, en el escrito de oposición, en la resolución del Tribunal Supremo, inadmitiendo el recurso de

casación de doctrina y en la solicitud de ejecución definitiva. Pero ninguna de dichas actuaciones y reclamaciones puede entenderse referidas a la petición objeto del presente procedimiento; la solicitud de ejecución provisional tenía por objeto la incorporación de la demandante en la plantilla de la empresa recurrida. Tampoco en la solicitud de ejecución definitiva, una vez la anterior sentencia fue firme, existe una petición concreta de la ahora recurrente en relación al devengo de las cantidades que hubieran podido devengarse a partir de la fecha de la sentencia de instancia; dicho escrito que consta como documento nº 5 del ramo de prueba de la recurrente, folios 65 y ss., se limita a solicitar la incorporación de la demandante a la plantilla de la recurrida y se proceda al abono de la cantidad objeto de condena que fue consignada y al pago de la cantidad en concepto de costas que solicita, pero sin ninguna mención a una reclamación de los salarios devengados. En definitiva, estos actos no pueden tener el efecto de interrumpir el computo de la prescripción, pues en ninguno de ellos existe una petición de reclamar las diferencias salariales que pudieran haberse devengado a partir de la fecha de la primera sentencia.

Por ello, la tramitación de un procedimiento anterior en el que se solicita un pronunciamiento declarativo no afecta a la obligación de reaccionar en evitación de la prescripción, porque ésta no comienza a computarse a partir de la sentencia declarativa antecedente sino desde la fecha en que puede reclamarse el derecho generado por el incumplimiento de la empresa. Tampoco en el caso de que en aquel procedimiento se hubieran reclamado diferencias salariales para un período concreto, ya que ello no determina que la prescripción para las diferencias devengadas con posterioridad comience a computarse desde la firmeza de la sentencia del anterior procedimiento, sino que el computo se inicia desde la fecha en la que, habiéndose devengado la correspondiente retribución, no se hizo efectiva en el momento previsto para el pago, porque el derecho que se reclama no surge de aquella sentencia, sino en el momento que se prestan los servicios que han de ser retribuidos ( STS de 30 de septiembre de 1999). Y, en este sentido, debe confirmarse el criterio de la sentencia de instancia, pues, en el presente supuesto, la papeleta de conciliación en la que se reclaman las diferencias salariales devengadas desde septiembre de 2018, se presentó en febrero de 2021, y debe aplicarse la prescripción en relación al período septiembre de 2018 a enero de 2020, año anterior a la presente reclamación.

Procede, por lo expuesto, la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, pues no se cuestiona el importe de las diferencias salariales correspondientes al período posterior a enero de 2020.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.