Sentencia Social 6832/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 2043/2023 de 28 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Por la parte actora se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, desestimando la demanda, confirmó la sanción de suspensión de empleo y sueldo por período de treinta (30) días impuesto por la empresa al trabajador. El recurso ha sido impugnado por la entidad demandada, que interesó su desestimación con íntegra confirmación de la resolución recurrida.

Constituye el objeto del recurso la impugnación de la sanción impuesta al actor por la empleadora en fecha 30 de junio de 2021.

SEGUNDO.- Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo, la parte actora recurrente insta la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

A) En relación al ordinal fáctico sexto, se propone la siguiente redacción alternativa:

"El trabajador, en fecha 07.05.2021, cuando sucedió el accidente de trabajo, no llevaba puesto el arnés anticaida, debido a que en ningún caso le fue entregado por la empresa demandada dicho equipo de protección individual.

Si bien es cierto que la empresa demanda había hecho entrega a los trabajadores del manual de procedimiento de trabajos de aplicación al puesto de prevención de riesgos laborales, concretamente el de la preparación de pedidos en altura y utilización de medios, no consta el de la entrega del equipo de protección individual tal y como consta en el informe de la inspección de trabajo, descrito en el hecho probado tercero".

Como fundamento de esta pretensión revisora, se invoca el documento 8 aportado por la parte recurrente, así como los documentos 21 y 22 aportados por la demandada, aludiendo a que su original redactado no deriva de documental o testifical alguna.

Conviene precisar que teniendo por objeto el referido original redactado la literalidad de un precepto de la norma convencional, y sin perjuicio del carácter innecesario de su incorporación al relato fáctico, al no tratarse de un hecho propiamente dicho, la documental invocada no evidencia error alguno que deba ser subsanado en esta sede. A ello ha de añadirse, por lo que respecta al redactado cuya incorporación al relato es instada, que el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el que se levantó acta de infracción no resulta hábil a efectos revisores, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial (por todas, SSTS/4ª de 15 de enero, 12 de febrero, 23 de julio y 5 de octubre de 1990, 23 de abril de 1.994, y 10 de julio de 1.995), además de obrar reproducido en el pacífico hecho probado tercero de la sentencia. Tampoco los documentos 21 y 22 aportados por la demandada ostenta la literosuficiencia probatoria pretendida en relación al redactado propuesto; circunstancias todas ellas que determinan el fracaso de la revisión instada.

B) Se postula, asimismo, la adición como nuevo ordinal numerado noveno del siguiente tenor literal:

"El día 21 de febrero de 2018 y el día 10 de febrero de 2021, le fueron entregados los manuales de procedimientos de preparación de pedidos en altura y utilización de medios, a varios trabajadores de la empresa, en los que consta en el mismo que cuando la firma se realice en el papel, el trabajador deberá anotar a mano sus datos personales: Nombre, apellidos, DNI, fecha y firma".

Nuevamente se invocan los documentos 21 y 22 aportados por la empleadora demandada. Ahora bien, de conformidad con los criterios reiteradamente establecidos por la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador o jugadora de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica ( STS/4ª de 28 de octubre de 2021 -recurso 54/2021-). De este modo, tal como ha recordado la citada doctrina, la revisión de las conclusiones alcanzadas por el órgano a quo únicamente es posible "cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos", sin que pueda pretenderse una nueva valoración de la prueba, como si nos encontrásemos ante un recurso ordinario de apelación, ni pueda sustituirse la valoración objetiva del órgano de instancia por la subjetiva de la parte recurrente (por todas, SSTS/4ª de 18 de marzo de 2014 -Pleno, rec. 125/2013-; 18 de julio de 2014 -Pleno, rec. 11/2013-; 22 de abril de 2015 -Pleno, rec. 14/2014-; 562/2017, 28 de junio de 2017 -Pleno, rec. 45/2017-; 652/2017, 19 de julio de 2017 -rec. 212/2016-, 761/2021, 7 de julio de 2021 -rec. 137/2019- y 28 de octubre de 2021 -rec. 54/2021-, que cita las anteriores).

En aplicación de esta doctrina, el juzgador a quo ha ponderado la totalidad de prueba practicada, otorgando pleno valor de convicción al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación a las circunstancias en que se produjo el accidente, sin que la adición postulada revista trascendencia en aras a modificar el fallo de instancia, lo que determina su fracaso.

En suma, procede desestimar el primero de los motivos del recurso.

TERCERO.- Como segundo motivo, amparado en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte actora recurrente denuncia, en dos subapartados que han de ser dirimidos conjuntamente, la infracción del artículo 60.2, así como de los artículos 55 y 56, todos ellos del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 54 del Convenio Colectivo del sector de comercio de Catalunya, así como de la doctrina contenida en la STS/4ª de 28 de febrero de 2005. Se argumenta, en síntesis, que la sanción se encuentra prescrita, por cuanto los hechos acaecieron el 7 de mayo de 2021 y la empresa tuvo conocimiento desde el primer momento, tratándose de falta grave por lo que habrían transcurrido más de veinte días desde su comisión hasta la imposición de sanción. Y ello por cuanto, se continúa esgrimiendo, no concurre la reincidencia que determina la conclusión alcanzada en la instancia sobre la graduación como muy grave de la falta, por cuanto no queda acreditado que el actor desobedeciera las órdenes, no habiendo sido probada la entrega del equipo de protección individual. Por lo expuesto, se insta la revocación del pronunciamiento de instancia.

La empresa demandada, en su escrito de impugnación, opone que del informe de investigación del accidente de trabajo se desprende que el trabajador tenía formación e información sobre prevención de riesgos laborales y habían sido puestos a su disposición los equipos de protección individual; además de tratarse de un hecho no alegado en la demanda ni en el acto de juicio. A ello añade que procede estar a las conclusiones alcanzadas en la sentencia de instancia, cuyo pronunciamiento se insta sea confirmado en esta sede.

La primera de las cuestiones suscitadas es la prescripción de la falta, si bien ha de ser analizada conjuntamente con la segunda, atinente a la graduación de la falta, por derivar de ésta la aplicación de aquel instituto. De este modo, el plazo de prescripción de la falta requiere su previa graduación, en orden a aplicar el plazo de veinte días previsto para las graves o de sesenta días para las muy graves, en virtud del artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Para ello constituye ineludible punto de partida el inmodificado relato de hechos probados de la sentencia de instancia, del que se desprende que el trabajador sufrió accidente de trabajo el 7 de mayo de 2021 sobre las 11:50 horas, cuando se encontraba en el almacén realizando tareas de preparación de pedidos, manejando una máquina recogepedidos o, de conformidad con el manual del fabricante, "carretilla de horquilla elevadora" (marca Still, modelo EK.12, serie 612116001287, CE/2007). Para preparar los pedidos, el trabajador cuenta con una orden de carga a través de una tablet ubicada en la propia máquina, donde se detalla la marca, modelo y cantidad de carcasas a cargar en la jaula/contenedor que porta la máquina para posteriormente, una vez cargadas en la misma, aproximar estas carcasas al muelle del almacén y proceder a cargar la mercancía en un camión para su expedición, tratándose ésta de una tarea habitual que se efectúa diariamente en el almacén. El accidente sucedió cuando el trabajador se dispuso a cargar las carcasas de neumático situadas en el interior de la jaula, al parecer posicionando la plataforma en altura a nivel del cuarto estante, no aproximándose lo suficiente a la estantería, quedando algo orientada y separada de ésta. Para alcanzar a coger la carcasa procedió a la apertura de la barrera perimetral de la plataforma y cayó por el hueco existente entre la propia plataforma de la máquina y la estantería, probablemente por un error de cálculo o tropiezo sin que llevase arnés anticaidas; sufriendo lesiones con diversos traumatismos a consecuencia de la caida. El actor había sido sancionado en fecha 24 de mayo de 2019 con una amonestación por escrito por la comisión de una falta grave porque el día 21 de mayo de 2019 estaba trabajando con la máquina que recoge pedidos con el arnés de seguridad puesto pero sin estar enganchado a la máquina.

Partiendo de tales presupuestos fácticos, la sentencia de instancia confirma la sanción impuesta por la empleadora prevista en el artículo 50 del Convenio Colectivo del sector del comercio de Catalunya para subsectores y empresas sin convenio propio (código de convenio número 790002850111994), publicado en el DOGC de 7 de febrero de 2022. Se contempla en el citado precepto, apartado 2, como falta grave "la desobediencia a la dirección de la empresa o a quien tenga facultades de dirección u organización en el ejercicio regular de sus funciones en cualquier materia de trabajo", añadiendo que si la desobediencia es reiterada o implica una ruptura manifiesta de la disciplina en el trabajo o deriva de ella algún perjuicio para la empresa o para las personas, podrá ser calificada como falta muy grave. En aplicación de este último inciso, la sentencia concluye que nos encontramos ante una falta muy grave, dada la reincidencia en que habría incurrido el trabajador.

En el recurso se combate esta última conclusión, considerando que la falta ha de ser graduada como grave, dado que la previa amonestación por escrito data de 24 de mayo de 2019 y califica la falta como grave cuando la norma convencional únicamente preve la sanción de amonestación para las faltas leves. A ello añade que en la referida ocasión el actor llevaba puesto el arnés pero sin amarrarlo a la máquina, por lo que se trata de hechos distintos.

Resulta de interés recordar que, en relación al plazo previsto en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, la doctrina jurisprudencial ha concluido, entre otras en STS/4ª de 23 de mayo de 2013 (recurso 2178/2012) que el referido precepto "contempla, pues, dos plazos de prescripción que han dado lugar a la consolidación de una doctrina jurisprudencial según la cual: a) la fecha en que se inicia el plazo de prescripción se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los hechos; b) se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo adquiere la empresa cuando llega a un Órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras o inspectoras ( STS de 11 de diciembre de 2005, rcud. 3512/2004 )". A ello añade que "hemos sostenido que, en el caso del art. 60.2 E.T., la regla de partida para el cómputo del plazo largo de prescripción es la de que ésta comienza a contar desde que se cometió la falta y no desde que la empresa tuvo conocimiento. Pero existen situaciones en las que no es posible aplicar tal literalidad, como son los casos de las faltas continuadas o de las faltas ocultadas por el propio trabajador prevaliéndose de las facultades otorgadas por su situación personal en la empresa. En este último caso, hemos venido aplicando el criterio de partir del cese de la ocultación ( STS de 15 de julio de 2003 -rcud. 3217/2002 -)".

Ciertamente, la sentencia de instancia adopta como dies a quo para el cómputo de plazo de prescripción de la falta, tal como se insta en el recurso, el de la fecha del accidente, por lo que de considerarse que la falta ha de graduarse como grave se habría producido su prescripción. Tal como expondremos, las circunstancias concurrentes conducen a que concluyamos de forma divergente con la sentencia de instancia sobre su graduación.

Comenzando por la concurrencia de reiteración en la conducta estimada por la sentencia de instancia, la sanción impuesta en fecha 24 de mayo de 2019 fue por hechos similares, por cuanto tenía por objeto el desarrollo de la labor del actor sin portar arnés de seguridad, lo que sin duda trae causa del incumplimiento en materia preventiva atinente a no contar con el equipo de seguridad portado en forma correcta, con independencia de que en aquel caso lo llevase incorporado sin amarrarlo a la máquina, circunstancia equivalente a la posteriormente acontecido en que no lo llevaba, por cuanto el resultado es similar, esto es, el desempeño de la labor sin el necesario equipo de protección, el arnés. En cuanto a la imposición en aquella ocasión de sanción por falta leve, pese a graduarse en la carta como grave, habiendo alcanzado firmeza correspondía a la empresa la elección de la sanción dentro de los márgentes de la norma convencional, a lo que no obsta el que la conducta fuese graduada en la forma expuesta y a tal graduación proceda estar para dirimir sobre la reiteración en la conducta.

Ello no obstante, en relación a idéntico precepto de la norma convencional aplicable, convenio colectivo del sector del comercio de Catalunya para subsectores y empresas sin convenio propio, hemos venido concluyendo que, a efectos de sanción por falta muy grave por reiteración en la conducta, tal reiteración no resulta equiparable a la comisión de dos faltas graves sino que precisa, como elemento adicional, la ruptura total de la disciplina. Expusimos, así, en sentencia de 2 de julio de 2020 (recurso 754/2020): "si atendemos a la finalidad y al espíritu de la norma, lo que allí se tipifica no es la simple reiteración de faltas graves, sino que dicha conducta provoque una desnaturalización de la obligación de desobedecer (...). El término reiteración, cuando acompaña a la posibilidad de sancionar con el despido no puede interpretarse como lo hace la empresa, dos faltas graves, no pueden equivaler a una falta muy grave. La norma requiere no solo que las dos faltas puedan ser calificadas de graves, sino que esa reiteración suponga una ruptura total de la disciplina, y ese requisito no se puede predicar de la conducta del actor".

Subsumiendo el supuesto que nos ocupa en la doctrina expuesta, no estimamos que la conducta del actor pueda tildarse de ruptura total de la disciplina. De este modo, en relación a la primera de las faltas, únicamente consta que en fecha 24 de mayo de 2019 fue sancionado con amonestación por escrito por la comisión de una falta grave al encontrarse trabajando el 21 de mayo de 2019 con la máquina que recogía pedidos sin portar arnés de seguridad (lo llevaba puesto sin estar agarrado a la máquina). Y respecto al segundo hecho, consta que nuevamente se prestaban servicios sin arnés de seguridad sin mayor precisión. Ahora bien, el mero hecho de la anterior sanción no puede determinar nuestra conclusión sobre la voluntad del trabajador de forma clara y terminante de desobedecer que conduciría a considerar la superior gravedad de la falta. En este sentido, tal como recordamos en la sentencia anteriormente citada (de 2 de julio de 2020), "no toda desobediencia puede legitimar la procedencia de la decisión extintiva de la empresa, sino sólo aquella que teniendo en cuenta la materia y ocasión en que produce y las personas implicadas, evidencia una voluntad clara, cierta, terminante y firme de incumplir los deberes laborales; incumplimiento que debe reunir, además, los requisitos de ser grave, trascendente e injustificado ( Sentencias del Tribunal Supremo de 26 abril 1985 , 29 enero 1987 , 28 mayo 1990 y 23 junio 1991 , entre otras)". Ciertamente, en el supuesto que nos encontramos no ha sido impuesta la máxima sanción de despido, pero la graduación de la falta como muy grave exige la acreditación de la voluntad renuente a cumplir las órdenes empresariales que, dadas las circunstancias que a continuación expondremos, no estimamos resulte apreciable.

Así, conviene destacar que la propia sentencia de instancia, pese a considerar acreditada la superior gravedad de la falta, tilda la conducta del trabajador como "imprudencia profesional" (no así temeraria), al incumplir las normas establecidas, pero no consigna que, más allá de la formación impartida al trabajador en materia preventiva, hubiesen sido impartidas órdenes en tal sentido. Y a ello cabe añadir tres circunstancias de particular relevancia que determinan nuestro pronunciamiento sobre la gravedad de la falta. La primera de ellas es el tiempo transcurrido entre la imposición de la primera sanción y la conducta del trabajador, de más de dos años, a cuyo efecto se soslaya en la sentencia que, si bien a diferencia de otros convenios en éste no se preve la cancelación de antecedentes por el transcurso del tiempo, su artículo 51.15 considera que la reincidencia únicamente concurre en supuestos de no haber transcurrido más de seis meses desde la comisión de la primera falta. Podríamos entender que la ausencia de referencia de tal plazo en el artículo 50 y la alusión a reiteración y no reincidencia comporta que su transcurso determine la ausencia de consideración de conducta reiterada, pero ello equivaldría a una interpretación restrictiva contraria al derecho sancionador. Asimismo, como segunda circunstancia, la propia empresa consideró que la superior graduación respondía a dos razones, la conducta reiterada y el perjuicio producido, habiéndose considerado éste último no concurrente por la sentencia de instancia, en extremo incombatido en el recurso.

A mayor abundamiento, como tercera circunstancia y argumento de cierre, si bien asiste la razón a la sentencia de instancia al concluir que los incumplimientos empresariales podrían no obstar a la gravedad de la conducta del trabajador, en el presente supuesto aquéllos modulan la misma, al resultar inherentemente unidos a la antijuridicidad de la conducta como elementos constitutivos del tipo. De este modo, la conducta imputada es la desobediencia a la dirección de la empresa o a quien tenga facultades de dirección u organización en el ejercicio regular de sus funciones en cualquier materia de trabajo", siendo así que el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al que la sentencia de instancia otorga plena virtualidad probatoria, concluye que la empresa incumplió los procedimientos e instrucciones de trabajo, por cuanto no hubo supervisores que pudieran advertir al trabajador de la obligación de uso de arnés anticaidas unido al punto de anclaje dispuesto en la máquina.

Por todo ello, estimamos que la conducta del trabajador, tildada de imprudencia profesional por la propia sentencia de instancia, no puede graduarse como muy grave sino que ha de serlo como grave, teniendo en cuenta que las circunstancias concurrentes no evidencian una actitud renuente al cumplimiento de órdenes empresariales, máxime cuando la empresa no contaba con los recursos preventivos ni procedía a la vigilancia y control del cumplimiento en materia preventiva, ni, en consecuencia puede considerarse como ruptura total de la disciplina por el trabajador.

La referida graduación como grave de la falta determina que se encuentre prescrita, al haber tenido conocimiento la empresa de la falta el mismo día del accidente, 7 de mayo de 2021, y haber sido notificada la sanción el 30 de junio de 2021, transcurriendo por ello en exceso el plazo de veinte días previsto en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores. No habiéndolo así entendido la sentencia de instancia, procede estimar la infracción denunciada.

Ahora bien, habiendo sido postulada la nulidad de la sanción, y no amparándose en causa alguna de entre las contempladas en el artículo 115.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ha lugar a estimar parcialmente el recurso, revocando la resolución recurrida y acordando en su lugar, con estimación parcial de la demanda, revocar la sanción impuesta y condenar a la empresa al abono de los salarios que hubieran dejado de abonarse en cumplimiento de la sanción, de conformidad con el artículo 115.b) de la norma rituaria laboral.

TERCERO.- En aplicación de los artículos 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y 2.d) de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede efectuar expreso pronunciamiento en materia de costas devengadas en el recurso.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,