Sentencia Social 6147/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 560/2023 de 30 de octubre del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia, como hemos visto, estima parcialmente la demanda rectora de las presentes actuaciones y, tras declarar que la antigüedad del demandante, Juan Enrique, es de 1.9.1973 y que tiene derecho a percibir el premio a la antigüedad por 45 años de servicio, condena a la empresa demandada, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA), a abonarle, en concepto de dicho premio, la cantidad de 47.306,91 euros, más intereses moratorios, con arreglo al siguiente desglose: 44.574,89 euros en concepto de retribución anual, 2.682,02 euros en concepto equivalente a un reloj de oro y 50,00 euros en concepto equivalente a un pergamino.

En la demanda, el referido demandante solicitó que la demandada le abonara 55.582,42 euros en virtud del referido premio a la antigüedad por 45 años de servicio, partiendo de que la antigüedad que debía tenerse en cuenta era la de 1.9.1973 y no la de 1.1.1977, que era la reconocida por la empresa, y que el salario anual a tener en cuenta ascendía a 52.850,40 euros, a lo que debían sumarse las cantidades equivalentes al reloj de oro y al pergamino.

La sentencia de instancia, como hemos indicado, declara que el demandante tiene derecho al indicado premio, pero considera que el salario anual a tener en cuenta es de 44.574,89 euros, por lo que estima parcialmente la demanda en los términos indicados.

Frente a la sentencia de instancia, la empresa demandada interpone el presente recurso de suplicación, en el que, con carácter principal, solicita la revocación de la misma y la desestimación de la demanda por considerar que el demandante no tiene derecho al indicado premio a la antigüedad. Subsidiariamente, solicita que, en lugar de computar la indicada cantidad de 44.574,89 euros en concepto de salario anual, se compute el equivalente líquido de dicha cantidad, a determinar en ejecución de sentencia, más las cantidades de 2.682,02 euros en concepto del reloj de oro y 50,00 euros en concepto de pergamino, con las demás declaraciones que sean inherentes a tal declaración. Articula el recurso con arreglo a dos motivos de revisión fáctica, formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) LRJS, y un motivo de censura jurídica, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso es impugnado por el demandante, que, con carácter principal, solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia. Con carácter subsidiario, se muestra conforme con que se rectifique el fallo de la sentencia en el sentido de precisar que la cifra referida a la anualidad de salario es bruta.

SEGUNDO.- Debemos examinar, en primer lugar, los dos motivos del recurso dirigidos a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia.

Cada uno de dichos motivos debe ser objeto de examen individual. Sin embargo, con carácter previo y común a ambos, es necesario tener en cuenta que, para la estimación de los motivos dirigidos a la modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (RS 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

TERCERO.- En el primer motivo de revisión fáctica, la recurrente solicita modificación del hecho probado primero de la sentencia de instancia en el sentido de añadir la palabra "brutos" al salario anual de 44.574,89 euros que indica el expresado hecho probado. Fundamenta dicha petición en la nómina de enero de 2019, obrante al folio 90 de los autos, y, en síntesis, alega que la adición es relevante, dado que el premio a la antigüedad consiste en una anualidad "líquida" de salario.

Por su parte, el recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, no formula oposición expresa al presente motivo. En este sentido, se limita a reiterar la petición formulada en la demanda y se muestra de acuerdo con la cifra de salario establecida por la sentencia de instancia.

Expuestas, en síntesis, las peticiones de las partes, el presente motivo debe ser estimado porque, como alega la recurrente, la nómina de enero de 2019, obrante al folio 90 de los autos y en la que se basa la sentencia para establecer la cifra de salario anual, se refiere al "nivel retribut anual" (sic) que cifra en 44.574,89 euros, cantidad que debe entenderse en bruto, dado que los conceptos de la nómina a los que se remite, identificados con un asterisco, son brutos. Además, como hemos indicado, el recurrido no formula oposición expresa al motivo, más allá de reiterar las cifras alegadas en la demanda.

En consecuencia, acordamos que, en el hecho probado primero de la sentencia de instancia, figure la palabra "brutos" a continuación de la cifra de 44.574,89 euros, sin modificación de los restantes extremos del indicado hecho probado.

CUARTO.- Debemos examinar ahora el segundo motivo de revisión fáctica, en el que la recurrente solicita adición de dos párrafos al hecho probado cuarto de la sentencia de instancia y ubicados con carácter previo al texto actual del hecho probado, de modo que la redacción resultante que propone la recurrente es la siguiente (destacamos en negrita, como la recurrente, los dos párrafos añadidos, incluyendo también los subrayados):

<La Instrucción nº 1783, de 3 de abril de 1978, del extinto Banco de Bilbao creó un premio de 45 años de servicios de carácter voluntario, y para optar al mismo debía cumplir el requisito de haber prestado servicio durante 45 años en el Banco de Bilbao.

En marzo de 1983 se firmo una Acuerdo de Homologación de condiciones de trabajo que pretendían equiparar las condiciones de los trabajadores de Banca Mas Sarda con la que tenían los trabajadores de los Bancos del Grupo BB (ahora BBVA).

En fecha 24-5-83 se había suscrito un acuerdo entre la Banca Mas Sardá y el actor por razón de la integración de la referida Banca en el Banco de Bilbao, en cuyo anexo relativo a la "Homogeneización de las condiciones de trabajo del personal fijo de BANCA MAS SARDA S.A. con las existentes en los bancos del grupo BANCO DE BILBAO" se estableció, en el apartado III relativo a "Otros Beneficios Sociales", punto 1, relativo al "Premio a la antigüedad", que todos los trabajadores de Banca Mas Sardá que acreditaran 25 años "de servicio efectivo en la misma" serían obsequiados con un reloj, y que los que acreditaran 45 años "de servicio" serían premiados con un pergamino, un reloj de oro y un premio de una anualidad líquida de todos los conceptos, excepto Bolsa de Vacaciones (del Convenio y Voluntaria) y Plus de Asistencia y Puntualidad, por una sola vez, haciéndose constar que "A estos efectos se computa como antigüedad los años de servicio reales y efectivos en el Grupo Banco de Bilbao" (documento adjunto a la demanda)>>

La recurrente fundamenta dicha nueva redacción en la Instrucción nº 1783 (folios 66 a 68 de los presentes autos), el acuerdo de "homogeneización" de "Marzo 1983" (folios 69 a 81; no "homologación", como dice erróneamente la recurrente) y el acuerdo suscrito entre el demandante y BANCA MAS SARDÁ (BMS) el 21.5.1983 (folios 82 y 83). Además, la recurrente realiza una larga exposición sobre la interpretación que, en su opinión, resulta de los indicados documentos.

Por su parte, el recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, examina conjuntamente el presente motivo y el de censura jurídica, si bien sus alegaciones se dirigen básicamente a este último.

Expuestas, en síntesis, las alegaciones de las partes, el presente motivo no puede ser estimado, en aplicación de la doctrina expuesta en el fundamento jurídico segundo de la presente sentencia. En este sentido, por lo que hace al párrafo alusivo a la Instrucción nº 1783, la realidad de esta no se discute, por lo que su mención expresa en el hecho probado es superflua. Todo ello, con independencia de su valor a efectos de interpretar el pacto suscrito entre el demandante, cuestión que será examinada al resolver el motivo de censura jurídica. Y, por lo que hace al segundo párrafo, el acuerdo de homogeneización ya consta citado en el texto actual del hecho probado, por lo que su reiteración es igualmente superflua.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.- Debemos examinar ahora el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica de la sentencia de instancia, en el que la recurrente denuncia que dicha sentencia infringe los artículos 3.1 y 1281ss. CC, en relación con el contenido del acuerdo de homogeneización de 1983 y el acuerdo suscrito por el demandante con BMS.

Al objeto de centrar adecuadamente las alegaciones con las que la recurrente sustenta el presente motivo del recurso, es necesario tener en cuenta los siguientes datos, extraídos del relato de hechos probados de la sentencia de instancia y documentos a los que se remite el mismo.

1) El demandante, nacido el NUM001.1954, estuvo prestando servicios para la hoy recurrente, BBVA, con antigüedad reconocida de 1.1.1977 y hasta el 20.2.2019, fecha en que se jubiló. Concretamente, empezó prestando servicios para BMS, posteriormente integrada en BANCO DE BILBAO S.A. (BB), integrado sucesivamente en BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. y BBVA.

2) Desde el 1.9.1973 hasta el 31.12.1976, el demandante estuvo trabajando en la empresa SAECO S.A. DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (en adelante, SAECO), si bien, desde el 15.7.1975 hasta el 15.10.1976, la prestación laboral para dicha empresa quedó interrumpida por el servicio militar obligatorio.

3) La demandada, si bien reconocía al demandante antigüedad desde 1.1.1977, le estuvo abonando los trienios con arreglo a una antigüedad de 1.9.1973.

4) El 24.5.1983, el demandante y BMS suscribieron el acuerdo al que hace referencia el hecho probado cuarto de la sentencia y por cuya virtud el demandante, en lo que interesa destacar en este litigio, aceptó que las condiciones por las que se regiría su relación laboral con efectos desde 1.1.1983 serían las contenidas en el acuerdo de "Homogeneización de las condiciones del personal fijo de Banca Mas Sarda, S.A. con las existentes en los Bancos del Grupo Banco de Bilbao", firmado en marzo de 1983 y en cuyo apartado III se regula el "premio a la antigüedad" en los términos que expresa el hecho probado cuarto de la sentencia, siendo de destacar que el indicado acuerdo de marzo de 1983 fue incorporado como anexo al acuerdo de 24.5.1983, formando "parte integrante del presente pacto", según indica la cláusula primera.

Partiendo de estos hechos, la sentencia de instancia considera que el demandante tiene derecho al premio a la antigüedad previsto en el acuerdo de marzo de 1983 para los trabajadores que acrediten 45 años de servicio porque debe computarse el periodo en que el demandante prestó servicios para SAECO. Todo ello, teniendo en cuenta que si bien dicha empresa no es un Banco, forma parte del Grupo BB, actualmente BBVA, y el acuerdo no exige que los años de servicio hayan sido prestados en un Banco sino únicamente que se hayan prestado en el Grupo BB.

Frente a ello, la recurrente, en el presente motivo del recurso, reproduciendo la tesis defendida en la instancia, alega, en síntesis, que los únicos periodos de prestación de servicios que pueden ser computados a efectos del premio a la antigüedad de 45 años de servicio son los prestados en Bancos del Grupo BB y no, por tanto, en empresas que, aun formando parte del Grupo, no se dediquen a la actividad bancaria. Ello, en el caso del demandante, obliga a computar únicamente el periodo transcurrido desde 1.1.1977, lo que da una antigüedad inferior a 45 años. Fundamenta dicha tesis en: 1) la ya citada Instrucción nº 1783 del BB, de 3.4.1978, que estableció el premio de antigüedad por 45 años de servicio exigiendo que dicho servicio se hubiera prestado en el Banco; 2) el acuerdo de marzo de 1983, que, en su título, habla de "las condiciones existentes en los Bancos del Grupo Banco de Bilbao"; 3) el expositivo II del acuerdo suscrito por el demandante y BMS el 24.5.1983, en el que se dice que el objeto del acuerdo es "desarrollar una política de personal común a todos los Bancos que integran el mencionado Grupo". En defensa de su tesis, cita las normas de interpretación de los contratos contenidas en los artículos 1282, 1283, 1284 y 1285 CC. Además, alega que no es relevante que la empresa haya abonado trienios al demandante partiendo de una antigüedad de 1.9.1973, pues ello, según dice, viene impuesto por el artículo 21.2 del Convenio Colectivo de Banca, que obliga a tener en cuenta la antigüedad en la empresa y no en banca. También señala que, en la carta con la que el demandante comunicó su alta en el Plan de Pensiones, de 29.11.2000 (folios 109 a 111), declaró que su antigüedad era la del 1.1.1977. Por todo ello, la recurrente considera que el demandante no tiene derecho al premio.

Subsidiariamente, la recurrente alega que, en caso de que se considere que el demandante tiene derecho al premio, se modifique el fallo de la sentencia de instancia en el sentido de establecer que tiene derecho, en concepto de una anualidad de salario, a la cantidad liquida resultante de un bruto de 44.574,89 euros, a determinar en ejecución de sentencia.

Por su parte, el recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo con base, fundamentalmente, en los razonamientos de la sentencia de instancia.

SEXTO.- A la vista de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, la cuestión controvertida en la presente fase de recurso, al igual que en la instancia, es la relativa a si el demandante cumple el requisito de "45 años de servicio", previsto en el apartado III del acuerdo de marzo de 1983, que forma parte del acuerdo suscrito entre el demandante y BMS el 24 de mayo de dicho año. Todo ello, teniendo en cuenta que si bien, el demandante, a la fecha de su jubilación en 2019, llevaba más de 45 años prestando servicios para empresas del Grupo al que pertenece la demandada (1.9.1973 a 20.2.2019), el periodo en que dichos servicios se habían prestado para entidades bancarias era inferior a aquella cifra (1.1.1977 a 20.2.2019). Es decir, hay que resolver si el periodo 1.9.1973 a 31.12.1976 es computable a efectos de los 45 años de antigüedad que exige el acuerdo.

Lo expuesto revela que la controversia radica en la interpretación del indicado acuerdo de marzo de 1983, que regula el premio a la antigüedad en el punto 1 del apartado III ( "OTROS BENEFICIOS SOCIALES"). El texto de dicho punto 1 contempla el "Premio a la antigüedad" en los términos siguientes:

<

En sustitución del mismo, a partir del corriente año se instauran los Premios a la antigüedad que en la actualidad rigen en el Grupo Banco de Bilbao.

Dichos premios son los siguientes:

(...)

45 años de servicio

* Pergamino

* Reloj de oro

* Premio: una anualidad líquida de todos los conceptos, excepto: Bolsas de Vacaciones (del Convenio y Voluntaria) y Plus de Asistencia y Puntualidad, por una sola vez

A estos efectos se computa como antigüedad los años de servicio reales y efectivos en el Grupo Banco de Bilbao.>>

A la hora de dilucidar la interpretación correcta de dicha cláusula, la regla que debemos aplicar en primer lugar es la de la interpretación literal, pues el artículo 1281.I CC dice en su primer párrafo: "Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas". Y, desde luego, como señala la sentencia de instancia, el texto del último párrafo del punto 1 del apartado III es claro al establecer que "se computa como antigüedad los años de servicio reales y efectivos en el Grupo Banco de Bilbao" sin exigencia alguna, por tanto, de que los servicios se hayan prestado en alguno de los Bancos del Grupo. Por el contrario, basta con que la empresa en la que se han prestado los servicios forme parte del Grupo, independientemente de la actividad a que se dedique la misma. En consecuencia, no discutiéndose que SAECO forma parte del Grupo, los servicios prestados por el demandante en la misma deben ser computados a efectos del indicado premio a la antigüedad, como razona la sentencia de instancia, lo que implica que el demandante tiene derecho al premio.

Frente a ello, no podemos acoger las alegaciones de la recurrente, según razonamos a continuación.

Respecto de la Instrucción nº 1783, hay que señalar que es cierto, desde luego, que la misma exigía haber cumplido 45 años de servicio en el BB. Sin embargo, dicha Instrucción es anterior al acuerdo de marzo de 1983 (data de 1978) y no se menciona ni en este ni en el firmado por el demandante el 24 de mayo de dicho año. Es más, este último acuerdo, en el expositivo II, se refiere a la homogeneización de las condiciones de trabajo existentes en BMS y BB a 31.12.1982 y ni siquiera sabemos si, en dicha fecha, aquella Instrucción de 1978 estaba vigente. En consecuencia, no hay motivo alguno para interpretar el acuerdo de conformidad con la misma, debiéndose precisar que, a diferencia de lo que alega la recurrente, el artículo 1282 CC no menciona los actos de los contratantes "anteriores" al contrato sino solamente los "coetáneos y posteriores" al mismo, aparte de que la aplicación de dicho precepto es innecesaria, dada la claridad del texto. Además, la Instrucción hace referencia únicamente a servicios prestados en el BB y ni siquiera contempla la figura del Grupo BB, por lo que mal podría servir para interpretar el acuerdo de marzo de 1983, que se refiere a dicho Grupo.

Respecto del título del acuerdo de marzo de 1983, ya hemos indicado anteriormente que la recurrente habla de "homologación", a pesar de que la palabra que utiliza el documento es "homogeneización", a lo que, ahora, debemos añadir únicamente que el hecho de que el título del acuerdo se refiera a las condiciones de trabajo existentes en "los Bancos del Grupo Banco de Bilbao", no tiene relación alguna con que a un trabajador que actualmente presta servicios en dicho Banco se le pueda reconocer la antigüedad por servicios prestados anteriormente en entidades no bancarias, pero pertenecientes al Grupo, al igual que a un trabajador procedente de BMS. Y lo mismo debe decirse respecto del hecho de que el expositivo II del acuerdo de 24.5.1983 establezca el objetivo de desarrollar una política de personal común a todos los Bancos que integran el Grupo.

Finalmente, en cuanto a las alegaciones referidas a los datos que el demandante hizo constar en la carta de inclusión en el plan de pensiones, el dato no figura en los hechos probados de la sentencia de instancia y no se ha solicitado la revisión de dichos hechos probados mediante el correspondiente motivo de revisión fáctica, por lo que aquellas alegaciones deben ser desestimadas.

En definitiva, como hemos indicado, el demandante tiene derecho al premio a la antigüedad que reclama, lo que hace innecesario examinar las razones por las que la recurrente le abonaba los trienios con arreglo a una antigüedad del 1.9.1973.

SÉPTIMO.- Visto que el demandante tiene derecho al premio a la antigüedad que reclama, debemos abordar ahora la petición que la recurrente formula con carácter subsidiario y referida al importe de la anualidad de salario.

Dicha petición debe ser acogida porque, como hemos visto al transcribir el punto 1 del apartado III del acuerdo de marzo de 1983, el premio se refiere a una anualidad "líquida" de todos los conceptos, lo que, claramente, implica que el salario correspondiente es el neto y no el bruto. Todo ello, en virtud de la interpretación literal del texto, que no ofrece dudas interpretativas, aparte de que el propio recurrido, en el escrito de impugnación del recurso, no discute expresamente las alegaciones de la recurrente sobre este punto.

A la vista de ello y teniendo en cuenta que, en virtud de la redacción del hecho probado primero de la sentencia resultante de la estimación del primer motivo de revisión fáctica, la cifra de 44.574,89 euros es bruta, debemos estimar parcialmente el recurso y revocar el pronunciamiento del fallo de la sentencia de instancia referido a la cantidad total de 47.306,91 euros; en su lugar, debemos condenar a la recurrente a abonar al demandante, en concepto de premio a la antigüedad, 2.732,02 euros (2.682,02 euros por el reloj y 50,00 euros por el pergamino) más la cantidad líquida equivalente a un salario anual bruto de 44.574,89 euros y que deberá determinarse, en su caso, en ejecución de sentencia, manteniendo los restantes pronunciamientos del fallo.

OCTAVO.- La estimación parcial del recurso y reducción de la cantidad objeto de condena en la sentencia de instancia comporta la devolución parcial a la recurrente de la cantidad consignada para recurrir, en la cuantía que corresponda a la diferencia entre las dos condenas, y la devolución de la totalidad del depósito, lo que se llevará a efecto cuando esta sentencia, en su caso, alcance firmeza ( artículo 203 LRJS, apartados 2 y 3).

NOVENO.- No procede imponer las costas del recurso a ninguna de las partes, al no concurrir el supuesto previsto en el artículo 235.1 LRJS.

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,