Sentencia Social 5543/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 2749/2023 de 04 de octubre del 2023

PRIMERO. - Planteamiento recurso.

La actora no conforme con la decisión adoptada por el Juzgado en su sentencia, ahora interponen el presente recurso de suplicación y lo hacen tanto para solicitar la revisión de los hechos probados, como para que se proceda al examen del derecho aplicado denunciando en este apartado en tres motivos más la infracción del art. 48.2, 49.1b) y 45.1.c) del TRLET; la vulneración de los arts. 14, 15 i 24 CE en relación con los arts. 4.2.g), 17.1, 55.5 del TRLET y 96.1, 181.2, 108.2 de la LRJS; y la infracción del art. 183 LRJS.

El recurso ha sido impugnado por empresa demandada.

SEGUNDO.- Revisión de los hechos.

Se propone la modificación del hecho tercero con el propósito de que se suprima que la Sra. Justa le comunicó a la empresa el 4.5.2022 que le habían reconocido una IPT, y que se añada, entre "... con efectos de 22.05.2022." y "Se procedió a la liquidación...", el siguiente párrafo: " La Resolución de IPT especificaba que "Se prevé que la situación de incapacidad vaya a ser objeto de revisión por mejoría, que permita la incorporación al puesto de trabajo antes de 2 años ( art.48.2 del RD.LEG 2/2015 de 23 de agoto (BOE 24-10-2015)."

Ofrecen los folios 100, 101 y 116.

Opone la empresa que fue la trabajadora sustituida la que les comunicó que se le había concedido la IPT, mediante entrega de un único documento, que es el que consta al folio 116 o al folio 100 de la pieza de prueba de la parte actora, y además, así lo entendió el órgano judicial de instancia. Advierte también que este hecho contiene un error, ya que la Resolución del INSS por la que se le concedió la IPT a la Sra. Justa, no es del 22.05.2022, sino del 22.4.2022.

Examinados dichos documentos, hay que señalar primero, que si bien el INSS decidió concederle la IPT el 22.04.2022, la Resolución del INSS por la que le fue realmente le fue reconocida es de 25.4.2022 y, sus efectos económicos son del 19.04.2022, como refleja el folio 101 de estos autos y, no del 22.5.2022.

En cuanto al añadido que postula la recurrente por ser esta una cuestión que recoge la Resolución del INSS de 25.04.2022, dada su relevancia en este recurso, debemos aceptarlo, al margen del hecho de si la empresa tuviera o no conocimiento de que la IPT que se le había concedido a efectos de revisión era una de las que regula el art. 48.2 del TRLET y no una del art. 49.1.e) del mismo texto legal, por tanto, una incapacidad permanente con derecho a reserva de su puesto de trabajo. En igual sentido también debemos estimar las correcciones por los errores materiales que hemos descrito.

Sin embargo, con la relación a la propuesta de la actora que persigue suprimir que la Sra. Justa le comunicó, aunque erróneamente se utilice la expresión "conoció", a la empresa el 4.5.22 que se le había concedido la IPT, esta circunstancia no puede ser excluida de los hechos probados por no tratarse de un error valorativo de la prueba, sino más bien y claramente de la convicción alcanzada por el órgano judicial, que la Sala no puede alterar sin realizar una nueva valoración que no le corresponde. En conclusión, si la juzgadora dio más relevancia a la versión de la empresa sobre esa cuestión que a la que defendió la actora, ahora debe prevalecer el criterio judicial por ser más objetivo.

Atendiendo a lo hasta aquí razonado, habiendo admitido y a la vez rechazado parte de la propuesta de revisión y, obligados que estamos a corregir cualquier error material detectado por las partes a través de este recurso, la Sala conjugando todas estas cuestiones debe dar una nueva redacción al hecho tercero con el objetivo de integrar de una forma lógico y racional los hechos que aquí se han elevado a la categoría de hechos probado, y sobre esta base el hecho tercero quedará redactado de la siguiente forma:

"HECHO TERCERO-. " La trabajadora sustituida, Justa, inició proceso de IT el 31/05/2019. El 4/05/2022 comunicó a la empresa demandada el reconocimiento de la IPT para la profesión habitual mediante entrega de una copia de la Resolución del INSS de 25.4.2022 (folio 100 y 106) por la cual le comunicaba que el 22.04.2022 se había acordado concederle la IPT. En esa resolución se hizo constar lo siguiente: "Se prevé que la situación de incapacidad vaya a ser objeto de revisión por mejoría, que permita la incorporación al puesto de trabajo antes de 2 años ( art.48.2 del RD.LEG 2/2015 de 23 de agoto (BOE 24-10-2015)" al igual que se fijaron sus efectos económicos a partir del 19.04.2022 (folio 100 reverso y 101). Se procedió a la liquidación por fin de contrato."

TERCERO.- Censura jurídica.

i) Aunque no se ha propuesto por este orden a tenor del contenido que recogen los hechos probados ya debemos desde estos momento adelantar que debemos rechazar los motivos segundo y tercero. Por mucho que se esfuerce la recurrente en afirmar lo contrario de estos no se desprende indicios suficientes a partir de los cuales se pueda siquiera sospechar que la intención de la empresa en el momento de extinguir el contrato de la actora tuviere alguna relación con el largo proceso de IT y al que anuda la denuncia de discriminación por discapacidad derivada de enfermedad, ni tampoco, ni tampoco con la existencia de un conflicto con esta del que se pueda apreciar que fue acosada laboralmente y su consecuencia, fue la dolencia que sufrió y que le permitió acceder a la IT, ni mucho menos, encontramos relación alguna con el hecho de que por una sola vez envara un WhatsApp a la dirección de la empresa y esta como represalia decidiera aprovechar la declaración de la IPT para despedirla. Lo único que consta acreditado es que la actora pasó un proceso de IT que se inició el 4.8.2021 y que después se prolongó hasta el 30.3.2022, pero de este no consta acreditado ni la patología ni tampoco la causa, por lo que difícilmente puede relacionarse el mismo con el acoso laboral que denuncia que sufrió. Es más, en todo caso, en la fecha de la extinción de su contrato de trabajo, 9.5.22, ya se había recuperado, por lo que difícilmente puede vincularse la decisión empresarial con alguna causa de discriminación por razón de la enfermedad que dice que sufrió. Por otra parte, no conviene pasar por alto, y esto si consta acreditado, que la causa de la extinción, la cual la examinaremos más tarde, fue el hecho de que la Sra. Justa, no entregó a la empresa la documentación necesaria para que pudiera conocer el alcance de la IPT que el INSS le había concedido, por lo que en un principio la extinción acordada y aquí impugnada nada tiene que ver con lo que aquí se denuncia en relación con los derecho fundamentales que se denuncian vulnerados. Por otra parte, el hecho de que una vez que se incorporó a su puesto de trabajo tras el alta médica, y que le envió se quejó de la conducta de su superior jerárquico, no puede ser salvo que se aporte algún indicio más relevante, y aquí no consta que lo haya hecho, la causa que nos lleve a entender que la extinción fue una represalia por haber denunciado a un superior.

En definitiva, ya sea por una razón u otra, la extinción del contrato de la actora únicamente está relacionada con la información que les facilitó la Sra. Justa sobre el reconocimiento de su IPT.

Rechazado el segundo motivo, también debemos rechazar el tercero que está vinculado al mismo.

ii) En cuanto al primer motivo, el hecho de que la empresa desconociera que a la Sra. Justa el INSS le había reconocido una IPT de las del art. 48.2 del TRLET, es decir, de aquellas que llevan aparejada una suspensión del contrato de trabajo durante un plazo de dos años y por tanto, a mantener durante ese tiempo en reserva su puesto de trabajo, no es causa suficiente que justifique la procedencia de extinción del contrato de interinidad. Hay varias razones para alcanzar esta conclusión, una porque incluso aceptando, como hizo el órgano judicial de instancia, que la empresa en el mes de mayo desconocía el carácter de la IPT, no puede negar que una vez que impugnó el despido, la empresa teniendo ya toda la información podía haber corregido el error que había cometido, y otra, porque el hecho de que la Sra. Justa no hubiere entregado a la empresa toda la documentación no altera la eficacia jurídica de la decisión del INSS de concederle a la Sra. Justa una IPT del art. 48.2 del TRLET, y por tanto, el contrato de la Sra. Justa, no se extinguió quedó suspendido durante dos años a la espera de una posible revisión que se podía producir en cualquier momento a partir de 1.1.2023 por haber estimado la Entidad Gestora que podría ser objeto de revisión por mejoría dentro de ese periodo.

Así que como la actora tenía un contrato de interinidad por sustitución de la Sra. Justa, el hecho de que le fuera concedida la IPT no es una causa de extinción del art. 49 del TRLET que justifique la extinción de su contrato al menos hasta que pasen los dos años de su reconocimiento o hasta que revisada la IPT vuelva a ocupar el puesto de trabajo que la actora cubre mediante el contrato de interinidad. Criterio que viene avalado por dos sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo como son las 10 de mayo de 2011, recud. 2588/2010 y la de 5 de mayo de 2005, recud 1706/ 2004, como también, entre otras, por la sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2019, rec. 2743/2019, y las que allí se citan de otros tribunales de justicia.

En particular es relevante el fundamento de derecho cuarto donde se señala lo siguiente: " CUARTO .- También aduce la recurrente en este motivo que el puesto de trabajo que ocupaba la actora no ha sido definitivamente suprimido, ya que el mismo cometido se ha continuado realizando por la trabajadora Daniela que, a su vez, estaba sustituyendo a la actora en su baja laboral.

El último contrato de interinidad suscrito por la demandante en 17-9-2016 lo fue para sustitución por incapacidad temporal de la Sra. Eufrasia. La cual pasó el 8-4-2018 a situación de incapacidad permanente total, por resolución del INSS de 13-4-2018, con efectos de 9-4-2018 y posibilidad de revisión, aplicando la demandada la previsión del art. 48.2 ET , con reserva del puesto de trabajo durante dos años hasta el 9-4-2020, con duración prevista sin necesidad de preaviso hasta la reincorporación de la titular (HP 2º). No obstante, la administración demandada extinguió la relación laboral interina de la actora en la indicada fecha de 8-4-2018. Consta también (HP 3º) que la demandante estaba en situación de incapacidad temporal desde el 9-2-2017, siendo contratada ( interinidad ) Dª Daniela el 18-2-2017 para sustituir a aquella durante tal situación. Con posterioridad (mismo HP 3º) la Sra. Daniela fue contratada el 9-4-2018 para sustituir a la Sra. Eufrasia con ocasión de la incapacidad permanente total de ésta y hasta el 9-4-2020.

Resulta ciertamente conflictiva la previsión legal de subsistencia de la suspensión del contrato de trabajo por un periodo de dos años, a contar desde la fecha de la declaración de la subsiguiente incapacidad permanente, si a juicio del órgano de calificación es posible una mejoría ( ET art.48.2 ). No basta a estos efectos la mera resolución administrativa con propuesta de incapacidad permanente al trabajador sustituido, para cesar al interino que lo sustituye, sino el reintegro al trabajo de aquel. El artículo 48.2 ET establece que:

" En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta situación con declaración de invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un período de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la invalidez permanente ".

Si bien toda declaración de invalidez permanente es revisable (por agravación o mejoría), conforme a lo dispuesto en el artículo 200 TRLGSS , el artículo 48 párrafo 2º ET establece un periodo de dos años de reserva del puesto de trabajo, para el supuesto de producirse la extinción de la incapacidad temporal por declaración de incapacidad permanente (en los grados de total, absoluta o gran invalidez), y tal derecho se condiciona a que por el órgano de calificación se prevea que la revisión por mejoría que permita la reincorporación al puesto de trabajo se produzca dentro de los dos años contados a partir de la fecha de la resolución en la que se declara la invalidez permanente.

En el presente caso hemos dicho que la Sra. Eufrasia pasó a situación de incapacidad permanente total, con posibilidad de revisión, aplicando la demandada la previsión del art. 48.2 ET , con reserva del puesto de trabajo durante dos años, hasta el 9-4-2020. El art. 8.1.a) 3ª del Real Decreto 2720/1998 proclama como causa de extinción de los contratos de interinidad por sustitución la " extinción de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo ". Tal doctrina es de aplicación a los supuestos en los que cesa la causa que motiva la sustitución del trabajador como, por ejemplo, la declaración de invalidez permanente de quien se encuentra en situación de incapacidad temporal. No obstante, el citado art. 48.2 ET prevé que en el supuesto de incapacidad temporal, producida la declaración de invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, cuando a juicio del órgano de calificación la situación de incapacidad vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría, lo que permitiría la reincorporación a su puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un período de dos años a contar desde la fecha de declaración de la invalidez. Tal precepto es desarrollado por el Real Decreto 1300/1995, de 21 julio que, en su artículo 7 , establece la persistencia de la suspensión de la relación laboral, con reserva de puesto de trabajo, cuando la resolución inicial de reconocimiento de invalidez permanente haga constar un plazo no superior a los dos años para poder instar la revisión por previsible mejoría del estado invalidante. Conjugando la citada normativa reguladora de la suspensión del contrato de trabajo ( artículo 48.2 ET y el art. 7 del Real Decreto 1300/1995 ) con el artículo 8.2.c) del Real Decreto 2720/1998 , fácilmente se colige que no cesa la causa de la sustitución del interino cuando el trabajador sustituido pasa desde la situación de incapacidad temporal a la invalidez permanente y la Gestora prevea un plazo para instar la revisión por mejoría inferior a dos años, por la sencilla razón de que la relación laboral, aunque latente, sigue viva, sin que opere, pues, la causa de extinción de la relación laboral temporal del sustituto.

La sentencia recurrida indica con toda claridad que la demandada aplicó la previsión del art. 48.2 ET . La situación de suspensión del art. 48.2 ET constituye una especialidad importantísima respecto de la previsión general de revisión de las declaraciones de invalidez que se contiene en el art. 200 de la LGSS , puesto que, mientras en este precepto se limita a reconocer como principio general que toda invalidez es susceptible de revisión en tanto el interesado no haya cumplido la edad de jubilación, tanto por mejoría como por empeoramiento de la situación, previendo la fijación de un plazo no vinculante a partir del cual se podrá solicitar la revisión por cualquiera de las partes, en el art. 48.2 ET se parte de una revisión por mejoría no ya posible sino probable, puesto que se considera previsible que se producirá, y por ello se fija un plazo de suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo que es vinculante para el empresario, en situación que no se produce ante la simple posibilidad de revisión que contempla el art. 200 LGSS . Esta doble y diferente previsión legislativa en materia de revisión de incapacidades permite distinguir entre una declaración de invalidez previsiblemente definitiva, y por ello extintiva de la relación laboral (cual sería la general del art. 200) y una declaración de invalidez de probable revisión por mejoría y por ello suspensiva de la relación laboral (que sería la del art. 48.2 ET que obliga a la empresa a mantener en suspenso la relación laboral sin posibilidad de extinguirla). En el supuesto general del art. 200 LGSS , aun cuando pueda producirse la revisión por mejoría, ésta no es probable y por lo tanto nada impide estimar que la situación es irreversible de conformidad con la razón de ser de la declaración de invalidez contemplada en el art. 193 LGSS , mientras que el art. 48.2 ET constituye una previsión legal específica que, como excepción a la regla, ha previsto que aun estando afectado el trabajador por unas afecciones previsiblemente definitivas, sin embargo, es probable que las supere, desaparezcan o se reduzcan en dos años y le permitan volver a trabajar.

Por tanto, la actora fue contratada para sustituir a una trabajadora que se hallaba en una situación de IT y que con posterioridad pasó a una situación de IPT revisable con derecho de reserva del puesto de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 48.2 del ET , por lo que resulta claro que la causa del contrato de interinidad por sustitución seguía existiendo. Hemos dicho que en este supuesto especial la relación laboral, aunque latente, sigue viva, sin que opere, pues, la causa de extinción de la relación laboral temporal del sustituto."

En resumen, en el supuesto de que el trabajador sustituido sea declarado en incapacidad permanente total o absoluta, si se hubiera estimado por el INSS y así se hiciere constar en la resolución que le reconoce en dicha situación, que pudiere ser objeto de revisión por mejoría que permitiera su reincorporación al puesto de trabajo, la duración del contrato de interinidad por sustitución se ha de prolongar hasta la efectiva reincorporación en caso de que se confirme la mejoría, o hasta la extinción definitiva por mantenimiento de la incapacidad permanente total o absoluta (dos años). Por lo que si el trabajador sustituto viera extinguido el contrato antes de que finalicen dichos periodos, la decisión de la empresa carece de cobertura legal y, en consecuencia, la finalización del contrato acordada por aquella ha de calificarse de despido improcedente con las consecuencias legales que de ello se deriva de conformidad con el art. 110.1 de la LRJS y 56.2 del TRLET.

La aplicación de la anterior doctrina al presente supuesto conlleva la declaración de improcedencia del despido, la condena a la empresa de estar y pasar por esta nuestra declaración y a que a su elección dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esa sentencia ejercite su derecho de opción ante este Tribunal entre readmitir a la trabajadora en su puesto de trabajo en iguales condiciones a las que tenía antes de ser despedida con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, o decida extinguir definitivamente su contrato de trabajo sin abono de salarios de trámite pero con la obligación de indemnizar a la trabajadora por el despido en la suma de 5.561,57 euros.