Sentencia Social 6998/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 4603/2023 de 07 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Por remisión a la sentencia que cita del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2021 (hp cuarto de la ahora recurrida; relativa al procedimiento de despido colectivo que antecede al individual que examinamos), y en respuesta a la excepción de caducidad alegada respecto de la acción ahora ejercitada en su impugnación, examina la Juzgadora de instancia la interpretación que el Alto Tribunal efectúa -en su tercer y cuarto fundamento- del artículo 124 de la LRJS apreciando que "(...) el ejercicio de la acción de impugnación individual del despido obedeció a una estrategia personal del actor que libremente (la) doblegó...al resultado del proceso colectivo asumiendo los riesgos que ello comportaba" que "no fue otro que el de estimarse caducada la acción...que equivale a la falta de impugnación o a la no impugnación en forma...que por imperativo legal supuso la supeditación a la norma sobre el cómputo del plazo de caducidad del apartado a) del art. 124 LRJS (y) Siendo el acuerdo de 23 de junio de 2020...interpuest a la demanda el 25/01/2022" se declara "la caducidad de la acción de despido ejercitada por el actor" (Fj segundo in fine); a quien se impone una multa por temeridad de 600 euros pues "disponía de todos los elementos de juicio necesarios para valorar ab initio la temeridad del ejercicio de una acción judicial...basada en la pretendida vulneración de derechos fundamentales ya descartada por la vía judicial, provocando con ello la tramitación preferente del proceso y la intervención del Ministerio Fiscal..." (Fj Tercero in fine).

SEGUNDO.- Frente a lo así resuelto formaliza la representación letrada tanto del trabajador como del sindicato al que está afiliado (hp quinto) dos primeros motivos de recurso dirigidos a recabar una nulidad de actuaciones que, sin embargo, no proyecta (formalmente) sobre la parte dispositiva de un suplico limitado a obtener una sentencia favorable que "declare la nulidad del despido".

Invoca el recurrente (en primer lugar) la infracción del artículo 124.13 de la LRJS pues aun no discutiendo "que los trabajadores afectados por un despido colectivo pueden impugnar individualmente su despido con carácter inmediato y sin esperar la resolución de la impugnación por la vía del artículo 124...del despido colectivo ...(ello) no desvirtúa que (su apartado 13.b.1ª) les reconoce el derecho a un plazo superior a contar a partir del momento en que la resolución del procedimiento colectivo ha adquirido firmeza".

Según la norma que se cita como infringida ( artículo 124.13 LRJS) "El trabajador individualmente afectado por el despido podrá impugnar el mismo a través del procedimiento previsto en los artículos 120 a 123 de esta ley , con las especialidades que a continuación se señalan.

a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores, serán de aplicación al proceso individual de despido las siguientes reglas específicas:

1.ª El plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores"

Se refiere su apartado b) al caso en que el despido colectivo haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores de ese mismo artículo 124 , que en su apartado 6 establece respecto del plazo para la impugnación al mandatar que "La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de veinte días desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo".

Se remite la sentencia de la Sala de 2 de diciembre de 2022 a su pronunciamiento (firme de 27 de octubre de 2021 (RS 2377/21) respecto de un supuesto en el que se había apreciado "caducidad en la acción de despido individual derivada de un despido colectivo que terminó con acuerdo"; sentencia desestimó "el recurso de la empresa (que alegaba) caducidad en el ejercicio de la acción por parte del trabajador porque debía computarse desde la fecha de la comunicación por parte de la empresa al trabajador de la extinción de su contrato y (éste) se produce con posterioridad al acuerdo con que finaliza el periodo de consultas".

Advertía la resolución que se cita de este Tribunal Superior que "en el supuesto de la impugnación individual del despido colectivo por el trabajador afectado, cuando dicho despido no ha sido impugnado por los representantes de los trabajadores, el plazo de caducidad de 20 días para ejercitar la acción se inicia, una vez transcurrido el plazo de 20 días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores que se inicia desde el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas, en el caso de haberlo"; destacando, así, "la doble posibilidad que existe en cuanto a la impugnación del despido colectivo, por parte de los representantes de los trabajadores a nivel colectivo, y por parte del trabajador afectado, de forma individual, que debe armonizarse para que no se interfieran, en cuanto al plazo de caducidad previsto para ejercitar la acción". Razón por la cual (avanza la Sala en su razonada respuesta a la cuestión que se le planteaba) "el plazo de caducidad de los 20 días, para ejercitar la acción por el trabajador afectado por el despido colectivo, debe iniciarse desde la finalización del plazo de veinte días que tienen los representantes de los trabajadores para impugnar el despido colectivo, en el supuesto de que la notificación de la extinción del contrato al trabajador afectado, se produzca de forma simultánea a la adopción del Acuerdo en el periodo de consultas ; pero ... en el supuesto de que la notificación de la extinción de forma individual al trabajador afectado, se produzca con posterioridad, ha de iniciarse el cómputo del plazo de caducidad desde la notificación al trabajador; y ello, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.969 del Código Civil ya que aun cuando se tramite una expediente de despido colectivo, el trabajador no puede tener conocimiento de si, finalmente, es afectado por el mismo, hasta que la empresa no le notifica la extinción de su contrato de trabajo".

TERCERO.- Precisando el alcance cronológico-objetivo de la norma cuya infracción se denuncia dispone ésta, en efecto, que "El trabajador individualmente afectado por el despido podrá impugnar el mismo a través del procedimiento previsto en los arts. 120 a 123 de esta ley, con las especialidades que a continuación se señalan.

a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores, serán de aplicación al proceso individual de despido las siguientes reglas específicas :

1ª El plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores.

b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores de este artículo, serán de aplicación las siguientes reglas: 1ª El plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliación judicial... ".

En principio cabría destacar (como lo hace la reciente STS de 19 de octubre de 2023) que no resulta "dudoso que si, tras la STJUE 11 noviembre 2020, el arranque del plazo de caducidad ha de interpretarse (en los rigurosos a que alude el Alto Tribunal), con mayor razón es así en el caso de que la acción entablada sea de carácter colectivo"; aludiendo, en este sentido, a "la (innegable) preferencia legislativa para que las eventuales conductas contrarias al ordenamiento en materia de despidos colectivos se canalicen a través del cauce delineado en el artículo 124 LRJS ...". Se recuerda, a este respecto, "que la presentación de la demanda por el empresario suspenderá el plazo de caducidad de la acción individual del despido ( art. 124.3 LRJS); que el plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores si estos no han reclamado ( art. 124.13.a.1ª LRJS); o que el plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliación judicial ( art. 124,13.b.1ª LRJS).

Desde una interpretación acorde con esta jurisprudencial hermenéutica pudiera, también, considerarse que hasta la notificación de la sentencia firme de despido colectivo (de 2 de diciembre de 2021) no se iniciaría el dies a quo para el cómputo de los 20 días que la norma confiere al trabajador para la impugnación individual de su despido. Y siendo así que tampoco se cuestiona que desde la fecha en que aquélla le fue notificada no habría transcurrido el término para el ejercicio de la acción deducida en su demanda de 25 de enero de 2022, no cabría considerar la extemporaneidad de la misma.

La cuestión radica, sin embargo, en dilucidar si (en definitiva) esta cronológica circunstancia puede verse afectada por la causa (jurídica) que determina el (desfavorable) pronunciamiento desestimatorio del despido colectivo; esto es, si el hecho de haberse apreciado (en este caso por el Tribunal Supremo) la caducidad del despido colectivo arrastra la suerte del individual.

Pudiera inicialmente entenderse que el (general) efecto interruptivo (de la caducidad) del despido colectivo (sobre el ejercicio de la acción impugnatoria individual) no puede verse condicionada a que se haya apreciado dicha extemporaneidad en el ejercicio de aquélla pues el legislador sólo la supedita (desde la literalidad de los términos en que se expresa) a que " haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores..." . Y siendo ello así, podría entenderse que el elemento de regularidad cronológica a que alude el cuarto de los que anteceden no se erige como definitorio de dicho procedimiento cuando el propio Tribunal (Supremo) no vincula su juicio de extemporaneidad propiamente a una infracción procedimental, limitándose (en el cuarto de sus fundamentos) a destacar que "la demanda...se presentó...cuando ya habían transcurrido veintiséis días hábiles superando con creces el plazo de caducidad para la impugnación del despido colectivo".

Ello no obstante, el análisis de dicho precepto no puede desvincularse del contexto en que se manifiesta, sobre una institución afectante al orden público (y, como tal, apreciable de oficio por los Tribunales); no revelándose acorde a su propia naturaleza y finalidad el que pueda rehabilitarse el lapsus de caducidad individual ya consumido (de 20 dias a computar desde la data en la que recibe la comunicación de tal clase con efectos del 17 de julio de 2020 -hp 2º-) por razón de una acción colectiva que deviene inefectiva en sus jurídicas consecuencias por causa de su propia extemporaneidad.

En similar sentido al ahora adoptado se pronuncia la STSJ de Navarra de 17 de noviembre de 2022 cuando considera que la acción individual ha caducado en la medida en que la acción colectiva se presentó en el momento en que el particular plazo de caducidad afectante al actor se había consumado (pues si bien) la presentación de la demanda colectiva opera el efecto suspensivo de las acciones individuales y se mantiene hasta la definitiva firmeza de la sentencia que la resuelve ... para ello es preciso que el plazo de caducidad de la acción de despido individual no haya caducado pues de lo contrario la acción colectiva nada puede suspender....". Criterio que esencialmente mantiene la Sala de Castilla/León (Valladolid) de 25 de octubre de 2021 en su respuesta a una "acción individual interpuesta ... dentro de los plazos a computar como dies a quo por haberse ejercitado la acción colectiva".

CUARTO.- Aun en el negado supuesto de considerar no caducada la acción de la que trae causa el procedimiento en curso, la declaración de nulidad que se sugiere como vinculada a la indebida apreciación judicial de dicha excepción no tendría otro efecto bien de retrotraer lo actuado al momento de dictarse el censurado pronunciamiento de instancia o decidir sobre el fondo de la cuestión debatida de darse los presupuestos fácticos exigibles a tal fin (ex art. 215 LRJS). Y es, en este sentido, en el que cabe apreciar la inefectividad jurídico-procesal de un (eventual) defecto que, en cualquier caso, quedaría vacío de contenido en su formulación al suplicarse por la parte una declaración de "nulidad del despido" de la que expresamente desistió en el acto de la vista "así como de la accesoria indemnización por vulneración de derechos fundamentales" -Ah segundo de la sentencia recurrida-; lo que, de forma derivada, haría decaer también el tercero de los motivos del recurso dirigido a reiterar su "nulidad".

Tampoco podría apreciarse la sugerida improcedencia que la parte vincula a la "infracción del art. 2 del RDL 9/2020 y la jurisprudencia establecida por el Pleno del Tribunal Supremo...de 19 de octubre de 2022" pues sin perjuicio de lo razonado respecto de la extemporaneidad de la acción deducida es de advertir que fundamenta el Alto Tribunal su declaración de improcedencia no en una referencia normativa (inoperante per se a los efectos de aquella sugerida calificación) sino en el hecho de no haberse acreditado la causa alegada (causa económica que esta Sala había considerado concurrente en unos términos no cuestionados en trámite de recurso).

QUINTO.- Quedaría, así, pendiente de respuesta la imposición judicial de una multa por temeridad que la parte (por la errónea vía de la letra a del artículo 193 de la LRJS) cuestiona pues no es sino hasta la STS de 19 de octubre de 2022 que "se ha unificado la doctrina estableciendo que la extinción de contratos durante la vigencia del art. 2º del RDL 9/2020 no conduce a su nulidad pero sí a ser considerados sin causa y, por ello, no ajustados a derecho".

Retomando lo apuntado en la parte final del fundamento anterior el pronunciamiento que se cita del Alto Tribunal viene a reproducir lo resuelto en su sentencia de 22 de febrero de 2022 cuando reitera que "Respecto de las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP) relacionadas con la pandemia causada por el COVID, en el caso de que la empresa acredite que las causas son estructurales y no meramente coyunturales, la suspensión contractual no constituiría una medida idónea para afrontarlas y se podría realizar un despido colectivo ...en materia de despidos asociados a causas originadas por la COVID-19 venimos entendiendo que si el problema es estructural resulta posible proceder a la terminación del contrato de trabajo (lo que comporta su calificación como procedente, ajustado a Derecho)"; no considerando "suficiente que se desconozca la regla del artículo 2º del RDL 9/2020 para declarar la nulidad, sino que hemos examinado circunstanciadamente si concurre la afirmada vulneración de derechos fundamentales".

No es cierta por tanto la premisa de la que parte la recurrente para contradecir la justificación de la multa por temeridad que se le impone ante el "ejercicio de una acción judicial...basada en la pretendida vulneración de derechos fundamentales ya descartada por la vía judicial, provocando con ello la tramitación preferente del proceso y la intervención del Ministerio Fiscal". Regularidad en su imposición que, en cualquier caso, debemos examinar desde las pautas de enjuiciamiento asociadas a la normativa sobre la que se sustenta la recurrida decisión judicial ( artículos 66.3, 75.4 y 97.3 de la LRJS).

Según dispone este último precepto "La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros.

La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de dicho pronunciamiento una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el secretario judicial, sin causa justificada, se aplicarán por el juez o tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66".

Establece, por su parte, el también invocado artículo 75.4 del mismo Texto Legal que Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa.

De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas".

En interpretación de ambas normas (procesales) se remite la sentencia de la Sala de 22 de marzo de 2023 a los pronunciamientos que cita del Alto tribunal de 13 de abril de 1992, y 5 de mayo de 1995, advirtiendo sobre "la posibilidad, de que el Juzgador, en cualquiera de sus grados, pueda apreciar la mala fe o temeridad notoria de alguno de los litigantes [...]"; para lo que se requiere que concurran los siguientes presupuestos:

a) Objetivo: ha de existir un litigante vencido, que es a quién puede imponerse la sanción,

b) Subjetivo: ha de concurrir en el litigante vencido una de estas dos circunstancias: 1. Mala fe: que significa mantener pretensiones o resistencias injustas con conocimiento de su injusticia ; 2. Temeridad: que supone pretender o resistirse sin causa alguna que lo justifique, si bien esa actividad ha de ser notoria, es decir, evidente o manifiesta, y ha de resultar probada,

c) Procesal: la sanción ha de imponerse motivadamente,

d) Cuantía: se establece la cuantía máxima de 600 euros"

En relación al requisito subjetivo (de singular incidencia en el caso debatido) se ha confirmado dicha sanción por la conducta procesal seguida por la parte ""sin el más mínimo intento de demostrar" ( STS de 10 de diciembre de 1996); ante una "completa falta de fundamento y acudiendo a argumentos que nada tienen que ver" ( STS de 14 de marzo de 1996), cuando incurra en "fraude procesal" ( STS de 27 de septiembre de 1993); recurriendo "sin la más mínima base" ( STS de 24 de marzo de 1993); por reiterar un "problema que ya fue estudiado y resuelto ( STS de 20 de septiembre de 1990). Facultad de sancionar por temeridad que, en cualquier caso, y como advierte la sentencia que se cita de la Sala con cita de la de 28 de enero de 2000 "ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, pudiendo imponerse ... sólo en los casos en que un litigante obra con mala fe o notoria temeridad, actuación que ha de deducirse inequívocamente de la conducta de la parte, la mala fe se refiere a la consciencia de la parte sobre la falta de consistencia jurídica de su pretensión, y la temeridad a la ausencia inexcusable de la diligencia más elemental".

Estas (rigurosas) circunstancias, a diferencia de las observadas por la Sala en aquel inicial pronunciamiento, no pueden considerarse concurrentes en el supuesto ahora examinado atendida la controversia suscitada en la interpretación de las distintas normas en conflicto y porque, en definitiva, su imposición debe ser siempre ponderada por los Tribunales a los efectos de no menoscabar el fundamental derecho de defensa. Lo que nos lleva a estimar, a estos solos efectos, el recurso formulado de contrario.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.