Sentencia Social Nº 957/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6583/2015 de 14 de Febrero de 2016

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  • Tribunal: TSJ Cataluña
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  • Núm. Sentencia: 957/2016
  • Núm. Recurso: 6583/2015
  • Núm. Cendoj: 08019340012016101096

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2013 - 8011215

CR

Recurso de Suplicación: 6583/2015

ILMO. SR. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA

ILMA. SRA. M. MAR GAN BUSTO

ILMO. SR. LUIS REVILLA PÉREZ

En Barcelona a 15 de febrero de 2016

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 957/2016

En el recurso de suplicación interpuesto por Gregorio frente a la Sentencia del Juzgado Social 11 Barcelona de fecha 4 de mayo de 2015 dictada en el procedimiento Demandas nº 239/2013 y siendo recurrido/a Fondo de Garantia Salarial. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 7 de marzo de 2013 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre FOGASA, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 4 de mayo de 2015 que contenía el siguiente Fallo:

'Desestimo la demanda promovida por Gregorio contra el Fondo de Garantía Salarial, absolviendo al susodicho demandado de las pretensiones objeto de la misma. '

SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

'1. Mediante sentencia dictada por este mismo Juzgado el 30 de junio de 2010 , en reclamación por despido, se condenó al empresario demandado por despido improcedente del trabajador aquí también demandante, recayendo auto de aclaración el 21 de julio de 2010, modificando la cuantía de la indemnización por despido. Se solicitó el pago de prestaciones al Fogasa, que reconoció como salarios dejados de percibir la cantidad de 4.543,26 euros, correspondientes al periodo desde el despido hasta la notificación de la sentencia con los límites legales. En el supuesto de calcularse hasta el auto de aclaración, se generarían unas diferencias en este concepto de 1.505,82 euros.

2. Por sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social 20 el 29 de julio de 2011, se condenó a la misma empresa al pago de cantidad, entre otras una partida de 2.432,24 euros de un mes de salarios por falta de preaviso. Se solicitaron las prestaciones al Fogasa, que reconoció el resto del crédito, con los límites legales, pero no el correspondiente a estos salarios del preaviso. '

TERCERO.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado no impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.


Fundamentos

PRIMERO.-Formula el recurrente, D. Gregorio , al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dos motivos encaminados a examinar la posible infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia. En el primero de ellos denuncia la infracción de los artículos 56.2 , 53.1 , 33.1 y 33.2 del Estatuto de los Trabajadores , así como la jurisprudencia que cita, por entender que el salario por falta de preaviso que reclama tiene carácter salarial y el Fondo de Garantía Salarial debe abonarlo.

El artículo 33.2 del ET , al regular las garantías del salario, señala que el Fondo de Garantía Salarial abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario, añadiendo el apartado 2 que en estos casos abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 , 51 y 52 de esta ley y de extinción de contratos conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal , así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos en que legalmente procedan.

El Tribunal Supremo en sentencia de 2 de febrero de 2010 en relación al preaviso ha dicho lo siguiente:

'De lo señalado en los anteriores preceptos no se desprende en forma alguna que la garantía pública aseguradora se extienda también al preaviso litigioso, en el ámbito indemnizatorio ex art. 33.2 ET , por lo que el juzgador no puede extender, en el ámbito de interpretación, so pena de invadir la competencia correspondiente al legislador, la garantía pretendida a un supuesto no contemplado expresamente por la Ley. De otra parte, son argumentos para llegar a semejante conclusión los siguientes: 1) El art. 53 ET , bajo la rúbrica 'Forma y efecto de la extinción por causas objetivas', distingue entre los efectos de la extinción (apartado b) 'Poner a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización por veinte días de año de servicio' y (apartado c) 'La concesión de un plazo de preaviso de 30 días'. Se distingue pues, claramente, lo que es la indemnización y lo que es un concepto diferenciado de preaviso, cuya naturaleza no se define pero, que en todo caso tendría un carácter más próximo al salarial, y prueba de ello es que en caso de revocación de la sentencia extintiva de la relación laboral el trabajador tendría que devolver la indemnización, pero no la cantidad que hubiera podido percibir por el preaviso, según establece el art. 123.2 de la Ley de Procedimiento Laboral , al prescribir que 'Cuando se declara improcedente o nula la decisión extintiva se condenará al empresario en los términos previstos para el despido disciplinario, sin que los salarios de tramitación puedan deducirse de los correspondientes al periodo de preaviso'. 2) También, desde un punto de vista de interpretación sistemática el propio artículo 33.8 ET establece que 'El Fondo de Garantía Salarial abonará el 40% de la indemnización legal que corresponda a los trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido como consecuencia del expediente instruido en aplicación del art. 51 de esta Ley o por la causa prevista en el párrafo c) del artículo 52, o conforme al art. 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio , Concursal '. Resulta claro, también en este precepto, que la referencia a la garantía aseguradora se hace en relación a la indemnización legal, a la que se refiere el art. 33.2 ET , que no comprende, como antes se ha dicho, y ahora se repite cantidad alguna por el concepto de preaviso.

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2010 '.

Por consiguiente, este primer motivo debe ser desestimado.

SEGUNDO.-En el segundo motivo de censura jurídica denuncia la infracción del artículo 56.1.b) del ET , así como determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya que, a su juicio, los salarios de tramitación a los que tiene derecho son los devengados, no hasta la fecha de la sentencia que declaró su despido improcedente, sino hasta la del posterior auto que la aclaró, pues es en este momento cuando la sentencia despliega sus efectos.

Dicha cuestión ha sido también resuelta por el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de noviembre de 2010 , en un supuesto en el que se discutía era si la obligación de pagar salarios de tramitación, en el caso de que la sentencia que los establece haya sido objeto de aclaración, se extiende hasta la fecha de la notificación de la sentencia o hasta la de la notificación del auto que resuelve la aclaración, inclinándose el Tribunal Supremo por esta segunda opción con base en los siguientes razonamientos:

'La cuestión que se nos plantea debe resolverse optando bien por una interpretación literal del artículo 56.1.b) que dice 'hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia' o bien por una interpretación sistemática, para determinar el lugar que, jurídicamente hablando, corresponde asignar al Auto de aclaración de la sentencia, y teleológica, que atienda a la finalidad de la norma interpretada.

Es obvio que, en una interpretación literal, la sentencia de contraste -y por ende el recurso- acertaría al afirmar, con carácter general y sin dar opción a excepción alguna, que la aclaración de una sentencia 'no puede dar lugar a una ampliación de los salarios de tramitación'. Por el contrario, una interpretación sistemática sobre el valor jurídico del Auto aclaratorio, como la que hace la sentencia recurrida es, a juicio de esta Sala, preferible. En efecto, el Auto de aclaración de una sentencia no es más que una prolongación de la misma, la subsanación de una omisión o de un defecto de expresión o de un error material, y por ello forma unidad indisoluble con la sentencia que aclara, la cual no puede considerarse, en puridad, correctamente emitida hasta que dicha aclaración ha sido satisfecha. Por ello la regla general debe ser precisamente la que contiene la sentencia recurrida, a saber, que los salarios de tramitación deben extenderse hasta la notificación del Auto aclaratorio de la sentencia. Y ello puede ocurrir incluso si la aclaración es denegada, siempre que no se haya demandado la misma con voluntad dilatoria, es decir, que no concurra un fraude procesal, lo que constituiría una justificada excepción, entre otras posibles, a la citada regla general. Acierta, pues, la sentencia recurrida cuando, refiriéndose a preceptos de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil que encuentran su trasunto en la vigente (Ley 7 de enero de 2000), afirma:

'En el presente caso, por lo que respecta a si concurre o no el supuesto determinante del nacimiento de la obligación del Estado de abonar los salarios reclamados, se ha de responder afirmativamente en cuanto que la fecha final que debe ser considerada es la del auto de aclaración y no la data de la sentencia. Téngase presente que tal y como señalaba el Auto del Tribunal Supremo de 7.1.2000 el artículo 407 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que 'en los casos en que se pida aclaración de una sentencia conforme a lo prevenido en el art. 363, el término para interponer el recurso que proceda contra la misma Sentencia se contará desde la notificación del auto en que se haga o deniegue la aclaración'. Y dicho auto, además, se hacía eco de la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 32/1996 cuando decía: '...el Auto de aclaración -o rectificación- que se regula en el art. 267 LOPJ está llamado a integrarse en la resolución originaria con la que se viene a formar un todo, hasta el punto de que los plazos para recurrirla se computan precisamente desde la notificación del Auto de aclaración - y hoy de rectificación- ( art. 407 LECiv ). La doctrina constitucional viene destacando, en esta línea, la naturaleza 'puramente accesoria' del Auto de aclaración ( STC 142/1992 )...' (en la misma línea, las SSTC 38/1990 , 73/1991 y 31/1992 .

La misma sentencia señala más adelante que 'Dicha interpretación sistemática se refuerza con la teleológica. Los llamados salarios de tramitación no son sino una indemnización complementaria que compensa la pérdida de ganancia del trabajador injustamente despedido hasta que el mismo es readmitido o recibe la indemnización principal y por ello solamente se disminuyen, o se suspenden, cuando el trabajador encuentra un puesto de trabajo distinto o cuando empieza a cobrar la prestación de desempleo. Sin embargo, para evitar un alargamiento excesivo en los casos de insolvencia o de desaparición del empresario, el legislador ha fijado como fecha final para el cobro de esos salarios de tramitación no la de la efectiva readmisión o indemnización sino la de la notificación de la sentencia; pero esa determinación legal no tenía el propósito de distinguir entre notificación de la sentencia y notificación del auto aclaratorio de la misma que, en puridad, debe formar parte inescindible de ella a todos los efectos'.

En el hecho probado primero de la sentencia recurrida se consigna que, mediante sentencia dictada por el Juzgado el 30 de junio de 2010 en reclamación por despido, se condenó al empresario demandado por despido improcedente del trabajador demandante, recayendo auto de aclaración el 21 de julio de 2010 modificando la cuantía de la indemnización por despido. Se solicitó el pago de prestaciones al Fogasa, que reconoció como salarios dejados de percibir la cantidad de 4.543'26 euros, correspondientes al periodo desde el despido hasta la notificación de la sentencia con los límites legales y que en el supuesto de calcularse hasta el auto de aclaración, se generarían unas diferencias en este concepto de 1.505'82 euros.

Es por ello que el recurso, en aplicación de la anterior doctrina del Tribunal Supremo, debe ser parcialmente estimado por la citada cantidad.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto por D. Gregorio contra la sentencia de 4 de mayo de 2015 dictada por el Juzgado Social nº 11 de Barcelona en los autos nº 239/2013, seguidos a instancia de dicho recurrente contra el Fondo de Garantía Salarial, la cual debemos revocar, y con estimación parcial de la demanda interpuesta por D. Gregorio , debemos condenar al Fondo de Garantía Salarial a que le abone la cantidad de 1.505'82 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia se devolverán los autos al Juzgado de instancia para su debida ejecución.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días siguientes a la notificación mediante escrito con la firma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Asímismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , depositará al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, Oficina núm. 6763, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, cuenta Nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , con las exclusiones indicadas en el párrafo anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER (oficina indicada en el párrafo anterior), cuenta Nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá acreditar que lo ha efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Podrá sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento de la condena por aval solidario emitido por una entidad de crédito dicho aval deberá ser de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento.

Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos:

La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del 'ordenante' se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el NIF o CIF de la misma. Como 'beneficiario' deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA. Finalmente, en el campo 'observaciones o concepto de la transferencia' se introducirán los 16 dígitos indicados en los párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.


Fondo de Garantía Salarial
Salarios de tramitación
Notificación de la sentencia
Ausencia de preaviso
Garantías salariales
Salarios adeudados
Acto de conciliación
Contrato de trabajo de duración determinada
Despido por causas objetivas
Despido disciplinario
Despido improcedente
Error material
Voluntad
Indemnización complementaria
Prestación por desempleo
Prestaciones del FOGASA
Cuantía de la indemnización
Indemnización por despido
Impago de salario