Sentencia Social 3477/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 2405/2023 de 19 de diciembre del 2023

PRIMERO.- 1. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Alicante desestimó la demanda de despido presentada don Torcuato contra la empresa Turbo Alicante, S.L., por considerar que cuando se presentó la papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) había transcurrido con creces el plazo de veinte días hábiles para el ejercicio de la acción impugnatoria del despido.

2. Frente a este pronunciamiento judicial se ha interpuesto recurso de suplicación por el letrado designado por don Torcuato que está estructurado en dos motivos.

SEGUNDO.- 1. Aunque el primer motivo se dice que está redactado al amparo procesal del artículo 193 b) Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), es lo cierto que debe ser

rechazado de plano porque no cumple las mínimas formalidades exigidas por la jurisprudencia para que se pueda proceder a la modificación de los hechos que la sentencia de instancia declara probados.

Como ha señalado la jurisprudencia de modo reiterado -por todas se pueden citar las SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec 158/2010), 23 septiembre 2014 (rec. 66/2014) o 4 de julio de 2017 (rec. 200/2016), que recogen pronunciamientos anteriores:

"el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única -que no grado-, lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud - art. 97.2 LPL (referencia que se debe entender hecha al vigente art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia (...), por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar un nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación (en este caso suplicación) sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. recientes, SSTS 11/11/09 -rco 38/08; 13/07/10 -rco 17/09; y 21/10/10 -rco 198/09)".

De modo que "la revisión de hechos probados exige los siguientes requisitos: 1º.- Que se indiquen qué hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis. 2º.- Que se citen concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara. 3º.- Que se precisen los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento; y 4º.- Que tal variación tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia (entre las últimas, SSTS 17/01/11 -rco 75/10-; 18/01/11 -rco 98/09-; y 20/01/11 -rco 93/10-). E insistiendo en la segunda de las exigencias se mantiene que los documentos sobre los que el recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión fáctica deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas, hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (así, SSTS 22/05/06 -rco 79/05; y 20/06/06 -rco 189/04)".

2. En el supuesto que ahora enjuiciamos, no se solicita la modificación, adición o supresión de ningún hecho probado, sino que el recurrente, sin cuestionar el relato de

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hechos probados de la sentencia, interesa que se realice una "aplicación razonable" de la normativa que regula el plazo de caducidad de la acción de despido, en atención a que en el momento en que se le comunicó el cese se encontraba en incapacidad temporal recibiendo tratamiento por quimioterapia.

Este motivo del recurso incumple las exigencias establecidas en los artículos 193 b) y 196.3 LRJS para la revisión de los hechos probados de la sentencia, pero es que además, el planteamiento que se realiza tampoco es admisible, pues es evidente que cuando se presentó la papeleta de conciliación ante el SMAC había transcurrido sobradamente el plazo de caducidad de la acción para impugnar el despido establecido en el artículo 103.1 LRJS que dispone lo siguiente: "El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se hubiera producido".

La determinación del día inicial -"dies a quo"- del cómputo de ese plazo de veinte días de caducidad no ofrece problemas cuando, como ocurre en este caso, la empresa comunica de forma clara y terminante su decisión de dar por concluida la relación de trabajo. Como ha señalado la jurisprudencia, la caducidad es una medida excepcional del ordenamiento que, para proteger el interés derivado de la pronta estabilidad y certidumbre de situaciones jurídicas pendientes de modificación, impone la decadencia de determinados derechos o facultades por el mero transcurso del tiempo. Y aunque es cierto que no puede ser objeto de interpretaciones extensivas que pudieran perjudicar injustificadamente el derecho a la tutela judicial efectiva (ex art. 24 CE), también lo es que los plazos de caducidad de las acciones solo pueden suspenderse en los casos específicamente establecidos por el legislador. Y la enfermedad del trabajador no se contempla en nuestra legislación como una de las causas suspensivas de la caducidad, máxime en supuestos como este en el que no consta que tal circunstancia le impidiera al trabajador otorgar poderes de representación, atribuir su defensa a un letrado o graduado social o solicitar la designación de un abogado del turno de oficio.

3. Se invoca por el recurrente la " STS 229/2022", pero a falta de otros datos -como el número de recurso o la Sala del Alto Tribunal que la dictó- es lo cierto que la sentencia 229/2022 de la Sala IV del Tribunal Supremo es la dictada el 15 de marzo de 2022 en el recurso 1816/2019, en la que se resuelve una cuestión que nada tiene que ver con la que se plantea en este procedimiento, pues como se dice en su fundamento de derecho primero, se trataba de "determinar quién es el titular del derecho de opción en un supuesto de despido improcedente sobre una trabajadora que se presentó en una lista a las elecciones al Comité de Empresa, no saliendo elegida, pero quedando como primera suplente, cuando uno de los miembros de su lista cesó como miembro del mencionado comité, a petición propia, tras haber sido nombrado

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delegado sindical."

TERCERO.- 1. El recurso cuenta con un segundo motivo en el que se denuncia la infracción del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores en relación con los artículos 4 y 26 de la Ley 15/2022, en el que se viene a solicitar que se declare la nulidad del despido del demandante al haberse producido estando de baja médica.

2. Dado que como hemos razonado en el fundamento jurídico anterior, el Juzgado de lo Social estimó correctamente que cuando se presentó la demanda la acción de despido había caducado, es obvio que ya no podemos entrar a examinar las posibles consecuencias del acto extintivo, por lo que procede desestimar íntegramente el recurso.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 LRJS en relación con el artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede la imposición de costas al gozar el recurrente del beneficio de justicia gratuita.