Sentencia Social 3598/2022 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 2219/2022 de 24 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Recurre en suplicación la representación letrada de la actora, la sentencia que ha desestimado su demanda de despido, convalidando la resolución del Consejo Rector de la Cooperativa Valenciana demandada (CONSUM) que decreta su expulsión.

El recuso, que impugna la Cooperativa, se estructura en dos motivos. En el primero, por el apartado b) del art. 193 de la LRJS, propone la modificación de los hechos tercero, cuarto y sexto.

El hecho tercero de la sentencia dice que "En fecha 6-11-2020, habiéndose reincorporado la actora a su puesto de trabajo, el Servicio de Prevención ajeno de la demandada, Valora prevención, efectuó le efectuó un examen de salud específico de Retorno al trabajo, con resultado de Apta con limitaciones para el desempeño de su puesto de trabajo de preparador de pedidos( puesto principal) con las siguientes restricciones: Restricción a manejo manual de cargas de más de 15Kg. Restricción temporal, nueva valoración en 3 meses ( Febr-21)". Con la alegación de que el hecho combatido está incompleto , y apoyo en el correo aportado junto con la demanda como documento n.º 16 propone que se le añada el siguiente texto: ""(...) de lo anterior se acredita de la realidad y constancia de la dolencia de la trabajadora y de una obligación de la empresa de controlar en los próximos meses (3 meses, hasta febrero 2020) para que la trabajadora no sufriera nuevamente la misma dolencia cervical. No consta acreditado la realización por la empresa de ninguna actuación para evitar que nuevamente la trabajadora se sobrecargara ni cogiera más peso del recomendado en su puesto de trabajo.

Sensu contrario, si consta acreditado por la actora, no obstante las restricciones contempladas en el Informe Valora, que la empresa no cumplió con las prevenciones o restricciones contempladas, siendo que como consta en los informes médicos, como el de fecha de 13 de diciembre de 2020, ya existe constancia de que la trabajadora a escasos días de incorporarse de su baja de larga duración, comienza nuevamente a estar aquejada de dolores cervicales, tal y como se acredita por la parte actora tanto en los informes médicos aportados en demanda como aportados al acto del juicio. Asimismo, consta por mail enviado por la trabajadora a la empresa en fecha de 31 de diciembre de 2020, que dispone y solicita y ruega al Sr. Matías que "le facilitasen el correo del responsable de Departamento de RRHH, así como del Servicio de Prevención para realizar las comunicaciones pertinentes en relación con su estado de salud, ya que, si le denegasen la recaída, deberían recolocarle o adaptar su puesto de trabajo a sus limitaciones. De esto ninguna contestación se recibió por la empresa, siendo lo siguiente la recepción del pliego de cargos de 7 de enero de 2021."

No podemos acoger esta modificación por ampliación de hecho combatido, por estar repleta de deducciones que no están avaladas por prueba alguna pretendiendo la parte sustituir la valoración judicial de la prueba por la propia.

A continuación la recurrente impugna el hecho sexto, que también tacha de incompleto proponiendo un nuevo texto con deducciones y referencias que alego al MAP el 13-12-2020 mencionando el informe de 18-12-2020 por seguimiento de la cervicalgia y persistencia del dolor, insistiendo en que la causa de su falta de incorporación al trabajo se ha debido a que la nueva baja o la recaída debía ser declarada por el INSS, y haciendo deducciones sobre la intrascendencia de que no impugnara el alta medica o del resultado del procedimiento tramitado en el Juzgado n.º 17 de Valencia. El texto literal consta en el escrito de formalización del recuso y aquí lo vamos a dar por reproducido. Tampoco merece ser acogida la revisión de este hecho cuarto por no estar respaldada por prueba alguna, y por que no hay error en que hubiera incurrido la magistrada de la instancia en el hecho combatido volviendo a tratar la actora de imponer su propia valoración de la prueba.

Por último, propone la recurrente que se añada al hecho sexto nuevas deducciones sobre el conocimiento que tenía la empresa de su situación, o sobre la mala fe de la empresa por haber contribuido a la expulsión de la demandante de la Cooperativa, deducciones que extrae de los mails que se enviaron entre la actora y su compañero que ya refiere la sentencia, y que, por tanto, son datos innecesarios por reiterativos, sin que corresponda a la actora valorar la prueba imponiendo su propia versión de los hechos sobre la judicial más objetiva e imparcial, valoraciones que al no ser hechos deben ocupar otro lugar, y sobre todo porque no se acredita error en los hechos probados que deba ser corregido.

La sentencia recurrida realiza un pormenorizado relato de lo acontecido, trascribiendo las comunicaciones entre las partes y con los médicos a los que acudió la demandante en el periodo a que se contrae la falta imputada de inasistencias al trabajo no justificadas, así como otras incidencias que tienen que ver con la situación a valorar, con detalle bastante para valorar si concurre la falta imputada, de modo que se va a partir de los datos que considera acreditados la sentencia recurrida y que no se han conseguido modificar con la introducción de valoraciones de parte siempre subjetivas.

SEGUNDO.- En censura jurídica, por la letra c) del art. 193 de la LRJS, en relación con la falta muy grave que se le ha aplicado a la trabajadora demandante prevista en el art. 20.I.C de los Estatutos Sociales "faltar mas de un día al trabajo durante el periodo de un mes, sin causa justificada o la debida autorización...". Sostiene el recurso que:

A) hay falta de tipicidad porque:

1-.Si existió justificación, argumentando que otra cosa es que la justificación no fuera la que considerara adecuada la empresa que requería parte de baja, ya que se acreditó la existencia de dolor cervical conocido por la empresa antes del 18- 12-2020.

2.- Hubo error en la calificación de la infracción, porque a juicio de la recurrente desde el momento en que la actora estaba esperando que el INSS extendiera la baja por recaída se debió aplicar la falta grave del art. 20 I B) "no entregar el correspondiente parte de baja o confirmación por IT o maternidad dentro de los cinco días siguientes a producirse el hecho causante de la misma, salvo causas de fuerza mayor.".

3.- Infracción del límite temporal referido al mes, cuando desde el 18-12-2020 al 7-1 2021, periodo imputado de faltas al trabajo no ha transcurrido el mes.

4.- Falta la acreditación del supuesto perjuicio irrogado a la empresa, por no haberse acreditado la alegación empresarial "Ocasionar su conducta un grave perjuicio tanto para la Cooperativa como para el resto de sus compañeros, quienes durante sus ausencias se ven obligados a cubrirles sus funciones".

Además alega el recurso

B) Indefensión por falta de claridad y precisión en el pliego de cargos.

C) Falta de proporcionalidad en la imposición de la sanción

D) Falta de culpabilidad de la trabajadora, porque solicitó la adaptación de su puesto de trabajo y la petición de vacaciones que no fueron atendidas por la empresa, que no ayudo a minimizar los riesgos.

TERCERO.- Planteado el recurso en los términos expuestos desde ahora se anticipa que no puede prosperar.

Los hechos probados de la sentencia dan cuenta del supuesto a enjuiciar. Se trata de una socia trabajadora de la Cooperativa Valenciana demandada con antigüedad desde el día 13-12-2005, y categoría profesional de Preparadora, (preparar los pedidos que después se llevan a tienda), que tenía reducida su jornada laboral por cuidado de hijo menor de 12 años desde diciembre de 2013. En fecha 3-10-19 inició un proceso de incapacidad temporal por enfermedad común, con diagnóstico de lumbalgia, ciática y cervicalgia, del que fue dada de alta médica por resolución del INSS de 22-10-2020 con efectos de su notificación a la

actora, lo que tuvo lugar el día 26-10-2020. Alta médica que no fue impugnada. Ya se ha dicho como tras su incorporación al trabajo el Servicio de Prevención ajeno efectúa un reconocimiento y la declara Apta con restricciones (manejo manual de cargas de más de 15Kg. Restricción temporal.)

La sentencia refiere a continuación que el día 13-12-2020 la actora acude al MAP refiriendo dolor cervical y tras citas no presenciales 15 y 18 siguientes se le comunica que debe solicitar la baja del INSS, lo que efectúa ese mismo día 18, baja que le fue denegada por resolución de fecha de registro de salida de 7.1.2021 notificada a Consum por la Mutua UMIVALE en fecha 22-1-2021. Frente a la que la actora presentó demanda, que se turnó al Juzgado de lo Social nº 17 de Valencia, dando lugar a los autos 372/21, en los que en fecha 3-12-21 se dictó sentencia desestimatoria en la que consta que "En el momento de la valoración,refirió episodios recidivantes de cervicalgia con erradicación a la cabeza y al MSD con adormecimiento de mano derecha y mareos. Refirió analgesia con Enantyum 178 alternando con nolotil y por la noche Diazepam 2,5. No estaba pendiente de exploraciones complementarias ni de citaciones con especialistas. El estado general estaba preservado. CYO, no semiología vertiginosa aguda, con marcha autónoma estable y Romberg negativo. BA cervical > 50% referido como doloroso y balances musculo articulares EESS globamente preservados."No tenía tratamiento vigente en abucasis y ni constaba información a evolución clínica posterior al 13/12.(Informe de valoración médica de fecha 29 de diciembre de 2020) La demandante fue atendida por el CS DIRECCION002, de manera no presencial, los días 15 y 17 de diciembre de 2020, y 4 y 20 de enero de 2021. El día 21 de este último mes fue atendida de manera presencial, refiriendo dolor latero cervical D desde hacía 4 días con irradiación en forma de parestesia de MSD. En la exploración no se apreció bloqueo cervical ni limitación a la movilización del MSD. La demandante fue examinada por el médico forense Leopoldo, en fecha 03/1172021, el cual concluyó que no se objetivaban datos para suponer que no se debió dar el alta médica, y que en principio se le podía considerar apta para el trabajo.

También aparece en la sentencia que la actora acudió a consulta médica de su centro de trabajo en tres ocasiones, el 24-11- 2020, el 14-12-2020 y el 15-12-2020, efectuando referencias a su situación orientándosele para que acudiera a su CS si no estaba en condiciones de desempeñar su trabajo, y que el día 21-12-2020 remitió correo electrónico a D. Matías, su compañero responsable de turno en la empresa manifestándole lo siguiente: "Buenas tardes Matías, te comunico que estoy a espera de respuesta del tribunal médico!!! en lo que tenga respuesta te lo hago saber buenas tardes".

Hay un primer burofax remitido por la empresa a la trabajadora el 22-12-2020 que la

actora no recoge en el que se le dice que justifique su inasistencia desde el 18-12-2020 y otro el 28-12-2020 con parecido contenido mencionado el previo fax enviado para que lo recoja, así como otras comunicaciones en que la actora hace alegaciones sobre un latigazo sufrido en el trabajo que da lugar a que deba acudir al MAP el 13-12-2020 y que continúa esperando la baja del INSS.

A partir de ahí la empresa incoa dos expediente disciplinarios el primero el 7-1-2021 que anula por la suspensión del contrato concedida a la atora, ante su alegación de estar sufriendo violencia de género, que vuelve a reproducirse a partir de la reincorporación de la trabajadora tras la suspensión (9-7-21 solicitud de reingreso con efectos 21-1-2021, en la que se solicitaba disfrute de días pendientes de 12 a 16-1-2021). Y en concreto el 14-7-2021 se abre nuevo expediente disciplinario por faltas sin justificación al trabajo desde el 18-12- 2020, donde se relacionan los requerimientos efectuados concediéndole plazo para efectuar pliego de descargo que evacua el 27-7-2021.

Mediante escrito de fecha 5-8-2021(notificado el 10-8-21) la demandada comunicó a la actora resolución del Consejo Rector acordando CONFIRMAR la sanción de expulsión de la Cooperativa, por las imputaciones vertidas en el pliego de cargos, habiéndose producido una falta muy grave tipificada en el art. 20.1.CI de los Estatutos Sociales, por haberse ausentado la socia varios días de su puesto de trabajo, sin la autorización correspondiente y sin que las alegaciones presentadas desvirtuasen los hechos del expediente.

CUARTO.- Conviene comenzar recordando que el artículo 45.1 c) ET configura la incapacidad temporal como una de las causas de suspensión del contrato de trabajo que exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo, de modo que una vez producida el alta médica surge la obligación del trabajador de reincorporarse a su puesto de trabajo. En este sentido, el artículo 5.1, 3º del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, dispone que: "El alta médica extinguirá el proceso de incapacidad temporal del trabajador con efectos laborales del día siguiente al de su emisión, sin perjuicio de que el referido servicio público, en su caso, siga prestando al trabajador la asistencia sanitaria que considere conveniente. El alta médica determinará la obligación de que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que se produzcan sus efectos". Y el artículo 7.1, 3º de esa misma norma, impone al trabajador la obligación de entregar el parte de alta a la empresa dentro de las 24 horas siguientes a su expedición.

Asimismo, la jurisprudencia ha venido manteniendo de modo pacífico y reiterado, que

la eventual impugnación del alta médica por parte del trabajador no enerva, en principio, su obligación de reincorporarse a su puesto de trabajo. En las SSTS de 2 de marzo de 1992 (rcud.591/1991) y 22 de octubre de 1991, glosadas en la posterior STS de 7 de octubre de 2004 (rcud.4173/2003) se razona lo siguiente: "como establecen, de una parte y con carácter general, los artículos 45.1 y 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo art.45.1 art.101 (hoy artículos 56 y 57 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común art.56 art.57) y, de otra y en el ámbito del procedimiento de declaración de invalidez permanente, el artículo 9.2 del Real Decreto 2609/1982 de 24 de septiembre, los actos administrativos tienen una presunción de validez que hacen su cumplimiento necesario y directamente ejecutivo, por lo que, como ha destacado la doctrina científica, la declaración contenida en el acto que define una situación jurídica crea inmediatamente esa situación sin perjuicio de lo que pueda resultar de su revisión.

Esta eficacia inmediata del acto es una cualidad distinta de su firmeza y no se funda en ella. Su ámbito de aplicación es el de las prestaciones de seguridad social. Tiene, sin embargo, una proyección indirecta o refleja en el contrato de trabajo, porque el artículo 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, al enunciar el supuesto suspensivo que contempla, se remite a dos situaciones protegidas por la seguridad social y dentro de ésta ha de atribuirse el mismo alcance al acto que declara la iniciación de la situación protegida que al que establece su terminación por la concurrencia de una causa legal. El problema en materia laboral consiste en determinar si existe o no una situación de incapacidad temporal que impida la prestación de trabajo. Lo que ocurre es que el acto administrativo de la gestora, al extinguir la situación de incapacidad laboral transitoria, priva en principio de justificación a la incomparecencia al trabajo de la misma forma que la baja había otorgado inicialmente esa justificación.

El empresario puede, por tanto, deducir las consecuencias extintivas -disciplinarias o en orden a la concurrencia de un desistimiento- que derivan de esa falta de justificación y el trabajador, que ha de prevenir la eventual apreciación de un desistimiento -cuya concurrencia o no habrá de valorarse en cada caso- manifestando su voluntad de mantener la relación, debe también, si quiere conservar la suspensión, destruir los efectos reflejos de la resolución administrativa acreditando que, pese al alta médica o a la resolución del expediente de invalidez sin declaración de incapacidad permanente total o absoluta, subsiste una situación de incapacidad temporal que impide la reincorporación al trabajo."

Como dicen estas sentencias, el problema en materia laboral consiste en determinar si, pese al alta médica, existe una situación de incapacidad que impida la prestación de trabajo.

Y para ello, el trabajador debe destruir los efectos reflejos de la resolución administrativa de alta médica, "acreditando que, pese al alta médica (...) subsiste una situación de incapacidad temporal que impide la reincorporación al trabajo".

Pues bien la aplicación de esta doctrina al supuesto enjuiciado, lleva como se anticipaba a la desestimación del recurso. En efecto, tal y como razona la magistrada de la instancia "...la actora no justifica su incapacidad para el trabajo y resultan injustificadas sus faltas de asistencia al mismo en el periodo de 18-12-2020 hasta el 11-1-2021, fecha en que se le notificó el primer pliego de cargos"

Las cuestiones suscitadas en el recurso, que son reproducciones de las alegadas en la instancia, deben ser desestimadas. Consideramos acertado el criterio mantenido en la sentencia recurrida. Y así en relación con la tipicidad de la falta, el art. 20.1 C de los Estatutos Sociales de la Cooperativa, cuyo contenido ya se transcribió más arriba, relaciona la falta muy grave, sin exigencia de que se acrediten los perjuicios causados a la empresa, habiendo tenido lugar por la inasistencia al trabajo sin justificación en el periodo ya dicho que excede de un día en un periodo incluso inferior a un mes. Por lo demás no concurre la falta grave que permitiría aplicar una sanción menos gravosa que la expulsión porque no es que se haya incumplido el plazo de 5 días para entregar el parte de baja o confirmación sino que lo que ha ocurrido es que no hay parte de baja que pudiera justificar las ausencias. Tal y como razona la sentencia "el hecho de solicitar la actora baja médica por recaída no le eximía de su obligación de ir a trabajar hasta que se resolviera su solicitud afirmativamente, cosa que no ocurrió en este caso, dado que se le denegó. Además, ni los informes médicos aportados del Centro de Salud de 13. 15,17 y 18 de diciembre( hecho probado cuarto) , ni las consultas a la médica de empresa de los días 24-11- 2020,14 y 15-12-2020 (hecho probado sexto) justifican la inasistencia de la actora a su puesto de trabajo, pues en ninguno de ellos se le prescribe reposo, sino que recogen referencias de la actora, con pruebas objetivas normales. A tal efecto, basta con dar por reproducidos aquí los hechos probados de la sentencia de lo Social nº 17 de Valencia de fecha 3-12-21, que desestima la demanda por la que se impugna la resolución del INSS denegatoria de la baja médica ( hecho probado quinto) y su Fundamento de Derecho Cuarto en el que se concluye que la situación médica de la actora en diciembre de 2020 era la misma que cuando se le concedió el alta a finales de octubre de ese mismo año."

De los hechos probados de la sentencia no se desprende que la empresa debiera adaptar el puesto de trabajo de la actora, de modo que no pudiera asistir al trabajo hasta que se produjera esta adaptación, sino solo que provisionalmente se le declaró acta con limitación de levantar pesos de más de 15 kg, lo que tampoco justifica la inasistencia al

trabajo. Y en relación con la falta de claridad de pliego de cargos y la falta de proporcionalidad de la falta creemos que la sentencia ha ponderado de forma acertada el supuesto, al constar numerosos requerimientos para que acudiera el centro o presentara justificación para no hacerlo, que no fueron atendidos, sin que puedan ser acogidos los razonamientos de la actora para seguir manteniéndose en el incumplimiento de la prestación laboral que es la principal obligación de trabajador ( art. 5 a) del ET, sin que consideremos concurra indefensión atendiendo al contenido del pliego de cargos que relacionan los hechos ocurridos y no han dificultado el derecho de defensa de la demandante.

Por lo expuesto debe confirmarse la sentencia desestimando el recurso.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 LRJS, en relación con el artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede la imposición de costas al gozar el recurrente del beneficio de justicia gratuita.