Sentencia Social 1194/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Social, Rec. 1139/2023 de 24 de abril del 2024

PRIMERO.- 1.- Dña. Frida presentó demanda solicitando que se declarase su derecho a:

- Percibir la cantidad de 52.677,24.-€, con efectos de 1 de enero de 2022, en concepto de retribución anual por el contrato de trabajo indefinido suscrito con la empresa pública demandada en fecha 24 de enero de 2022 ( que comprende las retribuciones del convenio colectivo de la construcción de la provincia de Valencia actualizadas a 2021 + un complemento ad personal o trienios de 46Ž74 euros + un plus de puesto de trabajo de 1.695

Ž67 euros). Subsidiariamente la cantidad de 51.630.-€ anuales, que es el importe que venía percibiendo la actora en su anterior puesto de trabajo de arquitecta en la demandada, que venía ocupando en virtud de contrato temporal desde 1-9-16 hasta el 31-12-21 que fue despedida( que comprende las retribuciones del colectivo de la construcción de la provincia de Valencia, sin la actualización de 2021 + un complemento ad personal o trienios de 46Ž74 euros + un plus de puesto de trabajo de 1.695Ž67 euros).

- Que se le reconozca como antigüedad en la empresa pública demandada, desde el 1 de septiembre de 2016 y ,en consecuencia, a percibir el importe de un trienio ya sumado en la mencionada retribución anual.

-

- Que se condene a la Sociedad Mercantil pública demandada a estar y pasar por tales declaraciones y al abono de la cantidad de 3748,73.-€ por diferencia de retribución en el mes de enero de 2022, así como de las diferencias mensuales que se vayan devengando en lo sucesivo, a razón de 2027,42.-€ mensuales.

2.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 15 de Valencia estima parcialmente la excepción de falta de agotamiento de la vía previa respecto de la cuestión de la antigüedad y reclamación concreta de cantidades y desestima la demanda formulada contra AUMSA, absolviéndola de los pedimentos formulados de contrario.

3.- El recurso interpuesto frente a dicha resolución por el letrado designado por Dña. Frida , sin combatir el pronunciamiento relativo al acogimiento de la excepción de falta de agotamiento de la vía previa respecto de la cuestión de la antigüedad y reclamación concreta de cantidades , se articula en dos motivos redactados al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social( LRJS en lo sucesivo), para que , en definitiva, se le reconozca como pretensión principal su derecho al percibo del salario anual de 52.677,24.-€, y subsidiariamente de 51.630.-€ .

SEGUNDO.- 1.- Antes de entrar en el examen del motivo destinado la revisión fáctica de la sentencia, se ha de tener en cuenta que para que pueda operar la revisión de los hechos declarados probados viene exigiendo la Jurisprudencia determinados requisitos, y así la sentencia del TS de 5-4-2022(rec 140/2020) recuerda que " La Sala ha examinado los requisitos necesarios para que proceda la revisión fáctica conforme a lo dispuesto en el art.

207.d LRJS, por todas STS 4 de mayo de 2021, rec. 81/2019 , donde sostuvimos lo siguiente: Antes de su examen, importa recordar que es doctrina reiterada de la Sala sobre las exigencias de las revisiones fácticas en casación,( aplicables también al recurso extraordinario de suplicación ) tal como se recoge, entre otras, en las SSTS 11 de febrero de 2014, (Rec. 27/2013 ) ; de 8 de noviembre de 2016 (Rec. 259/2015 ) y 17 de enero de 2017 (Rec. 2/2016 ) que para que pueda prosperar un error de hecho en casación es preciso que: 1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones, 4º) el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida, 5ª) Bajo esta delimitación

conceptual fáctica no pueden incluirse normas de derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas, ni mucho menos, que pueda utilizarse para introducir calificaciones jurídicas predeterminantes del fallo".

Y añade a lo anterior que " De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998 ). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

Hemos mantenido los mismos criterios en múltiples sentencias, por todas STS 3-11- 2021, rec. 13/2020; 18-11-2021, rec. 157/2021; 18-11-2021, rec. 178/2021; 2-12-2021, rec.

165/2021; 15-12-2021, rec. 182/2021; 16-12-2021, rec. 210/21; 17-12- 2021, rec. 182/2021;

21-12-2021, rec. 28/2020; 27-01-2022, rec. 245/2021 y 9-02-2022, rec. 91/2019."

2.- Aplicando tales principios al caso de autos resolveremos las tres revisiones propuestas:

-La primera afecta al hecho probado no 9 de la sentencia recurrida, que dice :

"Los complementos salariales determinados por categoría y puesto de trabajo conforme las funciones a desarrollar son el salario base, el plus de actividad y el complemento a bruto pactado. El mismo se fue incrementando, en el caso de la Sra. Julia, durante la relación laboral por sus años de experiencia en la gestión pública, cuando era una sociedad mercantil sin estar sujeta a las limitaciones presupuestarias de masa salarial ni de

contratación personal actual (documento no 42 demandada)"

Lo que se solicita es la supresión de la segunda frase , alegando que el citado doc.

42 es una exposición argumental efectuada por una asesoría y que el error de la juzgadora se evidencia a través de las nóminas de la anterior titular de la plaza , de las que se desprende que existe solo un "complemento ad personam" asociado a los trienios o antigüedad, habiéndose identificado erróneamente en el hecho probado 9º el "complemento a bruto" con una retribución por años de experiencia de la persona que lo ocupa, siendo solo un complemento de puesto, como consta en el hecho probado 8º .

No admitimos lo solicitado, pues no se aprecia error patente en la valoración efectuada por la juzgadora que se limita a recoger el contenido del documento 42, que no fue impugnado por la parte actora, sin que se aprecie contradicción alguna entre los hechos probados 8º y 9º . El 8º recoge la estructura retributiva del puesto de trabajo de la titular de la vacante nº NUM000 de la RPT antes de jubilarse en diciembre de 2018 , que comprendía entre otros conceptos el "complemento ad personam( trienios)" y el "Plus puesto de trabajo( establecido por la empresa)" ; y, en el noveno, se dice que el "complemento a bruto pactado" que percibía la misma es un complemento de puesto de trabajo , pero que se fue incrementando durante la relación laboral por sus años de experiencia en la gestión pública, cuando era una sociedad mercantil. Las nóminas citadas no contradicen tal interpretación ni ponen en evidencia otra cosa.

-La segunda revisión interesada afecta al hecho probado 12º, en el que consta que la contratación temporal de la actora de 2016 lo fue con arreglo "a las Bases para la contratación temporal, en régimen de dedicación exclusiva, de un/a Arquitecto/a SuperiorCoordinador/a de Equipo..." para que diga que "Dicha contratación lo fue con arreglo a las Bases para la contratación temporal, en régimen de dedicación exclusiva, de tresArquitectos/as Superiores..." .Afirma que ello se desprende del contrato de trabajo aportado por ambas partes en el que consta que la actora prestaría sus servicios como "arquitecto de equipo" , lo que entiende que es relevante porque en el último párrafo del fundamento de derecho tercero de la sentencia se menciona la supuesta condición de "Coordinadora" como motivo que podría justificar el hecho de que la Sra. Frida estuviese percibiendo inmediatamente antes de su cese en diciembre de 2021 un plus puesto de trabajo de 1.695,67€.

Tampoco admitimos el texto propuesto, pues no resulta de forma patente y directa , sin necesidad de interpretación, del citado contrato y bases . En cualquier caso, no es relevante para la modificación del fallo , como luego veremos , pues más que al hecho de

que la actora fuera contratada como arquitecta /coordinadora de equipo o como una de las tres otras tres arquitectas del equipo, lo determinante es que se trataba de una contratación anterior a la que ahora tiene , con un objeto concreto distinto( los trabajos de revisión de la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia ) y en función de unas bases de contratación también diferentes.

TERCERO.- 1. En el segundo motivo se denuncian las siguientes infracciones normativas y de la jurisprudencia:

-El art. 14 de la Constitución Española, que garantiza la igualdad de trato en su vertiente de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del art. 9.3 y en relación con lo establecido en el art. 103.1 de la misma, aplicable a las empresas públicas -en este caso sociedad íntegramente municipal-, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2 b) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El art. 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prohíben cualquier discriminación en las relaciones laborales; así como de la jurisprudencia que ha consagrado el principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor.

- La D.A. 29 de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018, y normas presupuestarias de aplicación a la sociedad pública.

-La jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de impugnar la aplicación de las bases de un proceso selectivo con ocasión de los actos que derivan de las mismas, citando la sentencia núm. 1328 de fecha 18 de octubre de 2022 (rec. 2145/2021), en cuanto establece que cabe cuestionar las bases del proceso selectivo, pese a no haber sido impugnadas en su momento, cuando son objeto de aplicación, si esa aplicación es susceptible de entrañar la vulneración de un derecho fundamental por causa de lo previsto en ellas y la jurisprudencia plasmada en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2009 (rec. 7220/2004), conforme a la cual el consentimiento de las bases no puede convertirse en un obstáculo impeditivo de la impugnación de la aplicación de éstas cuando aquélla es decisiva del resultado lesivo para el interesado.

En síntesis, respecto de la pretensión principal, consistente en que se abone a la actora sus retribuciones conforme a la estructura retributiva que tenía la anterior titular de la plaza nº NUM000 de la RPT(que ella ocupa ahora), y que son las previstas en el convenio colectivo de la construcción de Valencia ,actualizadas con las tablas de 2021, más un "complemento ad personam", que retribuye trienios, y un complemento de puesto de trabajo , afirma que

se produce una desigualdad de trato y del principio de igual remuneración a igual trabajo, pues la actora ocupa la misma plaza y realiza el mismo trabajo de arquitecta , por lo que tiene derecho a la misma remuneración . La anterior titular cobraba, sin contar el complemento "ad personam" , que remunera trienios, 46.060Ž98 euros brutos( en 2018 cuando se jubiló ) , mientras que ella cobra 28.348Ž20 euros( en la nómina de enero de 2022) , obedeciendo la diferencia a los citados complementos , sin que exista ninguna justificación objetiva y razonable para ello , pues el puesto es el mismo. También alega que la entidad demandada no puede ir en contra de sus propios actos, pues no puede eliminar sin motivo el citado complemento de puesto, citando al efecto la sentencia núm. 187/2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña de 22-1-2020.

Añade que a lo anterior no empece que las bases del concurso ,en el que la actora obtuvo su plaza y en las que figuraban que el salario a percibir sería el del convenio, no fueran impugnadas por la demandante de acuerdo con la jurisprudencia anteriormente citada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pues de entender que dichas bases suponían la supresión del plus de puesto de trabajo, las misma incurrieron en vulneración del principio de igualdad . En este sentido cita la sentencia núm. 1519/2017 de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia, que resuelve, con cita de sentencias de la Sala Tercera del TS , que la falta de impugnación de las bases no puede sanar las infracciones que las mismas pudieran contener cuando ocasionan un resultado lesivo.

También afirma que aun cuando en las bases de su concurso figurase una retribución "según convenio" , al presentarse la actora al proceso de selección pensó que también y le abonaría el complemento de puesto, como se le abonaba a ella anteriormente y también a la anterior titular que igualmente percibía sus retribuciones según convenio, quebrantándose el principio de confianza legítima de la actora.

Continúa diciendo que la D.A. 29 de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que cita la sentencia recurrida como límite a la pretensión actora, lo único que limita es el número de puestos de trabajo que se pueden convocar, esto es, la tasa de reposición, no las retribuciones de los puestos, citando al efecto la sentencia núm. 3098/22 de la Sala de lo Social de TSJ de Andalucía( Sevilla).

Finalmente alega que sobre el deber de abonar los complementos de un puesto concreto cuando sea procedente (como dice sucede en el caso de la actora, que pasa a ocupar una vacante en la que ya existía dicho complemento), cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de noviembre de 2008; insistiendo en que las funciones de la plaza no NUM000 le la RPT se mantienen y no variaron cuando pasó a ocuparla la Sra.

Frida , pues no se ha planteado ni acreditado lo contrario, resultando, además, imposible invocar limitaciones presupuestarias en contra de las obligaciones derivadas de la legislación laboral, citando la doctrina plasmada en la sentencia núm. 2730/202 del TSDJ de Andalucía .

En cuanto a la pretensión subsidiaria, con idéntica denuncia del art.14 de la CE e interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 CE , sostiene que en la nueva contratación iniciada en enero de 2022 como indefinida para la plaza NUM000 realiza las mismas funciones equivalentes y estructurales que venía desarrollando con el anterior contrato temporal desde 2016 hasta diciembre de 2021, por lo que existiendo unidad esencial del vínculo de acuerdo con la STS de 7-6-2017( rec 113/15), dejar de percibir el complemento de puesto de trabajo que venía percibiendo hasta diciembre de 2021 , constituye una flagrante violación del derecho a la igualdad del art.14 de la CE que impone la igualdad retributiva por un trabajo de igual valor y con el art. 9 que prohíbe la arbitrariedad.

2.- A efectos de resolver este motivo debemos recordar los hechos sobre los que descansa la controversia. Se relata en la sentencia del Juzgado de lo Social que la actora trabajó para la demandada como arquitecta en virtud de contrato por obra o servicio con el objeto de "revisar la ordenación del PGOU de Valencia de 1988" desde 2016 hasta el día 31-12-21 , que fue cesada por fin de contrato y que ,impugnado , se alcanzó avenencia en el juzgado de lo Social nº 4 de Valencia, reconociendo la demandada la improcedencia del despido, abonándole la indemnización correspondiente y quedando las partes saldadas y finiquitadas. Con ese contrato la actora tenía un salario anual de 51.630 euros, percibiendo, además de los conceptos del Convenio Colectivo de la construcción, que es el que la demandada aplica a sus trabajadores, un complemento "ad personam"( trienios) de 46,74 euros y un complemento de puesto de 1.695,67 euros. El 24-1-22 vuelve a ser contratada por la demandada como arquitecta, esta vez con contrato indefinido por superación de proceso selectivo para la plaza nº NUM000 RPT. En las bases de la convocatoria de este proceso ponía "salario según convenio" , siendo éste el de la Construcción de la provincia de Valencia . Conforme al mismo la actora percibe en enero de 2022 la cantidad de 28.348Ž20 brutos anuales , que no incluyen los complementos citados, teniendo un "complemento compe y absorbi" de 15Ž12 euros. La anterior titular de la plaza nº NUM000 RPT cobraba al jubilarse en 2018 según el Convenio de la construcción de Valencia, más un complemento "ad personam"( trienios) y un "plus de puesto de trabajo", sumando el total anual percibido la cantidad 46.060Ž98 euros(con exclusión del complemento ad personam).

3. Sentado lo anterior, conviene comenzar recordando la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional en relación con el principio de igualdad del artículo 14 de la

3.

Constitución Española que se expresa, entre otras, en la STC 119/2002 de 20 de mayo, en la que se dice lo siguiente:

A) "El art. 14 CE contiene en su primer inciso una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la Ley, habiendo sido configurado este principio general de igualdad... como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia... ".

B) "Lo que prohíbe el principio de igualdad son... las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos".

C) "En resumen, el principio de igualdad, no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad... sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida ( SSTC 22/1981; 49/1982; 2/1983; 23/1984; 209/1987; 209/1988; 20/1991; 110/1993; 176/1993; 340/1993; 117/1998, por todas)" y que "el principio genérico de igualdad no postula ni como fin ni como medio la paridad pero sí exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato".

Tal y como estableció la sentencia del Tribunal Constitucional 197/2000, de 24 de julio, mencionando doctrina precedente: " este Tribunal, en la STC 34/1984, de 9 de marzo, ya declaró que la aplicación del principio de igualdad no resulta excluida en el ámbito de las relaciones laborales, si bien su aplicación se encuentra sometida a importantes matizaciones en este ámbito. Para afirmar que una situación de desigualdad de hecho no imputable directamente a la norma tiene relevancia jurídica, es preciso que exista un principio jurídico del que derive la necesidad de igualdad de trato entre los desigualmente tratados, y esta regla o criterio igualatorio puede ser sancionado directamente por la Constitución (por ejemplo, por vía negativa, a través de las interdicciones concretas que se señalan en el art. 14), arrancar de la Ley o de una norma de inferior rango, de la costumbre o de los principios generales del Derecho ( STC 59/1982, de 28 de julio). Ahora bien, en el ámbito que nos ocupa, la legislación laboral [ arts. 4.2 c) y 17 ET ] ha establecido la prohibición de discriminación entre trabajadores por una serie de factores que cita, pero no

ha ordenado la existencia de una igualdad de trato en sentido absoluto. Ello no es otra cosa que el resultado de la eficacia del principio de la autonomía de la voluntad que, si bien aparece fuertemente limitado en el Derecho del Trabajo, por virtud, entre otros factores, precisamente del principio de igualdad, subsiste en el terreno de la relación laboral. Por consiguiente, el art. 14 de la CE no impone en el ámbito de las relaciones laborales la existencia de una igualdad de trato en sentido absoluto, pues la eficacia en este ámbito del principio de la autonomía de la voluntad deja un margen al acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario, en ejercicio de sus poderes de organización de la empresa. En la medida, por tanto, en que la diferencia de trato no posea un significado discriminatorio, por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, no puede considerarse como vulneradora del principio de igualdad. En definitiva, dado que las actoras no denuncian una discriminación basada en una causa prohibida por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, la diferencia de trato denunciada no vulnera el art. 14 CE".

4. A partir de esta doctrina el recurso debe ser desestimado. En efecto, conviene comenzar indicando , como hace la sentencia recurrida, que aunque todos los puestos de trabajo comparados por la recurrente son de arquitecto/a de la demandada, nos encontramos ante contrataciones distintas, que obedecen a motivos diferentes y en ellas se han pactado diferentes retribuciones.

Así, la contratación temporal de la actora de fecha 1-9-16 fue precedida de un proceso selectivo , en cuyas bases no se indicó nada acerca del salario, pactándose en el contrato una retribución anual de 47.089 euros brutos consignando salario base, prorrata de pagas y complemento de puesto (anuales). Dicha contratación tenía como objeto específico la revisión del Plan de Ordenación Urbana. También se le abonaba un complemento "ad personam", que viene abonándose por la demandada en función de la antigüedad de los trabajadores y en las cuantías que figuran en el documento n.º 44 .

En este tiempo, la plaza de arquitecto/a NUM000 RPT venía siendo ocupada por la Sra. Julia con una antigüedad de 30 años en la empresa, no constando las bases de su contratación ni las condiciones pactadas en su contrato, pero sí que se le abonaba el citado complemento "ad personam", así como un "complemento a bruto" o plus de puesto de trabajo", que se fue incrementando, en el caso de la Sra. Julia, durante la relación laboral por sus años de experiencia en la gestión pública, cuando era una sociedad mercantil .. (hp9)".

En las bases para la cobertura definitiva de la plaza dejada vacante por la Sra.

Julia( en 2020) se hace constar expresamente que la retribución será "según convenio" sin mencionarse otros complementos adicionales . No se especifica cuál es el convenio colectivo aplicable, pero es conforme entre las partes litigantes que la demandada viene aplicando a sus trabajadores el Convenio de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Valencia, que es el que se recoge en el contrato de la actora de 24-1-22. Dicho convenio contiene como conceptos económicos abonables a las personas trabajadoras sujetas a su ámbito de aplicación el salario base, el plus actividad y el plus transporte, además de las pagas extraordinarias. Además de los anteriores , la empresa viene abonando a sus trabajadores un "complemento ad personam" que retribuye trienios pero que no había abonado la actora desde su contratación en enero de 2024 por el motivo que señala la sentencia de que al presentarse la demanda(14 de febrero de 2022) no se había devengado ninguno desde la indicada fecha , ni tampoco al momento del dictado de la sentencia , resolviendo la juzgadora que no puede computarse mayor antigüedad retrotrayéndola al 1 de septiembre de 2016 al no constar en la papeleta del SMAC tal pretensión; cuestión que quedó imprejuzgada por haberse estimado en este punto la excepción procesal alegada por la demandada, sin que dicho pronunciamiento se haya combatido formalmente en el recurso .

Así pues, la anterior titular de la plaza que ocupa actualmente la demandante ostentaba una antigüedad considerable desde julio de 1993 y tenía reconocido un concepto económico fuera de convenio en los términos expuestos. Pero dicha plaza quedó vacante en 2018 al jubilarse su anterior titular y cuando la demandada sacó a concurso dicha plaza en 2020 lo hizo con unas bases en las que se establecían unas retribuciones "según convenio" . La actora se presentó libremente a dicho proceso selectivo conociendo el contenido de las bases, como todos los demás aspirantes , sin que conste, ni siquiera se ha alegado, que el resto de los arquitectos que trabajan en la actualidad en la demandada perciban un complemento de puesto de trabajo, por lo que no cabe entender que se haya vulnerado el derecho a la igualdad, que requiere una comparación entre situaciones iguales. Así las cosas, la contratación de la actora es conforme a las bases de la convocatoria de su plaza , no siendo aplicable al presente caso la doctrina de las sentencias de la Sala de lo Contencioso- Administrativo invocada por la recurrente, pues tales bases ni son ilegales ni vulneradoras de derechos fundamentales .

De igual modo debemos desestimar la pretensión subsidiaria , pues como razona la sentencia recurrida la anterior contratación temporal tenía un objeto específico y diferenciado de la plaza que ocupaba la Sra. Julia y que ocupa ella en la actualidad. Dicha relación quedó finiquitada en diciembre de 2021 en el procedimiento de despido seguido en el juzgado de lo Social nº 4 de Valencia y la nueva contratación se ha efectuado, como

hemos visto, en condiciones distintas, reiterando que no consta que el resto de los arquitectos que trabajan en la actualidad en la demandada perciba un complemento de puesto de trabajo.

Por último, también conviene señalar, que la invocación por parte de la empresa de las sentencias dictadas por otros Tribunales Superiores de Justicia resulta irrelevante para la resolución del recurso, no solo porque tales sentencias no integran el concepto de jurisprudencia (ex art. 1.6 CC) y, por tanto, no sirven para fundar este recurso (ex art. 193 c y

196. LRJS) , sino también porque se refieren a supuestos distintos del presente procedimiento.

Por todo lo expuesto, desestimamos el recurso de suplicación.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 de la LRJS, en relación con el artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede la imposición de costas al gozar el recurrente del beneficio de justicia gratuita.