Sentencia Social 63/2023 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Social, Rec. 854/2022 de 31 de enero del 2023

PRIMERO.- El trabajador demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia en la que se desestima su demanda y en un primer motivo solicita la nulidad de las actuaciones, debiéndose examinar en primer lugar el punto 2º de él porque en el suplico del recurso la pretensión principal es que "se retrotraiga el procedimiento al momento de la práctica de sendas pruebas", se entiende que en un nuevo juicio, en concreto de una testifical y una documental que, al parecer, fueron solicitadas por el demandante y fueron admitidas pero no se practicaron y, aunque en el motivo no se cita norma procesal alguna como infringida, lo que ya determinaría su fracaso ( Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2004, rec. 3.338/2003 citada por la de esta Sala de 4 de agosto de 2014, rec. 345/14) en dicho suplico se alega "incumplimiento del artículo 90 de la LRJS".

En efecto, el nº 1 del citado art. 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que en el acto del juicio se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto respecto de los hechos sobe los que no hubiere conformidad, pero de lo que en el motivo se razona se desprende que y así resulta de los autos, que, en cuanto a la testifical, en el Juzgado se admitió y se practicó la citación de la testigo para el acto del juicio y, en cuanto a la documental, se requirió a la demandada para que la aportara y si la primera no se practicó fue porque la testigo no compareció y el resultado de la segunda no fue del agrado del recurrente, sin que conste ninguna de las irregularidades que denuncia, debiéndose tener en cuenta que, como se razona en la sentencia de esta Sala de 1 de abril de 2022, rec. 10/22, con cita de la del Tribunal Constitucional, 42/2007 de 26 de febrero, en relación al derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ( art. 24.2 de la Constitución, "para entenderlo vulnerado será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecido, sin que este derecho faculte para exigir la admisión de todas las pruebas propuestas, sino sólo de aquéllas que sean pertinentes para la resolución del recurso" que "debe ser imputable al órgano judicial la falta de práctica de la prueba admitida o la inadmisión de pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o con una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria e irrazonable" y que, "Finalmente, es necesario que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente por ser aquélla decisiva en términos de defensa, lo que exige que el recurrente haya alegado su indefensión material en la demanda de amparo", añadiendo que, aunque sea para un recurso de amparo, pero que puede considerarse aplicable aquí, "el recurrente debe razonar en esta vía la relación entre los hechos que se quisieron probar y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas", "Y, por otro lado, debe argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podía haber sido favorable a sus pretensiones de haberse aceptado y practicado la prueba propuesta". En semejantes términos se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2012, rec. 36/2011.

De lo razonado se desprende que ni la posible falta de práctica de la prueba a la que se refiere el recurrente no fue imputable al Juzgado ni en el motivo se razona de forma suficiente que es lo que con ellas se pretendía acreditar ni su relevancia para el resultado del pleito.

SEGUNDO.- En el primer apartado de ese motivo dedicado a la nulidad de actuaciones, se denuncia en el recurso la infracción de los arts. 87.6 de la LRJS y 24 de la CE, se entiende que para sustentar la primera pretensión subsidiaria del suplico, la de que "se nos conceda un plazo único a las partes para realizar el trámite de conclusiones", se entiende que anulando las actuaciones retrotrayéndolas a ese momento posterior al juicio y anterior a la sentencia, pero tampoco puede prosperar tal pretensión porque, como se alega en las impugnaciones, lo que resulta de los autos es que tampoco se incurrió en el Juzgado en irregularidad alguna y así parece incluso entenderlo el propio recurrente que de lo que se queja no es de que no pudiera formular sus conclusiones por escrito, sino de que las demandadas pudieron hacerlo, aunque en el motivo se usen otras palabras, con mayor tranquilidad y sosiego. En todo caso, tampoco se razona en el motivo la indefensión que se le pueda haber causado cuando ahora en este trámite puede realizar las alegaciones que quiera, debiéndose tener en cuenta que, como se dice en la sentencia de esta Sala de 9 de mayo de 2022, rec. 91/2022, "es constante la jurisprudencia ( SSTS 22.5.86, 11.11.86 y 1.12.87, entre otras muchas más) que asienta que la nulidad de las resoluciones judiciales es una medida absolutamente excepcional por sus negativas consecuencias sobre el proceso que ha de limitarse a los supuestos tipificados en el artículo 238 LOPJ y a los vicios formales especialmente cualificados que menciona el artículo 240.1º de la misma, sin que en ningún caso irregularidades formales carentes de auténtica proyección invalidante por no ser generadoras de indefensión puedan justificar la adopción de tal medida".

TERCERO.- En el tercer apartado del motivo, coincidiendo con lo que se alega en el también tercero del suplico se pide "Nulidad del procedimiento de Expediente de regulación de Empleo, por graves transgresiones del Derecho público", pretensión igualmente destinada al fracaso por varias razones. En primer lugar, porque en ningún momento se cita cual sea la norma o normas del "Derecho público" que se hayan infringido, pues tan solo se dita en el motivo el art. 14 de la CE para decir que "nos encontramos con una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida" en él, cuando ese derecho donde se plasma es en el art. 24 de la norma fundamental y, en todo caso, como en el caso de la STS 22 de julio de 2004, rec. 3.338/2003 citada por la de esta Sala de 4 de agosto de 2014, rec. 345/14, "En definitiva ninguna razón asiste para requerir la declaración de nulidad de las actuaciones pues éstas deberán apoyarse no en una noción genérica de falta de tutela judicial efectiva ex artículo 24 de la Constitución Española. La vulneración de este derecho fundamental deberá ponerse en conexión con la existencia de un proceso típico, sujeto a unos trámites precisos. No toda vulneración de una norma procesal acarrea indefensión y quebrantamiento de la tutela judicial efectiva, pero en cambio es necesaria una infracción de las normas procesales para que a partir de la misma pueda afirmarse que una de las partes ha quedado desarmada en el uso de sus medios de prueba o exposición de sus argumentos, al resultar afectado, por inacción del órgano jurisdiccional o arbitraria alteración en la práctica de los trámites".

Pero es que, además, la nulidad de actuaciones que puede pretenderse en el recurso de suplicación por la vía del art. 193.a) LRJS es la de las practicadas en el Juzgado no en ninguna otra instancia. En ese sentido se pronunció esta Sala en sentencia de 27 de enero de 2005, rec. 763/2004, en la que se razona:

[El apartado y precepto en el que se cobija el motivo tiene por objeto «reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión». Las vulneraciones en su caso, han de serlo de normas procesales laborales, pues sólo así puede tener lugar la reposición de actuaciones que señala el precepto transcrito.

Lo expuesto ha sido ya estudiado por la doctrina de suplicación, de las que son ejemplo las sentencia de esta Sala de 29 de abril de 1998 y de la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 1 de octubre de 1998. Decíamos en el punto 1 del fundamento jurídico primero de nuestra sentencia citada:

«La nulidad de actuaciones es un remedio extraordinario dado la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para los principios de celeridad y economía procesal que informan nuestro sistema jurídico laboral; pero es que el precepto y letra en que se ampara el motivo se encuentra en la Ley de Procedimiento Laboral, por lo que la infracción de normas y garantías de procedimiento que hayan producido indefensión, ha de serlo en el procedimiento laboral, no en las actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo...»], por lo que mal puede pedirse la nulidad y reposición de unas actuaciones practicadas en una negociación entre actores sociales.

En fin, ninguna infracción del derecho a la tutela judicial efectiva puede apreciarse en las actuaciones del Juzgado porque, como se razonó en la STS de 27 de octubre de 1987, "al actor no se le privó del libre acceso al órgano judicial competente y a los recursos correspondientes, que el proceso se ha desarrollado con sujeción a la normativa procesal, se ha oído a las partes y se han practicado las pruebas propuestas". Como se dice en las sentencias de esta Sala de 4 de agosto de 2014 y 31 de enero de 2017, rec. 670/16 [Otra cosa es que esa conclusión y la solución que se ha dado en la sentencia no satisfagan el recurrente o que no sea la adecuada, pero eso no determina la nulidad porque, como nos dice la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 245/1993, de 19 julio, "el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye el hipotético derecho al acierto judicial, no comprende la reparación o rectificación de equivocaciones, incorrecciones jurídicas o incluso injusticias producidas en la interpretación o aplicación de las normas ( SSTC 27/1984, 50/1988, 256/1988 y 210/1991)" y en el mismo sentido puede verse la STC 226/2000, de 2 de octubre. En el mismo sentido, la STC 107/1994, de 11 de abril nos dice que "el art. 24.1 CE no garantiza el acierto del órgano judicial en cuanto a la solución del caso concreto ( SSTC 50/1988 y 210/1991, por todas)" y, en fin, la STC 230/1992, de 14 de diciembre mantiene que "el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no comprende la obtención de pronunciamientos conformes con las peticiones o intereses de las partes, ni cuya corrección o acierto sea compartida por éstas, sino razonados judicialmente y que ofrezcan una respuesta motivada a las cuestiones planteadas"].

CUARTO.- A continuación, dice el recurrente que "Venimos a entrar en los HECHOS PROBADOS, y los motivos de impugnación", formulando en primer lugar el recurrente nueve motivos dedicados a la revisión de los hechos probados de la sentencia recurrida, pretendiendo nueva redacción para seis de ellos y añadir tres nuevos, sin que pueda accederse a ello.

Como se razona en la STS de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012, en doctrina para el recurso de casación, pero aplicable al de suplicación, también de carácter extraordinario, <>.

Por ello, como se ha adelantado, no puede prosperar ninguna de las revisiones propuestas por el recurrente, porque, como se razona en las impugnaciones, o bien no se citan documentos concretos en que se apoyan, o porque no resultan de los que se citan con la certeza que hemos visto se precisa para acreditar el error del juzgador de instancia, por quien ya han sido valorados y, como señaló esta Sala en sentencia de 25 de septiembre de 2008, rec. 222/08, no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( SSTS 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, 6 de mayo de 1985 y 5 de junio de 1995) y en el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida en que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( STC 44/1989 de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero).

QUINTO.- El resto de los motivos del recurso se dedican a examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia al amparo del art. 193.c) LRJS, denunciándose en el primero de ellos la del art. 90 LRJS, insistiendo en lo relativo a la falta de práctica de unas pruebas, bastando con remitirnos a lo que al respecto se razonó ante la misma alegación en el primer fundamento de esta sentencia.

Lo mismo puede decirse respecto al segundo de estos motivos, en el que se denuncia la infracción del art. 87.6 LRJS y 14 CE, refiriéndose el recurrente a la falta de práctica de pruebas, para lo que nos remitimos a lo razonado en el segundo fundamento.

SEXTO.- Se denuncia a continuación por el recurrente la "transgresión" del art. 87 del Estatuto de los Trabajadores y 37 de la CE, alegación que no puede prosperar porque, como el mismo recurrente empieza alegando en el motivo, tales preceptos consagran el derecho a la negociación colectiva entre los representantes legales de los trabajadores y empresarios y la fuerza vinculante del resultado de esa negociación, de los acuerdos a los que lleguen los negociadores y eso ha sido respetado en la sentencia recurrida, aunque el resultado de ello no interese al recurrente que continúa en el motivo negando legitimidad a los negociadores del acuerdo cuya aplicación pretende para extinguir se contrato de trabajo en las condiciones que en él se establecen, siendo totalmente contradictorio mantener ambas cosas, es decir, la falta de legitimación de quienes llegaron al acuerdo y la aplicación de éste.

También alega el recurrente que, aunque hubiera sido adoptado por quienes estaban legitimados, el acuerdo se ha aplicado indebidamente a determinados trabajadores, lo cual ni siquiera consta, con lo que como en los casos examinados por la STS de 3 de mayo de 2017, rec. 123/2016, y por esta Sala en la de 20 de octubre de 2020, rec. 332/20, "incurre el recurso en un rechazable vicio procesal, cual es la llamada «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión», defecto que se produce cuando el recurso parte -sin pretender revisarlas formalmente, si ello fuese hacedero- de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida", ello además de que, aunque el acuerdo hubiera sido aplicado indebidamente a otros trabajadores, ello no exige que se aplique de la misma forma a otros como el demandante.

SÉPTIMO.- Se denuncia a continuación en el recurso la transgresión del art. 24 CE, alegando que "existen dos transgresiones de este Derecho a lo largo del procedimiento negociador", refiriéndose después al derecho a la tutela judicial efectiva, alegación igualmente destinada al fracaso.

Sobre tal derecho se razona en la sentencia de esta Sala de 10 de mayo de 2021, rec. 224/2021:

[el «derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface... mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previosa ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza... En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos» ( SSTC 14/1993 , de 18/Enero;... 125/2008, de 20/Octubre; y 92/2009, de 20/Abril, SSTS 17/06/08 -rcud 2862/07; y 24/10/08 -rcud 2463/07)].

Ya hemos visto que en el procedimiento judicial no se ha infringido el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente y, en cuanto a la negativa de la demandada a la extinción indemnizada del contrato de demandante tampoco se aprecia ninguna infracción del mismo en cuanto a la garantía de indemnidad pues tampoco resulta del firme relato fáctico de la sentencia ningún indicio al respecto. Así, se añade en la citada sentencia de esta Sala:

[...Tratándose de tutelar derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el art. 179.2 LPL («una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación..., corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas»).

Pero, como se advierte en la STC 151/2004, de 20 de septiembre, "a los hechos que comportan el ejercicio de los derechos fundamentales invocados y a la circunstancia concurrente de la extinción del contrato de trabajo será preciso añadir otros elementos que pongan indiciariamente en conexión lo uno (el factor protegido) con lo otro (el resultado de perjuicio que concretaría la lesión -en este caso, la extinción contractual), por cuanto que el ejercicio del derecho de huelga o el de acciones o actos preparatorios o previos y necesarios para el proceso (protegidos frente a represalias empresariales por la garantía de indemnidad - art. 24.1 CE) representan únicamente, en principio, un presupuesto de la posibilidad misma de la violación de los arts. 28.2 y 24.1 CE, pero no un indicio de vulneración que por sí solo desplace al demandado la obligación de probar la regularidad constitucional de su acto".

Por otro lado, se razona en la sentencia de esta Sala de 5 de junio de 2014, rec. 204/14: "la apreciación indiciaria supone para la Jurisprudencia ( STS de 1 de octubre de 1996, rec. 659/1996) una valoración jurisdiccional provisional de carácter complejo, correspondiente en principio al Juez de instancia, que versa tanto sobre elementos de hechos («indicios ») como sobre calificaciones o elementos de derecho («violación» del derecho fundamental), y cuya revisión en Suplicación sólo tiene trascendencia o efecto práctico cuando el Tribunal Superior de Justicia entienda que el Juzgado de lo Social debió haber aplicado esta regla atenuada de inversión de la carga de la prueba)" y en ese mismo sentido, se razona en la STS de 26 de octubre de 2016, rec. 2.913/14 que el Juez de instancia, está "mejor situado que la Sala de suplicación a esos efectos, pues no en balde ante él se practicaron todas las pruebas"].

En este caso, se insiste, no hay razón ninguna para apreciar indicios de que la empresa haya procedido con infracción del derecho fundamental por denegar el derecho que pretende el demandante porque éste haya formulado acción judicial o acto preparatorio algunos contra ella sin que, en realidad haga alusión alguna a ellos en el motivo en el que relata circunstancias respecto a otro trabajador y a él mismo que ningún apoyo fáctico tienen y sin haber intentado siquiera, como sucedió, según se vio, con otras alegaciones anteriores, incorporarlas como probadas.

OCTAVO.- En el siguiente motivo, denuncia el recurrente la vulneración del principio general del derecho "in dubio pro operario", sin que tampoco pueda acogerse la alegación porque, como se razona en la sentencia de la Sala de 15 de noviembre de 2021, rec. 594/2021, si bien es cierto que los principios generales del derecho, como la doctrina a la que se refiere la recurrente, constituyen, en cuanto informadores del ordenamiento jurídico en general ( art. 1.4 del Código Civil), fuente de aplicación en el sector laboral, no lo es menos que su invocación no es susceptible de prosperar cuando se hace con un criterio de generalidad, sin cita de la ley o jurisprudencia expresa de la que se deducen, para así tener encaje preciso en el ap. c) del art. 193 LRJS, que se refiere al examen de las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, habiendo declarado específicamente respecto al que se alega en el motivo en la STS de 13 de julio de 1990 que "la infracción de este principio sólo puede ser alegada como supletoria en defecto de norma legal o consuetudinaria aplicable; siendo preciso citar expresamente la doctrina legal que reconozca el principio que se estima conculcado; teniendo este principio únicamente efectividad cuando existe o surja duda racional en cuanto a los efectos jurídicos de una determinada situación fáctica, siendo aplicable únicamente en la interpretación del derecho, en caso de duda respecto a su sentido y alcance, y en el motivo no se cita norma o jurisprudencia alguna que acoja el principio citado y menos que de la aplicación a su caso resulte lo que pretende.

NOVENO.- Se denuncia, por último, en el recurso, el "incumplimiento grave de los acuerdos adoptados entre empresa y representantes de trabajadores, sin tener en cuenta derecho preferencia y condiciones para la extinción del contrato así como plazos de extinción Art. 87 E.T. y 37 C.E.", bastando con remitirnos a lo que se razonó en un sexto fundamento respecto a similar alegación realizada en un anterior motivo, bastando añadir que debe recordarse que, como se mantiene en la STS de 19 de septiembre de 2017, rec. 178/2016, "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos -y el convenio participa de tal naturaleza- es en principio facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer -por más objetivo- sobre el del recurrente, sin embargo excluimos de tal regla general los supuestos en que su conclusión no sea racional ni lógica o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual".

....

"Consecuentemente, en este tipo de recursos, los condicionamientos propios de un recurso extraordinario como el de casación impiden efectuar al resolverlo interpretaciones distintas y alternativas que pueden caber igualmente en la exégesis de los convenios o pactos examinados en aquellos supuestos en los que la interpretación del órgano judicial de instancia ni ha sido arbitraria ni irrazonable, sino que, por el contrario, se ha atenido escrupulosamente a las reglas de interpretación normativamente establecidas en el Código Civil según nuestra propia jurisprudencia".

Esa doctrina, aplicable igualmente a un recurso también extraordinario como es el de suplicación nos lleva a mantener aquí el mismo criterio que el juzgador de instancia para mantener que, dados los términos del acuerdo de que se trata, la extinción indemnizada que el demandante pretende no puede imponerse a la empresa, lo cual que no se revela arbitrario ni irrazonable y acorde con las normas que regulan la interpretación de los contratos en el Código Civil, sin que en el recurso se denuncie la infracción de ninguna de ellas.

En definitiva, como ninguna de las infracciones que se denuncian puede apreciarse, el recurso debe ser desestimado y la sentencia recurrida confirmada.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,