Sentencia Social 1054/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 853/2022 de 12 de diciembre del 2022

PRIMERO: Se formaliza recurso de suplicación por la parte demandante al amparo del art. 193 b) y c) LRJS.

Al amparo del art. 193 b)LRJS solicita la modificación de los hechos probados .De acuerdo con el art. 97 de la L.P.L. la valoración de la prueba es facultad privativa de la Sala de instancia, sin que pueda sustituirse su valoración por otra voluntaria y subjetiva confundiendo este recurso excepcional con una nueva instancia, por lo que en consecuencia, los hechos declarados probados, reflejo de dicha valoración deben prevalecer, mientras que por medio de un motivo de revisión fáctica, basada en documentos de los que resulte de un modo claro, directo y patente el error sufrido, sin necesidad de argumentaciones, deducciones o interpretaciones valorativas, no sean revisados

Solicita la adicción de un nuevo hecho con el siguiente contenido : " Se tienen por reproducidos los contratos de fletamento, o leasing de aeronaves, suscritos entre IBERIA y FINNAIR, a los que se refiere el hecho precedente, y en especial:

* Contrato ACMI 1, de 25/02/2019 (doc. nº 50 de la actora, folios 199-202, coincidente con el doc. 6.2 de la demandada, folios 1292-1295), en particular el apartado 28 (Provisiones adicionales), subapartado d) (Arrendamiento sin tripulación S/N), en el que se indica:

d) Arrendamiento sin tripulación S/N. El mes de abril 2019 se operara con arrenedamiento con tripulación completa y durante el resto del plazo se opera con arrendamiento sin tripulación, a no ser que se acuerde lo contrario para el periodo NOV19-MAR20 de forma separada.

Contrato ACMI 2, de 31/10/2019 (doc. nº 51 de la actora, folios 203-207, coincidente con el doc. 6.3 de la demandada, folios 1466-1470), en particular el apartado 13 (Provisiones adicionales), subapartado d) (Arrendamiento sin tripulación S/N), en el que se indica: d) Arrendamiento sin tripulación S/N, en principio, el arrendamiento se acuerda en una base de arrendamiento con tripulación. No obstante, el arrendamiento comenzara como un arrendamiento sin tripulación y continuara como tal durante un periodo de 1 año que comenzará el 1 de abril de 2020 y finalizara el 31 de marzo de 2021. A partir de esa fecha, el arrendamiento se convertirá automaticamente en un arrendamiento con tripulación. Cualquier conversión anterior a un arrendamiento con tripulación anttes del 1 de abril de 2021 está sujeta a la decisión del Arrendatario y debera ser coordinada con el arrendador y 6 meses antes del cambio.

: Enmienda 1 al contrato ACMI 2, de 04/01/2021(doc. nº 52 de la actora, folios 208-209, coincidente con el doc. 6.4 de la demandada, folios 1481-1482), en particular su apartado 4: " El Contrato ACMI 2 y los Servicios en virtud del mismo quedan suspendidos de mutuo acuerdo a partir del 17/03/2020 debido a Covid 19 y a las restricciones de viaje correspondientes con un canon de 3,2 MJE ( tres millones doscientos mil euros) que Finnair pagara a Iberia en el momento en que se reanuden los Servicios. Los Servicios bajo el Contrato ACMI2 se reanudarán a más tardar el 1 de noviembre de 2021. Iberia dispondrá de la capacidad necesaria para Finnair a más tardar el 1 de noviembre de 2021, ya sea en régimen de arrendamiento con tripulación o sin tripulación, lo que será determinado por las partes antes del inicio de los Servicios, teniendo en cuenta también el impacto de las consultas a los empleados, si procede. La solicitud de Finnair de reanudar los Servicios antes del 1 de noviembre de 2021 está sujeta a la disponibilidad de capacidad de Iberia. Si Finnair desea comenzar a operar ( por si misma o mediante subcontratación) las rutas de MAD o BCN antes del 1 de noviembre de 2021. Finnair concederá a Iberia el derecho de tanteo para la prestación de dichos Servicios en virtud del Contrato ACMI2. EN CASO DE QUE Iberia no pueda proporcionar toda la capacidad solicitada antes del 1 de noviembre de 2021, Finnair pagará la proporción de las horas bloque operadas hasta ese momento. Para evitar dudas, el precio por hora bloque también en caso de capacidad parcial será el establecido en el Contrato ACMI 2. Finnair tendrá la flexibilidad de redistribuir las horas bloque entre las siguientes rutas. HELMAD, HELBCN, HELAGP Y HELLIS a reserva de la flexibilidad operativa de Iberia y a reserva de que Finnair pague los costesope4rativos adicionales razonables y probados ( si los hubiera) por dicha flexibilidad en el caso de HELAGP Y HELLIS. Durante la vigencia del Contrato ACMI2, Finnair renunciara a su derecho a invocar la fuerza mayor por razones de Covid19 o de demanda del mercado. El contrato ACMI2 suspendido se reanudara a partir de la fecha de inicio de los Servicios, ya sea total o parcialmente y su vigencia se prorrogara automática por la duración del tiempo de suspensión. El plazo de preaviso de rescisión del Contrato ACMI2 se reducirá a 6 meses.

Enmienda 2 al contrato ACMI 2, de 20/10/2021(doc. nº 53 de la actora, folios nº 210-2013 -original en inglés-, y 214-216 - traducción al español-), en particular su apartado 4: 4. Enmienda. Las partes introducen los siguientes cambios en el Contrato ACMI 2 y en su Enmienda 1;: Antecedentes para el Contrato ACMI 2, las partes cambiaron a un modelo de arrendamiento con tripulación ( wet lease) en lugar del modelo inicial de arrendamiento sin tripulación ( damp lease) en el momento del inicio del tráfico el 16/08/2021 después de la suspensión relacionada con el Covid19 y la vigencia del Acuerdo ACMI 2 se extiende hasta el 30/08/2024, con opción de prórroga hasta el 30/08/2025 antes del 30/11/2023."

Justifica la adicción para acreditar la existencia de una decisión preestablecida e inamovible , que había pactado con Iberia y adoptada antes el despido colectivo sin consulta y al margen de la representación de los trabajadores de prescindir de toda la plantilla de trabajadores de Madrid que hasta entonces operaba con aviones arrendados a Iberia , proporcionando la demandada la tripulación de cabina y se pasaba a extinguir los contratos de los tripulantes de cabina de Madrid y sustituirlos por los tripulantes de cabina de Iberia , operando en las mismas rutas y con salario mayor y en la negociación la empresa presento la opción Damp Lease como imposible por la imposición de Iberia cuando lo cierto es que se había bilateralmente por interés de las dos partes para obtener una ventaja en la negociación colectiva y no tener que justificar la sustitución de una plantilla por otra .

La demandada se opone a la modificaciones porque se basa en prueba ya valoradas por la Magistrada, consta en el hecho probado noveno que Iberia comunico a la demandada el 27/5/2021 que en lo sucesivo la colaboración solo podía realizarse bajo el modelo West lease y que a raíz de esto la demandada encargo un estudio económico a una consultoría " .

La adicción se basa en las mismas pruebas ya valoradas por la Magistrada y en el segundo párrafo del hecho probado noveno consta que "al reinicio de las operaciones de dichas rutas, concretamente el 27/05/2021, IBERIA comunico a FINNAIR que en lo sucesivo la colaboración no podría desarrollarse bajo el modelo de Damp Lease, habiendo limitado su oferta futura a una operación basada en un modelo "Wet Lease".

No se evidencia ningún error patente de valoración de la prueba a la vista del documento que se invoca por el recurrente y no procede la adicción solicitada.

Solicita la adicción en el hecho probado NOVENO un último párrafo con el siguiente contenido: " Se tienen por reproducidas las manifestaciones contenidas en la MEMORIA EXPLICATIVA en cuanto a:

* Apartado 4.2: Modelos históricos operativos, nueva situación actual y alternativas existentes que se alegan -operar las dos rutas de Madrid y Barcelona bajo el modelo de Wet Lease ofrecido por Iberia, o con aviones y tripulaciones completas de plantilla de Finnair- (doc. nº 1.10 de FINNAIR, págs. 20-22, folios nº 99-101, y Anexo 12.3, pag. 123, folio nº 202).

* Apartado 8.6: Análisis de sensibilidad histórico, en el que se descarta la opción del Damp Lease en Madrid, alegando que "Iberia descarta continuar con este modelo" -cuadro pág. 92-, y se comparan los riesgos y los costes exclusivamente entre los modelos de Wet Lease y aviones y tripulación propias (doc. nº 1.10 de FINNAIR, págs. 92-94, folios nº 171-173).

* Apartado 10: Diagnóstico sobre el mejor modelo operativo para las tutas de Madrid y Barcelona, en el que, tras indicar que Iberia ha decidido que su colaboración futura con Finnair sólo va a articularse a través de un modelo de Wet Lease, se desglosan los costes de los dos únicos modelos considerados posibles, Wet Lease y aviones y tripulación propias, sin incluir en la comparativa el Damp Lease (doc. nº 1.10 de FINNAIR, págs. 104-107, folios nº 183-186). "

Justifica la adicción para acreditar que la demandada e Iberia tenían pactado desde 31/10/2019 que el arrendamiento "Damp Lease" iba a terminar el 31/3/2021 y que pasaba automáticamente a "Wet Lease ," es decir arrendamiento con tripulación de Iberia y que a partir de esa fecha sobraba la tripulación de cabina de los TCP de Madrid. No hay imposición de Iberia Alega engaño porque a partir de la comunicación de 27/5/2021 solo se limita a una colaboración como Wet Lease sin ofrecer explicación y sin incluir comparativa con Damp Lease .

La demandada impugna el motivo, pretende introducir párrafos aislados de la memoria, no se omite información relevante, los contratos entre ambas compañías aéreas y las adendas fueron entregadas a la comisión representante de los trabajadores y así consta en las distintas actas y en el contenido de las mismas.

No se accede a la adicción que solicita porque si bien los párrafos de la documentos que cita ( la memoria explicativa) dice lo que señala la parte recurrente no puede valorarse unos documentos y párrafos aislados . La magistrada ha valorado la totalidad de la prueba y de la valoración de la prueba la magistrada no llega a la conclusión pretendida por la parte con esa revisión de que no hay imposición de Iberia y la Magistrado en el segundo párrafo del hecho probado noveno, cuya modificación no se ha solicitado señala " el 27/05/2021 , IBERIA comunico a FINNAIR que en lo sucesivo la colaboración no podría desarrollarse bajo el modelo de Damp Lease ,habiendo limitado su oferta futura a una operación basada en un modelo "Wet Lease.

Solicita la inclusión de un nuevo hecho en los siguientes términos: " FINNAIR reanudó sus operaciones desde Barcelona el 16/08/2021 y desde Madrid el 2/09/2021"

Y los justifica para acreditar que pactaron la reanudación del servicio va a hacerse necesariamente en los términos del contrato de 31/10/2019, es decir mediante pase automático a West lease desde 1/4/2021 porque ya se había facultado contractualmente a Iberia para hacer prevalecer dicha forma de operación en la que sobra todos los tripulantes de cabina de Madrid .

La demandada se opone a la adicción , no tiene trascendencia para el fallo , la reanudación de las operaciones en régimen de West lease se produce el 16 agosto de 2021 desde Barcelona y el 2 de septiembre de 2021 desde Madrid, y se implanto después que culminara el periodo de consultas donde se negoció y discutió dicha medida y después de la extinción del contrato después de ejecutar lo pactado .

Se accede a la adicción en los términos solicitado sin perjuicio de la trascendencia que pueda tener para el resultado del fallo.

SEGUNDO: Al amparo del art. 193 c) LRJS alega infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión , art 24.1 CE y la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 140/21 en la medida que la sentencia al constatar la existencia de un acuerdo entre empresa y representante de los trabajadores en el despido colectivo, no entra a conocer del fondo y causa de nulidad alegada en la demanda objeto de discusión y prueba en el acto de juicio, relativo a la ausencia de verdadero periodo de consultas , por falta de aportación de documentación esencial sobre el motivo del acuerdo entre Iberia y la demandada para la sustitución de la tripulación de Madrid, mala fe, fraude y abuso de derecho en la negociación , que se debieron a una conducta obstruccionista , dirigida a eludir una verdadera negociación, y a consumar una decisión inamovible y preestablecida a despedir sin causa a unos trabajadores sustituyéndolos por otros para continuar llevando la misma actividad y con mayores costes salariales , lo cual priva al trámite de sentido y finalidad a dicho trámite.

Alega infracción del art. 51.2 ET y del art. 124.13.a LRJS y la jurisprudencia en las l sentencias que cita en el recurso Alega que la existencia de acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores en el despido colectivo, no impide entrar en la causa de nulidad invocada y no supone la presunción de la validez de los requisitos formales ni la existencia de causa y ni impide la impugnación individual. Invoca art 124.13 a )LRJS No existe la causa invocada para el despido, no existe justificación ni documentación sobre esa causa Para los empleados de Madrid lo más relevante no es porque es más eficiente el West lease que la operación con aviones y tripulaciones propias , que es lo único que se menciona en la memoria sino porque es más eficiente el West lease que el Dump lease y sobre esto no hay justificación ni documentación porque la empresa ha querido ocultar sus acuerdos previos a los que voluntariamente había llegado con Iberia para sustituir la tripulación propia por la tripulación de Iberia pero sin concurrir causa económica ni productiva y que la demandada ha tratado de suprimir de la ecuación la opción Dump Lease presentándola como opción imposible y se convierte en mera apariencia la negociación colectiva y el periodo de consultas . Se informó falsamente a la representación de los trabajadores de que la demandada e Iberia valoraban la posibilidad de que las dos rutas pasaran al modelo Damp Lease y la posibilidad de introducir un modelo de West Lease a futuro, cuando ya estaba pactado que el modelo de arrendamiento sin tripulación iba a terminar el 31/03/2021 y que se iba a convertir automáticamente en West Lease es decir en arrendamiento con tripulación de iberia . Que la demandada había facultado a Iberia para hacer prevalecer dicha forma de operación en el que sobran todos los tripulantes de cabina de Madrid , se oculta en las negociaciones las causas de la sustitución de los tripulantes y se engaña en las negociaciones e invoca el contenido de las actas , siendo nulo el despido, por la ausencia de periodo de consultas, , por falta de aportación de documentación esencial, alega mala fue , fraude abuso de derecho y la existencia de conducta obstruccionista , existiendo conducta inamovible para eludir una verdadera negociación Se había pactado previamente por las empresas que la reanudación de servicios va a hacerse necesariamente en los términos del contrato ACMI 2 de 32/10/2019, es decir mediante pase automático a West lease desde 01/04/2021, y FINNAIR ya había facultado a Iberia contractualmente para hacer prevalecer dicha forma de operación en la que sobran todos los tripulantes de cabina de Madrid .

La empresa impugna el motivo de recurso, no se vulnera el art. 24 de la CE ni la doctrina del STC 140/2021 , la magistrada , entra a conocer las pretensiones deducidas y en ningún momento se señala que no conozca del mismo por existir acuerdo en el despido colectivo. Se pronuncia sobre que no existen vicios formales que invaliden el despido colectivo y en su caso la vulneración del art. 24 CE se debe canalizar por el apartado a) del art. 193 LRJS .Ha existido buena fe durante el periodo de consultas , se ha aportado la información , señala el contenido del hecho probado octavo, que Iberia se negó en mayo de 2021 a reanudar la operación de fletamente bajo la modalidad Damp lease y decidió que solo pudiera llevarse a cabo como West lease ( arrendamiento con tripulación ), según consta en el hecho probado noveno y solo después que Iberia comunicara su decisión , Finnaire realizo , con apoyo de una consultora un análisis de su negocio y concluye que debía reorientar todo el negocio , de las rutas de Barcelona y Madrid a Helsinki a través del modelo West lease y entonces en cuando se reestructura la actividad en España y se promueve los despidos colectivos .

Se cumple con la obligación de facilitar la documentación e información necesaria para el periodo de consultas a la comisión negociadora, la propia comisión considero que la documentación era suficiente y la adicional solicitada.

Alega que concurren las causas de índole organizativo y productivas y así consta en el hecho probado noveno.

TERCERO: La parte recurrente alega infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión art. 24.1 CE., pero por otro lado alega infracción de la doctrina contenida en la STC 140/2021.

En el supuesto de autos no se recurre a amparo del art. 193 a) LRJS, se invoca el art. 24. 1 CE señala el recurrente que no se produce indefensión y efectivamente no se le ha causado ninguna indefensión en el acceso a los tribunales En el supuesto de autos la Magistrada, no ha denegado ninguna prueba que hubiera producido indefensión a la parte demandante, se accedió a la aportación de la prueba solicitada por la parte actora , se dio traslado y plazo para examinarla como diligencia final y poder hacer alegaciones.

Señala la STC, Constitucional sección 1 del 12 de julio de 2021 Sentencia: 140/2021 -

Recurso: 5508/2018 ha declarado la Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción) de las resoluciones judiciales que impiden la fiscalización en procesos individuales de las causas justificativas del despido colectivo. Se dice en esta sentencia El art. 122.1 LJS, al que expresamente se remite el art. 124.13 LJS, dispone que se declarará improcedente el despido si no se acreditase la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación escrita. En la sentencia impugnada se minimiza el valor de este mandato, al afirmar que la redacción de los arts. 120 a 123 LJS datan de una época en que el enjuiciamiento de los despidos colectivos ni siquiera correspondía al orden jurisdiccional social y, por ello, se señala que esos preceptos fueron concebidos para ser aplicados a los despidos individuales. Sin embargo, no es menos cierto que la remisión a los arts. 120 a 123 LJS se estableció en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 febrero, norma que, precisamente, atribuyó el conocimiento de esa materia a los órganos del orden jurisdiccional social; y, en cualquier caso, debe advertirse que la vigencia de los referidos preceptos no permite prescindir de su aplicación, aun cuando se considere, como así lo hace el órgano casacional, que no se acomodan al régimen procesal que debiera regir. También debe tenerse en cuenta que el primer párrafo del art. 51.6 LET no impide que las causas del despido colectivo puedan ser cuestionadas en procedimientos individuales, ni tampoco prevé que el hecho de haber alcanzado un acuerdo con los representantes de los trabajadores comporte la presunción de existencia de las referidas causas, como así se establece respecto de otras medidas colectivas. En suma, debemos concluir que, cuando el despido colectivo no ha sido impugnado por los representantes legales de los trabajadores, a través del procedimiento colectivo previsto en el art. 124 LJS, la regulación legal no impide que en procesos individuales, el órgano judicial pueda dilucidar respecto de la realidad de las causas invocadas para justificar la referida medida colectiva, aunque se hubiera alcanzado un acuerdo con la representación de los trabajadores. El legislador no ha establecido, debemos insistir en ello, un régimen jurídico homogéneo para el ejercicio de las diferentes acciones individuales derivadas de la aplicación de medidas de naturaleza colectiva cuando se logra un acuerdo con la representación de los trabajadores, pues la regulación establecida para los despidos es diferente de la prevista respecto de otras decisiones empresariales. Por ello, de conformidad con el derecho contemplado en el art. 24.1 CE, proclamamos que la viabilidad de la impugnación planteada por los demandantes debe ser reconocida y, en consecuencia, afirmamos que lo resuelto por el órgano casacional resulta contrario a la efectividad del referido derecho."

La Magistrada ha dictado una resolución enjuiciando todas las cuestiones que han sido planteadas por las partes, no ha señalado que como en el despido colectivo se llegó a un acuerdo el despido individual debe desestimarse o que no procedía conocer sobre las causas invocadas , ha entrado a conocer si concurrían las causas para el despido objetivo y si existían defectos en la negociación.

No existe la infracción de la doctrina contenida en la STC 140/2021.

La parte recurrente argumenta su recurso , relativo a la ausencia de verdadero periodo de consultas , por falta de aportación de documentación esencial sobre el motivo del acuerdo entre Iberia y la demandada para la sustitución de la tripulación de Madrid, mala fe, fraude y abuso de derecho en la negociación , que se debieron a una conducta obstruccionista , dirigida a eludir una verdadera negociación, y a consumar una decisión inamovible y preestablecida a despedir sin causa a unos trabajadores sustituyéndolos por otros para continuar llevando la misma actividad y con mayores costes salariales , lo cual priva al trámite de sentido y finalidad a dicho trámite.

Se invoca como infringido art. 51.2 ET y LRJS art. 124 .13.a ) Sentencia: 578/2022 Recurso: 216/2021 ) del TS contiene la doctrina de este tribunal sobre la negociación en los siguientes términos A) " Según dispone el apartado 2 del artículo 51 ET , la comunicación de inicio del procedimiento de despidos colectivos a los representantes legales de los trabajadores deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de la documentación contable y fiscal y los informes técnicos Tales términos son los establecidos en el RD 1483/2012, de 29 de octubre. No basta, por tanto, la mera notificación formal a los representantes de los trabajadores del inicio de la consulta y del propósito empresarial, se precisa, además, que ambas vayan acompañadas de toda la información y documentación constitutiva del objeto de la propia consulta, de suerte que la obligación de documentación se configura como parte esencial del deber empresarial de información en el procedimiento de despidos colectivos, que, vinculado a las consultas, conecta, sin duda, con el principio de buena fe que, por imperativo legal debe presidir la negociación en esta fase procedimental.

B) La información se configura así como un presupuesto ineludible de las consultas. El tema conecta, sin dificultad, con la previsión del artículo 2.3.a) de la Directiva 98/59/CE que, con el fin de permitir que los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas al empresario, éste deberá proporcionarles toda la información pertinente. Se trata, obvio es, de una expresión jurídicamente indeterminada que deja en el aire no sólo el entendimiento de qué es lo pertinente, sino, también, la cuestión de quien debe decidir si la información es o no pertinente. En estos casos se impone la lógica jurídica. Así, el empresario cumple, en principio, con entregar a los representantes toda la información exigida por la indicada norma reglamentaria. Nada se opone, más bien al contrario, que voluntariamente acompañe cualquier otra, no exigida normativamente, pero que pueda contribuir al desarrollo de las consultas.

C) Se impone, en todo caso, reiterar el carácter instrumental del deber de información al servicio del derecho a la negociación colectiva en el seno de las consultas lo que implica que no todo incumplimiento de obligación documental conlleva la nulidad de la decisión extintiva sino tan sólo aquella que sea trascendente a los efectos de una negociación adecuadamente informada.

Y nos referimos a la "trascendencia" de la documental, porque entendemos que a pesar de los claros términos en que se expresan los arts. 6.2 RD 801/11 y 4.2 RD 1483/12 [el empresario "deberá aportar"], así como del 124 LRJS [se "declarará nula la decisión extintiva" cuando "no se haya respetado lo previsto" en el art. 51.2 ET , conforme a la redacción del RD-Ley 3/2012; y cuando " el empresario no haya ... entregado la documentación prevista" en el art. 51.2 ET , de acuerdo con el texto proporcionado por la Ley 3/2012], de todas formas la enumeración de documentos que hace la norma reglamentaria no tiene valor "ad solemnitatem", y no toda ausencia documental por fuerza ha de llevar a la referida declaración de nulidad, sino que de tan drástica consecuencia han de excluirse -razonablemente- aquellos documentos que se revelen "intrascendentes" a los efectos que la norma persigue [proporcionar información que consienta una adecuada negociación en orden a la consecución de un posible acuerdo sobre los despidos y/o medidas paliativas: art. 51.2 ET ]; con lo que no hacemos sino seguir el criterio que el legislador expresamente adopta en materia de procedimiento administrativo [ art. 63.2 LRJ y PAC] e incluso en la normativa procesal [ art. 207.c) LRJS ].

D) Tanto la Directiva 98/59 como el artículo 51.2 ET obligan al empresario a proporcionar a los representantes de los trabajadores toda la información pertinente en relación a las medidas extintivas que pretenden adoptar; información que se refiere no sólo a las causas justificativas, sino que alcanza a todos los aspectos del proyecto de despido que se propone llevar a cabo, de suerte que existe un principio de plenitud informativa al que debe atenerse el empresario para facilitar un correcto desarrollo del período de consultas. Desde esta perspectiva, las previsiones de la norma reglamentaria ( RD 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.) obligan a que la empresa aporte a los representantes de los trabajadores toda la documentación que exigen los artículos 3 a 5 del citado Reglamento. Ahora bien, ni toda omisión del contenido de la información contenida en los indicados preceptos reglamentarios implica un incumplimiento de la obligación de información que nos ocupa, ni ésta queda siempre y en todo caso cumplida cuando los documentos allí expresados se entregan pero se omiten otros que han sido solicitados por los representantes y que se revelan útiles y pertinentes a efectos de poder desarrollar en plenitud las negociaciones inherentes a todo período de consultas.

E) Ello aboca a examinar el cumplimiento de la obligación informativa desde una óptica finalista; es decir el problema de la necesidad de aportación o no de una determinada documentación -no prevista normativamente- vendrá determinada por la solicitud de los representantes de los trabajadores y por la utilidad de la documentación pedida a los fines examinados. La incorrección del despido colectivo por infracción de la obligación informativa vendrá determinada, en consecuencia, por la negativa de la empresa a la aportación de la información solicitada o por su defectuosa aportación, siempre que la solicitud esté justificada puesto que no se puede imponer al empresario la aportación de cualquier documentación no prevista legalmente salvo que quede acreditada su relevancia para la negociación durante las consultas ( STS de 18 de julio de 2014, rec. 288/2013 ).

Debemos partir de los hechos declarados probados. Consta en el hecho probado sexto , que se abrió el 30/06/2021 la apertura formal del periodo de consultas , especificando las causas objetivas invocadas , relación de trabajadores , memoria explicativa e informe técnico y resto de documentación , consta que se llevaron a cabo negociaciones en las reuniones , que se celebraron en los días del mes de julio que se mencionan en el citado hecho probado y que el día 30 se levantó el acta final.

Se ha llevado a cabo un periodo de consultas y se levantaron las correspondientes actas.

Se entregó toda la prueba documentación que solicitaron al igual que se ha entregado a los demandantes en este procedimiento toda la documental solicitada, no se ha ocultado la documentación de los acuerdos entre Iberia y la demandada y los acuerdos respecto a la concurrencia de causas económicas y organizativas ,se entregó la memoria explicativa , en las que constaba las ventajas del modelo West lease .

La ruta Barcelona Helsinki , se operaba con una aeronave de su titularidad con tripulación técnica y de cabina perteneciente a Finnair , los pilotos tenían base el Helsinki y los TCP en Barcelona.

La ruta Madrid -Helsinki , se realizaba a través de un contrato de fletamento suscrito con Iberia , Iberia proporciona los pilotos , mantenimiento , seguros y Finnair proporcionaba la tripulación de cabina .

En mayo de 2021 Iberia comunico a Finnair que en los sucesivo la colaboración no podría desarrollarse bajo el modelo de Damp lease ( los tripulantes los pone Finnair ) habiendo limitado su oferta futura al modelo wet lease( todo lo suministra Iberia ).

Según consta en el hecho probado noveno es después de esta comunicación cuando la demandada encargo un estudio económico a una consultoría y llega a la conclusión que el modelo de West lease presentaba mayor ventajas , eficacia y flexibilidad suponiendo un ahorro de costes importantes frente a la operativa basado en tripulantes y aviones de Finnair y por ello se optó por el sistema West lease.

Se ha negociado sin que se constate conducta de obstrucción por la demandada, entregando toda la documentación, no existe mala fe.

CUARTO: Respecto a la concurrencia de las causas invocadas para el despido objetivo, consta en el hecho probado noveno, la situación de las rutas que operaban desde Madrid y Barcelona. Y los distintos modelos de fletamento y se acredita la existencia de esta causa como consecuencia de los cambios operados en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal y en el modo de organizar la producción .

Dispone el art. 51.1. 2º del Estatuto de los Trabajadores que " (..) Se entiende que concurren "; "causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción"; y causas productivas "cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado".

) La jurisprudencia, en relación a la extinción objetiva de contratos por causas productivas y organizativas, ha señalado lo siguiente, resumido y compendiado por la STS núm. 78/2018 de 31 enero. RJ 2018\419, "Con carácter general, si la causa es productiva, ha de probarse por el empresario, que se han producido disfunciones en el entorno de su actividad, como falta de pedidos o bien descenso progresivo de la producción o de la actividad de la empresa, que le obligan a modificar o disminuir la producción, haciendo obsoletos uno o varios puestos de trabajo, ya que, de no extinguirse dichos puestos de trabajo, se desequilibraría el proyecto empresarial".

En este mismo sentido, y como tuvo ocasión de manifestar nuestro Alto Tribunal en sentencia de 23 de abril de 2013 "la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que se manifiesta una causa organizativa, en cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los trabajadores (ya se sostuvo así en la STS 14 de junio de 1996 (RJ 1996, 5162) -rcud. 3099/1995-).

Se ha añadido que el art. 52 c) ET no impone al empresario la obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa; incluso hemos dicho que ésta no está obligada a destinar al trabajador a otro puesto vacante (aspectos ambos reiterados en la STS de 7 de junio de 2007 (RJ 2007, 4648) -rcud. 191 /2006-)".

Y como señalaba la STS de 8 de julio de 2011 (rcud. 3159/2010 (RJ 2011, 6270) "el ámbito de apreciación de la causa productiva sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso de personal".

En el supuesto de autos concurren las causas invocadas en la comunicación del despido y así lo aprecia la magistrada , que considera acreditado la concurrencia de causas estructurales productivas y organizativas , consta en el hecho probado noveno, que serían superiores los costes cuando se realizan los vuelos con medios propios de Finnair incluyendo los aviones , pilotos y tripulantes de cabina , existen razones organizativas y de producción y el recurso debe ser desestimado.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,