Sentencia Social 720/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 267/2024 de 12 de julio del 2024

PRIMERO.- I.-La actora en el proceso viene prestando servicios para el Ayuntamiento de Madrid, últimamente con la categoría profesional de operaria, en virtud de sendos contratos de interinidad por sustitución concertados el 3 de mayo de 2010 y el 1 de diciembre de 2023, de los que uno tenía por objeto reemplazar a la empleada Sra. Noelia durante el período de movilidad de puesto de trabajo mediante adscripción provisional al puesto nº NUM000, y, el otro, sustituir al Sr. Samuel en situación de incapacidad temporal.

Con anterioridad, la demandante trabajó para la entidad local en los períodos comprendidos entre el 5 y el 15 de julio de 2004, el 28 de septiembre y el 26 de diciembre de 2004 (y no de 2003 como por error material sanable consta en el hecho probado segundo de la sentencia recurrida) y el 27 de diciembre de 2004 y el 27 de abril de 2010 mediante contratos de interinidad por sustitución, eventual por circunstancias de la producción e interinidad por vacante, respectivamente, todos ellos para desempeñar funciones de la categoría profesional de auxiliar administrativo taquillero.

La certeza de este último dato se desprende de los contratos obrantes en autos en los folios 124 a 127, no contradichos por prueba en contrario, y se tiene por acreditada, como solicita la Letrada municipal, con el debido amparo procesal, en el motivo inicial de su recurso, al que, como más adelante se verá, atribuye trascendencia para la resolución del asunto.

II.-El 27 de marzo de 2022 la trabajadora interpuso la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones para que se declare el carácter fijo o subsidiariamente indefinido no fijo de la relación laboral, sobre la base del carácter abusivo o fraudulento del contrato vigente en esa fecha, y de los dos que le precedieron. Para respaldar la pretensión principal adujo que había superado la fase de oposición en las pruebas selectivas convocadas en el año 2005 para la provisión de 184 plazas de personal laboral fijo en la categoría de operario de instalaciones deportivas municipales.

III.-Conoció del asunto el Juzgado de lo Social núm. 47 de Madrid que en fecha 9 de enero de 2024 dictó sentencia, en la que, acogiendo la petición subsidiaria, declaró el carácter indefinido no fijo de la relación con efectos desde el 5 de julio de 2004.

Basó su pronunciamiento en una doble consideración; de un lado, en que del examen de los contratos temporales concertados se desprendía su validez, salvo del suscrito el 3 de mayo de 2010 "para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección, promoción o provisión para la cobertura definitiva del puesto, y en su caso, para el desarrollo de la Oferta Pública de Empleo correspondiente. Código de puesto nº NUM000"; de otro, en que la demandada había tardado más de tres años en adoptar las medidas oportunas para que la plaza fuese cubierta a través de los cauces legales, sin concurrir circunstancia alguna que justificase su inactividad durante un espacio de tiempo tan amplio.

SEGUNDO.- I.-Contra la sentencia recaída en la instancia se alzan en suplicación las dos partes. La que ocupó la posición pasiva en el proceso con el propósito de que se la absuelva de los pedimentos deducidos en su contra, señalando como vulnerado el art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores y la doctrina que cita, sosteniendo, en esencia, que el contrato de 3 de mayo de 2010 fue de interinidad por sustitución y no incurrió en anomalía alguna, y que aunque se entendiera que alguno de los precedentes fue fraudulento, la fecha de efectos del reconocimiento de la naturaleza indefinida, no fija, del vínculo, sería la de 4 de mayo de 2010 al haberse suscrito ese contrato para el desempeño de otra categoría profesional, lo que impide apreciar la unidad esencial del vínculo. Por su parte, la actora reitera la pretensión principal con el argumento de que superó la fase de oposición.

II.-Ambos litigantes han impugnado el recurso formulado por su antagonista, sin hacer uso de la facultad prevista en el art. 197.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social de articular causas de impugnación subsidiarias que no hubieran sido estimadas en la sentencia, cuyo planteamiento, como previene la norma, debe ajustarse a requisitos análogos a los que el art. 196 de la ese mismo Texto legal establece para la formulación de los motivos de suplicación.

Interesa resaltar que esta exigencia cumple una triple función de gran importancia. En primer lugar, permite a la contraparte formalizar su oposición, con el debido conocimiento y sin merma de su derecho a la defensa, en el plazo de dos días, como previene el art. 197.2 de la Ley reguladora de este orden. En segundo lugar, posibilita que la Sala "ad quem" asuma el completo conocimiento sobre la problemática suscitada por esa vía, en idéntica situación que el juez "a quo", tanto por lo que respecta a la fijación de los hechos probados, cuya modificación cabe proponer, como a su subsunción jurídica. En tercer lugar, compele al Tribunal de suplicación a dar una respuesta fundada en derecho a las alegaciones vertidas, so pena de incurrir en incongruencia.

Sentado lo precedente, es de ver que la trabajadora, en el escrito de oposición al recurso del Ayuntamiento, hace referencia al contenido del contrato celebrado el 28 de septiembre de 2004 en términos ajenos a los hechos probados, así como a su supuesto carácter fraudulento, pero sin observar la formalidad aludida, lo que impide a la Sala entrar a conocer de esa temática.

III.-Lo hasta aquí expuesto avala la decisión de centrar el debate sobre el dilema básico al que nos enfrenta el recurso de la entidad local, referido a la naturaleza temporal o indefinida del vínculo, en términos ajustados a la "ratio decidendi" de la sentencia impugnada, circunscrita a la duración inusualmente larga del contrato de "interinidad por vacante" de fecha 3 de mayo de 2010.

Lo anterior nos coloca en una situación complicada dado que ese contrato no era de interinidad por vacante y no tenía por objeto la provisión temporal del puesto nº NUM000 durante el proceso de selección, promoción o provisión para su cobertura definitiva, como se afirma en la fundamentación jurídica de la resolución judicial, sino de interinidad por sustitución para reemplazar a la empleada Sra. Noelia durante su período de movilidad de puesto de trabajo mediante adscripción provisional al nº NUM000, a lo que se suma que ninguna de las partes ha denunciado la falta de congruencia de la sentencia, ni han alegado, por ende, que tal incoherencia les haya ocasionado indefensión. Por el contrario, ambas han entrado a analizar la regularidad del contrato mencionado atendiendo a su verdadera naturaleza y finalidad, lo que faculta a este Tribunal a resolver lo que corresponda a partir de esa realidad.

TERCERO.- I.-Fijada la controversia principal a dilucidar en los términos expuestos, la argumentación de la trabajadora para calificar como fraudulento el contrato de 3 de mayo de 2010 se basa en lo resuelto por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la sentencia de 7 de julio de 2023 (Rec. 2809/2020).

El criterio fijado en la resolución invocada y las que en ella se citan, se puede resumir del siguiente modo:

1º) El contrato de interinidad por sustitución, además de en supuestos de suspensión de la relación laboral, se puede formalizar en los de adscripción temporal a un puesto de trabajo distinto, con derecho a la reserva del que ha dejado, al cumplirse también en ese caso la finalidad que pretende cubrir esa modalidad de contrato.

2º) No obstante, en esa segunda hipótesis, la adscripción del trabajador sustituido a un puesto diferente no se puede prolongar más allá de un periodo de tiempo razonable y justificado por circunstancias puramente coyunturales y ocasionales, no pudiendo obedecer a una necesidad estructural de mano de obra con la que se evidencie que la empresa necesita en realidad disponer de trabajadores indefinidos para ocupar de forma permanente los dos puestos de trabajo.

3º) Como regla general, la prolongación de la adscripción durante más de 12 meses, plazo que diferencia el desplazamiento temporal del traslado, revela que no se trataba de una adscripción justificada por razones coyunturales, sino que existía una necesidad estructural de mano de obra, por lo que, si el trabajador sustituido permanece en su nuevo puesto más de ese límite temporal, el trabajador interino adquiere la condición de indefinido no fijo.

Resta señalar que el criterio jurisprudencial se atiene a lo previsto en la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999, anexo a la Directiva 1999/70, en relación con los arts. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción aplicable por razones cronológicas, y 6.4 y 7.2 del Código Civil.

II.-La doctrina expuesta lleva a la necesaria consecuencia de que el vínculo entre las partes devino indefinido no fijo, al haberse mantenido la adscripción provisional de la Sra. Noelia a otro puesto de trabajo distinto del suyo durante más de once años, período en el que la actora ocupó su puesto de origen, lo que implica la desestimación de la pretensión principal ejercitada por la entidad local recurrente, por argumentos diferentes a los empleados por la magistrada de instancia.

III.-Tampoco puede prosperar la pretensión subsidiaria de la Administración recurrente de que la fecha de efectos del reconocimiento del carácter indefinido no fijo de la relación se fije en el 4 de mayo de 2010, y no se retrotraiga al 5 de julio de 2004, basada en que el vínculo laboral quedó "interrumpido al formalizar contratos en dos categorías profesionales diferentes".

El factor al que alude la Letrada del Ayuntamiento constituye uno más de los que se pueden sopesar a efectos de apreciar el mantenimiento o la ruptura de la unidad de la relación en los supuestos de contratación temporal sucesiva en fraude de ley, pero no es el único de los que se han de tomar en consideración. Entre ellos, como ha reiterado el órgano de casación social en sentencias, entre las más recientes, de 7 de marzo, 26 de abril, 18 de julio y 29 de noviembre de 2023 (Rec. 2645/2020, 4604/2019 y 2183/2022), y 23 de enero de 2024 (Rec. 2981/2002), ocupa un lugar preferente la duración del lapso que media entre el final de cada contrato y el comienzo del siguiente, a los que se añaden otros, como el tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, la identidad de la actividad productiva o de servicios desarrollada por la empresa y las características de la llevada a cabo por el trabajador, el número y duración de los cortes, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos.

IV.-En el supuesto enjuiciado, el actor viene prestando servicios para el Ayuntamiento de Madrid desde el 5 de julio de 2004, en virtud de una pluralidad de contratos temporales para realizar una actividad de carácter habitual y ordinaria, como es el mantenimiento de instalaciones deportivas municipales, sin que medien interrupciones significativas en la prestación de servicios (una tuvo lugar entre el 16 de julio y el 27 de septiembre de 2004, coincidente además con el período vacacional y otra entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2010), intervalos a los que no se le puede atribuir virtualidad rupturista del vínculo contractual en orden a determinar la fecha de efectos del reconocimiento del carácter indefinido no fijo de la relación. lo que hace innecesario entrar a valorar los restantes factores, que en todo caso abocan a la misma conclusión.

V.-Por consiguiente, al fijar como fecha de efectos del reconocimiento de la condición de indefinido, no fijo, del actor, la de su incorporación al Ayuntamiento, el órgano sentenciador no incurrió en la infracción que se le achaca, lo que de conformidad con lo preceptuado en el art. 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción comporta la imposición a la demandada de las costas causadas en esta fase del proceso, concretadas en los honorarios devengados por el Letrado de la actora por la redacción del escrito de impugnación, cuya cuantía fijamos en la parte dispositiva en atención a su contenido y a las características del asunto.

CUARTO.- I.-La desestimación del recurso de la entidad local obliga a afrontar la cuestión que plantea el formulado por la actora referida a la calificación que se deber dar a la relación teniendo en cuenta que durante su vigencia participó en el proceso selectivo para proveer por el turno libre 184 plazas de personal laboral fijo con la categoría de operario de instalaciones deportivas, aprobando la fase de oposición, no llegando a obtener plaza al existir otros candidatos con mejor puntuación.

II.-A tal efecto, constituyen obligado punto de partida los razonamientos desplegados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 22 de febrero de 2024 (C-59/22), resolviendo las cuestiones prejudiciales formuladas por esta Sala en el marco del recurso de suplicación 797/2021, entablado por un trabajador público que ostentaba la condición de indefinido no fijo por irregularidades en la contratación temporal, que pueden sinterizarse del modo siguiente.

A)En primer lugar, el órgano comunitario aclara, en términos que resultan plenamente aplicables al caso que nos ocupa, que:

a) Un trabajador indefinido no fijo tiene el estatus de trabajador con contrato de duración determinada, a efectos de lo establecido en el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, y se encuentra comprendido en su ámbito de aplicación.

b) La expresión «utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada», que figura en la cláusula 5 de dicho Acuerdo "comprende una situación en la que, al no haber convocado la Administración en cuestión, en el plazo establecido, un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, el contrato de duración determinada que vincula a ese trabajador con dicha Administración ha sido prorrogado automáticamente".

B)Tal cláusula debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, como la española, no prevé ninguna de las medidas que contempla, referidas a razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales, a su duración máxima total y al número de sus renovaciones, ni «medida legal equivalente» alguna, para evitar la utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos, y que "a falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar, con arreglo a esta cláusula 5, los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir tal medida".

C)Finalmente, el Tribunal advierte que "corresponde, en su caso, al tribunal nacional modificar la jurisprudencia nacional consolidada si esta se basa en una interpretación de las disposiciones nacionales, incluso constitucionales, incompatible con los objetivos de la Directiva 1999/70 y, en particular, de dicha cláusula 5".

Es importante hacer hincapié en que la sentencia comentada no impone a la autoridad del Estado español la obligación de transformar en fijos los contratos de todos los trabajadores indefinidos no fijos, aun en el supuesto de que el Derecho nacional no haya previsto una medida efectiva para sancionar el incumplimiento de la cláusula 5, y tampoco fuerza a los tribunales a pronunciarse en tal sentido de forma indiferenciada.

II.-Valorando lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Pleno de esta Sala, en sentencia de 10 de abril de 2024, desestimó la pretensión de fijeza deducida en el recurso 797/2021, bajo la consideración esencial de que la conversión automática, y en cualquier caso, de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente resultaba incompatible con el derecho fundamental de acceso al empleo público de carácter fijo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A igual conclusión llegó el órgano de casación social en las sentencias de 17 y 29 de abril de 2024 (Rec 853/2021 y 4962/2022) al afirmar obiter dictum que de la sentencia del TJUE de 22 de febrero de 2024 "no se deriva, en ningún caso, la necesidad de la conversión judicial automática de los trabajadores indefinidos no fijos en fijos, que como ya se ha visto es algo incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública -que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la función pública- y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente".

III.-Aunque formulado en otros términos y a diferentes fines y en un supuesto en que el trabajador no ostentaba formalmente la condición de indefinido no fijo, en la misma línea debe entenderse que se sitúa el auto de 30 de mayo de 2024, en el que el Pleno de la Sala de Social del Tribunal Supremo, al plantear una nueva cuestión prejudicial, fue más allá, cuando en el parágrafo 72 señaló que "la calificación de la relación laboral como indefinida no fija es la consecuencia jurídica derivada de la ilegítima o abusiva utilización de contratos de duración determinada. Constituye una garantía para los trabajadores y una sanción para la administración empleadora por dicha ilícita utilización, y, a juicio de este Tribunal, puede por lo tanto considerarse como una medida legal equivalente y adecuada para evitar y sancionar los abusos en la utilización de contratos temporales por parte de la Administración pública, que cumpliría con las exigencias de la cláusula 5 del Acuerdo Marco".

Y en el epígrafe nº 75 añadió que "si la calificación de la relación laboral como indefinida no fija es consecuencia de la utilización ilegítima o abusiva de la contratación temporal, y lleva aparejada el pago de la indemnización de veinte días por año de servicio, bien pudiere ser una medida legal equivalente a las previstas en la cláusula 5 del Acuerdo Marco. Lo que permitiría entonces la perfecta conciliación del derecho de la Unión Europea con la normativa nacional, que impide reconocer la condición de personal laboral fijo de los organismos del sector público al trabajador que accede al empleo sin que se haya celebrado el pertinente proceso de selección convocado conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

QUINTO.- I.-No obstante lo anterior, el Pleno de este Tribunal en la sentencia citada "ut supra" de 10 de abril de 2024 puntualizó que "cuestión distinta sería que el trabajador que demanda esa relación laboral fija haya participado en el proceso de selección oportuno y lo haya superado aprobando la convocatoria aunque sin obtener plaza, pues en tal caso ese óbice desaparecería y no existiría impedimento alguno para que, incluso sin haber prestado servicios durante un período de tiempo tan inusitadamente largo (con lo que podría servir el de 5, 6 o 7 años, según las circunstancias), obtuviera la fijeza pretendida".

Bajo similar perspectiva, uno de los votos particulares mantuvo que el art. 14 de la Constitución "podría ser interpretado de una forma flexible, conciliable con la cláusula 5 del Acuerdo Marco, en aquellos casos en que se haya satisfecho mínimamente el principio de igualdad, así como los de mérito y capacidad, al haber brindado la Administración empleadora a otras personas la oportunidad de acceder a la plaza desempeñada por el trabajador indefinido no fijo".

II.-Haciendo uso de la salvedad apuntada, esta Sección, en sentencia de 10 de mayo de 2024 (Rec. 1002/2023), calificó como fija la relación existente entre un trabajador indefinido no fijo y el Ayuntamiento de Madrid empleando los siguientes argumentos:

A) Estamos ante un trabajador que: 1º) desde el año 2002 lleva prestando servicios en condiciones de temporalidad fraudulenta y abusiva apreciadas por esta Sala en sentencia firme; 2º) ha superado las pruebas selectivas para acceder a una plaza fija y que, simplemente, por haberse convocado un número reducido (ciertamente insuficiente a la vista de la prolongación de la temporalidad en el contrato del actor), no obtiene la fijeza pese a haber concurrido en igualdad de oportunidades con otros trabajadores y haber superado las pruebas que se le plantearon; 3º) desde que en el año 2007 superó tales pruebas acreditando su mérito y capacidad para el desempeño de la plaza que ocupa mantiene un estatus de temporalidad permanente e injustificada, sin visos de solución en el tiempo, sin que exista constancia que desde entonces se hayan efectuado nuevas convocatorias de plazas fijas de su categoría.

B)Esto nos permite entender que se ha satisfecho de forma holgada el principio de igualdad, dado el carácter abierto de la convocatoria, en la que participó el actor, para la cobertura de plazas fijas, a la que pudieron aspirar cuantas personas reunían los requisitos establecidos en las bases, y que se desarrolló con respeto a los principios de mérito y capacidad, valores que fueron evaluados positivamente en el caso del demandante. Recordamos nuevamente que el actor ha sido objeto del abuso en la contratación temporal como pone en evidencia su previo reconocimiento como trabajador indefinido no fijo sobre la que ya hemos reflexionado al resolver la excepción de cosa juzgada.

C)No podemos confundir lo que entiende como "aprobado" a los efectos de obtener la plaza con el hecho no controvertido de que el demandante ha probado su capacidad para el puesto de trabajo y que en ningún momento fracasó en la fase de concurso. Simplemente solo se consideró que se había superado el proceso por el número de trabajadores coincidente con las plazas convocadas".

III.-Al inclinarnos por la tesis enunciada fuimos conscientes de que el recurrente no había superado el proceso para la cobertura de plazas laborales de carácter fijo en el que participó, sino solo la fase de oposición. Sin embargo, la decisión que tomamos estuvo dirigida a procurar una interpretación que armonizara el principio de igualdad en el acceso al empleo público laboral de carácter fijo con la necesidad de ofrecer una respuesta acorde a la doctrina acuñada por el Tribunal comunitario en la sentencia de 22 de febrero de 2024, en la interpretación que se deriva de los propios términos de su texto.

Ciertamente, la valoración de sus méritos no habilitó al allí demandante para obtener una de las plazas ofertadas en la convocatoria a la que se presentó, pero ello no impide constatar que acreditó su mérito y capacidad en un proceso de selección que se desarrolló en condiciones de igualdad y transparencia, así como que su aptitud e idoneidad para el desempeño del puesto resultó corroborada, a plena satisfacción de la Administración empleadora, por la realización de las funciones inherentes al mismo durante un dilatado período de tiempo.

Entendimos, por ello, que el criterio adoptado ofrecía la posibilidad de cohonestar las exigencias del principio de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público fijo laboral con las directrices que sobre el significado y alcance de la cláusula 5 en cuestión fijó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia mencionada, en la que intimó a los órganos jurisdiccionales españoles a mantener una actitud proactiva encaminada a garantizar el respeto a la citada cláusula y a poner fin a situaciones de temporalidad abusiva, ocultas bajo el ropaje formal de la figura del contrato indefinido no fijo, incluyendo expresamente, entre las iniciativas de búsqueda de una salida adecuada para corregir la situación, la calificación de la relación indefinida no fija como fija.

Consideramos que solución distinta a la articulada por esta Sala supondría privar al pronunciamiento del Tribunal Europeo de cualquier efecto útil y no permitiría alcanzar el objetivo perseguido por la disposición que evalúa, perpetuando el uso fraudulento e injustificado de la figura del trabajador indefinido no fijo por parte de la entidad pública empleadora, sin que encontrásemos razones válidas para hacer caso omiso de la encomienda comunitaria.

Interesa resaltar que la contratación temporal del demandante en la controversia que afrontó esta Sección en la sentencia referenciada de 10 de mayo de 2024 se produjo, al igual que la del que promovió el pleito resuelto por el Pleno de la Sala en la sentencia de 10 de abril de 2024, sin sujeción a un proceso selectivo público respetuoso con los principios de igualdad, mérito y capacidad, esto es, en forma directa por la Administración. Este método de reclutamiento constituye un caldo de cultivo idóneo para prácticas absolutamente discrecionales y clientelares de contratación laboral que pugnan directamente contra el derecho de igualdad en el acceso al empleo público y que, salvo que concurran acontecimientos excepcionales sobrevenidos, impiden que las irregularidades detectadas en los contratos temporales concertados, que motivaron el reconocimiento judicial de la indefinición, no fija, de la relación, puedan dar lugar a la adquisición de la fijeza en plantilla, lo que colisionaría frontalmente con el principio de igualdad recogido en el art. 14 de la Constitución, sin que el recurso a la cláusula comunitaria objeto de estudio pueda ser utilizado para convalidar la actuación administrativa descrita, privando a las terceras personas interesadas de la opción de aspirar a conseguir, en el marco de un proceso de selección con garantías de publicidad, objetividad e imparcialidad, la plaza desempeñada por el trabajador indefinido no fijo.

En los dos supuestos, las anomalías cometidas por la Administración en la contratación de duración determinada, sirvieron de base para la declaración de indefinición, no fija, de la relación laboral en sede judicial y en ambos casos los trabajadores implicados contaban con una dilatada trayectoria profesional al servicio de la entidad empleadora, pero en el contemplado por esta Sección en la sentencia de 10 de mayo de 2024 concurrieron dos hechos diferenciales significativos. Por un lado, el allí actor participó en un concurso libre y abierto convocado para la provisión de plazas fijas correspondientes al puesto que ocupaba, regido por los valores de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, al que se pudieron presentar todas las personas interesadas con los requisitos requeridos. Por otro lado, superó la fase de oposición acreditando los conocimientos generales y específicos necesarios para el desempeño de la plaza, evidenciando su idoneidad para ello.

Sin desconocer que el supuesto objeto de controversia coincidía en lo sustancial con el que enjuició la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de 8 de noviembre de 2023 (Rec. 3499/2022), sentando la doctrina de que la aprobación de los ejercicios de la fase de oposición de un proceso selectivo para la cobertura de plazas fijas, sin obtener ninguna de las ofertadas, pasando a ingresar la lista de contratación temporal, no permitía calificar la relación laboral de fija, pero sí de indefinida no fija en el caso de constatarse fraude de ley en la contratación temporal, estimamos que la respuesta dada por el Tribunal comunitario en la sentencia de 22 de febrero de 2024, establecía un nuevo marco de referencia, que hacía necesario un nuevo acercamiento a la cuestión bajo los postulados contenidos en dicha resolución.

Como fruto de tal reconsideración, la ponderación de los diferentes intereses y derechos legítimos afectados, nos llevó a dar prevalencia al derecho a la estabilidad en el empleo que, según doctrina comunitaria reiterada, el Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, concibe como un componente primordial de la protección de los trabajadores.

Y ello, teniendo en cuenta tres elementos fundamentales: 1º) el grado de sacrificio del derecho a la igualdad en el acceso al empleo público laboral de carácter fijo, al respetarse, al menos en sus líneas básicas, los principios de igualdad, mérito y capacidad y el mandato de publicidad en razón de las circunstancias singulares anteriormente descritas; 2º) la relevancia de la satisfacción del derecho a la estabilidad en el empleo con el que entra en conflicto, tanto en el ordenamiento comunitario como en el constitucional (art. 35.1 de la Norma Fundamental; 3º) el paso del tiempo y la falta de medidas adecuadas para resolver de manera eficaz los problemas generados por el fraude en la contratación temporal por parte de las Administraciones Públicas, que ha llevado a prolongar una construcción jurisprudencial elaborada hace más de 35 años con vocación transitoria, siendo perfectamente factible que un trabajador que ha superado la fase de oposición para la obtención de una plaza fija de su categoría y ha continuado prestando servicios en el mismo puesto durante un período muy prolongado a plena satisfacción siga con un estatus de temporalidad en el momento de pasar a la jubilación sin gravamen alguno para quien actuó de manera abusiva y fraudulenta.

Frente a las consideraciones precedentes no pueden primar alegaciones genéricas sobre el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que, a la luz de la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de las concretas circunstancias concurrentes, no resultan suficientes para rechazar la declaración de fijeza postulada, medida que, a juicio de esta Sección, no sólo está justificada, sino que es la única que se revela idónea y proporcionada para solventar situaciones como la descrita. Solución contraria implicaría perpetuar indefinidamente una relación laboral temporal sin razón bastante para ello, en términos que serían inconciliables con la cláusula 5 mencionada en la interpretación dada por el órgano responsable de su exégesis, además de contraproducentes al otorgar a la Administración contratante una especie de patente de corso que le habilitaría para seguir incumpliendo "sine die" y sin perjuicio alguno la normativa y la doctrina comunitarias.

SEXTO.- I.-Los argumentos que llevaron a esta Sección a declarar la fijeza de la relación que mantenía el recurrente en el asunto resuelto por la sentencia tantas veces citada de 10 de mayo de 2024, son plenamente trasladables al actual, habida cuenta que:

1º) El actor, desde el año 2004, presta servicios para el Ayuntamiento de Madrid, realizando, desde el 4 de mayo de 2010, tareas como operario en instalaciones deportivas, de naturaleza permanente, como consecuencia de la falta de oferta de plazas fijas en número suficiente para cubrir las necesidades estables de mano de obra.

2º) Con anterioridad a la contratación temporal fraudulenta como operaria participó en el proceso de selección libre convocado en el año 2005 para la provisión de plazas fijas de esa categoría, cuyo desarrollo se rigió por los principios de igualdad, mérito y capacidad y atendió al mandato de publicidad, superando la fase de oposición, pasando a formar parte de la lista de espera.

3º) La Administración no realizó nuevas convocatorias para la provisión de plazas fijas en el período comprendido entre la susodicha convocatoria y la fecha de interposición de la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones.

En virtud de todo lo expuesto y atendiendo a razones de coherencia y seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley, debemos estimar el recurso interpuesto por la actora, en los términos expresados en su suplico y en el de las demanda, y declarar que la actora ostenta la condición de trabajadora fija de la demandada, sin que concurra ninguna circunstancia que permita apartarnos del criterio adoptado en esta materia, sin que pueda valorarse como tal la decisión adoptada por el órgano de casación social de formular una cuestión prejudicial en la que no se afronta de manera específica el problema que aquí se suscita.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,