Sentencia Social 127/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 601/2022 de 13 de marzo del 2023

PRIMERO.- En la demanda rectora de la presente litis, se impugnaba la Resolución del INSS de 22-07-21, ratificada por la posterior de 25-10-21, en la que Revocaba el derecho a la obtención del mecanismo de Protección Asistencial de Ayuda económica familiar complementaria que le concedía la legislación del Síndrome Tóxico, a la actora por omisión y ocultación de datos; y se Reclamaba a esta y solidariamente a su esposo D. Claudio, el importe de 35.497,44 euros correspondiente a la prestación abonada desde el 1-10-18 a 30-06-21. La sentencia de instancia desestimó dicha demanda por considerar que se había producido dicha omisión de datos en la solicitud de revisión de mayo de 2021, al no comunicar la actividad económica que venían desarrollando tanto la actora como su esposo, pese a conocer que tenían obligación de comunicar cualquier variación económica o familiar que se produjese.

Frente a dicha sentencia se alza en suplicación la parte actora, articulando su recurso a través de cuatro motivos de revisión fáctica, amparados procesalmente en el art. 193 b) de la LRJS y tres de censura jurídica, sustentados en el art. 193 c) del mismo texto procesal. Dicho recurso no fue impugnado de contrario.

SEGUNDO.- En el primero de los motivos de revisión fáctica, se interesa la ampliación del hecho probado primero, con apoyo en el mismo folio 70 de los autos, pretendiendo incorporar lo siguiente:

" sin establecer consecuencia alguna a esa falta de comunicación de datos".

Como recuerdan, entre otras, las Sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 16 de junio o 28 de julio de 2015 "es doctrina reiterada de esta Sala que si en los hechos declarados probados se hace referencia a documentos que figuren a los folios que se detallen concretamente y que se han dado por reproducidos, no es necesaria su completa trascripción, posibilitándose su integración en los referidos hechos" y que "si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia" ( SSTS/IV 13- noviembre-2007 (RJ 2008, 999 -rco 77/2006, 14-mayo-2013 (RJ 2013, 6080) rco 285/2011, 5-junio-2013 -rco 2/2012, 18-junio-2013 (RJ 2013, 5738) -rco 99/2012, 16-septiembre-2014 (RJ 2014,5213) -rco 251/2013)".

En el presente supuesto, el ordinal primero hace expresa remisión al folio 70 de los Autos, con lo que puede la Sala contar con el contenido íntegro de la Resolución a la que se refiere, sin necesidad de que la recurrente haga hincapié en ningún extremo concreto. Por lo que el motivo decae.

-En el segundo de los motivos, se interesa la ampliación al hecho probado quinto, proponiendo con apoyo en el documento obrante al folio 120 de los autos (Informe de vida laboral), la siguiente redacción para el mismo (en negrita, la parte que pretende revisar o adicionar):

"QUINTO.- Dª Brigida se dio de alta en el RETA en fecha 27/2/2019 y de baja en el mismo régimen el 31/03/2020. D. Claudio se afilió al RETA el 1/10/2018, presentando declaraciones de IVA que obrantes a los folios 122 ss de autos se reproducen".

Sin perjuicio de la relevancia que dicho extremo pueda tener para alterar el fallo, no existe inconveniente en adicionar el mismo, al inferirse sin elucubraciones ni conjeturas de la vida laboral invocada.

-En el tercer motivo se interesa la ampliación del hecho probado sexto, con apoyo en los folios 35 a 42 (Resolución de 22-07-21) proponiendo para el mismo la siguiente redacción:

"Por resolución administrativa de fecha 22 de julio de 2021, se acordó revocar el derecho a la prestación tanto por la falta de comunicación de datos como por incumplimiento de los requisitos económicos partiendo de los datos que obraban en la administración y se reclamaban a los actores 35497,44 euros por el periodo 1/10/2018 a 30/6/2021 (folios 35 y 42 de autos que se reproducen)".

Nos remitimos a lo manifestado en el motivo primero, dado que también en el presente ordinal sexto la juzgadora hace remisión a la Resolución indicada, obrante a los folios 35 a 42, con lo que no se precisa incorporar extracto alguno de la misma en el relato fáctico.

-En el cuarto y último de los motivos, se interesa la adición de un nuevo hecho probado DÉCIMO, con base en las manifestaciones realizadas por la letrada del INSS en juicio, y en el Fundamento Jurídico primero de la sentencia que se recurre; y propone para el mismo el siguiente texto:

"DÉCIMO.- Que, el INSS en el momento inicial del pleito, reduce el debate a la "omisión de datos", con independencia de los ingresos obtenidos por la actividad económica iniciada por ambos y no comunicada".

Ni el acta del juicio, ni la fundamentación de la propia sentencia recurrida son pruebas hábiles para fundar la pretendida revisión fáctica; ello al margen de la irrelevancia de los extremos que cuya incorporación se interesa, dado que habremos de estar a las propias Resoluciones impugnadas, en las que se indica expresamente que se revoca la prestación por omisión y ocultación de datos de importancia decisiva. Con lo que el motivo se desestima.

TERCERO.- En sede de censura jurídica, por el cauce del apartado c) del art. 193 LRJS se formulan tres motivos. En el primero, se denuncia la infracción de lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 2448/1981 de 19 de octubre, sobre protección de afectados por el síndrome tóxico, y Resolución de 17 de julio de 1982 del Coordinador General del Plan nacional para el síndrome Tóxico, apartado tercero. Posible error en la valoración de la prueba.

Sostiene el recurrente que no se omitió dato alguno pues en la solicitud de revisión de 27-05-21, la actora no realizaba actividad alguna, dado que ya no estaba de alta en RETA, y su esposo, D. Claudio, estaba de alta en RETA, tal y como se recogía en su solicitud, y se comunicó, si bien sus ingresos eran cero.

El art. 3 del Real Decreto 2448/1981, de 19 de octubre, sobre protección a los afectados por el síndrome tóxico, dispone:

"-uno. las peticiones de reconocimiento de los mecanismos de protección que se establecen en el artículo uno punto uno de este real decreto deberán presentarse en las unidades de seguimiento de las direcciones de los programas provinciales de atención y seguimiento del síndrome tóxico.

Las peticiones se formularan por unidad familiar, debiendo figurar en las mismas todos los conceptos de mecanismos de protección citados a que, en su caso, se tenga derecho

Las peticiones se formularan por uno solo de los beneficiarios por unidad familiar, que ostente la representación legal o voluntaria de los restantes beneficiarios de dicha unidad. la representación voluntaria se otorgara mediante documento público, documento privado con firma legalizada notarial o comparecencia ante la unidad de seguimiento respectiva , y comprenderá tanto la representación para solicitar los mecanismos de protección como para el cobro o percibo de los mismos.

La petición se formulara con arreglo al modelo oficial de instancia que se determine por orden del ministerio de trabajo, sanidad y seguridad social, acompañada de los documentos comunes y específicos, en relación con cada tipo o especie de mecanismo de protección, que en dicha orden se determinen.

En ningún caso deberán aportar los interesados antecedentes documentales en relación con datos obrantes en poder de la administración.

El falseamiento u omisión de datos en la instancia o en la documentación a acompañar a la misma constituirá causa determinante de la revocación del mecanismo de protección concebido y del reintegro de su importe, requiriéndose a tal efecto a su preceptor por la oficina de coordinación, creada por real decreto dos mil doscientos ochenta y nueve/mil novecientos ochenta y uno. caso de no ser atendido dicho requerimiento, se procederá a hacer efectivo el reintegro mediante la aplicación de las normas de carácter general previstas para el cobro de créditos de la seguridad social, sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles o penales que resulten procedentes".

Por su parte, la Resolución de 17 de julio de 1982, del Coordinador general del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, por la que se determina la cuantía de la ayuda económica familiar complementaria, en su apartado 1º señalaba que la finalidad de la ayuda económica familiar complementaria era la de garantizar unos ingresos mínimos mensuales a la unidad familiar afectada por el síndrome tóxico, y matizaba en su apartado 2º que "Dado el carácter complementario de la ayuda económica familiar, para causar derecho a esta ayuda los ingresos mensuales de la unidad familiar deberán ser inferiores al montante que resulte de sumar las cuantías establecidas como mínimos en la siguiente tabla,..."

En el apartado 3º determinaba que se considerarían ingresos mensuales de la unidad familiar, los ingresos percibidos por los diferentes miembros de la misma por los siguientes conceptos:

"Rentas salariales, pensiones, prestaciones de la Seguridad Social, rentas de bienes muebles e inmuebles, y cualquier otra renta o ingreso que la unidad familiar perciba por otro concepto.... (...)".

Y en su apartado 4º se establecían los requisitos necesarios para la obtención de la ayuda económica familiar complementaria en cuanto a la determinación de la Unidad Familiar e ingresos de la misma, y apuntaba: "(...) por lo que se refiere a los ingresos, deberá formularse declaración de los mismos, bajo la responsabilidad del solicitante, en la misma solicitud a que se refiere el párrafo anterior, sin perjuicio de que por el Coordinador general del Plan se utilicen, de oficio, los medios adecuados para su comprobación".

En atención a la normativa expuesta, y analizando los datos fácticos que nos proporciona la sentencia recurrida, con las adiciones admitidas por el apartado b), resulta que en el momento en que la actora solicita la ayuda económica familiar para afectados del síndrome tóxico, en julio de 2018, ni ella ni su esposo estaban aún dados de alta en RETA, ya que su esposo causó alta el 1-10-18. En la solicitud hace constar que la situación laboral de su cónyuge era la de "parado", y que los ingresos mensuales eran "cero". Ninguna omisión u ocultación puede imputársele por tanto en ese momento.

Ahora bien, en la Resolución de 31-10-18 se aprueba la ayuda económica familiar complementaria a la actora, y en la misma se le indica que se adopta de acuerdo con el Real Decreto 1276/1982 de 18 de junio, y Resolución de 17-07-82, y que " el derecho a percibir la prestación está condicionado a que los requisitos se mantengan. Por ello, debe comunicarnos cualquier variación económica o familiar que se produzca en su unidad familiar".

Pues bien, en ese momento, su esposo si estaba ya de alta en RETA desde el 1-10-18, sin que la actora comunique dicha variación. Y tuvo unos ingresos de explotación durante dicho ejercicio de 25.618,08 euros, según consta en declaraciones aportadas de IVA e IRPF.

En el año 2019 tanto su esposo como ella, están de alta en RETA. La actora se da de alta el 27-02-19 y durante ese ejercicio tiene también unos ingresos de la explotación de 2788,99 euros; con lo que existió actividad económica; aún cuando el resultado final pudiera ser cero.

Y su esposo también facturó por ingresos de explotación en 2019, 30.497,44 euros, sin perjuicio de los gastos que pudiera deducirse.

Y lo mismo ocurrió en 2020, en que tributan conjuntamente ambos cónyuges, y se aprecia que D. Claudio sigue en alta en RETA, declara unos ingresos de la explotación de 22.746,07 euros, y la actora, unos ingresos de 685,32 euros; sin perjuicio de los gastos deducibles.

La actora causa baja en RETA el 31-03-20, pero su esposo continúa en alta como autónomo en 2021, cuando la actora solicita la revisión de la ayuda económica familiar para afectados del síndrome tóxico, declarando que su esposo está en activo, con ingresos mensuales cero.

A la vista de los datos consignados, no puede la Sala estimar el motivo así formulado, por cuanto, al margen de la cuantía de los ingresos que la parte actora y su esposo pudieran haber llegado a tener en todo el período reclamado, que aquí no se cuestiona, lo cierto es que ocultaron a la Entidad Gestora, los datos sobre la propia existencia de actividad económica, que pudieran determinar el reconocimiento o mantenimiento de la prestación; y habida cuenta que de acuerdo con la normativa invocada, la omisión de datos en la instancia o en la documentación a acompañar a la misma, constituirá causa determinante de la revocación del mecanismo de protección concebido y del reintegro de su importe, no se aprecian las infracciones denunciadas. En todo caso, y a los meros efectos dialécticos, resulta cuando menos dudoso que se continúe con una actividad como autónomo durante cuatro años, sin ingreso alguno, infiriéndose del examen de las declaraciones de impuestos, que en todos los ejercicios, se imputan a la actividad unos gastos, legalmente deducibles, que curiosamente dejan reducido el beneficio a cero.

CUARTO.- En el siguiente motivo, se denuncia la infracción del art. 28.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 39/2015 de 1 de octubre; y artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Posible error en la valoración de la prueba.

Con apoyo en los preceptos invocados, sostiene la recurrente que la administración ya tenía los datos de su unidad familiar, que no ocultaron, ya que comunicaron su alta en Seguridad Social, Hacienda y realizaron las declaraciones de impuestos; y añade que en cualquier caso, cuando solicitó la prestación en mayo de 2021, no ocultó dato alguno, ya que ella no tenía actividad y su esposo, aún estando en activo, no tenía ingresos.

El art. 28.2 de la Ley de procedimiento Administrativo Común, Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone que:

"2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello".

Por su parte el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que, "(...) cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad".

Sin desconocer estos derechos a no aportar documentación que esté ya en poder de la administración, no podemos olvidar que estamos ante el reconocimiento de unas ayudas extraordinarias cuya finalidad es garantizar unos ingresos mínimos mensuales a la unidad familiar, no inferiores al salario mínimo interprofesional en cada momento, y cuya extinción venía determinada por la desaparición de las circunstancias que la motivaron; y a tal fin, en las normas reguladoras de dichas prestaciones se exige que por los solicitantes, se formulen declaración de sus ingresos bajo su responsabilidad; y en este sentido, se le reconoció a la actora la ayuda, dando como buenos los ingresos declarados, que eran cero; lo cual significa que no es la Entidad Gestora la obligada a comprobar en cada pago mensual de la ayuda, la situación económica de los beneficiarios de la prestación, sino que son éstos los obligados a informar a aquella, diligentemente de todas las actuaciones que supongan una variación de datos económicos a tener en cuenta; dado que sería poco operativo dejar las comprobaciones a la Entidad Gestora, de forma permanente, durante todo el tiempo en que se mantuvieran las ayudas a cada beneficiario.

La Orden de 11 de agosto de 1982 por la que se desarrollan determinadas ayudas a los afectados por el síndrome tóxico del RD 1276/82 de 18 de junio, expresamente disponía en su art. 12: "El falseamiento u omisión de datos o documentos aportados al expediente que hayan sido determinantes de la concesión o revisión, en su caso, del mecanismo de protección, constituirá causa suficiente de revocación o reintegro del importe a que hubiera lugar".

En el presente supuesto, los datos en cuanto a las actividades económicas de la actora y su esposo fueron determinantes tanto de la concesión, como de la revisión del mecanismo de protección, en cuanto que con la ocultación de los mismos a la Entidad Gestora, impidió a esta las comprobaciones en cuanto a la concurrencia de los requisitos para mantener dicha ayuda. En el momento de serle reconocida a la actora la ayuda, su esposo había comenzado una actividad por cuenta propia, que aquella en ningún momento comunica a la Entidad Gestora; mantiene tal actividad a lo largo de los años 2019, 2020 y 2021, e incluso ella misma ejerce como trabajadora autónoma entre el 27-02-19 y el 31-03-20, sin comunicarlo tampoco a la Entidad; con lo que, no se puede estimar el alegato de la recurrente, en el sentido de que la Entidad Gestora debía haber comprobado todos los datos a través de la TGSS, en cuanto a su actividad de Autónomos, y de la Agencia Tributaria, respecto de los ingresos declarados, por cuanto existían unas obligaciones impuestas a la propia actora como solicitante, y posterior beneficiaria de la ayuda, que no pueden eludirse, con la excusa de que la administración tenía toda la información; máxime cuando la propia normativa reguladora de dicha ayuda económica familiar complementaria expresamente disponía que la omisión de datos determinantes para la concesión o revocación de aquella, constituiría causa suficiente de revocación y reintegro. En consecuencia, no se aprecia infracción alguna, y el motivo fracasa.

QUINTO.- En el último de los motivos, se denuncia la infracción de lo dispuesto en el art. 3 de la Resolución de 17 de julio de 1982, a cuyo tenor "A los efectos de esta ayuda, se considerarán ingresos mensuales de la unidad familiar la suma de los ingresos que perciban los diferentes miembros de la misma, por los siguientes conceptos:

Rentas salariales, pensiones, prestaciones de la Seguridad Social, rentas de bienes muebles e inmuebles y cualquier otra renta o ingreso que la unidad familiar perciba por otro concepto".

Sostiene que la parte actora, en tanto han estado realizando actividad económica eran Autónomos, debe estarse a los ingresos netos, detrayendo los gastos; y que en el caso de los actores, descontando los gastos de explotación, los ingresos reales serían cero, para ambos, a excepción de unos ingresos netos de 3.174,57 de su esposo en el año 2018.

El motivo debe decaer, por cuanto sería esta una cuestión nueva, que excede de la causa de revocación de la Ayuda impugnada.

En efecto, en la propia Resolución de 22 de julio de 2021, se indica que se revoca el derecho a la obtención del mecanismo de protección Asistencial de Ayuda económica Familiar complementaria que le concedía la legislación del Síndrome Tóxico, a Dª Brigida, por omisión y ocultación de datos.

Y del mismo modo, en la Resolución de 25 de octubre de 2021, desestimatoria de la Reclamación Previa formulada por la actora, se indicaba que la revocación acordada lo ha sido por ocultación de datos y datos de una importancia decisiva.

En consecuencia, al margen de las afirmaciones obiter dicta que contiene la sentencia recurrida, lo cierto es que no cabe introducir en la impugnación de la Resolución administrativa en cuestión, un extremo ajeno a ésta; y si el motivo de la revocación de la Ayuda, fue la omisión y ocultación de datos decisivos, sin entrar a valorar si hubo o no ingresos, o si estos debían computarse por el bruto o por el neto, no cabe analizar dicho extremo en la sentencia dictada, resolviendo la demanda en impugnación de aquella. Por todo lo cual, el motivo, y por ende el recurso en su integridad, debe ser desestimado, confirmando la sentencia recurrida.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,