Sentencia Social 379/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 877/2023 de 18 de abril del 2024

PRIMERO.- Se somete por el actor a revisión ante esta sede la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 21 de los de Madrid el 14 de febrero de 2023 , en sus autos nº 466/2022, que desestimó la demanda rectora de autos, dirigida frente a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) y Don Ismael, tendente a impugnar la Resolución de la Presidenta de la Comisión de Profesorado de fecha 22/11/2021 que desestimó el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de la Vicerrectora de Personal Docente e investigador de la UAM de 21/09/2021, que vino a resolver la provisión de la plaza ofertada de docente de profesor ayudante doctor, proponiendo para la misma a D. Serafin, y como suplentes a Dª Berta y D. Ismael. El candidato propuesto D. Serafin renunció a la plaza con fecha 1/10/2021 (folio 277 de las actuaciones). La primera suplente, Dª Berta también renunció a la plaza (folio 278 de las actuaciones). Finalmente fue adjudicada la plaza, al segundo suplente, D. Ismael (folio 279 de las actuaciones).

SEGUNDO.- El primer motivo del recurso toma como base el apartado b) del artículo 193 LRJS, y viene dividido en tres apartados, destinados respectivamente a:

1.- Adicionar un nuevo hecho probado, el quinto, para el que propone esta redacción:

"D. Ismael alegó en su CV un total de 60 artículos científicos y reseñas, pero sólo aportó como documental justificativa de dichos méritos el texto de 16 de ellos, concretamente los que siguen:

-Kant. Hermeneuta deontológico

-Como ser marxista (y tal vez postmoderno) desde Connecticut

-La poesía como debate vital: Entrevista a Daniela

-Mitteleuropa bajo las sombras del capitalismo

-Autodicea: de cómo llegar a ser el que se es

-Just Someone You Say Hi to: Aproximación a Juramento de la pista de frontón, de John Ashbery

-Pulgarcito: El numen de lo diminuto o la odisea del hijo pródigo

-Un silencio vale más que mil palabras

-Tautología organizada (o ¿el capitalismo nos hace humanos?) -Un esfuerzo más para ser lacaniano

-La Covid-19 y las arrogancias de la filosofía"

-Sobre el nombre del giro realista de la filosofía en el siglo XXI -La explotación del ocio en el mundo virtual

-La Covid-19 y los tenientes a priori de la filosofía

-Observaciones críticas sobre el populismo de Ernesto Laclau

-El fin de la historia frente al fin de la geografía".

Sustenta la revisión en los folios 6 a 13 del CV de D. Ismael, donde constan listados, uno por uno, los 60 artículos que alega. Dicho CV obra en el "Documento 2 Curriculum.pdf" de la carpeta zip del expediente administrativo nombrada como " DIRECCION000" (carpeta que está contenida a su vez en otra mayor denominada "Documento 3").

También la soporta en los folios 1 a 54 del Documento " 3. Acreditación. 0. Segunda y última parte_pdf.pdf", obrante en la carpeta zip del expediente administrativo nombrada como " DIRECCION000 " (carpeta que está contenida a su vez en otra mayor denominada "Documento 3"). Allí obran los artículos y reseñas que, para justificar su existencia y conforme exigían las Bases de la convocatoria, aportó D. Ismael y se observa que, pese a haber alegado 60, solamente aportó la justificación documental de 16 de ellos, sin que exista documento alguno que justifique la hipotética existencia de los otros 44 artículos y reseñas.

Una puntualización antes de continuar: El expediente administrativo incoado por la Universidad Autónoma de Madrid se contiene en un pendrive son criterios de orden, sin la enumeración, trasparencia y ordenación mínimamente exigibles a la adjudicación de una plaza de profesor asociado doctor en una Universidad Pública, abarcando toda una maraña de carpetas y subcarpetas, algunas mencionadas de manera coincidente y superpuesta (es el caso de Doña Berta a la que se enumera con el mismo nº NUM001 en tres subcarpetas diferentes) .

Aun así, esta Sala se ha tomado el tiempo y la paciencia necesaria para comprobar, con estupor y perplejidad, son ciertas las afirmaciones que se pretenden adicionar como un hecho nuevo, sin duda relevantes para esclarecer la certeza de datos necesarios y pertinentes en orden a resolver sobre la legalidad de la actuación administrativa en la resolución del concurso de acceso a una plaza de personal docente e investigador en régimen de contratación laboral, esto es, la plaza con número de referencia NUM000.

A este respecto, el Informe de la Comisión de Selección de 25 de octubre de 2021 dio por acreditados los 60 artículos y reseñas que Don Ismael aducía en su CV, pese a que sólo se aportaron 16 de ellos como documental justificativa, no existiendo documento alguno que advere la existencia de los otros 44, cuando es lo cierto que las Bases (concretamente la Base 4.1) sólo permiten valorar los méritos justificados documentalmente, lo que bien pudiera derivar en una situación de preminencia injustificada a favor de un concreto candidato, y por consiguiente, una desviación de poder, atendiendo a que sólo se pueden valorar, por imperativo de las bases, los méritos justificados documentalmente. Y, en segundo lugar, porque es materialmente imposible valorar un artículo si no se tiene su copia en cualquiera de los soportes al uso, para leerlo y determinar su calidad.

El propio letrado de la UAM reconoce en el escrito de impugnación del recurso que " ciertamente se echan en falta algunos documentos de los candidatos, pues habiéndose confeccionado y aportado al Juzgado el expediente administrativo en soporte informático mediante carpetas comprimidas, en el proceso de elaboración debieron de quedarse sin digitalizar algunos documentos", y de ahí extrae una conclusión que en modo alguno podemos compartir, cual es que " ello no significa que esos méritos no fueran aportados en su momento por los candidatos al concurso y no fueran verificados por el Tribunal de selección", pues, sigue diciendo, dado que así lo exige la Convocatoria, y ante la ausencia de prueba en contrario, ha de presumirse que si la Comisión de contratación permitió participar en el concurso al Sr. Ismael y puntuó sus méritos, por un total de 60 artículos científicos y reseñas, es porque realmente dichos méritos fueron justificados por el candidato al presentar su documentación. Es decir, se pide a la Sala lleve a cabo un auténtico acto de fe, que presumamos como cierto y veraz lo que no consta aportado documentalmente en el expediente realmente y se valoró. Desde luego nos parece mucho presumir, como se nos pide por la UAM, corroboremos que si la Comisión de contratación permitió participar en el concurso al Sr. Ismael y puntuó sus méritos, por un total de 60 artículos científicos y reseñas, es porque realmente dichos méritos fueron justificados por el candidato al presentar su documentación. Por lo demás, el informe emitido con fecha 25 de octubre de 2021 por la Comisión de contratación, en relación con el recurso de alzada interpuesto por D. Estanislao (Doc.10, págs. 99.101. 107 y 109 del expediente administrativo) donde se hace referencia a los méritos aportados por el Sr. Ismael, señalando en varias ocasiones que " Tiene publicados 61 artículos académicos o de divulgación en revistas de gran difusión nacional, como Quimera, Revista de Libros o Revista de Occidente", no autoriza a inferir que realmente esos méritos hayan sido justificados documentalmente, dado que lo que no está en el expediente no podemos darlo por válido. Y por lo mismo no podemos realizar otro acto de fe por el hecho que el acta de la Comisión de contratación aprecie la puntuación individualizada de los méritos de cada uno de los candidatos y, entre ellos, los del Sr. Ismael (doc. 6, págs. 64 y 67 del expediente administrativo).

En coherencia, aceptamos la adición del hecho probado quinto.

2.- Adicionar un nuevo Hecho Probado Sexto del siguiente tenor:

"La candidata Dª Berta adujo como méritos en su CV un libro, 8 capítulos de libro y 23 artículos. No justificó documentalmente la existencia de ninguno de ellos ".

Justifica la revisión por adición en los folios 9 y 10 del CV de Dª Berta, donde constan listadas las publicaciones que alega. Dicho CV obra en el Documento " ilovepdf_merged _pdf.pdf" de la carpeta zip del expediente administrativo nombrada como " DIRECCION001" (carpeta que está contenida a su vez en otra mayor denominada "Documento 3").

También la justifica con base en la totalidad de folios que integran el Documento "Formación+investigación_compressed _pdf.pdf", obrante en la carpeta zip del expediente administrativo nombrada como " DIRECCION001" (carpeta que está contenida a su vez en otra mayor denominada "Documento 3"). Allí obra la totalidad de la documental justificativa de sus méritos aportada por Dª Berta y se observa que, pese a haber alegado todas las publicaciones, no justifica documentalmente ni una.

Prospera la revisión en su primera parte, que la candidata Dª Berta adujo como méritos en su CV un libro, 8 capítulos de libro y 23 artículos, pero no así en su segunda parte al contener un hecho negativo, todo ello sin perjuicio de las valoraciones a efectuar en sede del Derecho aplicado.

3.- Adicionar un Hecho Probado Séptimo con este tenor literal:

"En el Informe de la Comisión de selección de 25 de octubre de 2021, se dice literalmente respecto de las publicaciones de D. Ismael que "tiene publicados 61 artículos académicos o de divulgación". Y respecto de Dª Berta se dice que "Es autora del libro No han escuchado nada todavía (en prensa) y de ocho capítulos de libro colectivos (...) Tiene 23 artículos publicados".

Prospera la adición al tener refrendo en las páginas 3 y 5 (folios 99 y 101 según el foliado del expediente administrativo) del Documento 10 del expediente administrativo, que son las páginas del citado Informe donde constan las expresiones transcritas (respectivamente, párrafo 2 de la página 3 y párrafo 2 de la página 5).

TERCERO.- Ya en sede del Derecho aplicado y correcto amparo en el apartado c) del artículo 193 LRJS, denuncia en el segundo motivo, y por las razones que expone, infracción de los siguientes preceptos:

A).- Del art. 24.1 CE puesto en conexión con el art. 87 LRJS y con el apartado c) del art. 151.9 LRJS, en la medida que, apreciando desviación procesal, no valoró la Juez de instancia las alegaciones de sobre la ausencia de soporte documental (y la consiguiente imposibilidad de valoración) de los méritos de investigación de Dª Berta y D. Ismael.

B).- De la Base 4.1 de la Convocatoria de la plaza objeto de autos, puesta en conexión con los arts. 9.3 y 23.2 CE, en la medida que valida la valoración a los candidatos D. Ismael y Dª Berta de decenas de publicaciones que no justificaron documentalmente.

C).- De los artículos 23.2 y 24.1 CE, puestos en conexión con el art. 35.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los apartados c) y d) del art. 151.9 LRJS, en la medida que valida la radical falta de motivación de las puntuaciones de los candidatos avaladas por la Resolución impugnada.

Hace valer, en esencia, no ha existido la desviación procesal de la que parte la Juez de instancia en el fundamento tercero, al razonar como sigue:

"En primer lugar, respecto de la alegación efectuada por la parte actora en fase de conclusiones acerca de la exclusión del proceso de admitidos a Dª Berta. por falta de aportación de su vida laboral o méritos de investigación, así como la falta de aportación de méritos por parte de D. Ismael, no pueden ser examinados, al introducirse de manera extemporánea en el presente proceso (en fase de conclusiones), debiéndose haber planteado estos extremos, en la vía administrativa previa, conforme a lo previsto 72 de la LRJS y en la posterior demanda, conforme al art.80.1 c) de la LRJS .

Sin que se trate de hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad, dado que como participante e interesado en el proceso selectivo que nos ocupa, pudo haber solicitado la exhibición del expediente administrativo del referido proceso, conforme a lo previsto en el art.13 d) de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Pública, que establece el derecho al "d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico" o conforme a lo previsto en el art.66 de la L.O 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades . Incluso, antes de interponer la demanda rectora de la presente litis, solicitar actos preparatorios. Pero lo que, no es admisible jurídicamente es reservar dicha alegación a la fase de conclusiones, alterando los puntos fundamentales y los motivos de pedir invocados en demanda ( art.87.4 de la LRJS )".

Al parecer del recurrente :

A).- No se causó indefensión alguna a la Administración, pues ella era la depositaria del expediente administrativo y, con ello, conocía el expediente mejor que nadie. Por tanto, apreciar en Sala que una documental determinada (las publicaciones científicas de Dª Berta y D. Ismael) no constan en el expediente es, simplemente, decirle algo que ya sabía.

B).- Se limitó a hacer lo que hay que hacer en conclusiones ex art. 87.4 LRJS: valorar la prueba practicada. No hay duda de que el expediente administrativo es prueba, y si de su análisis se desprende la ausencia de documentos esenciales (las publicaciones científicas ilícitamente valoradas pese a no constar allí), es lógico que se resalte en un contexto donde, precisamente, lo que se está pidiendo es la nulidad de una Resolución por violar el derecho fundamental de acceso al empleo público en condiciones de igualdad ( art 23.2 CE) con manifiesta desviación de poder.

C).- Carece de justificación legal exigirle que interese actos preparatorios para acceder al expediente administrativo. El art. 151.8 LRJS exige a la Administración, para esta modalidad procesal, aportar el expediente administrativo en los 10 días siguientes a la admisión de la demanda, y no 5 días antes del juicio como hizo la demandada.

Y lo hace, precisamente, para que el demandante pueda examinarlo con tiempo suficiente y realizar en el acto de la vista las alegaciones que estime con base en el mismo. Ello es plenamente lógico, pues obviamente ningún ciudadano puede esperar a que se sustancie un proceso de actos preparatorios para interponer una demanda de esta índole, que tiene un plazo de caducidad improrrogable. Y, desde luego, no puede pretenderse sancionar al actor privándole de valorar en el acto de la vista el expediente administrativo por el manifiesto incumplimiento de la Administración a la hora de aportarlo en tiempo.

D).- Que alegó, desde el mismo momento de redactar su demanda, desviación de poder, trato discriminatorio entre candidatos y privilegio hacia Dª Berta y D. Ismael, instando la nulidad de la Resolución por tales causas y la justa baremación de todos. En consecuencia, no puede apreciarse desviación procesal si, valorando la prueba en conclusiones, resalta los folios de la misma que avalan su tesis; que, la decisión de la juzgadora de apreciar desviación procesal en dicha tesitura, vulnera sin duda el art. 87.4 LRJS, que consagra el derecho de las partes a valorar la prueba practicada, encajando evidentemente en tal concepto la apreciación de que, en la prueba aportada por la Administración (expediente administrativo,) existen ausencias de documental que corroboran las alegaciones de desviación de poder, evaluación arbitraria y deseo de privilegiar a uno de los candidatos contenidas en la demanda.

E).- Se viola igualmente el art. 24.1 CE, al negarse una decisión judicial que valore pretensiones (en este caso la valoración de la prueba realizada por la parte actora en el acto de la vista) oportunamente deducidas, causándole manifiesta indefensión al negársele una resolución judicial que entre en el fondo de las mismas.

Y se vulnera, sigue diciendo, el apartado c) del art. 151.9 LRJS, que impone a la juzgadora declarar la nulidad del acto administrativo impugnado cuando así se interesó en demanda, apreciando la desviación de poder que, como ha quedado dicho, se adujo desde un primer momento y sólo se reforzó con argumentos centrados en la valoración de la prueba durante el acto de la vista.

En fin, solicita se desestime la existencia de desviación procesal y que el tribunal entre a valorar las alegaciones con base en la prueba practicada, en relación a la ausencia de justificación documental de los méritos de investigación de D. Ismael y Dª Berta.

Subsidiariamente a lo anterior, y al amparo del art. 193 a) LRJS, pide de la Sala que ordene retrotraer las actuaciones para que la juzgadora dicte nueva sentencia entrando en el fondo de sus alegaciones sin apreciar desviación procesal, si bien entiende que, por razones de economía procesal, lo procedente es que la Sala entre directamente en el fondo del asunto al constar documentalmente todos los elementos precisos para ello (pues no se practicó prueba testifical ni interrogatorio en la vista, siendo toda la prueba documental). Y ello a fin de evitar un enorme alargamiento temporal del procedimiento incompatible con la tutela judicial efectiva.

Por lo que se refiere a la infracción de la Base 4.1 de la Convocatoria de la plaza objeto de autos, puesta en conexión con los arts. 9.3, 23.2 y 24.1 CE, señala se ha permitido la evaluación a los candidatos D. Ismael y Dª Berta de decenas de publicaciones que no justificaron documentalmente; que era una exigencia de la convocatoria aportar, dentro del plazo de presentación de solicitudes, el soporte documental de los méritos a valorar, siendo imposible valorarlos sin tal soporte, primeramente porque las bases lo proscriben, y en segundo lugar porque no se puede leer lo que no consta en el expediente administrativo y, en dicha tesitura, es imposible 1) constatar su existencia y 2) valorar su calidad; que aparte de la radical desviación de poder que implica tal conducta, también conlleva una violación objetiva de las Bases (concretamente la 4.1) y del derecho fundamental de acceso al empleo público en condiciones de igualdad ( art. 23.2 CE) dada la "abyecta" discriminación entre candidatos que conlleva la no aplicación de las mismas en arbitrario beneficio de unos, conllevando que se valoren por igual méritos hipotéticos no justificados y méritos (como los del actor ) plenamente justificados.

A continuación hace valer la ausencia de motivación de las puntuaciones que, a su entender, lesiona los arts. 23.2 y 24.1 CE, puestos en conexión con el art. 35.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los apartados c) y d) del art. 151.9 LRJS.

Dicha ausencia de motivación, prosigue, es total. Como prueba el expediente administrativo se dio una puntuación global por bloques sin que pueda saberse: 1) qué méritos se valoraron; 2) qué criterios y parámetros de puntuación se usaron para valorarlos (por ejemplo, de 1 a 4 puntos por artículos dependiendo de si está indexado en JCR, Latindex...) y 3) qué puntuación se ha otorgado a cada mérito.

Invoca más adelante la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la que son exponentes sus sentencias de 27 de abril 2012 (REC. 5865/2010) y de 10 de mayo de 2007 (REC. 545/2002) .

A la vista de lo anterior considera que la sentencia recurrida infringe, al calificar como suficientemente motivada la Resolución impugnada, los arts. 23.2 y 24.1 CE pues, primeramente, le provoca una objetiva indefensión (no se puede impugnar la valoración de los méritos del actor si se desconoce, como es el caso, si su artículo "X" o su capítulo de libro "Y" han sido valorados y con qué puntuación concreta) y tal indefensión viola el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.

También viola , continúa, el art. 23.2 CE, pues la opacidad derivada de la ausencia de motivación " es el caldo de cultivo perfecto para la colocación de candidatos enchufados y la postergación de candidatos indeseados por los departamentos universitarios, ya que inventándose una puntuación al azar y adornándola con unas cuantas vaguedades del tipo "los méritos del candidato se adaptan singularmente al perfil de la plaza", se puede colocar libremente a los más ineptos dejando fuera a los más capaces. Con ello, como es obvio, se viola el derecho fundamental de acceso al empleo público en condiciones de igualdad".

Entiende que la falta de motivación es doblemente "sangrante", pues aparte de desconocer qué méritos se evaluaron y qué puntuación se dio a cada uno, también desconoce los criterios y parámetros de valoración usados por la Comisión, ya que el Baremo general no los especifica, dejando la elaboración del Baremo específico en manos de las comisiones selectivas de cada plaza (Baremo específico que, en nuestro caso, no aparece en ninguna parte del expediente administrativo).

Así, prosigue, no sabe cuántos puntos decidieron dar por crédito de docencia, ni los límites de puntuación máximos y mínimos que establecieron por artículo o capítulo de libro, ni tampoco los elementos (indexación en un repertorio concreto, relación con el área...) usados para dar más o menos puntuación a cada artículo o capítulo dentro de esos límites de puntuación máximos o mínimos que tampoco conocemos. En dicha tesitura, la indefensión es total.

Con ello, y a su parecer, se lesiona igualmente el art. 35.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que obliga a motivar con especial rigor las resoluciones que pongan fin a los procesos selectivos de acceso al empleo público.

Finalmente, denuncia como vulnerados los apartados c) y d) del art. 151.9 LRJS, al no anular la sentencia una Resolución evidentemente nula por las infracciones normativas antes denunciadas, derivadas de su falta de motivación, conforme exige el apartado c) y no ordenar que se retrotraigan las actuaciones conforme exige el apartado d) para que se dicte una nueva conforme a Derecho.

Es por ello que propugna se le reconozca la puntuación de 90 puntos que reclamaba en demanda, dado que en ella razonó detalladamente el por qué le correspondía dicha puntuación, y la Administración no subsanó en ningún momento la radical falta de motivación de su decisión.

Subsidiariamente a la pretensión de que se otorgue la plaza solicita a la Sala que ordene la retroacción de las actuaciones para que los méritos de todos los candidatos vuelvan a ser valorados de forma motivada, ordenando a la Comisión de selección que plasme por escrito la puntuación otorgada a cada mérito y los parámetros de calificación usados para valorar cada tipo de mérito, excluyendo los no justificados documentalmente por D. Ismael y Dª Berta.

CUARTO.- Los reproches que se hacen a la sentencia de instancia en el motivo que nos ocupa resultan fundados por las consideraciones que pasamos a exponer:

De entrada, no existe desviación entre el recurso de alzada interpuesto por el actor contra la resolución que proveyó la plaza de profesor asociado ayudante doctor, la demanda y el posterior debate suscitado en la vista oral, sin que ninguna indefensión se le haya causado a la UAM. En el recurso de alzada ya conoció la disconformidad del actor a las puntuaciones otorgadas por comparación a las de los otro concursantes, de los defectos formales del procedimiento y trato de favor que, a su entender, se le había dado a alguno de los concursantes en el proceso selectivo impugnado. Y la demanda es muy clara y contundente, además de coherente con el previo recurso de alzada, al resaltar la desviación de poder, trato discriminatorio entre candidatos y privilegio hacia Dª Berta y D. Ismael, instando la nulidad de la Resolución por tales causas y la justa baremación de todos. En consecuencia, no puede apreciarse la desviación procesal, ya que, contrariamente a lo argumentado por la iudex a quo, la falta de justificación de los méritos aducidos de Doña Berta y Don Ismael debió ser valorada , al no ser extemporáneos.

En segundo lugar, el Informe de la Comisión de Selección de 25 de octubre de 2021 dio por acreditados los 60 artículos y reseñas que Don Ismael aducía en su CV, pese a que sólo se aportaron 16 de ellos como documental justificativa, no existiendo documento alguno que advere la existencia de los otros 44, cuando es lo cierto que las Bases (concretamente la Base 4.1) sólo permiten valorar los méritos justificados documentalmente, poniéndose de manifiesto que la valoración de los 60 artículos y reseñas bien pudiera dar lugar a un tratamiento diferencial carente de justificación a favor de un candidato ligado por vínculo de parentesco con un profesor del departamento. Otro tanto de lo mismo cabe decir respecto a Doña Berta, que no aportó, o al menos no consta en el enmarañado expediente administrativo incoado, la documentación justificativa de sus méritos de investigación.

En tercer lugar, además de la Base 4.1 de la Convocatoria de la plaza objeto de autos, se han lesionado gravemente los artículos 9.3, 23.2 y 103 de CE, amén del 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la medida que se valida la valoración a los candidatos D. Ismael y Dª Berta de decenas de publicaciones que no justificaron documentalmente, teniendo los ciudadanos derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, debiéndose llevar a cabo el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad, trasparencia y publicidad .

Se ha vulnerado, por si todo esto fuera poco, el art. 35.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los apartados c) y d) del art. 151.9 LRJS, en la medida que se valida la radical falta de motivación de las puntuaciones de los candidatos avaladas por la Resolución impugnada, al proscribirse la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

En cuarto lugar, se dio una puntuación global a cada uno de los cuatro bloques (investigación, experiencia docente, formación académica y otros méritos) sin que pueda saberse a ciencia cierta : 1) qué méritos se valoraron; 2) qué criterios y parámetros de puntuación se usaron para valorarlos .

Tras la publicación del listado de puntuaciones, se dio la extraña circunstancia de que los dos primeros candidatos en orden de puntuación (D. Serafin y Dª Berta, con 87.5 y 70.5 puntos respectivamente) renunciaron a la plaza, siendo seleccionado D. Ismael, hijo del profesor del área D. Juan Miguel, que actualmente la ocupa y que, en el concurso, obtuvo 64.5 puntos frente a los 56 puntos del actor, existiendo 8.5 puntos de diferencia entre ambos.

Tal y como consta en los hechos probados de la sentencia (Hecho Probado Cuarto), la Comisión de selección no expresó los méritos concretos que se valoraron a cada candidato, ni cuánta puntuación recibieron por cada uno. En dicho contexto de total opacidad, el demandante interpuso recurso de alzada (Documento 8 del expediente administrativo) pidiendo, entre otros extremos, dicha motivación elemental, pues es imposible impugnar una decisión de esta índole sin saber siquiera qué méritos se valoraron o la puntuación de cada uno.

La quinta proposición es que la discrecionalidad técnica no puede amparar la actuación de la Comisión de selección pues una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra bien diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica, ya que, ante la expresa petición de que dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate, sin que quepa escudarse en explicaciones vagas, ambiguas, genéricas o inconcretas tales como que " La comisión considera que tres de los candidatos (el propuesto y los dos suplentes) superan ampliamente, por su formación, trayectoria y experiencia docente al resto de solicitudes. El candidato propuesto, Serafin, está acreditado a Titular de la Universidad y cuenta con una larga trayectoria docente e investigadora en España y en México. La Dra. Berta. es Profesora Ayudante Doctora en la Universidad de Granada y sus líneas de investigación se acomodan al perfil de la plaza, aunque su labor investigadora y docente es menor que la del candidato propuesto. Otro tanto le ocurre al segundo suplente, Dr. Ismael, cuyas líneas de investigación son también menos acordes al perfil" (documento n° 6 del ramo de prueba de la UAM)".

La presencia de una motivación en el acto discrecional resulta por ello imprescindible ( STS, 3ª, 11 de junio de 2020, Recurso 423/2018) para constatar si resulta o no ajustado al ordenamiento. Conforme a tal doctrina no es válida cualquier motivación, sino solo aquella que representa una justificación objetiva de la decisión adoptada, que revela la adecuación a la finalidad para la que el ordenamiento jurídico otorga la potestad. Es inherente a todo concurso la valoración individualizada de los méritos de su Baremo al constituir garantía elemental para 1) asegurar una valoración objetiva y 2) permitir a los candidatos saber cómo se les ha valorado. Lo contrario es equivalente a degradar la motivación de los actos administrativos

A la vista de cuanto precede la consecuencia coherente ha de ser, no como propugna el recurrente como petición principal, otorgarle directamente una puntuación de 90 puntos y declarar su derecho a ocupar la plaza objeto del litigio con todos los derechos económicos y administrativos generados desde que el candidato D. Ismael tomó posesión de la misma, sino en sintonía con el artículo 151.9 LRJS estimar los pedimentos subsidiarios apreciando infracción del ordenamiento jurídico por desviación de poder al haberse utilizado las potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos, anulando totalmente la Resolución de la Presidenta de la Comisión de Profesorado de fecha 22/11/2021 que desestimó el recurso de alzada interpuesto por el actor frente a la Resolución de la Vicerrectora de Personal Docente e investigador de la UAM de 21/09/2021, ordenando la retroacción de las actuaciones en vía administrativa para que los méritos de todos los candidatos vuelvan a ser valorados de forma motivada por la Comisión de selección, debiendo dicha Comisión plasmar por escrito la puntuación otorgada a cada mérito y los parámetros de calificación usados para valorar cada tipo de mérito, excluyendo aquellos que no estén documentados a través del soporte justificativo de los mismos que los candidatos aportaron con sus solicitudes.

Sin costas ( art. 235 LRJS) .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,