Sentencia Social 1084/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 959/2022 de 19 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Con amparo en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia el recurrente la infracción de los artículos 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24 y 25 de la Constitución, en relación con el 10.8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y del artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, aludiendo a los artículos 8.6, 10.8 y 11.1.i de la citada LJCA, modificados por la Ley 3/2020, así como al Real Decreto 8/2021 y al artículo 5 de la Ley 2/2021, conforme a los cuales considera que la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales, justificadas por la acción de las administraciones públicas para combatir la pandemia, debían ser objeto de autorización o ratificación judicial.

Pone de manifiesto que el Real Decreto 463/2020 ha sido declarado inconstitucional y en la resolución impugnada se utiliza como fundamento para justificar la actuación empresarial, que considera vulnera sus derechos fundamentales por no estar vacunado contra el COVID-19, que no es una enfermedad profesional, según la Ley 3/2021 que solo la consideraba así para los trabajadores sociosanitarios y considera que en la Comunidad de Madrid no ha habido normativa habilitante alguna para imponer a los trabajadores pruebas PDIAS, de PCR o antígenos cuando sucedieron los hechos, remitiéndose a la Ponencia de alertas del Consejo Interterritorial de Salud, máximo órgano del Ministerio de Sanidad frente al COVID-19, desaconsejó la imposición del pasaporte COVID por su inutilidad en frenar los contagios, por lo que la empresa demandada, imponiéndolo, sometió a los no vacunados a innumerables pruebas y no a los vacunados, por lo que, a su juicio, quebró la igualdad y generó una falsa seguridad en la población vacunada, lo que provocó un aumento de contagios, no teniendo la empresa habilitación legal ni autorización de la Sala de lo contencioso de este TSJ.

Entiende por tanto que no trasgredió la buena fe contractual, no abusó de confianza, ni desobedeció, porque las órdenes al respecto estaban, a su juicio, viciadas de nulidad absoluta y radical, perjudicándole por haber reclamado a la empresa, que respondió con una sanción leve, transcribiendo a continuación varios autos de Salas de lo C-A de distintas comunidades autónomas, autorizando pruebas PDIAS a realizar al personal sanitario no vacunado y a personas trabajadoras en centros sociosanitarios y se pregunta si obligar a realizar innumerables pruebas de diagnóstico mediante un test antígeno o PCR nasofaríngeo para la detección de COVID19, con la introducción de un hisopo en la cavidad nasal hasta la laringe, limita o no derechos fundamentales, respondiéndose afirmativamente por considerar que afecta sustancialmente a su derecho a la intimidad, igualdad e integridad personal, habiendo sido obligada la justificación de la medida en cuanto a su necesidad, idoneidad y proporcionalidad, debiendo ser autorizada por la jurisdicción C-A, señalando que las razones meramente preventivas, de conveniencia o prudencia no justifican tal restricción de los derechos fundamentales y la imposición del sometimiento a las pruebas citadas no es adecuada, alegando como vulnerados los derechos a la igualdad entre vacunados y no vacunados, al honor e intimidad, impedimento del acceso al trabajo, integridad física, libertad ideológica y religiosa e indemnidad, amparados en los artículos constitucionales citados, en correspondencia con la infracción del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que no habilita al empresario a adoptar cualquier medida sanitaria, sino que debe contar con previa habilitación y seguir las directrices fijadas por la autoridad sanitaria, conforme a la jurisprudencia que cita y niega que la demanda sea temeraria.

SEGUNDO.- Por la empresa se alega en su escrito de impugnación que con el recurso se aportan siete documentos, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la LRJS debe ser inadmitidos, por tratarse de una ponencia del consejo interterritorial de salud y autos y sentencias que, considera, no tiene relevancia a los efectos del recurso.

En cuanto al fondo pone de manifiesto que no es una autoridad sanitaria con capacidad para adoptar medidas urgentes y necesaria para la salud pública, sino que lo que ha hecho es adoptar medidas tendentes a limitar los riesgos para la salud de los trabajadores, estableciendo para ello protocolos de actuación, dado que, siendo su actividad la realización de programas para su difusión a través de los canales televisivos, los presentadores, entrevistados, actores, etc., habían de realizar su trabajo sin mascarilla, por lo que tenían que adoptarse medidas rigurosas para prevenir contagios, resaltando que el puesto de trabajo del actor es de auxiliar de equipos, realizando su función en el plató. Por tanto entiende que no podía vulnerar el artículo 10.8 de la LRJCA porque no le es de aplicación

Niega que exista un tratamiento discriminatorio y considera que por el contrario lo que pretende el demandante es que se le exonere de una obligación impuesta al resto de sus compañeros en su misma situación y respecto del artículo 22 de la LPRL, se remite a la jurisprudencia que cita, conforme a la cual, procede realizar reconocimientos médicos obligatorios cuando concurren una serie de notas generales a todos los supuestos en los que se produce una limitación de derechos fundamentales, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, que considera están presentes en el presente caso al ser necesario objetivamente prevenir el riesgo de contagios por COVID.19; también la idoneidad, toda vez que los tests de antígenos, se han considerado como método más idóneo, habiéndose utilizado test de saliva cuando se disponía de ellos y, por último se cumple el requisito de proporcionalidad, porque dichos test son el medio menos invasivo existente para detectar la enfermedad.

Señala la empresa que todas las medidas se han comunicado a los representantes legales de los trabajadores que no las han impugnado.

TERCERO.- En cuanto a los autos y sentencias aportados con el escrito de recurso la Sala entiende que lo son a título ilustrativo, al igual que la Ponencia de alertas, planes de preparación del consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no solicitándose por el recurrente que se consideren como pruebas, ni haciendo alusión al artículo 233 de la LRJS, ni proponiendo revisión fáctica sobre la base de los mismos, por lo que no nos hallamos ante el supuesto contemplado en esta norma.

CUARTO.- Del incuestionado relato de probados de la resolución impugnada, incluyendo los contenidos con igual valor en la fundamentación jurídica, hemos de destacar los siguientes:

1º) El actor presta sus servicios para la demandada, como auxiliar de equipos, en el departamento de continuidad operativa.

2º) La empresa, para prevenir los riesgos ocasionados por el COVID-19, adoptó las medidas que se recogen en el hecho probado tercero, todas ellas comunicadas a los representantes legales de los trabajadores, en el seno de la comisión de seguridad y salud, que no fueron impugnadas, solicitando la parte social en dicha comisión la realización de mayor cantidad de test de anticuerpos y antígenos.

3º) El actor no se había vacunado contra el COVID-19.

4º) Se sometió a la realización del test de antígenos en varias ocasiones.

5º) El 25 de noviembre de 2021 se impuso al demandante una sanción por falta leve por negarse a someterse a nuevos test de antígenos, ofreciéndole realizar los de saliva. Esta sanción no fue impugnada.

QUINTO.- El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en lo que aquí interesa, establece lo siguiente:

"1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud."

En el presente caso, es evidente que el actor no prestó su consentimiento para la realización de los test de antígenos que evidenciaran que no estaba afectado por el COVID-19, por lo que la cuestión es determinar si la situación justificaba la excepción a dicho consentimiento prevenida en el precepto transcrito.

En primer lugar hemos de situarnos en el mes en que se le impuso la sanción, noviembre de 2021, en que persistía la pandemia y todavía era obligatorio llevar mascarilla en interiores, por lo que dada la actividad de la demandada y que sus trabajadores que actúan en programas a emitir para el público no las llevaban, es lógico que se establecieran medidas de prevención para evitar el contagio y así efectivamente se hizo, como hemos visto, con la aquiescencia de los representantes de los trabajadores.

Partiendo de tal premisa, consta que el actor comunicó que había decidido no vacunarse, por lo que evidentemente estaba más expuesto a contagiarse de la enfermedad y consecuentemente a transmitirla, debiéndose tener en cuenta que cuando una persona está infectada por el COVID-19, como es notorio, propaga el virus y puede contagiar a cuantos comparten su espacio, por lo que la empresa para cumplir con su obligación de garantizar la salud de sus trabajadores, había de actuar en supuestos como el del actor que no se había vacunado, adoptando las medidas necesarias para tener la seguridad de que no accedía a su puesto de trabajo habiendo contraído la enfermedad, siendo un peligro para los demás trabajadores y ello solo podía hacerlo mediante la realización de un test de antígenos, lo que por tanto se revela como imprescindible para evaluar que no fuera portador del virus y evitar que contagiara a sus compañeros .

Por último consta que se pusieron a disposición del trabajador, test de saliva, que, desde luego no causan molestia alguna.

Así pues nos encontramos con que la situación de pandemia, y por tanto de riesgo de la seguridad pública, hacía necesario que la empresa adoptara todas las medidas de prevención para garantizar la salud de sus trabajadores y que habiendo optado el demandante por no vacunarse, nos encontramos con el supuesto contemplado en el artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en que la empresa puede someterle a un reconocimiento en contra de su voluntad para evitar el peligro del contagio y salvaguardar la salud de los demás empleados, siendo absolutamente inocuo para la salud, integridad y dignidad de la persona la realización de una prueba como es la que se puso a su disposición, que únicamente precisa que quien se somete a ella expulse un poco de saliva, como lo es, igualmente la que ha de realizarse introduciendo un hisopo en la cavidad nasal, que, tampoco es invasiva en absoluto.

Es totalmente irrelevante el devenir de la normativa a la que hace referencia el recurrente, que se dictó como consecuencia de la pandemia, porque nos encontramos con un supuesto de salud laboral y prevención de riesgos en el trabajo, regulado por la citada LPRL, que establece las obligaciones de empresarios y trabajadores al efecto, sin que sea necesaria autorización o habilitación administrativa o judicial alguna.

SEXTO.- Tal y como recoge la resolución impugnada, el Tribunal Supremo en su sentencia de 21-01-2019, nº 33/2019, rec. 4009/2016, establece lo siguiente:

"QUINTO.1.- La doctrina de esta Sala en la materia queda perfectamente recogida en las SSTS de 10/6/2015, rec.178/2014 , y 7/3/ 2018, rec.42/2017 , a cuyos argumentos in extenso nos remitimos. La primera de ellas relativa a personal de las brigadas rurales de emergencia que se dedica a la extinción de incendios forestales, y la segunda a vigilantes de seguridad y escoltas.

El pilar sobre el que nuestra doctrina descansa no es otro que el derecho a la integridad física de los trabajadores y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, que el art. 4.2 ET consagra como uno de los derechos labores básicos, como reitera el art. 19.2 ET que impone al empresario la obligación de garantizar una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En cumplimiento de tal obligación, el artículo 22.1 LPRL dispone que el empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Advertimos en nuestras precitadas sentencias que "la protección del derecho a la intimidad del trabajador y su asunción por el legislador provoca la aparente paradoja de que el cumplimiento empresarial de la obligación de vigilancia de la salud requiera, al menos en su enunciación general, del consentimiento del trabajador", y esta es la razón de que el antedicho precepto legal prevenga que "esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento".

Pero como seguidamente razonamos, este principio de la voluntariedad en los reconocimientos médicos no implica "la existencia de un derecho absoluto a mantener un estado de opacidad de las condiciones de salud del individuo. La norma que protege su intimidad impone, al mismo tiempo, sacrificios a la misma cuando la negativa a someterse a los reconocimientos médicos puede colisionar con otros derechos básicos y fundamentales o con otros bienes jurídicamente protegidos, esto es, cuando debe primar el derecho a unas condiciones de salud y seguridad en el medio laboral que permitan garantizar un trabajo sin riesgos y, cuando para ello, se revele el reconocimiento médico como imprescindible".

Y entre tales excepciones a la voluntariedad de los reconocimientos médicos, el propio art. 22. 1 LPRL incluye las situaciones en las que sea necesario verificar el estado de salud de los trabajadores para comprobar si puede constituir un riesgo para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la actividad de la empresa, ya sean clientes o terceros que pudieren resultar afectados por la misma, así como también aquellos supuestos en los que la obligatoriedad esté establecida de forma expresa en una disposición legal en relación con actividades de especial peligrosidad.

2.- Partiendo de estas premisas, afirmamos en aquellas sentencias que estas excepciones deben ser interpretadas restrictivamente, pero también, "en función de los riesgos inherentes al trabajo", de forma que aquella primera excepción con la que se permite imponer los reconocimientos médicas que resulten imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, tan solo admite esta obligatoriedad cuando el reconocimiento "sea absolutamente necesario para conseguir el fin que ampara la excepción y deja fuera de ésta aquellos supuestos en los que resulten convenientes, aconsejables o útiles", de tal manera que sea "el único procedimiento para evaluar los riesgos que afecten a la salud del trabajador".

Tras lo que seguimos razonando que "La segunda excepción es la más típicamente preventiva dado que se refiere a la necesidad de verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa".

Y aquí es donde sin duda encaja la actividad que desempeñan los conductores profesionales que manejan vehículos de servicio público en los que transportan pasajeros, al ser evidente el peligro que esto supone para los propios trabajadores, para tales pasajeros, y para los posibles terceros que pudieren verse afectados por esa actividad en caso de accidente.

Como gráficamente destacamos a estos efectos en nuestra anterior sentencia, "El derecho del trabajador afectado a negarse al reconocimiento cede y termina donde empieza el riesgo grave para la vida, integridad y salud de terceros que no pueden verse afectados por la indolencia del trabajador renuente".

3.- En lo que afecta a la posible colisión de la imposición de los reconocimientos médicos con el derecho a la intimidad del trabajador, recordamos en aquellas sentencias "que los derechos fundamentales no son ni ilimitados ni absolutos (por todas STC 198/2004, de 15 de noviembre ), es obvio que pueden ser sometidos a restricciones, por lo que el derecho fundamental a la intimidad personal puede ceder ante otros derechos y bienes constitucionalmente relevantes, siempre que la limitación que haya de experimentar esté fundada en una previsión legal que tenga justificación constitucional, se revele necesaria para lograr el fin legítimo previsto y sea proporcionada para alcanzarlo, y sea además respetuosa con el contenido esencial del derecho (por todas, SSTC 57/1994, de 28 de febrero ; 143/1994 de 9 de mayo , y 25/2005, de 14 de febrero )".

Tras lo que concluimos que "la restricción del derecho resulta necesaria sin que exista ninguna otra medida alternativa al reconocimiento médico para verificar el estado de salud del trabajador y existe proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y el beneficio que se pretende obtener (preservar la salud del propio trabajador; de sus compañeros de trabajo y de terceros que se relacionen con el trabajador por motivo de su relación laboral".

SEXTO.1.- La proyección de las anteriores previsiones al supuesto examinado, al igual que decimos en la STS 7/3/2018 : "conduce a considerar que nos encontramos ante supuestos que se encuadran, sin dificultad, en el ámbito de las excepciones examinadas. En efecto, si partimos de la idea de que la obligatoriedad solo podría imponerse ante la existencia de un riesgo o peligro objetivable ( STS de 10 de junio de 2015, Rec. 178/2014 ), resulta patente que en una actividad como la que concierne a este supuesto, la detección de enfermedades o patologías que incidan en la prestación del trabajo, podrían convertir en inadecuadas algunas de las tareas encomendadas por el riesgo que supondría su realización en determinadas circunstancias de salud".

Lo que sin duda es igualmente predicable de la actividad que consiste en conducir vehículos de transporte de pasajeros - y por lo tanto de "personas relacionadas con la empresa" en la expresión que utiliza el art. 22.1 LPRL -, puesto que en esos casos el trabajador no es el único ocupante del mismo y en el desempeño de su actividad pone directamente en situación de riesgo a los pasajeros que transporta.

Repitiendo los mismos argumentos que ya ofrecimos en la citada sentencia, por ser igualmente válidos en este caso "Resulta patente que en una actividad como la que concierne a este supuesto, la detección de enfermedades o patologías que incidan en la prestación del trabajo, podrían convertir en inadecuadas algunas de las tareas encomendadas por el riesgo que supondría su realización en determinadas circunstancias de salud".

De lo que se desprende, en atención a las funciones que dichos trabajadores realizan, que "la vigilancia de la salud, en su vertiente de instrumento al servicio de la prevención de riesgos laborales aparece como decisiva para garantizar el derecho a la salud de cuantos intervienen en el ámbito de la relación laboral y de los terceros que con ellos se relacionan y, en ese sentido entronca directamente con el artículo 14 LPRL que establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, derecho al que se corresponde el correlativo deber empresarial de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, garantizando la seguridad y salud de todos los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. No cabe duda, por tanto, de que la vigilancia de la salud es, en los supuestos aquí examinados, tanto desde la perspectiva de derecho del trabajador como de la obligación empresarial, un instrumento al servicio de la prevención de los riesgos laborales que, según los casos, puede alcanzar una gran importancia y convertirse en un pilar básico sobre el que poder construir la actividad preventiva en la empresa. Como dijimos en la citada STS de 10 de junio de 2015 , en ese caso, más aún en el que ahora se contempla, aparece, junto con el interés individual del trabajador de proteger su propia intimidad, otro interés preponderante: el del resto de trabajadores o de terceras personas, cuya integridad física y salud pueden depender, en no pocas ocasiones, del estado de salud del trabajador vigilante de seguridad o escolta. Para conjurar el riesgo que supone el destinar una persona sin los requerimientos psicofísicos precisos es necesario conocer y comprobar que goza de un adecuado estado de salud".

2.-Solución que debemos trasladar en sus mismos términos al presente asunto, ya que no son necesarias especiales consideraciones para poner de relieve el riesgo que asumen quienes van de pasajeros en estos vehículos de servicio público, cuya integridad física queda en manos del conductor del mismo, además de, por supuesto, la del propio trabajador que se expone de manera continua y reiterada a los peligros que entraña la conducción de automóviles, lo que justifica suficientemente la imposición obligatoria de reconocimientos médicos periódicos conforme permite el art. 22 LPRL , sin que en el caso de autos aparezca elemento alguno que permita considerar desproporcionada o irrazonable la actuación de la empresa, ni el modo y manera en el que lleva a cabo la práctica de tales reconocimientos que no exceden por lo tanto los límites que autoriza dicho precepto legal."

Doctrina evidentemente aplicable al supuesto que nos ocupa en el que la actuación empresarial es absolutamente proporcional para preservar la salud de sus trabajadores, máxime cuando, como es notorio, algunos de ellos no podían prestar sus servicios protegidos por mascarilla, por lo que era aún mayor el riesgo de contagio que se trataba de prevenir evitando el peligro de que el actor accediera al centro de trabajo portando el virus.

SÉPTIMO.- En cuanto a los derechos fundamentales cuya tutela solicita el actor, hemos de examinar sus alegaciones a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional, contenida en su sentencia de 15-11-2004, nº 196/2004, BOE 306/2004, de 21 de Diciembre de 2004, rec. 1322/2000, y así:

1º) DIGNIDAD, HONOR, INTIMIDAD e INTEGRIDAD ( artículos 10, 15, 18 de la CE): Desconocemos como puede vulnerar el derecho a la dignidad, al honor y a la intimidad del trabajador el resultado de un test que ponga de manifiesto si ha contraído o no un virus que obviamente es ajeno a su persona y no guarda ninguna relación con su actividad, estilo de vida, su entorno, etc., por lo que no va arrojar dato alguno de la intimidad del trabajador, del mismo modo que es inocua para su integridad, la expulsión de un poco de saliva, señalando la sentencia del Alto Tribunal lo siguiente:

"SEGUNDO.- Constituye doctrina constitucional reiterada que el derecho a la intimidad personal garantizado por el art. 18.1 CE , en cuanto derivación de la dignidad de la persona reconocida en el art. 10.1 CE , implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana ( SSTC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3 ; 197/1991, de 17 de octubre, FJ 3 ; 57/1994, de 18 de febrero, FJ 5 ; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6 ; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3 ; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5 ; 156/2001, de 2 de julio, FJ 4 , o 127/2003, de 30 de junio , FJ 7, entre otras).

El art. 18.1 CE confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido ( SSTC 73/1982, de 2 de diciembre, FJ 5 ; 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 3 ; 89/1987, de 3 de junio, FJ 3 ; 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3 ; 197/1991, de 17 de octubre , FJ 3, y en general las SSTC 134/1999, de 15 de julio , 144/1999, de 22 de julio , y 115/2000, de 10 de mayo ). De ello se deduce que el derecho fundamental a la intimidad personal otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada ( SSTC 44/1999, de 5 de abril, FJ 4 ; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 ; 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 16 ; 70/2002, de 3 de abril , FJ 10) o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno ( STC 83/2002, de 22 de abril , FJ5).

El art. 18.1 CE impide, por tanto, decíamos en la STC 110/1984, de 26 de noviembre , FJ 8, las injerencias en la intimidad "arbitrarias o ilegales". De lo que se concluye que se vulnerará el derecho a la intimidad personal cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde con la Ley, no sea eficazmente consentida o, aún autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida.

TERCERO.- Estando en cuestión la posible vulneración del art. 18.1 CE en el marco de una relación laboral, debe recordarse que la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre ellos el derecho a su intimidad personal (por todas, STC 98/2000, de 10 de abril , FJ 6). Las organizaciones empresariales no forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del Texto constitucional legitima que quienes prestan servicios en aquéllas, por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares, deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional ( SSTC 88/1985, de 19 de julio, FJ 2 ; 106/1996, de 12 de junio, FJ ;197/1998, de 13 de octubre, FJ 2, entre muchas otras). La efectividad de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito de las relaciones laborales debe ser compatible, por tanto, con el cuadro de límites recíprocos que pueden surgir entre aquéllos y las facultades empresariales, las cuales son también expresión de derechos constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE . Hemos afirmado en alguna ocasión que los hechos referidos a las relaciones sociales y profesionales en que el trabajador desempeña su actividad no se integran, en principio, en la esfera privada de la persona ( SSTC 180/1987, de 12 de noviembre, FJ 4 ; 142/1993, de 22 de abril , FJ 7, 202/1999, de 8 de noviembre , FJ 2; y ATC 30/1998, de 28 de enero , FJ 2), y también hemos reconocido que "mediante un análisis detallado y conjunto de los mismos, es factible en ocasiones acceder a informaciones atinentes a la vida íntima, personal y familiar del trabajador ( SSTC 142/1993, de 22 de abril, FJ 8 ; 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2 , y 98/2000, de 10 de abril , FJ 6), en cuyo ámbito se encuentran, sin duda, las referencias a la salud" ( STC 202/1999, de 8 de noviembre , FJ 2).

(...)

QUINTO.- (...) En ese sentido, atendiendo en especial al elemento teleológico que la proclamación del derecho fundamental del art. 18.1 CE incorpora, la protección de la vida privada como garantía de la libertad y de las posibilidades de autorrealización del individuo, este Tribunal ha tenido ocasión de señalar que la protección dispensada por el art. 18.1 CE alcanza a la intimidad personal stricto sensu, integrada, entre otros componentes, por la intimidad corporal. Sin embargo, según declaramos ya en la STC 37/1989, de 15 de febrero , FJ 7, y posteriormente en otras como las SSTC 120/1990, de 27 de junio , FJ 12, 137/1990, de 19 de julio , FJ 10, 207/1996, de 16 de diciembre , FJ 3, 156/2001, 2 de julio, FJ 4 o 218/2002, de 25 de noviembre , FJ 4, aunque la intimidad corporal forma parte del derecho a la intimidad personal garantizado por el art. 18.1 CE , el ámbito de intimidad corporal constitucionalmente protegido no es coextenso con el de la realidad física del cuerpo humano, porque no es una entidad física, sino cultural, y determinada, en consecuencia, por el criterio dominante en nuestra cultura sobre el recato corporal, de tal modo que no pueden entenderse como intromisiones forzadas en la intimidad aquellas actuaciones que, por las partes del cuerpo sobre las que operan o por los instrumentos mediante los que se realizan, no constituyen, según un sano criterio, violación del pudor o del recato de la persona. Siendo así, en efecto, resulta notorio que una intervención circunscrita a un examen de orina realizado por personal médico, por la forma en que se ejecuta y por no exigir ningún tipo de actuación especial sobre el cuerpo no entra dentro del ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad corporal, ni, por lo tanto, puede llegar a vulnerarlo.

Ahora bien, que no exista vulneración del derecho a la intimidad corporal no significa que no pueda existir una lesión del derecho más amplio a la intimidad personal del que aquél forma parte, ya que esta vulneración podría causarla la información que mediante este tipo de exploración se ha obtenido ( STC 234/1997, de 18 de diciembre , FJ 9). En efecto, el derecho a la intimidad personal garantizado por el art. 18.1 CE tiene un contenido más amplio que el relativo a la intimidad corporal. Según la doctrina de este Tribunal antes transcrita, el derecho a la intimidad personal, en cuanto derivación de la dignidad de la persona ( art. 10.1 CE ), integra un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, referido preferentemente a la esfera, estrictamente personal, de la vida privada o de lo íntimo. Así, la cobertura constitucional implica que las intervenciones corporales pueden también conllevar, no ya por el hecho en sí de la intervención, sino por razón de su finalidad, es decir, por lo que a través de ellas se pretenda averiguar, una intromisión en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad personal ( STC 207/1996, de 16 de diciembre , FJ 3). Esto es lo que ocurre cuando, como en el presente caso, a consecuencia de un análisis de orina se llega a la conclusión de que el trabajador había consumido drogas. Una prueba médica realizada en términos objetivos semejantes supone una afectación en la esfera de la vida privada de la persona, a la que pertenece, sin duda, el hecho de haber consumido algún género de drogas (en esa línea, nuevamente, STC 207/1996, de 16 de diciembre , FJ 3)."

Conforme a esta doctrina, y siendo aquí la única finalidad del test averiguar si el trabajador estaba o no infectado por COVID.19, dato éste absolutamente circunstancial y que, como hemos dicho, ningún dato privado arroja, para lo cual únicamente había de escupir un poco de saliva, es evidente que ni se vulneraba su integridad, al no haber intervención alguna en su cuerpo, ni había intromisión en su intimidad corporal ni intromisión en la esfera de su vida privada y, consecuentemente no podía vulnerarse con el sometimiento a tal prueba y el objeto de la misma, ni el derecho a la dignidad, el honor y la intimidad del demandante.

2º) IGUALDAD: Aduce el trabajador que fue discriminado respecto de los demás trabajadores por no haberse vacunado frente al COVID-19, cuando no tenía obligación de hacerlo.

Tampoco se ha vulnerado este derecho del trabajador porque las medidas adoptadas por la empresa no se establecieron para él sino para todos los trabajadores por igual, distinguiendo, como es lógico, entre aquellos que se habían vacunado que, por tanto quedaban indemnes o muy protegidos frente al virus y aquellos otros que había decidido libremente no vacunarse, cuyo riesgo de infección era en el año 2021, muy alto y consecuentemente lo era el de propagación del virus a sus compañeros de trabajo, de manera que obviamente habían de adoptarse medidas de prevención de riesgos diferentes para uno y otro colectivo y, como no podía ser de otra forma, habían de ser mayores las medidas respecto de los no vacunados, sin que ello suponga discriminación que solamente concurriría si la empresa no hubiera exigido a otros trabajadores igualmente sin vacuna, el sometimiento al test de antígenos, lo que no ha sucedido.

3º) INDEMNIDAD: Pese a alegarse por el recurrente que se vulnera el artículo 24 de la Constitución en su vertiente de garantía a la indemnidad, no se desarrolla en qué forma podría haberse conculcado ésta por la empresa, no aludiendo a actuación judicial o previa a la misma por su parte que pudiera haber dado lugar a la adopción por la demandada de la medida preventiva a la que no quería someterse, debiéndose resaltar que, en todo caso, no hay ninguna actuación individualizada de la empresa sino que se trata del establecimiento de tales pruebas con carácter general para toda la plantilla y en cuanto a la frecuencia del test de antígenos, para todos aquellos trabajadores no vacunados, por lo que en absoluto podemos considerar vulnerado el derecho fundamental señalado.

4º) LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA: Tampoco se desarrolla la vulneración del artículo 16 de la Constitución porque en absoluto la empresa se ha interesado o reaccionado respecto de la ideología o creencias del trabajador y lo mismo cabe decir respecto del 25 que no guarda relación con el supuesto de Litis.

En corolario no ha vulnerado la empresa ninguno de los derechos fundamentales amparados por los artículos que cita el recurrente: 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24 y 25 de la Constitución, sino que su actuación es absolutamente proporcional y obligada por las disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en un contexto de pandemia y grave peligro de salud pública, siendo la realización del test de antígenos a través de la saliva o el hisopo, una prueba inocua, sencilla y externa que no supone ni siquiera una molestia para quien se somete a ella, por lo que lo que sí resulta totalmente desproporcionada es la negativa a realizarla frente al grave riesgo de contagio a los compañeros de una enfermedad tan grave como el COVID-19, por todo lo cual el recurso se desestima.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,