Sentencia Social 722/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 401/2022 de 19 de diciembre del 2022

PRIMERO.- La sentencia ha estimado parcialmente la demanda rectora de autos, frente al INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA; el fallo es el que sigue:

" 1°) Declaro que por parte del organismo INSTITUTO DE TURIMO DE ESPAÑA se ha producido el incumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales.

2°) Condeno al organismo INSTITUTO DE TURIMO DE ESPAÑA a que tome las medidas necesarias para atender a los riesgos psicosociales en el servicio de la demandante, realizando la oportuna evaluación de los riesgos psicosociales en el servicio de la demandante, en los términos recogidos en el Informe de Valoración Inicial de 23 de marzo de 2020 de la Inspectora de Servicios.

3°) Condeno al organismo INSTITUTO DE TURIMO DE ESPAÑA a que indemnice a DOÑA Serafina en la cuantía de 6000 euros, con los intereses legales de los artículos 1100 , 1101 y 1108 del Código Civil .".

Frente al mismo se alzan en suplicación la representación letrada de la demandada y de la demandante.

Ambos recursos han sido impugnados.

SEGUNDO.- La Abogacía del Estado formula un motivo de recurso al amparo del b) del artículo 193 de la LRJS, solicitando la adición de un nuevo ordinal del contenido siguiente:

"En marzo de 2020 se produce una situación de pandemia mundial como consecuencia de la propagación del COVID, que lleva consigo el cierre de los centros de trabajo y la instauración del sistema de teletrabajo".

Se acoge parcialmente en el sentido que en marzo de 2020 se produce la pandemia mundial Covid, al ser un hecho notorio que como tal no debe ser probado; no así el resto que se pretende adicionar, pues tanto el cierre de centros de trabajo como la instauración del teletrabajo, debe ser analizado caso por caso.

Seguidamente pide adicionar ab initio del hecho probado decimotercero, el siguiente texto:

" TURESPAÑA tiene la condición de organismo público, estando sujeta en su contratación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de conformidad con su artículo 2 .

Siguiendo el marco normativo de referencia, el 16 de julio de 2020, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, por parte de TURESPAÑA, anuncio de adjudicación..."

Al considerar que la adición pretendida constituye un hecho notorio, se acoge.

La representación letrada de la demandante en su escrito de interposición de recurso formula un motivo destinado a la revisión fáctica, pretendiendo la adición de un nuevo párrafo al HP decimotercero, del tenor literal siguiente:

" No se ha aportado al acto del juicio ninguna evaluación, ni medida de riesgo psicosocial adoptada por la Administración previa a la denuncia de 26 de noviembre de 2019 en la oficina donde estaba adscrita la actora.

No se ha aportado al acto del juicio ninguna evaluación de riesgo psicosocial realizada una vez finalizado el protocolo de acoso con fecha 23 de marzo de 2020 en la oficina donde estaba adscrita la actora".

La adición propuesta no puede acogerse, pues pretende la introducción de hechos negativos que conforme a reiterada jurisprudencia no tienen cabida en el relato factico.

TERCERO.- La representación letrada de la demandada formula dos motivos de censura jurídica, uno principal y otro subsidiario. La principal denuncia infracción de los artículos 14 y 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

Entiende en esencia que TURESPAÑA cuenta con Protocolo para hacer frente al acoso laboral que se puso en marcha inmediatamente después de presentar la denuncia la trabajadora el 26 de noviembre de 2019; que se pusieron en marcha las actuaciones 3 días después tal y como refleja el hecho probado quinto, siendo precisamente el personal de TURESPAÑA el que insta a la demandante a iniciar el referido Protocolo conforme indica el hecho probado cuarto.

Sigue diciendo que el Protocolo se desarrolló correctamente, realizando las oportunas investigaciones, tomando declaraciones a trabajadores de la misma oficina y recabando la información correspondiente, concluyéndose con el informe de valoración de la Inspectora de Servicios que obra a los folios 56 a 65; en el referido informe, dice, se niega la existencia de acoso laboral, reduciéndola a un mero conflicto interpersonal y acordando el archivo de la denuncia, por lo que siendo este el pronunciamiento del servicio técnico competente, no cabe de ningún modo que TURESPAÑA pueda actuar en otro sentido en este punto, habiendo cumplido con sus obligaciones legales, pues cuenta con los mecanismos adecuados para detectar las situaciones de acoso y actuar frente a ellas, y así lo ha hecho, sin que pueda apreciarse la vulneración de las normas contenidas en los artículos 14 y 15 de la LPRL, y las obligaciones que como empleador, tiene en este ámbito.

De otro lado, dice, TURESPAÑA, como organismo público, está sujeto para la realización de cualquier contratación a los principios y trámites que impone la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, lo que impide que se puedan llevar a cabo las contrataciones que en méritos a la adopción de las medidas instadas por la Inspección a raíz del Protocolo tramitado. Aun cuando éstas últimas no son lo inmediatas y rápidas que la juzgadora entiende deseable, ello no determina automáticamente la infracción de las obligaciones legales que en dicha materia le corresponden con la inmediatez propia de una empresa privada.

La cuestión controvertida se centra en determinar si la recurrente ha incurrido o no en un incumplimiento en materia de normativa de prevención de riesgos laborales, y las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento; para ello la Sala debe partir de la ya firme relación de hechos probados que dan cuenta que la actora viene prestando servicios para la demandada desde el 1 de julio de 2003, con categoría profesional de Auxiliar Administrativo, prestando servicios en la OET (Oficina Española de Turismo) de Los Ángeles. Consta en autos que Justo se incorporó a la OET de Los Ángeles como Consejero/Director en septiembre de 2018; asimismo se acredita que el 26 de noviembre de 2019 la demandante presentó ante la Subdirección General de Gestión Económica-Administrativa de Turespaña denuncia por presunto acoso laboral, solicitando el inicio del Protocolo de actuación frente al acoso que le había sido recomendada por el Subdirector General de la Secretaría General de Gestión Económica y Financiera y Tecnologías de la Información en Turespaña, y que tras ser requerida a fin de que completara la descripción de los hechos denunciados, el 10 de diciembre de 2019 la demandante presentó ante la Subdirección General de Inspección General de Servicios y Relación con los Ciudadanos escrito de ampliación, promoviendo denuncia por presunto acoso laboral contra don Justo, Director de la Oficina Española de Turismo en Los Ángeles.

Una vez admitida a trámite la denuncia, se designó a una Inspectora de Servicios, que solicitó a Turespaña Informe del Empleado Público Designado o de Servicio de Prevención sobre la situación de riesgos psicosociales en la Oficina de Los Ángeles y posibles antecedentes y poder contar con el apoyo y asesoramiento de Especialista en Psicosociología del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, siendo designada una Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio. Y practicadas entrevistas a la demandante, al Sr. Justo y a tres testigos, la Inspectora de Servicios emite el 23 de marzo de 2020 Informe de Valoración Inicial en el que aprecian indicios de conductas y actuaciones cruzadas de todo el personal de la Oficina que reflejan la existencia de un conflicto mantenido en el tiempo y agravado en el último periodo, indicando que ello sugiere la idea de que pueden mejorarse las formas de gestión directiva.

El referido informe concluyó con "la necesidad y obligación de determinadas actuaciones que contribuyen a velar por la seguridad y salud de los empelados tal y como establece el 40.2 de la Constitución Española, toda la regulación fundamental y específica de esta materia y su adaptación al personal que presta sus servicios en el exterior. Así, y dada la situación de conflicto en la Oficina deberá hacerse un análisis de los factores de riesgo psicosocial que permita llevar a cabo las medidas de intervención acerca de la organización del trabajo para todo el colectivo de personas afectadas". (punto 5º del informe)

La denuncia de acoso fue archivada.

El 16 de julio de 2020 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, por parte de Turespaña, anuncio de adjudicación del Servicio de Prevención Ajeno para la Vigilancia de la Salud de Turespaña, para los años 2020, 2021 y 2022, constando adjudicado a Quirón Prevención SLU (folio 485 de autos).

Obra en autos Resolución de 7 de julio de 2021 de la Presidenta de Turespaña, de adjudicación del contrato de Servicio de Evaluación Psicosocial en el marco de la prevención de riesgos laborales en la Consejería de Turismo de Los Ángeles del Instituto de Turismo de España (Turespaña), a la entidad SGS TECNOS SA, para la anualidad 2021 (folio 484 de autos).

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que el artículo 4.2. d) del Estatuto de los Trabajadores, reconoce a los trabajadores el derecho "A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales" y el artículo 19.1) del mismo cuerpo legal dispone que "El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo", derechos que igualmente se reconocen en la Ley 31/1995 de Protección de Riesgos Laborales, que desarrolla el artículo 40.2 de la Constitución, y en cuyo artículo 4, entre otras, se establecen las siguientes definiciones:

"A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:

1°) Se entenderá por " prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

2°) Se entenderá como " riesgo laboral" la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

3°) Se considerarán como "daños derivados del trabajo" las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

4°) Se entenderá como " riesgo laboral grave e inminente" aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.

5°) Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos "potencialmente peligrosos" aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.

7°) Se entenderá como "condición de trabajo" cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición:

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador."

En el artículo 14.1 de la misma ley se establece, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta Ley.

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales."

Y en el 15 de la repetida norma, se establecen, entre otros, los siguientes principios de la acción preventiva:

"1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo."

Debiéndose señalar que tal y como dijimos en la sentencia de esta Sala de 28 de septiembre de 2022 Sentencia: 875/2022 Recurso: 645/2022 "se indica en la Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre riesgos psicosociales, estos riesgos en el trabajo se han definido por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo como "aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores" y, siguiendo las pautas marcadas por el SLIC (Te Senior Labour Inspectors' Committee de la Comisión Europea) para la Campaña Europea de Riesgos Psicosociales de 2012, los riesgos psicosociales son básicamente el estrés laboral y la violencia en el trabajo, tanto interna del centro o lugar de trabajo como la ejercida por terceros."

Pues bien, de lo que consta probado no cabe sino concluir que a pesar de que la demandada estaba obligada a evaluar los riesgos laborales y entre ellos los psicosociales y a adoptar medidas de prevención y verificar si el estado de salud de la trabajadora podía constituir un peligro para ella misma y para sus jefes, siendo claros los indicios de que así era, a la vista del informe emitido por la inspectora designada ante la denuncia por acoso que efectuó la demandante en autos, en el que se concluyó la existencia de indicios de conductas y actuaciones cruzadas de todo el personal de la Oficina que reflejan la existencia de un conflicto mantenido en el tiempo y agravado en el último periodo, concluyendo que aunque no se apreciaba acoso, entiende "la necesidad y obligación de determinadas actuaciones que contribuyen a velar por la seguridad y salud de los empelados tal y como establece el 40.2 de la Constitución Española. Así, y dada la situación de conflicto en la Oficina deberá hacerse un análisis de los factores de riesgo psicosocial que permita llevar a cabo las medidas de intervención acerca de la organización del trabajo para todo el colectivo de personas afectadas" y aunque tal recomendación se llevó a efecto mediante Resolución de 7 de julio de 2021 de la Presidenta de Turespaña, de adjudicación del contrato de Servicio de Evaluación Psicosocial en el marco de la prevención de riesgos laborales en la Consejería de Turismo de Los Ángeles del Instituto de Turismo de España (Turespaña), a la entidad SGS TECNOS SA, para la anualidad 2021, lo cierto es que esta actuación de prevención se instaura con posterioridad a los hechos denunciados, por lo que la Sala debe concurrir con la Juez de instancia en que se produjo un incumplimiento grave de las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos, absolutamente injustificado y reprochable, que vulnera el artículo 15 de la CE y las normas transcritas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En el último motivo -tercero del recurso- destinado asimismo a la censura jurídica, denuncia infracción de los artículos 183 de la LRSJ y los artículos 1887 y 1902 del Código Civil, cita Sentencia TS 18 de julio de 2008, rec. 2277/2007).

Con cita del art. 1.902 CC sostiene que para que pueda reconocerse al trabajador una indemnización reparadora del daño causado, es absolutamente imprescindible que exista un nexo causal entre el comportamiento empresarial, ya sea por acción u omisión, y el resultado dañoso y que para el reconocimiento de una indemnización es exigible, cuando menos, un razonamiento acerca del daño a reparar, identificándose al menos a qué daño moral se refiere, ya que la propia LRJS, artículo 183, indica que "el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante", lo que supone que no toda vulneración presupone un daño automático y que lo que debe hacer el iudex a quo es pronunciarse acerca de la existencia del mismo y, una vez apreciada, en su caso, cuantificarla, sin que en el presente caso ello haya tenido lugar, lo que hace decaer dicho pronunciamiento. Cita Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de mayo de 2017 nº 359/2017, de 31 de mayo.

Finaliza diciendo que el relato de hechos probados desvirtúa lo apreciado por la sentencia de instancia en lo relativo a la existencia de nexo causal. Y ello porque es a partir de septiembre de 2019 cuando la trabajadora manifiesta la situación de acoso que sostiene haber sufrido (hecho cuarto), no presentando la denuncia para la activación del Protocolo de actuación frente al acoso hasta el día 26 de noviembre de 2019 (hecho quinto). Tales periodos dice, deben ponerse en conexión con los periodos de baja de la demandante, reflejados en el hecho decimoquinto (de 1 de abril a 8 de abril de 209, de 14 de mayo a 27 de mayo de 2019, de 30 de julio a 13 de agosto de 2019, de 4 de septiembre a 30 de noviembre de 2019 y de 3 de febrero de 2020 en adelante), con lo que se aprecia de forma patente que la demandante no ha estado presente en el centro de trabajo, la Oficina de Los Ángeles, habiéndose mantenido por tanto mantenido al margen prácticamente de toda exposición a factores de riesgo derivados del conflicto interpersonal existente. Quiebra con ello el nexo causal imprescindible para el reconocimiento de una indemnización de daños morales.

La sentencia de instancia, en lo que afecta a la apreciación de un incumplimiento de la obligación de prevención de riesgos laborales psicosociales, que es el objeto del debate (con más la reparación indemnizatoria que se anuda al mismo) parte del iter de acontecimientos que detalla en el extenso relato de hechos probados, para concluir de su conjunto el incumplimiento imputado y con todo ese acervo probatorio, la sentencia, fundándolo debidamente, con cita de los preceptos legales de carácter sustantivo que fijan y regulan las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales del empresario, concluye que, en el caso, se produce el incumplimiento que se denuncia en la demanda pues la demandada carecía del necesario protocolo de prevención para determinar los riesgos y actuar en consecuencia, lo que traduce en la declaración de incumplimiento de obligaciones legales, en la correlativa obligación de adoptar medidas al efecto y de las indemnizatorias y reparadoras que contiene el fallo de la misma.

Y ningún reproche cabe hacer a la indicada resolución que, contra lo invocado, es plenamente coherente con el relato de hechos, por lo que debe desestimarse el motivo.

En el motivo de censura que se formula por la representación letrada de la demandante denuncia que se ha vulnerado en la sentencia lo establecido en los artículos 40 de la Constitución, La Directiva Marco 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, apartado 4 del Acuerdo Europeo sobre el Estrés Laboral, así como los artículos 4, 14, 15, 16, y 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Mantiene que no existe ningún informe médico que no afirme que las bajas médicas citadas en la sentencia no tengan otro origen distinto a lo que ha vivido en su puesto de trabajo la actora, siendo los procesos de incapacidad temporal cuyo origen exclusivamente han sido por el desarrollo del puesto de trabajo:

- Del 01/04 al 08/04 de 2019.

- Del 14/05 al 27/05 de 2019.

- Del 30/07 al 13/08 de 2019.

- Del 30/09 al 30/11 de 2019.

- Del 2/02/20 a octubre 2021

Quedando por ello acreditado que el daño en la salud de la trabajadora tiene como causa única y exclusivamente, la situación laboral, por lo que el daño y el incumplimiento de la normativa en materia de prevención debe indemnizarse.

Indica que la jurisprudencia admite como criterio orientativo las cuantías fijadas en el RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, LISOS. Tratándose de una falta de medidas preventivas, con ausencia de evaluación de riesgos psicosociales, la conducta encuentra acomodo en el artículo 13 de la LISOS, en concreto 13.10, fijando el artículo 40 de la LISOS la cuantía y por ello la indemnización fijada en cuantía de 60.000 euros estima como prudencial debido al incumplimiento reiterado en materia de prevención de riesgos, y la inexistencia de evaluación de riesgos psicosociales.

El motivo no puede ser estimado, pues lo que se plantea en el mismo es una discrepancia sobre el importe de la indemnización fijado en la sentencia de instancia, que parte del presupuesto de haberse calificado indebidamente la conducta sancionable conforme a la LISOS que representan los hechos acontecidos.

Sabido es que la jurisprudencia admite como criterio orientativo para fijar las indemnizaciones por daños morales derivados de la vulneración de derechos fundamentales, que no es aquí el caso, pero que, "mutatis mutandi" podemos aplicar, los criterios de las sanciones que se imponen en la LISOS; criterios que, como señala la jurisprudencia -la STS de 13 de julio de 2.015, rc 221/2014 - han sido admitidos por la jurisprudencia constitucional [ STC 247/2006, de 24/Julio ] que se aleja del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente.

En relación a la fiscalización del importe en trámite de recurso, el criterio general es el que mantiene que es facultad del órgano de instancia la de determinar la cuantía del daño, mediante criterios prudenciales pero suficientes no solo para la reparación íntegra, sino, además para contribuir a la finalidad de prevenir el daño, y que sólo debe ser revisado si el mismo es manifiestamente irrazonable o arbitrario, pues "el órgano jurisdiccional, atendidas las circunstancias del caso, fijará el importe de la indemnización a su prudente arbitrio, sin que su decisión pueda ser revisada por el Tribunal que conozca del recurso, salvo que sea desproporcionada o irrazonable" ( STS de 5 de febrero de 2.017); la indemnización fijada por la Magistrada de instancia no puede calificarse de irracional o arbitraria pues tras calificar la infracción en materia de prevención como grave conforme a los criterio orientadores de la LISOS, impone una indemnización de 6000 euros conforme el artículo 40.2 de la LISOS que establece en cuanto a las sanciones graves "Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros." En su grado mínimo y dentro de este en su grado medio", ponderación de la sanción que efectúa a la vista de que no consta una total pasividad de la demandada, que dio inicio al Protocolo de actuación, y que finalizó con una serie de sugerencias, constando adjudicado el contrato para la evaluación de riesgos psicosociales en la Oficina de Los Ángeles, lo que conduce a desestimar el motivo.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,