Sentencia Social 263/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 1062/2022 de 19 de abril del 2023

PRIMERO. - Sobre la valoración de la prueba.

Los hechos declarados probados se han obtenido de la prueba documental obrante en autos, aportada por las partes con base en la indicada en cada uno de los hechos y de una valoración conjunta de la misma.

Por lo que respecta a la citada documental, los documentos aportados no fueron objeto de impugnación, salvo la manifestación anteriormente recogida en esta sentencia de que a criterio de la parte actora no se había dado efectivo cumplimiento a la prueba por ella solicitada con carácter anticipado, tanto en la demanda como en posterior escrito de 19 de enero de 2023, acordándose tener por aportado el informe y en su caso, de considerarlo insuficiente a los fines del procedimiento, acordar su ampliación/concreción mediante diligencias finales que no se estiman necesarias en este supuesto.

SEGUNDO. - Sobre la cuestión planteada.

Se pretende con el presente procedimiento de conflicto colectivo, tal y como figura en el hecho primero de la demanda " la interpretación y aplicación del art. 63 Plus de antigüedad" del III Convenio Colectivo de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid , precepto que literalmente es del siguiente tenor:

"Con efectos desde el 1 de enero de 2007, el plus de antigüedad se establece en la cantidad de 35 euros mensuales por trienio devengado en ICM, igual para todos los grupos profesionales y se devengará con efectos del primero de mes en cuyo transcurso se cumpla. Dicha cantidad se incrementará en el mismo porcentaje que resulte por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 62.1 y 2.

Aquellos trabajadores que fuesen contratados temporalmente por ICM, una o varias veces, siempre que la interrupción en su relación laboral con la Agencia no sea superior a los tres meses en cada una de ellas, acumularán el tiempo que hayan prestado servicio a todos los efectos de antigüedad".

La interpretación que propugna la parte actora y a la que se adhirieron los sindicatos demandados que comparecieron a la vista es, según consta en el hecho quinto de la demanda, que " se han de computar todos los servicios prestados en la Administración de la Comunidad de Madrid, por lo que la interpretación que ha de darse al artículo 63. Plus de antigüedad, es la del tiempo que un trabajador lleva vinculado al Sector Público de la Comunidad de Madrid que posteriormente queda integrado en la Agencia."

En materia de interpretación de los contratos, convenios o acuerdos, el Tribunal Supremo, Sala IV, en sentencia de 21-12-2020, mantiene:

"-(...) 1.- (...) Respecto de la interpretación de los convenios colectivos, es doctrina constante de esta Sala, reiterada entre otras en la STS de 13 de octubre de 2020, Rec. 132/2019 , que, atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC ; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003 ). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC ). La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC ). La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1 , 1281 y 1283 CC ). No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001 ). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007 ). Doctrina que resulta aplicable, también a los pactos y acuerdos colectivos de empresa..."

Atendiendo al primer criterio, el literal, la redacción contenida en el art. 63 del convenio es clara: el complemento de antigüedad solo se abona respecto de los trienios devengados en Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (actualmente Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, salvo las excepciones contenidas en el hecho probado quinto de esta sentencia, no apreciándose en el texto objeto del procedimiento judicial términos dudosos, ni se ha probado que fuera otra la intención de la comisión negociadora del convenio, ni figuran antecedentes de convenios precedentes que contuvieran otra regulación.

Pese a que lo expuesto supondría una desestimación de las pretensiones de la parte demandante, lo cierto es que debe destacarse el hecho sexto de la demanda en relación con el suplico de la misma, cuestión en la que incidieron de manera específica -en el acto del juicio- las Letradas tanto de Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras como de Federación UGT-Servicios Públicos como la demandada Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, y se refiere al contenido del Acta de la reunión de la Comisión Paritaria de fecha 23 de diciembre de 2020 y al valor que ha de darse a la misma.

En este sentido, en la demanda se recoge:

"En reunión de la Comisión Paritaria de fecha 23 de diciembre de 2020 la propia Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid reconoce el derecho que se reclama y firma los términos en los que queda regulado su aplicación:

"este reconocimiento de la antigüedad por servicios prestados en la Comunidad de Madrid en los términos expuestos se definiría a los solos efectos del pago del plus de antigüedad previsto en el artículo 63 del vigente Convenio Colectivo de la Agencia y con efectos económicos a partir de la firma del acuerdo correspondiente y tras la comprobación de la oportuna acreditación que en cada caso corresponda. Así mismo, en adelante, quedarían excluidos...."

Concluyendo en el hecho séptimo de la demanda que " a la fecha de presentación de la presente demanda la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid sigue sin reconocer a todo el personal con una relación preexistente en el sector público de la Comunidad de Madrid los servicios prestados a efectos del complemento de antigüedad", para finalizar con el suplico de que "se dicte sentencia por la cual se declare el derecho a que las contrataciones de personal con una relación preexistente en el Sector Público de la Comunidad de Madrid generará derecho, desde la fecha de su celebración en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y consecuentemente a que se les compute ese tiempo a efectos de consolidación de trienios devengados de conformidad con los requisitos establecidos en el art. 63. Plus de antigüedad del III Convenio Colectivo de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid ".

Incidiendo en esta petición, en el juicio se recalcó por la demandante que la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid no ha cumplido el acuerdo de la Comisión Paritaria de 23 de diciembre de 2020, que tiene el valor de convenio colectivo, idea ratificada por la Federación UGT-Servicios Públicos, afirmando la naturaleza negociadora de la Comisión Paritaria, la firma del acuerdo por sus integrantes, pese a lo cual no es aceptado por la Agencia, y la independencia incluso presupuestaria que tiene dicha entidad que no necesitaría el visto bueno de otro organismo para adoptar acuerdos.

La respuesta a este planteamiento viene dada por la naturaleza de la Comisión Paritaria que adoptó el acuerdo cuyo contenido se pretende en la demanda sea el criterio de interpretación del art. 63 del convenio colectivo y por el contenido del propio acuerdo adoptado.

En relación a la primera cuestión, ha de estarse al Artículo 4 del Convenio Colectivo de la Agencia que bajo el epígrafe " Comisión paritaria de cumplimiento, interpretación y desarrollo complementario del convenio colectivo" establece lo siguiente:

"1. Constitución y composición:

En el plazo de los diez días siguientes a la fecha de la firma del convenio, cuatro representantes designados por las centrales sindicales firmantes y cuatro representantes designados por la dirección de la Agencia constituirán la Comisión Paritaria de Interpretación, Cumplimiento y Desarrollo complementario del convenio, en adelante CPI.

La designación de los miembros de la CPI habrá de realizarse formalmente y ser comunicados a la otra parte con al menos dos días laborales de antelación a las reuniones de la misma donde deba actuar.

Los miembros de la CPI podrán ser suplidos por otros miembros, siempre que dichos suplentes sean también designados formalmente y comunicados a la otra parte con los mismos plazos.

2. Competencias:

Será competencia de la CPI:

I. La interpretación de la totalidad del articulado y Anexos del convenio.

II. El seguimiento de la aplicación del convenio.

III. La emisión, en el plazo de quince días, de informe preceptivo sobre las reclamaciones individuales o colectivas que, en relación con la aplicación del convenio a situaciones concretas, puedan plantearse por los trabajadores de ICM con carácter previo a la vía procesal social.

IV. La conciliación previa y no vinculante en los conflictos colectivos.

V. La aprobación de nuevas funciones profesionales, su modificación o la extinción de las que resulten obsoletas.

VI. La revisión de los cometidos de las diferentes funciones profesionales contenidas en el manual de funciones que se anexa al presente convenio colectivo.

VII. El reajuste de los horarios en función de la variación de la jornada.

VIII. Cualquier otra que expresamente se le atribuya en el articulado de este convenio.

Denunciado el convenio y hasta tanto sea sustituido por otro, la CPI continuará ejerciendo sus funciones.

3. Régimen de las reuniones y los acuerdos:

La CPI se reunirá con carácter ordinario cada tres meses en caso de que no se hubiera producido ninguna reunión extraordinaria en los tres meses anteriores; y con carácter extraordinario cuando sea convocada con dos días laborables de antelación con indicación del orden del día, por cualquiera de las partes.

Los acuerdos de la CPI se tomarán por mayoría de los miembros presentes y vincularán a ambas partes en los mismos términos que el presente convenio.

La CPI podrá recabar información relacionada con las cuestiones de su competencia.

4 . Integración de los acuerdos en el convenio y publicidad de los mismos:

La CPI hará públicos sus acuerdos cuando sean de interés general o se refieran a una reclamación de carácter colectivo, o modifiquen el texto del presente convenio dentro del ámbito de sus competencias. En este caso dichos acuerdos pasarán a formar parte integrante del propio cuerpo del texto convencional, debiendo constar tal carácter en el propio acuerdo. En otro caso sus dictámenes y acuerdos se incorporarán al mismo como Anexos adicionales del convenio".

El Tribunal Supremo, Sala de lo Social en sentencia de fecha 30/11/2022 -Nº de Recurso de casación: 29/2020, Nº de Resolución: 946/2022- establece sobre la naturaleza de la Comisión Paritaria lo siguiente:

"1.- Antes de examinar los motivos del recurso, resulta conveniente reiterar la consolidada doctrina de la Sala respecto a las funciones de la comisión paritaria.

Así, la STS de 8 de octubre de 2019, Rec. 32/2018 , insistió en que el artículo 85.3. e) ET incluye como contenido mínimo del convenio colectivo "la designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas..."; por su parte, el artículo 91.1 ET dispone que, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción social, "el conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos corresponderá a la comisión paritaria de los mismos".

De ello se infiere que resulta consustancial a la actuación de las comisiones paritarias que asuman, funciones de interpretación, aplicación o administración de los convenios colectivos que deben limitarse a ello sin que, por el contrario, estén facultadas para sustituir la actuación de las comisiones negociadoras de los convenios y, en consecuencia, puedan renegociar lo pactado.

Por lo que a las funciones de la comisión paritaria se refiere, debemos distinguir dos tipos de comisiones.

Por un lado, las comisiones interpretativas, que son aquellas que llevan a cabo las funciones clásicas de las comisiones, esto es, la administración del convenio, entre las que se encuentran las laborales de interpretación, aplicación, vigilancia y seguimiento.

Por otro lado, puede existir comisiones que tengan, además, competencias para negociar nuevas cuestiones. Se trata de las comisiones negociadoras.

Lo normal y ordinario es que la comisión paritaria se configure como una comisión de administración del convenio, pudiendo, no obstante, asumir competencias de negociación, cumpliendo los requisitos de legitimación ( STS 9 de julio de 1999, Rec. 4262/1998 ).

Precisamente...el Tribunal Constitucional distinguió claramente entre los dos tipos de comisiones reseñadas: las negociadoras y las de administración del convenio ( SSTC 73/1984, de 27 de junio ; 184/1991, de 30 de septiembre ; 213/1991, de 11 de noviembre y 222/2005, de 12 de septiembre , entre otras). En las comisiones negociadoras no es dable excluir a ningún sindicato con legitimación negocial aun cuando no haya firmado el convenio. En cambio, en las comisiones de mera administración, su composición puede responder a la composición de la comisión negociadora y firmante del convenio...".

Las competencias atribuidas a la Comisión Paritaria son fundamentalmente de interpretación y seguimiento de lo estipulado en el convenio, por lo que con carácter general se trata de una Comisión Paritaria de las denominadas " interpretativas o de mera administración", aunque de la redacción del apartado 4º sobre " Integración de los acuerdos en el convenio y publicidad de los mismos" se infiere que puede adoptar acuerdos que " modifiquen el texto del presente convenio dentro del ámbito de sus competencias.... dichos acuerdos pasarán a formar parte integrante del propio cuerpo del texto convencional" lo que le atribuye naturaleza de Comisión Paritaria " negociadora", pero limitada claramente a aquellas materias en que se permita tal modificación, lo que no consta acontezca con la materia objeto de este conflicto que es la determinación de la antigüedad a los efectos de trienios.

En relación a la segunda cuestión que es la relativa al contenido del propio acuerdo adoptado, en el hecho probado tercero de esta sentencia se ha trascrito en su integridad el contenido del acta de la Comisión Paritaria celebrada el 23 de diciembre de 2020, y de la literalidad de su texto se infiere que realmente el acuerdo alcanzado lo fue a los efectos de plantear la solicitud de una nueva redacción del art. 63 del Convenio Colectivo, que debía ser valorada por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, plasmando una "propuesta de redacción" de dicho precepto como " propuesta de reconocimiento de antigüedad".

Por tanto, realmente se procedía a ampliar y cambiar el contenido del art. 63 sobre el Plus de Antigüedad en una materia sobre la que carece de facultades de negociación (que podría incluso afectar a otras organizaciones con derecho a la negociación colectiva que pueden no formar parte de la Comisión Paritaria), se trataba no de un acuerdo formalmente adoptado y si de una "propuesta", la misma debía ser sometida con carácter previo al visto bueno de los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, lo que no se obtuvo en este caso (así hecho probado 4º de esta sentencia), informe favorable que ha venido impuesto en al menos las últimas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid que ya venían recogiendo en su art. 33 dentro de los " Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario", que sería " preciso informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de:

c) Los entes públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid , incluidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley "

Siendo precisamente uno de estos entes públicos la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, como así se hace constar en el poder notarial obrante al f. 40 de los autos.

Entendiéndose por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, entre otras:

b) la firma de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado 1 anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

e) el otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

Sancionándose con la nulidad, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, lo que, como antes se ha indicado aquí ha acontecido.

Sobre la legalidad de la obtención de un previo informe favorable por parte de la Agencia, pese a su carácter de ente público con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar y autonomía de gestión, ya ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en sentencia de 07/10/2022 Nº de Recurso: 144/2020, recurso que aunque referido al derecho a obtener una jornada ordinaria de 35 horas semanales en la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM, actualmente Madrid Digital), donde la parte recurrente indicaba que no era necesario pactar con la Consejería de Hacienda ya que la parte demandada es un ente público con autonomía propia, según la Ley 7/2005 y 9/1990, y por ello no precisa de autorización alguna de aquella consejería, indicándose:

"A la hora de resolver el motivo debemos dar por no cuestionada la condición de ente público que ostenta el organismo demandado y que se obtiene del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la CM, y en el que se distribuyó las competencias entre los distintos centros directivos, estableciendo, además, la relación de entes y órganos colegiados adscritos a la Consejería, figurando la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid, actual Madrid Digital, como ente público integrante de la administración institucional. Esta condición de ente público vino dada a raíz de la Ley 7/2005 que, dentro del proceso de racionalización del sector público de la CM, entendió conveniente la evolución jurídica de la citada entidad -hasta entonces organismo autónomo- a fin de que se flexibilizara su funcionamiento pero "sin perjuicio de los controles habituales que para este tipo de entidades la normativa establece, todo lo cual redundaría en una mayor eficiencia en la actividad que realiza y, en definitiva, en la mejora del servicio que la Administración presta al ciudadano", según decía su exposición de motivos, lo que se reguló en su art. 10 en el que su punto dos, apartado 6 señalaba que "En el ejercicio de sus competencias, la Agencia obraría con plena autonomía financiera y de gestión, y operaría bajo los objetivos de horizontalidad y centralización en la gestión de los servicios de informática y comunicaciones de la Administración de la Comunidad de Madrid, que permitan el mejor equilibrio técnico-económico de las soluciones aplicadas y los servicios prestados sin perjuicio de la necesaria atención a las peculiaridades propias de los servicios públicos con relación directa con el ciudadano", competencias que se describían en el punto 3, siendo su régimen jurídico el allí fijado y supletoriamente la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Las competencias en materia de personal se ubican en la figura del Consejero Delegado (punto 8 c) del art. 10), describiéndose el régimen jurídico del personal (lo que se realiza en el punto 14) de cuyas previsiones destacamos la que se indica en su apartado 5 diciendo " 5. La Agencia tendrá plena autonomía de gestión de su personal para el más ágil y eficaz cumplimiento de sus fines y objetivos, dentro del marco legislativo y presupuestario aplicable"...

, a efectos de poder atender el petitum de la demanda y al margen de que la negociación colectiva es la que debe fijar la jornada, es lo cierto que ello requiere de una previa acreditación del cumplimiento de esos objetivos en el ejercicio presupuestario precedente, tal y como ha entendido la sentencia recurrida, lo que implica que se ponga de manifiesto esa situación por medio de un informe que deberá ser emitido por el organismo con competencia en la materia y no consta en los hechos probados nada a tal efecto. No se trata de que la Consejería de Hacienda u otro organismo que tenga atribuida la competencia para emitir informes favorables sobre aquellos extremos autorice el régimen de jornada laboral semanal sino que para negociar la que se desee, es preciso partir del cumplimiento de esos objetivos a los que se vincula la posibilidad de separarse de la jornada de 37 horas y media".

Por todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que la demanda no va a ser acogida, procediendo el dictado de una sentencia desestimatoria.

TERCERO. - De conformidad con los arts. 205 y 206.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, frente a esta sentencia cabe Recurso de Casación, sin que proceda pronunciamiento condenatorio en materia de costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,