Sentencia Social 542/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 273/2023 de 02 de junio del 2023

PRIMERO.- Interpone recurso de suplicación el actor frente a sentencia que desestimó la demanda rectora de autos, tendente a declarar (con las variaciones introducidas en el juicio) injustificada la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, ordenando reponer al actor en sus condiciones salariales anteriores, con retribución fija anual de 89.702 euros, con la consiguiente reparación del daño causado, correspondiente a los salarios dejados de percibir desde la aplicación de la reducción salarial hasta su completa reposición.

SEGUNDO.- Los cuatro primeros motivos, al amparo del apartado b) del art. 193 LRJS, y con sustento en los documentos que identifica, interesa la revisión del relato fáctico, y en concreto:

1.- Del hecho probado segundo, proponiendo esta redacción alternativa:

"Indica la Exposición de Motivos del RD Ley 1/2022, que la SAREB fue creada en 2012, en el contexto de la crisis financiera, con el objetivo de abordar el saneamiento de determinadas entidades de crédito y preservar la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero en su conjunto. SAREB se creó como compañía de gestión de los activos que debían salir del balance de las entidades reestructuradas, y se le encomendó la gestión y enajenación de los préstamos e inmuebles para devolver la deuda suscrita en su momento por distintas entidades financieras y avalada por el Estado en un plazo que concluye en 2027. Con la finalidad de no impactar negativamente en las cuentas de las administraciones públicas, SAREB se constituyó con mayoría de accionistas privados, y sujeta al ordenamiento jurídico del sector privado, sin consolidar su balance con las cuentas del Estado (no controvertido).

El citado RD Ley 1/2022 ha modificado la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012 , estableciendo que el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección de SAREB será el establecido en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero , de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, debiéndose adaptar los contratos no más tarde del 5 de julio de 2022.

La Orden de 25 de mayo de la Ministra de Hacienda y Función Pública dispuso que, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, SAREB se clasifica en el Grupo 1, determinando así la retribución máxima de los contratos de alta dirección e n 236.300,61 euros, aplicados en SAREB a los máximos responsables, miembros del Comité de Dirección. -Documento 4 del ramo de prueba de la demandada-.

El Consejo de Administración de SAREB de 7 de junio de 2022 acordó considerar Altos Directivos a estos efectos a los directivos que componen el Comité de Dirección de SAREB, y como consecuencia se limita la retribución máxima que aplica a estos directivos, que son los máximos responsables de la organización (no cuestionado y doc. 4 de la demandada)."

Aduce el recurrente que, si se hubiera recogido en el Hecho Probado la retribución máxima fijada en la Orden Ministerial citada, la Juzgadora no hubiera considerado que la limitación legal tenía efectos en el contrato del demandante, de naturaleza laboral ordinaria, ya que el importe a percibir por los miembros de alta dirección (236.300,62 euros) hubiera sido superior en 146.598,62 euros, de haberse mantenido el salario de 89.702 euros, lo que lleva a concluir que no hay disfunción alguna en el organigrama por las retribuciones que, como se dice a continuación, es lo que ha considerado la sentencia.

Pero además de incurrir la justificación del motivo en meras especulaciones en la repercusión de su contrato de trabajo, en relación a las disfunciones en el organigrama de las retribuciones, la revisión propugnada es irrelevante, por cuanto como se encarga de clarificar la Juez de instancia, con independencia de la negociación de las diferentes bandas salariales, también se ha acreditado que una vez iniciada la implantación del proyecto SMO la carga de trabajo del demandante, en su puesto original de Gerente de activos de explotación, disminuyó de forma notable pues el grueso de sus funciones fueron asumidas por los proveedores externos, siendo necesario encomendarle otras para que su puesto no quedara vacío de contenido.

En su consecuencia, claudica el primer motivo.

2.- Del hecho probado quinto, para lo cual comienza por señalar respecto a la reunión que tuvo lugar el día 7 de julio de 2022, dentro del período de consultas, por error se contiene que tras la petición de los representantes de los Trabajadores en reunión anterior, se recogió la retirada de las causas económicas inicialmente alegadas por la empresa, pero sin reflejar el folio o folios de donde se obtiene tal afirmación, y ello es porque tal extremo, en su opinión, no ha quedado acreditado, si bien viene siendo un argumento constantemente utilizado de contrario, repetido en todos los procedimientos, sin acreditación alguna, porque no responde a la realidad.

Propone esta redacción alternativa:

"En el acta de la reunión celebrada el 7 de julio de 2022, en relación con las causas económicas la parte social manifestó la falta de entrega de las cuentas provisionales del año 2022, las cuentas anuales de 2020, así como el Plan de Negocio mencionado en la memoria.

La empresa, en relación a la categoría de Gerentes, que es la de la parte demandante, aportó en la citada reunión información genérica sobre determinados aspectos como Agrupación, % de bajada salarial medio, Total afectados y Unidades.

La empresa retiró las causas económicas tras la finalización del periodo de consultas y ello fue comunicado al Comité de Empresa, con carácter previo a la implantación de la modificación a los afectados."

Declina el motivo, pues aparte de introducir juicios de valor tales como el aportarse por la empresa una información que juzga de genérica, las causas económicas no son objeto de este procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, habiendo obtenido la Juez de instancia su convicción del conjunto de la prueba practicada, " en la que la concurrencia de hechos reconocidos, hechos indiscutibles, informe de ITSS y documentos no impugnados permite obtener la realidad fáctica que ahora se valora ( art. 97.2 LRJS )".

3.- Del hecho probado noveno, proponiendo esta redacción alternativa:

" Con motivo de la implantación del proyecto SMO y contratación con dos proveedores externos éstos asumieron gran parte de la carga de trabajo que en la actividad de explotación realizaba el actor (testifical de don Juan Miguel). Tras la modificación de condiciones, al actor se le han encargado las siguientes funciones, la gestión de los Fondos de Activos Bancarios (FABs), BULL y TEIDE; la gestión de los Procesos Ordenados de Venta (POVs), por un valor de venta 61.988.300 euros; la gestión del edificio de la sede de la sociedad, propiedad de esta, sito en la calle Costa Brava nº 12 de Madrid ."

Se estima en parte el motivo suprimiendo del hecho se le han atribuido al actor cometidos de "menor responsabilidad", al introducir un juicio de valoración que no ha de constar en la crónica histórica, pero desestimándolo en lo demás, por cuanto no cabe una cita genérica e indiscriminada de una pluralidad de pruebas documentales (los correos electrónicos que aporta el demandante como sus documentos 2 a 4),dejando a la Sala la indagación de cuál de ellos demuestra la equivocación probatoria de instancia, aparte de que la prueba ha sido valorada por la Juez de instancia en su conjunto con las amplias facultades que le reconoce el art. 97 LRJS, no evidenciándose el error indicado de modo contundente e incuestionable, indubitado y fehaciente.

4.- Del hecho probado décimo, proponiendo esta redacción:

" En la selección del ahora demandante como personal afectado por la modificación se utilizaron los criterios generales especificados en la Memoria aportada en el periodo de consultas. De los 39 gerentes afectados sin personal a cargo 22 se situaron en una banda salarial de 68.000 a 72.000 euros (testifical de don Juan Miguel). 26 Gerentes tienen una retribución superior a 72.000 euros, cantidad a la que ha quedado reducido el salario del actor (documento 10 de la demandada )."

Se rechaza el motivo: el documento n° 10 del ramo de empresa ha sido valorado en relación con la testifical. El dato que pretende recoger el recurrente no es trascendente para el fallo, dado que en la demanda no alegaba la existencia de discriminación y además no acredita que se trate de gerentes que están en la misma situación que el demandante.

TERCERO.- Ya en sede del Derecho aplicado y correcto amparo procesal en el apartado c) del art. 193 LRJS, y por las razones que expone, denuncia infracción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores cuestionando básicamente las causas alegadas por la empresa para la modificación sustancial de condiciones de trabajo del actor, así como denunciando la ausencia de prueba sobre su existencia.

Los hechos declarados probados ponen de relieve que, tras la modificación normativa operada por el RD Ley 1/2022, se sometió a SAREB al régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección con la retribución máxima prevista en el Real Decreto 451/2012. La aplicación de tales cambios a los altos directivos generó disfunciones en el organigrama pues tales retribuciones de los altos directivos no estaban en consonancia con las de los siguientes escalones. Y también se ha acreditado que una vez iniciada la implantación del proyecto SMO la carga de trabajo del demandante, en su puesto original de Gerente de activos de explotación, disminuyó de forma notable, pues el grueso de sus funciones fueron asumidas por los proveedores externos, siendo necesario encomendarle otras para que su puesto no quedara vacío de contenido, hasta el punto que tras la modificación operada ha pasado a ocupar el puesto de gerente de gestión comercial, nomenclatura que se corresponde con las tareas que le han ido encomendadas, todas ellas de menor responsabilidad y peso que las que venía realizando y que, en esencia, consistían en mantener explotados activos tales como campos de golf, hoteles y similares, para facilitar su colocación en el mercado, funciones que realizan ahora los dos proveedores externos.

CUARTO.- La modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo finalizó sin acuerdo, sin que conste haya sido impugnada colectivamente por el comité de empresa ni por los sindicatos presentes en dicho comité (UGT y CCOO). La modificación afectaba al iniciarse al período de consultas a 90 directivos de SAREB, número que se redujo en la oferta final de la empresa a 55 (acta final del período de consultas, aportada como documento n.° 2 del ramo de empresa) y, al ser rechazada esta oferta, el número de afectados quedó fijado por la empresa en 66 directivos de los más de 200 directivos que tiene Sareb en una plantilla de 326 empleados.

La causa productiva se explica en la memoria e informe técnico y se ha destacado en la comunicación individual de cada modificación sustancial realizada, derivada de los cambios productivos en el sector en que opera Sareb, lo que ha obligado a cambiar el modelo operativo a través del proyecto "SMO" que supuso el traspaso de la gestión y venta de una cartera de préstamos e inmuebles de más de 25.00 millones de importe de cuatro a dos proveedores externos de servicios, con la necesaria reordenación interna en Sareb de organigramas, funciones, competencias y dimensiones de los distintos departamentos y recursos humanos, provocando reestructuraciones de los puestos de trabajo, que dejaron de tener que asumir determinadas funciones, competencias y responsabilidades.

Sareb, desde junio de 2021 hasta junio de 2022, experimentó una reorganización de Áreas, Departamentos, con nuevas estructuras internas y cambios funcionales y de equipos de trabajo. Así se llega a la lógica conclusión de que en 2022 se produce, a nivel general, un desfase entre la estructura orgánica, funcional y salarial inicial de la empresa (al tiempo de su constitución y establecimiento de las condiciones iniciales de trabajo) con la estructura orgánica, funcional y salarial actual que deriva del grado de cumplimiento de los objetivos por los que fue constituida Sareb, y la proximidad con la fecha de conclusión de esos objetivos en el año 2027 -fecha en que según la ley Sareb dejará de existir-; así como de los cambios derivados en la organización de la actividad y estructura orgánica por el proyecto SMO; lo que constituye la causa organizativa invocada por la empresa, expuesta en el periodo de negociación y explicada en la comunicación individual. Causa que justifica ajustar los salarios a esa nueva realidad y que, en el caso del recurrente, como se deduce del documento nº 5 del ramo de empresa, ha supuesto la asignación de un nivel retributivo de 72.000 euros, dentro de la banda salarial definida para gerentes (entre 51.000 y 85.000 euros) con el objeto de buscar el menor impacto posible en sus percepciones económicas.

QUINTO.- Para que pueda procederse a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo es preciso, atendiendo al art. 41 del ET, que concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que la justifiquen. Se consideran tales causas las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. No es preciso que las modificaciones tengan el objetivo acreditado -en conexión de funcionalidad o instrumentalidad- de prevenir una evolución negativa o mejorar la situación y perspectivas de la empresa, sino que basta con que las medidas estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica ( STS 27-1-14). Se trata únicamente de que tal decisión, mediante una más adecuada organización de los recursos, favorezca la posición competitiva de la empresa, o la eficacia del servicio prestado por la misma, o una y otra cosa a la vez, sin que haya de acreditarse la superación de vicisitudes negativas ( SSTS 10-12-14 y 16-11-12).

La modificación sustancial de las condiciones de trabajo supone una manifestación más de flexibilidad interna contemplada para fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa, y que, en el marco del art. 8.1. d) del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, se erige como una medida social de acompañamiento más para "evitar o reducir los despidos colectivos".

Tras las reformas de 2012, las probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifican la modificación sustancial de las condiciones de trabajo son las relacionadas con la "competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa". Mas no se piense que con este nuevo panorama se ha eliminado el control judicial de razonabilidad y proporcionalidad, de conexión funcional o instrumental, en un sistema jurídico como el nuestro en el que no hay materias que afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que queden exentas de todo control judicial ( artículos 24 y 117 CE). No cabe entender que con la nueva redacción del precepto se habilita al empresario para decidir libremente y discrecionalmente, con un poder omnímodo, la modificación, pues el párrafo primero del apartado 7 del artículo 138 de la LRJS dispone que la empresa debe acreditar las razones que invoca respecto de los trabajadores afectados, lo que implica que deben concurrir "razones" y además estar relacionadas con la situación concreta en que prestan servicios los trabajadores afectados. La justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico ( art. 1 CE), y, aunque no queda a la discreción judicial valorar si las medidas adoptadas son, o no, suficientes, o podían haberse adoptado otras de mayor calado y solución, sí que le corresponde en cambio valorar la legalidad y adecuación a Derecho de las medidas "razonando sobre la determinación de su posibilidad, proporcionalidad, lógica interna, coordinación o razones que condicionaran su fijación, que no su éxito". ( STSJ País Vasco de 16 noviembre 2006).

SEXTO.- Pues bien, con las premisas que anteceden, el reproche de corte jurídico que instrumenta el recurrente carece de fundamento, confluyendo la Sala con los criterios de la sentencia recurrida, que son plenamente coincidentes con los expuestos por esta Sección de Sala en su reciente sentencia de 6 de marzo de 2023, recurso nº 1396/2022, abordando un supuesto parejo al aquí enjuiciado de la misma empresa demandada, debiéndose considerar la medida modificativa operada en el contrato de trabajo del actor como razonable, proporcionada y eficiente en la organización productiva de la empresa, al disminuir el volumen de trabajo.

Como se argumenta en la meritada sentencia de esta Sección 1ª de 6 de marzo de 2023, recurso nº 1396/2022, declarando también justificada la medida modificativa:

"En el presente supuesto ha resultado acreditado que, tras la modificación normativa operada por el RD Ley 1/2022, sometió a SAREB al régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección con la retribución máxima prevista en el Real Decreto 451/2012. La aplicación de tales cambios a los altos directivos generó disfunciones en el organigrama pues tales retribuciones de los altos directivos no estaban en consonancia con las de los siguientes escalones. Pero es que, con independencia de la negociación de las diferentes bandas salariales, también se ha acreditado que una vez iniciada la implantación del proyecto SMO, e incluso antes, tal como consta acreditado con valor de hecho probado en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, la carga de trabajo de la demandante disminuyó de forma notable. Las afirmaciones de la recurrente del SMO como "secreto" no encuentran sustento alguno. Y ello con mayor razón por cuanto consta que la propia actora, aun estando en situación de IT era convocada a reuniones. Y siendo ello así, apreciadas disfunciones en la estructura organizativa, se aplicaron, para la selección de la actora como afectada, los criterios generales especificados en la Memoria aportada en el periodo de consultas. Y si bien es equivocada la apreciación de la Juez de instancia de que la actora era una Responsable que reportaba a un Gerente con menor salario, pues reportaba a un Director Comercial, ello en sí no es un dato que impida valorar otros criterios tales como las valoraciones profesionales, la trayectoria y el tener o no personas a su cargo, constando probado (hecho sexto) que con anterioridad a la modificación la actora no tenía personas a su cargo y la estructura empresarial, en virtud del proyecto SMO, se había reducido, pasando de tener cuatro proveedores (uno por cada entidad bancaria con su responsable respectivo) a dos que fueron seleccionados por concurso público.

En suma, concurre la causa organizativa que se revela como una medida racional, proporcionada y eficiente en la organización productiva de la empresa, al disminuir el volumen de trabajo de la demandante".

En méritos de lo razonado se impone desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia que no ha infringido la normativa denunciada.

Sin costas ( art. 235 LRJS).

Vistos los preceptos citados,