Sentencia Social 719/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 535/2023 de 23 de noviembre del 2023

PRIMERO.-La sentencia de instancia desestima la pretensión del demandante en la que se solicita que se declare que la relación laboral que le unía con la parte demandada era indefinida fija o indefinida no fija y que la extinción constituye un despido nulo por vulneración de la garantía de indemnidad o, subsidiariamente, un despido improcedente.

Frente a dicho fallo, la representación letrada de la parte actora interpone recurso de suplicación formulando seis motivos destinados a la revisión fáctica y a la censura jurídica.

El recurso ha sido impugnado.

SEGUNDO.-Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la LRJS, interesa la revisión del hecho probado sexto proponiendo redacción del siguiente tenor:

"El 2 de enero de 2023, se emite informe de la Inspección de Trabajo, comprensivo de actuaciones de investigación y comprobación, que finaliza con el acta del Inspector (Anejo nº 6) que declara la existencia de una infracción grave por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, de acuerdo con los arts. 7.10 LISOS y 4.2 ET, en el que concluye:

" Cuando el Trabajador se reincorpora a finales de Septiembre de 2022, pasa de tener 9 clases semanales propias, a ocupar solamente 6 (es decir, se produce una disminución de su ocupación en una tercera parte);...Con respecto a las Guardias, el Trabajador pasa de ejecutar 16 Guardias semanales de media, a realizar 3 guardias semanales de media en el Primer Trimestres del curso de 2022-23. Es decir, sus guardias se reducen a una quinta parte de las venía ejecutando.

En lo que se refiere a la externalización de clases que la Empresa - Ayuntamiento de Alcobendas- ha realizado en el primer trimestre del curso 2022-23, aquella indicó en la fecha de la comparecencia las clases que se solapaban con los honorarios de disponibilidad de Guardias del Trabajador. Hay que decir al respecto que si la causa de dicha externalización es la falta de disponibilidad del Trabajador, no hay tal, pues que el Trabajador en la mayoría de los honorarios que dice la empresa se halla desocupado, sin clases propias y sin guardias."

"El hecho consistente en que la empresa, a pesar de que el Trabajador se encuentre ostensiblemente desocupado sin ejercer actividad alguna los jueves y viernes desde el inicio del curso en septiembre de 2022, haya externalizado algunas de sus clases, disminuyendo así drásticamente el número de clases que venía ejecutando con carácter semanal, constituye un acto contrario al derecho del Trabajador en la relación de trabajado a su ocupación efectiva."

La revisión se desestima porque la mención que realiza el hecho probado sexto al anejo 6, informe de la inspección de trabajo, debe entenderse efectuado al contenido íntegro del mismo, debiendo señalarse que las actas de la inspección de trabajo carecen de virtualidad a efectos de revisión ya que como señala la STS de 12/07/2017, recurso nº 278/2016:

"Recordemos al efecto que "... la presunción "iuris tantum" de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes [ DA Cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14/Noviembre ; y art. 53.2, párrafo segundo, del RD-Legislativo 5/2000, de 4/Agosto ] ( STS 22/05/12 -rco 76/11Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Social, Sección 1 ª, 22-05-2012 (rec. 76/2011 ) -), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los "hechos" constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15 -rco 181/14-, asunto "GEAJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Social, Sección 991 ª, 20-10-2015 (rec. 181/2014 ) 21 SA", que se refiere -concretamente- a la voluntad negociadora durante el periodo de consultas)" ( STS SG 17/03/16 -rco 178/15-, asunto "Eurocork Almendral , S.L."). PeroJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 17-03-2016 (rec. 178/2015) de todas formas no cabe olvidar que:

a).- Las referidas actas "no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas" ( SSTC 76/1990, de 26/Abril , FJ 8Jurisprudencia citadaSTC, Pleno, 26-04-1990 ( STC 76/1990 ) ; 14/1997, de 28/Enero, FJ 7Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 28 - 01-1997 ( STC 14/1997 ) ; 35/2006, de 13/Febrero, FJ 6Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 13 - 02-2006 ( STC 35/2006 ) ; y 82/2009, de 23/MarzoJurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 23-03-2009 ( STC 82/2009 ) , FJ 4) .

b).- En palabras de esta Sala, "... la actuación de la Inspección de Trabajo tiene un carácter informativo que conduce a la ulterior valoración por parte de quien juzga en instancia, como un medio probatorio más sin que quepa atribuirle efecto vinculante alguno y sin que pueda excluirse el análisis de los demás medios de prueba y, en suma, la necesaria convicción de quien juzga tras la valoración de todos ellos" ( SSTS SG 18/03/14 -rco 114/13-, asunto "DOPEC, SL"; y SGJurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Social , Sección: 1ª, 18/03/2014 (rec. 114/2013)Revisión de los hechos probados: eficacia revisora de las actas y los informes de la Inspección de Trabajo. 17/03/16 -rco 178/15-, asunto "Eurocork Almendral, S.LJurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Social , Sección: 1ª, 17/03/2016 (rec. 178/2015)Revisión de los hechos probados: eficacia revisora de las actas y los informes de la Inspección de Trabajo. .").

c).- Y como elemental consecuencia de ello, también hemos entendido desde siempre que las actas e informes de la Inspección de Trabajo no son "documento" a los efectos revisorios (así, SSTS 09/02/96 -rco 2429/94 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 09-02-1996 (rec. 2429/1994 ) -; 27/02/01 -rco 141/00 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 27-02-2001 (rec. 141/2000 ) -; y 11/12/03 -rco 63/03Jurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Social , Sección: 1 ª, 11/12/2003 (rec. 63/2003 )Revisión de los hechos probados: eficacia revisora de las actas y los informes de la Inspección de Trabajo. -), pues aunque proceden de un funcionario especialmente cualificado en la materia sobre la que informa, de todas formas la material incorporación de sus apreciaciones fácticas carecen de la fehaciencia exigible para modificar la apreciación judicial de los hechos (sobre el requisito, SSTS 12/11/15 -rco 182/14-, asunto "SchindlerJurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Social , Sección: 1 ª, 12/11/2015 (rec. 182/2014 )Revisión de los hechos probados: eficacia revisora de las actas y los informes de la Inspección de Trabajo. "; 30/11/15 -rco 142/14-, asunto "Caixabank, SA"; y SGJurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Social , Sección: 1ª, 30/11/2015 (rec. 142/2014)Revisión de los hechos probados: eficacia revisora de las actas y los informes de la Inspección de Trabajo. 24/11/15 -rco 86/15-, asunto "Gestur, SAJurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Social , Sección: 991ª, 24/11/2015 (rec. 86/2015)Revisión de los hechos probados: eficacia revisora de las actas y los informes de la Inspección de Trabajo. ") y no dejan de ser - aunque objetivas y competentes- manifestaciones documentadas inhábiles para modificar el relato fáctico [ SSTS 20/02/90 Ar. 1247 ; 28/09/98 -rco 5149/97 -; 02/02/00 -rco 245/99 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 02-02-2000 (rec. 245/1999 ) -; 14/03/05 - rev. 57/03 -; y 17/07/12 -rco 36/11 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 17-07-2012 (rec. 36/2011 ) -]" (así, la citada STS SG 17/03/16 -rco 178/15Jurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Social , Sección: 1ª, 17/03/2016 (rec. 178/2015 )Revisión de los hechos probados: eficacia revisora de las actas y los informes de la Inspección de Trabajo. -).".

TERCERO.-Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS, denuncia:

1.-Infracción del artículo15 del ET.

En esencia, expone que ha prestado servicios de forma ininterrumpida desde el 18 de marzo de 2015, durante un tiempo superior a 24 meses, en virtud de dos o más contratos de trabajo, desempeñando las mismas funciones, por lo que no cabe apreciar que su relación laboral se remonte al último contrato suscrito, sino al celebrado en el año 2015.

El motivo se desestima porque desde el 2015 se suscribieron tres contratos:

-De interinidad de fecha 18 de marzo de 2015 al 7 de agosto de 2015, para sustituir a trabajadora con reserva de puesto, identificándose la misma, que se encontraba en situación de licencia sin sueldo.

-De interinidad de fecha 25 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, para sustituir a trabajadora con reserva de puesto de trabajo, que se identifica, que se encontraba en reducción de jornada.

Estos dos contratos de interinidad se extinguen por causa válidamente consignada en el contrato de trabajo y no vuelve a ser contratado hasta el 14 de diciembre de 2018 en que suscribe contrato de relevo, a tiempo parcial, como técnico especialista de actividades deportivas, Grupo C1, para sustituir a trabajadora jubilada parcialmente, que se identifica.

El artículo 15.5 del ET dispone que "(...) las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas", y en el presente caso los contratos celebrados en el año 2015 eran de interinidad, no concurriendo la infracción denunciada.

2.-Incumplimiento del artículo 12 del ET.

En esencia, expone que el último contrato suscrito trae causa de la jubilación parcial de una trabajadora del ayuntamiento y que este celebra con todos los trabajadores un nuevo contrato para cubrir la plaza que deja vacante en el momento en que se produce la jubilación, hasta que la plaza sea cubierta por el procedimiento reglamentario, y sin embargo, sin motivo alguno discrimina al actor, negándole la posibilidad de cubrir dicha plaza que es estructural y de plantilla.

En el relato de hechos probados no constan las características de los contratos de los trabajadores a los que se dice les han ofrecido nueva contratación hasta cobertura de la plaza, para analizar si existe discriminación, debiendo señalarse que el contrato del recurrente tenía fecha de inicio y de finalización y la empresa se ha atenido al mismo, sin que exista fraude en la contratación. El trabajador accedió al puesto en virtud de un proceso selectivo cuya finalidad era, precisamente, la contratación en régimen de personal laboral temporal con motivo de cubrir la jubilación parcial de la trabajadora Sra. Belinda, con fecha de efectos desde el 13 de diciembre de 2018 y hasta el fin de la jubilación parcial de la citada trabajadora (hecho probado tercero).

3.-Incumplimiento del artículo 24 de la CE.

En esencia, indica que la extinción se ha producido como represalia a las manifestaciones públicas efectuadas en el ejercicio de su derecho de reclamar la estabilidad en su puesto de trabajo, así como la inclusión de su plaza en el proceso extraordinario de estabilización.

Como señala la jurisprudencia unificadora en STS de 19/05/2020, recurso nº 4496/2017:

"(...) es doctrina reiteradísima del Tribunal Constitucional la que señala que la garantía de indemnidad implica que "del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos" (por todas, STC 14/1993 , 25/2008 y 92/2009 ). De ahí que la actuación empresarial que supone la reacción a la reclamación del trabajador del reconocimiento de sus derechos resulte contrario a aquel derecho fundamental ( STC 76/2010 , 6/2011 , y 10/2011 , entre otras).

Por otra parte, la protección de los derechos fundamentales halla un instrumento procesal necesario en la distribución de la carga de la prueba que es propia de este tipo de controversia. Mas, la afirmación de la vulneración del derecho ha de ir acompañada de la acreditación de indicios de los que quepa deducir la posibilidad de que la vulneración constitucional se haya producido; esto es, que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación ( STC 92/2008 , 125/2008 y 2/2009 ). Sólo entonces surge para el demandado la carga de probar que los hechos motivadores se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales ( STC 183/2007 , 257/2007 , 74/2008 , 125/2008 y 92/2009 ).

3. Desde esa perspectiva, consideramos que, si bien el actor fue cesado después de haber puesto en marcha una reclamación para ser considerado indefinido, lo cierto es que la conducta de la empresa no fue otra distinta que la que era perfectamente previsible con independencia de aquella reclamación. Como hemos indicado, el contrato del demandante tenía establecida fecha de finalización y a tal fecha se acogió la decisión empresarial extintiva, sin anteponer su decisión en virtud de la citada reclamación (que, además, se había producido diez meses antes), ni variar lo que venía siendo su conducta habitual de extinguir los contratos temporales con arreglo a las fechas inicialmente establecidas -como se observa en la sentencia de contraste-; además, de conectarse con la circunstancia de la denegación de la prórroga del proyecto al que se adscribían los servicios del demandante.

Compartirnos, por tanto, la conclusión que alcanzó la sentencia recurrida, puesto que, frente a la aportación del dato indiciario de la reclamación del trabajador, se constata que, con independencia de su licitud -sobre la que ya se pronuncia al declarar la improcedencia del despido-, la decisión extintiva resultaba previsible y tenía enormes índices de probabilidad.".

Como señala la juzgadora de instancia se ha desvirtuado cualquier indicio de vulneración sin que quepa apreciar conexión de causalidad entre la comunicación de extinción del contrato temporal de relevo y la presentación de la demanda sobre reconocimiento de derechos contra la administración, estando ante un valida finalización del contrato de trabajo, sin que se aprecie conducta reveladora de perjudicar al recurrente o que se hubiese manifestado en alguna forma la intención de volver a contratar al demandante, lo que lleva a desestimar el motivo.

4.-Infracción de las cláusulas 2, 4 y 5, del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, Anexo a la Directiva 1999/70/CE, en relación con los artículos 14, 23.2, 103.3 CE, 15.3 el ET, 9.2, 11, 55 y 70 EBEP, 6.4 y 7.2 del Código Civil, todo ello en relación con el abuso de la contratación.

En esencia, expone que viene desarrollando funciones estructurales durante más de 7 años sin que en ningún momento le hayan permitido obtener la condición de personal fijo al no convocarse proceso selectivo. Señala que procede la recalificación automática en contrato de duración indefinida al persistir la relación laboral más de 3 años y que sostener lo contrario vulneraria el principio de legalidad contemplado en el artículo 9.3 de la CE, siendo aplicable a la Administración Local no solo lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de régimen local sino lo establecido en el artículo 11.1 del EBEP y en el artículo 6.3 del Decreto de 30 de mayo de 1952.

Sigue diciendo que se han infringido los artículos 53, 55 y 56 del ET al considerar que existe una sucesión de contratos temporales cuando la necesidad es estructural; que se producido violación de la tutela judicial efectiva ( artículo 24 CE) porque no puede considerarse que estemos ante un despido objetivo, habiéndose externalizado solo la plaza del demandante, no valorándose adecuadamente la prueba (acta inspección de trabajo), vulnerándose el artículo 10 del EBEP porque en los últimos 29 años no se han convocado procesos selectivos para el ingreso como personal fijo, siendo cesado sin justa causa, continuando existiendo la necesidad del puesto y la extinción se produce por la reclamación efectuada y las manifestaciones públicas realizadas.

Lo que plantea el recurrente es la propia valoración de la prueba, tratando de conseguir que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la misma (obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida), como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación, olvidando que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el artículo 97.2 de la LRJS a quien ha tenido plena inmediación en su práctica.

Debe recordarse que la Juzgadora ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte y ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso. El planteamiento en suplicación del error en la valoración de la prueba (cualquiera que sea su concepto) requiere la indicación y análisis de una norma sobre prueba idónea para determinar tal apreciación, o la infracción de la doctrina constitucional sobre el error patente, valoración arbitraria o irrazonable.

La resolución de las pretensiones que plantea el recurrente debe efectuarse partiendo de los hechos probados y de los mismos se desprende que no ha existido despido sino válida extinción de la relación laboral que no se ha producido como represalia, como ya hemos expuesto anteriormente, lo que lleva a desestimar los motivos y el recurso.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,