Sentencia Social 100/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Primera, Rec. 1309/2022 de 03 de febrero del 2023

PRIMERO.- La cuestión a resolver en esta sede de suplicación consiste en determinar si el importe recibido por el actor como Renta Activa de Inserción (RAE) computa como ingresos previos a la hora de establecer la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

SEGUNDO.- La sentencia de instancia ha centrado perfectamente la cuestión debatida, y con muy pormenorizados razonamientos, luego de hacer mención a la normativa de aplicación y a dos sentencias de esta Sala que la han interpretado, ha entendido que, constando el demandante percibió la suma de 4245,33 de Renta Activa de Inserción en el año 2021 (en realidad en el año 2020), y atendiendo a la Renta anual garantizada para la unidad de convivencia compuesta por él en el año 2021 (5639,16 euros), la cuantía del Ingreso Mínimo Vital debe ascender a la diferencia entre los dos importes, que asciende a 1393,83 euros anuales, esto es, 116,15 euros mensuales, como se indica en la Resolución del INSS que ha impugnado de 27-12-21.

TERCERO.- Disconforme con este planteamiento de la sentencia de instancia el actor recurre en suplicación denunciando en una exclusiva censura jurídica, con adecuado encaje procesal en el apartado c) del art. 193 LRJS, infracción espíritu del Real Decreto-ley 20/2020, así como de los artículos 8 y 20 de este último, dado, y a su juicio, si bien es cierto se excluyen del cómputo como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, sin embargo no hace referencia expresa a la RAI como ingresos que deben ser incluidos en el cómputo.

En suma, y en su opinión, la demanda debe ser estimada al considerar que la cantidad percibida por él en concepto de Renta Activa de Inserción debe quedar excluida del cómputo a la hora de conceder el Ingreso Mínimo Vital .

CUARTO.- Asunto prácticamente idéntico, y abordando la misma problemática, fue resuelto por esta Sección de Sala en su sentencia nº 93/2022, de 4 de febrero de 2022, recurso 796/2021, cuyos criterios fueron seguidos después por la de la Sección Cuarta nº 234/2022, de 31 de marzo de 2022, recurso 780/2021, en la que señalamos: (las negritas son nuestras)

" El artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2020 define el requisito de la "situación de vulnerabilidad económica", exigida para tener derecho a la prestación controvertida de Ingreso Mínimo Vital, estableciendo lo siguiente:

1. Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 7, se tomará en consideración la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros.

2. Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los términos establecidos en el artículo 18, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del artículo 10.

A efectos de este real decreto-ley, no computarán como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.

3. No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio valorado, de acuerdo con los criterios que se contemplan en el artículo 18 de este real decreto-ley, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II.

Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad.

4. Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecerán las condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de rentas establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no suponga la pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, prestará especial atención a la participación de las personas con discapacidad y las familias monoparentales.

5. Reglamentariamente se podrán establecer, para supuestos excepcionales de vulnerabilidad que sucedan en el mismo ejercicio, los supuestos y condiciones en los que podrán computar los ingresos y rentas del ejercicio en curso a los efectos de acceso a esta prestación.

Siguiendo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 8 transcrito, ha de atenderse, para el cómputo de los ingresos y patrimonio que en su caso den acceso a la prestación solicitada, a las reglas establecidas en el artículo 18 del RD-L 20/2020 , en cuyo apartado 1 se dispone que:

"1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas:

a) Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto.

b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa foral correspondiente según la normativa vigente en cada período.

c) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral.

d) Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.

e) Se exceptuarán del cómputo de rentas:

1.º Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

2.º Las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.

3.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio."

La esencia de la estimación de la demanda se encuentra en el Fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia recurrida, donde se expresa lo siguiente:

"Vista la normativa de aplicación, y en concreto el párrafo 2º del punto 2 del artículo 8 del RD 20/2020 , así como art 10 procede la estimación de demanda, pues el computo de rentas excluye las obtenidas en concepto de prestación Renta Activa de Inserción que fue percibida por el demandante en 2019."

Sin embargo, el artículo 8.2, párrafo 2º a lo que se refiere es a "...los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.", no a la Renta Activa de Inserción (RAI) concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal al actor en los términos y con la cuantía que se recoge en el inalterado Hecho Probado Cuarto.

En el artículo 10 RD-L 20/2020 se regula la determinación de la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia y no se hace tampoco referencia expresa como renta excluida a efectos del cómputo a la RAI.

Por tanto, la Sentencia recurrida incurre en la infracción denunciada por las Entidades Gestoras en el motivo único del recurso, al haber excluido incorrectamente del cómputo de ingresos del actor lo percibido por éste en concepto de Renta Activa de Inserción y así haber reconocido la prestación de ingreso mínimo vital a D. Jose Ramón, contrariamente a lo preceptuado en los artículos 7.1.d ), 8 y 18 del RD-L 20/2020 , porque tal prestación no es "renta mínima de inserción", ni es concedida por las Comunidades Autónomas, sino por el Servicio Público de Empleo Estatal".

QUINTO.- La Renta Activa de Inserción (RAI) es una prestación de carácter no contributivo destinada a desempleados que no perciben otras ayudas y que acreditan especiales dificultades de reinserción en el mercado laboral.

Tal y como recoge la propia página web del SEPE, el objetivo de la RAI es aumentar las oportunidades de regreso al mercado laboral de las personas desempleadas que sufran necesidades económicas especiales y tengan dificultades para encontrar empleo.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación no contributiva que otorga el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para garantizar un mínimo de ingresos a aquellas personas o familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. De ese modo, sus rentas mensuales se pueden ver incrementadas.

Una cosa es que la RAI sea compatible con el IMV y otra bien dispar el importe recibido por la RAI no compute como ingresos previos a la hora de establecer la cuantía del IMV.

Es decir, la RAI es compatible con el IMV, si bien el importe de la misma computa como ingresos previos a la hora de establecer la cuantía resultante del IMV.

A lo que se refiere el artículo 8.2 del RDL 20/2020 es a los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el artículo 18, pero no a la Renta Activa de Inserción (RAI) concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal y no por una Comunidad Autónoma, que es una prestación de carácter no contributivo.

SEXTO.- Tal y como se desprende del firme por no discutido relato fáctico, por resolución del INSS de 12.04.21 se le reconoce al actor el ingreso mínimo vital (en adelante, IMV) por un importe mensual de 429,04€, pues se tuvieron en cuenta los ingresos correspondientes al año 2019, según datos facilitados en ese momento por la Agencia Tributaria.

Posteriormente, por resolución de 27.12.21 se le notifica la actualización de la cuantía de ese año 2021, tras el cruce de rentas de la AEAT, realizado el 03.12.2021, donde se facilita al INSS la información de ingresos y patrimonio correspondientes al ejercicio 2020, que es igual 4.245,33€.

Estos ingresos de 4.245,33€ del año 2020 se corresponden con lo percibido durante ese año en concepto de Renta Activa de Inserción, de ahí que, por Resolución de 27 de diciembre de 2021, el Instituto Nacional de la Seguridad Social acordara el mantenimiento del derecho a la prestación de ingreso mínimo vital, eso sí, rectificando su cuantía en función de lo percibido por el actor en concepto de RAI, según los siguientes términos (doc. al folio 38):

Importe anual de la prestación: 1393,83 euros.

Importe mensual de la prestación: 116,15 euros.

Fecha de efectos económicos: 01/01/2021.

Renta anual garantizada: 5639,16 euros.

Ingresos anuales del ejercicio 2020 computados: 4245,33 euros.

Composición de la unidad de convivencia: 1 adulto.

SEPTIMO.- Llegados a este punto es correcta la solución dada por la sentencia recurrida y ajustada a la normativa a que se ha hecho méritos: el demandante percibió la suma de 4245,33 de Renta Activa de Inserción entre enero y octubre de 2020, y atendiendo a la Renta anual garantizada para la unidad de convivencia compuesta por él en el año 2021 (5639,16 euros), la cuantía del Ingreso Mínimo Vital debe ascender a la diferencia entre los dos importes, que asciende a 1393,83 euros anuales, esto es, 116,15 euros mensuales, como se indica en la Resolución impugnada del INSS de 27-12-2021.

En coherencia, se desestima el recurso procediendo la ratificación de la sentencia recurrida, sin que haya lugar a condena en costas, dada la condición con que litiga el recurrente ( art. 235 LRJS) .

Vistos los preceptos citados,