A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes
PRIMERO.- Con carácter previo alega la recurrente que por la demandada se cuestionan los antecedentes de hecho de la sentencia, señalando que en el acto del juicio, la demandante se ratificó en su demanda y tras la contestación a la misma, alegó hechos nuevos que no figuraban en tal escrito, sobre la absorción de una nueva sociedad con beneficios, manifestando por su parte la indefensión que le causaban tales hechos nuevos, expuestos en trámite de réplica, que considera una variación sustancial de la demanda que le genera indefensión y señala que, aunque a su juicio, no ha tenido ninguna trascendencia en el redactado de la sentencia tales nuevos hechos, sí considera que condicionan la visión del asunto y no deben tenerse en cuenta, porque en otro caso se infringen los artículos 105 y 85.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, concluyendo que el hecho probado decimotercero debería suprimirse, pese a no tener ningún protagonismo en el argumentario de la sentencia y, al efecto, conforme al artículo 233.1 de la citada ley, aporta certificados de la Junta general de accionistas y el acta de la misma, de fecha 9 de febrero de 2023, donde de suspende la fusión a la que se refiere que afirma nunca se produjo.
SEGUNDO.- No tiene en cuenta la recurrente la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación, reconocida reiteradamente por el Tribunal Constitucional, al declarar que no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un recurso de objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial el recurrente, que por ello mismo debe respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley. El carácter cuasicasacional del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales, aunque ciertamente, desde la perspectiva constitucional, en último extremo lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido ( sentencias del TC 230/00 de 2 octubre, 135/98 de 29 junio, 93/97 de 8 mayo, 18/93 de 18 enero).
La formulación del recurso debe hacerse mediante motivos ajustados a las tres clases de posibilidades impugnatorias que ofrece el artículo 193 LRJS, con la debida separación y sin mezclar en el desarrollo de los motivos las cuestiones que, por su naturaleza, pertenezcan a cada uno de ellos.
Los motivos amparados en el apartado a) del artículo 193 LRJS se reservan para la denuncia de las infracciones procesales y tienen por objeto la anulación de la sentencia y la reposición de las actuaciones al momento en que se haya producido la infracción, siendo preciso que se trate de un quebranto procesal de gravedad, que haya producido indefensión a la parte, y que ésta haya obrado con la diligencia necesaria para evitar este resultado, formulando la oportuna protesta previa siempre que haya sido posible, posibilitando así la subsanación o rectificación de la falta procesal, para evitar la dilación que siempre lleva consigo la nulidad de actuaciones.
Y, en el presente caso, se alega como cuestión previa la variación sustancial de la demanda, afirmando que ocasiona indefensión a la empresa y pretendiendo la supresión de un hecho probado, aportando documentos para ello, lo que, para obtener la finalidad indicada, debió formularse, indefectiblemente por la vía de los apartados a) y b) del citado artículo, y solicitar la nulidad de la sentencia, pero, en ningún caso, como cuestión previa, lo que determina la inadmisión de lo pretendido.
Pero es que, además, esta Sala ya se ha pronunciado respecto de la aportación de los mismos documentos en el recurso de suplicación número 748/2023 de la Sección 4ª, relativo al despido de otro trabajador en las mismas circunstancias, en la sentencia número 158/2024, dictada en el mismo el día 29 de febrero de 2024, como sigue:
"El Tribunal Supremo (Sala de lo Social), sec. 1ª, en auto de 13-11-2019, rec. 1942/2019 , mantiene:
"A) El artículo 233.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complemente su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos".
B) Con ello concuerda el art. 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente que, después de establecer la misma prohibición sobre admisión de documentos después de la vista o juicio, añade: "Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o rectificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso...".
C) De lo anterior se desprende que los únicos documentos que podrán ser admitidos en estas circunstancias son las sentencias y las resoluciones judiciales o administrativas firmes, así como otros documentos, pero siempre que unas y otras resulten condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y además que no se hubiesen podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables a la parte que lo pretende. En innumerables ocasiones, la doctrina de esta Sala viene manteniendo expone lo siguiente:
1) En los recursos extraordinarios de suplicación y casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina, los únicos documentos que podrán ser admitidos durante su tramitación serán los que tengan la condición formal de sentencias o resoluciones judiciales o administrativas firmes y no cualesquiera otros diferentes de aquellos.
2) La admisión de dichos documentos viene igualmente condicionada a que: a) la sentencias o resoluciones hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a cabo las conclusiones en el juicio laboral de instancia. b) Que serán admisibles si, además, por su objeto y contenido aparecieran como condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y c) en el caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza o calidad, deberán ser rechazados de plano, y serán devueltos a la parte que los aportó, sin que puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior resolución que haya de dictar la Sala.
3) Los documentos que por reunir aquellos requisitos previos hayan sido admitidos y unidos a los autos producirán el efecto pretendido por la parte sólo en el caso de que la producción, obtención o presentación de los mismos no tenga su origen en una actuación dolosa, fraudulenta o negligente de la propia parte que pretende aportarlos; lo cual será valorado en la resolución (auto o sentencia) que proceda adoptar, en definitiva.
4) Cuando el documento o documentos aportados reúna todas las anteriores exigencias la Sala valorará en cada caso su alcance en la propia sentencia o auto que haya de dictar.
5) En el caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza o calidad, deberán ser rechazados de plano, y serán devueltos a la parte que los aportó, sin que puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior resolución que haya de dictar la Sala.
D) Añadamos a estas consideraciones -habida cuenta de la remisión que el art. 233 LRJS hace al recurso de revisión- que los "documentos" a los que la norma se refiere son los descritos en el art. 510 LEC , al describir el supuesto de que "se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado"; y que tanto la prohibición de incorporarlos al proceso como sus excepcional aportación al mismo van exclusivamente referidas a documentos "materiales", esto es a aquellos que son medio de prueba de los hechos controvertidos; buena prueba de ello es el tratamiento conjunto y parejo -en el precepto- entre "alegaciones de hecho" y "documentos", ambos íntimamente ligados al carácter extraordinario del recurso de casación para la unidad de doctrina y a la imposibilidad -general- de revisar los hechos declarados que únicamente puede quebrar en los excepcionales supuestos del art. 233 LRJS con base en la doctrina constitucional de que "la existencia de pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron no sólo es incompatible con el principio de seguridad jurídica [ art. 9.3 CE ], sino también con el derecho a la tutela judicial efectiva [ art. 24.1 CE ], pues no resultan compatibles la efectividad de dicha tutela y la firmeza de los pronunciamientos judiciales contradictorios" [por todas, SSTC 60/2008, de 26/Mayo, FJ 9 ; 192/2009, de 28/Septiembre , FJ 2].
En el presente supuesto, no puede admitirse la incorporación por no tener la naturaleza documental que exige la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y tener ambos documentos fecha anterior a la celebración del acto del juicio en el que, de haber resultado de su interés, pudo la parte demandada haberlos presentado como prueba. "
Fundamentos que hemos de reiterar y añadir que, como reconoce la recurrente, el ordinal a cuya supresión iban dirigidos, no ha tenido incidencia en el fallo de la sentencia que es frente a lo que se interpone el recurso de suplicación.
TERCERO.- Con amparo en el apartado b) del artículo 193 de la LRJS, solicita la recurrente modificación del hecho probado sexto, como sigue:
"Entre los años 2020 y 2022 las unidades totales importadas y fabricadas por la demandada se han reducido de 155.075 unidades en 2020 a 126.261 en 2022, como consecuencia de la caída de la demanda de los aparatos de calefacción eléctrica. (folio 17 informe pericial)"
Sobre la base de la prueba pericial, en concreto, el informe que figura en el procedimiento, y dentro del mismo, el folio 17, solicitando la parte que se complete la frase entera que figura en dicho informe, y no solo la parte relativa a los números y no en cambio la de las causas.
No se accede a lo solicitado porque dicha prueba ya ha sido valorada por la juzgadora de instancia, y en relación a este extremo expresamente se rechaza esa afirmación dado su carácter genérico, puesto que no se plasma la "reducción/variación de la demanda de radiadores y calefactores eléctricos", ni esa caída se cuantifica en la adición que pretende incorporarse.
Asimismo, solicita la adición de un nuevo hecho probado con la siguiente redacción:
"En 2022 España y Reino Unido se mantuvieron como los principales países de venta. No obstante, se observan caídas considerables en ambos mercados. Por un lado, en España se ha pasado de una cifra de ventas de 8.457.684 euros en 2019 a 5.680.609 euros en 2022 (caída del -32,8% en tres años). Por otro lado, en el Reino Unido la cifra de ventas pasó de 6.661.364 euros en el año 2021 a 4.863.560 euros en el año 2022 (caída del -27,0% en un año). (Folio 20 del Informe Pericial aportado como Documento 18 de la demandada)"
Lo que se rechaza por contener juicios de valor que, como tales, no tienen cabida en el relato fáctico.
Y postula que se introduzca un nuevo hecho probado, el décimo bis, cuya redacción sería la siguiente:
"El informe de auditoría independiente de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, de la Sociedad, "MARSAN IDUSTRIAL, S.A., emitido por Anselmo, inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas (R.O.A.C), con el número 17558, manifiesta:
"He de destacar en este párrafo de énfasis que como consecuencia del desfavorable contexto y factores que han arrastrado a la compañía a una situación productiva, organizativa y económica muy negativa, y con pérdidas a cierre de ejercicio 2022, de 668.242,73 euros, a principios del mes de enero de 2023, MARSAN INDUSTRIAL, SA. adopta medidas responsables de ajuste, entre otras la reestructuración de recursos humanos por medio de la extinción por causas objetivas de ocho personas de la organización, todas ellas focalizadas en departamentos especialmente afectados por las causas anteriormente señaladas.
Cabe destacar que una de las partidas que arroja números más negativos es la relativa a los gastos en materia de aprovisionamiento y personal especialmente si lo comparamos con el volumen de ingresos, por lo que la decisión de ajuste de recursos humanos de la compañía trata de evitar en el futuro la adopción de medidas más traumáticas que puedan comprometer el futuro del negocio." (Documento 12 A, folios 129 a 176 de la demandada, en concreto folio 130 dos últimos párrafos).
Todo ello con base en prueba documental, consistente en la Auditoría de Cuentas y en prueba pericial, el informe obrante en autos, en concreto, el folio 28 en el punto 4.5.
No se accede a lo pedido por la parte puesto que los datos objetivos de reducción de la plantilla en 8 personas y la cifra de pérdidas a cierre del ejercicio 2022 son hechos ya recogidos en la sentencia, siendo el resto valoraciones del auditor sobre la decisión empresarial de extinción de los contratos de trabajo, entre otros, del ahora recurrido.
CUARTO.- Con amparo en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la recurrente la infracción de los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia que los interpreta, por considerar que la medida extintiva objeto de enjuiciamiento, ha obtenido el apoyo judicial en cuanto a la forma, la acreditación de las causas y la ausencia de vulneración de derechos fundamentales, cuestionándose en la sentencia el criterio o juicio de proporcionalidad, que, a su juicio "la juzgadora de instancia...construye su razonamiento sobre una serie de conjeturas y falsedades que no se ajustan a los hechos que ella misma ha declarado probados, de tal modo que tergiversa sus argumentos con el único fin de declarar la improcedencia del despido, sin importarle lo más mínimo que las causas objetivas concurran y que hayan quedado acreditadas."
Tal motivo ha sido igualmente resuelto por la sentencia de la sección 4ª de este Tribunal, antes citada, como sigue:
"Respecto a cuál ha de ser el control judicial que debe realizarse en este tipo de extinciones por causas objetivas, la doctrina del Tribunal Supremo es clara al respecto y así y entre otras, en la sentencia de 19 de diciembre de 2023 , se afirma:
"En punto al control de razonabilidad de las medidas extintivas que pudiera adoptar una empresa con fundamento en las causas establecidas en el artículo 52.c) ET (que remite directamente al artículo 51 ET ), la Sala ha reiterado (SSTS 726/2018, de 10 de julio, Rcud. 1332/2017 ; 741/2018, de 11 de julio, Rcud. 467/2017 y 1021/2020, de 18 de noviembre, Rec. 62/2020 ; entre otras) que por fuerza persiste un ámbito de control judicial fuera de la "causa" como hecho, no sólo por la concurrencia de los intereses constitucionales y compromisos internacionales que están en juego, sino también por aplicación de los principios generales en el ejercicio de los derechos ya que, entre otras razones, el derecho al trabajo ( artículo 35 CE ) en su dimensión individual se concreta -aparte del derecho de obtención de puesto de trabajo en igualdad de condiciones- en "el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos sino existe una justa causa" ( SSTC 22/1981 , de 2 de Julio ; 125/1994, de 25 de Abril ; y 192/2003, de 27 de Octubre ), porque tanto exigencias constitucionales como compromisos internacionales, hacen que rija entre nosotros el principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma, lo que no significa que no hayan de tenerse en cuenta los derechos constitucionales de la libertad de empresa y de la defensa de la productividad, pero sí que se ha de atender a la necesaria concordancia entre los artículos 35 y 38 CE .
Igualmente, a la misma conclusión hemos de llegar por la directa vía de aplicar los citados principios generales de Derecho Común en el ejercicio de los derechos subjetivos, y muy particularmente tanto el que impone que el mismo haya de llevarse a cabo "conforme a las exigencias de la buena fe" ( Artículo 7.1 CC ), cuanto el que prohíbe el "abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo" ( Artículo 7.2 CC ). Y al efecto no cabe olvidar que la actuación conforme a las exigencias de la buena fe es un principio general positivizado en el referido artículo 7 CC , precepto al que la doctrina atribuye cualidad de norma cuasiconstitucional, en tanto que constituye el límite institucional o intrínseco de todo derecho subjetivo, de toda situación de poder jurídico, cualquiera que sea la calificación jurídica que el mismo tenga [derecho; facultad], hasta el punto alcanzar incluso a los derechos fundamentales contemplados en la CE, en cuyo ejercicio se someten - como afirma el máximo intérprete de la Constitución- al control de actuación acomodada a la buena fe; de manera que a la hora de determinar la licitud o ilicitud del ejercicio del derecho, es la buena fe a la que hay que atender para determinar el ámbito de actuación permitido.
3.- Como ponen de relieve nuestras sentencias precitadas, los preceptos anteriormente reseñados -de orden constitucional y común- constituyen insuperable obstáculo para limitar el control judicial a la exclusiva apreciación de la concurrencia de la causa como simple dato fáctico justificativo de la medida extintiva, prescindiendo de la entidad -cualquiera que ésta fuese- de la reacción adoptada por el empresario para corregir la crisis padecida, sino que muy contrariamente imponen un juicio de "razonabilidad" acomodada a los referidos mandatos, plenamente ajustado a nuestro sistema jurídico constitucional y ordinario.
El citado juicio de razonabilidad tendría una triple proyección y sucesivo escalonamiento: 1) Sobre la existencia de la causa tipificada legalmente como justificativa de la medida empresarial extintiva.
2) Sobre la adecuación de la medida adoptada, aunque en su abstracta consideración de que la misma se ajusta a los fines - legales que se pretenden conseguir, bien de corregir o hacer frente -en mayor o menor grado- a la referida causa.
Y 3) Sobre la racionalidad propiamente dicha de la medida, entendiendo que este tercer peldaño de enjuiciamiento hace referencia a que han de excluirse por contrarias a derecho las medidas empresariales carentes de una elemental proporcionalidad.
Juicio este último -de proporcionalidad- que ha de ser entendido en el sentido de que si bien no corresponde a los Tribunales fijar la precisa idoneidad de la medida a adoptar por el empresario, ni tampoco censurar su oportunidad en términos de gestión empresarial, en todo caso han de excluirse -como carentes de razonabilidad y por ello ilícitas- aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores ( SSTS de 27 de enero de 2014 -Rec. 100/13 -; y de 26 de marzo de 2014 -Rec. 158/13 ).
Corresponde, por tanto, al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante, teniendo en cuenta, además, que no corresponde a los Tribunales fijar la medida "idónea", ni censurar su "oportunidad" en términos de gestión empresarial..."
Partiendo del inmodificado relato de hechos probados así como de las afirmaciones que con igual valor constan en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, y siguiendo la estructura del recurso, se va a efectuar un análisis de cada una de las tres causas objetivas alegadas por la empresa y cuya desestimación ha determinado la calificación como "improcedente" del despido de D. Constancio a fin de comprobar si se ha producido la infracción normativa y de jurisprudencia denunciada por la mercantil recurrente.
I. Causa Productiva
En la carta de despido, dada por reproducida en la resolución dictada por el Juzgado de lo Social, se afirma lo siguiente: "Según el Estatuto de los Trabajadores, las causas productivas concurren en el momento en que se producen cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
Y así ocurre en nuestro caso, dado que los factores expuestos han provocado una reducción y variación de la demanda de nuestro radiadores y calefactores eléctricos, bien sea porque la crisis global impide a nuestros clientes adquirirlos (aumento de la pobreza energética) o en su caso, porque nuestros proveedores ya no pueden ofrecernos sus productos con las mismas prestaciones que antes o directamente, no pueden ofrecerlos porque han paralizado su actividad (por ejemplo, concurso de acreedores de Incaltec). Como muestra, en el 2022 se han vendido 3.225 unidades menos que en 2021.
Así pues, debemos informarle que la realidad del mercado nos ha empujado a buscar alternativas que permitan seguir con la actividad empresarial. Y una de las medidas que nos hemos visto obligados a adoptar es la de cambiar de modelo de negocio pasando de una estructura centrada en la fabricación propia a otra dedicada a la importación de productos y su distribución bajo la marca "Haverland" (sin fabricación propia).
Es por ello que, a causa de todos los factores expuestos anteriormente, en los tres últimos ejercicios el volumen de unidades importadas para distribución ha superado con creces a las unidades fabricadas en nuestras instalaciones. Y así puede verlo en el siguiente cuadro:
Como puede apreciar, en el año 2020 se han importado y distribuido 27.304 unidades más que las fabricadas. Del mismo modo, en el año 2021 se han importado y distribuido 26.487 unidades más que las fabricadas. Y por último en el 2022, las unidades importadas y distribuidas superan en 27.559 a las fabricadas.
En definitiva, con el contexto de crisis global y financiero no nos queda otra alternativa que modificar el modelo de negocio.
En concreto, dejar la fabricación propia para transformarnos en una comercializadora de productos importados con un plan a medio plazo de convertir los almacenes de Alcorcón en un centro logístico de distribución. Y esta situación se va a ir incrementando a lo largo del 2023 y siguientes como consecuencia del cambio de modelo de negocio de la compañía. Lo cual afecta directamente a su puesto de trabajo en producción ya que al dejarse de lado la fabricación propia, el nivel de efectivos que requerimos en fábrica es residual."
En la sentencia, se indica lo siguiente:
"SEXTO. - Empezando con las causas productivas, en la carta se invoca literalmente la definición de la causa productiva del artículo 51.1 ET , para indicar a continuación que se ha producido una reducción y variación de la demanda de los radiadores y calefactores eléctricos por la crisis global (aumento de la pobreza energética o porque sus proveedores no pueden ofrecer sus productos con las mismas prestaciones).
Se echa en falta la concreción de esos dos parámetros que deberían de haberse especificado en la carta para poder comprobar la realidad de esa reducción y variación de demanda de radiadores y calefactores eléctricos, así como qué proveedores de la empresa resultaron afectados por esa situación. De haber sido realizada esa concreción en la carta, correspondía a la empresa aportar al juicio la prueba que lo justificara.
Con ello se quiere significar que, si no se efectúa este detalle en la comunicación, no cabe ofrecérsela al trabajador en la documental del acto de juicio. De ahí que los documentos 11 y 19 del ramo de prueba de la empresa no pueden desplegar efectos sobre hechos que no están debidamente pormenorizados en la carta de despido. De mismo modo se alega también que la demandada se ha visto obligada a cambiar el modelo de negocio, dejando la fabricación propia y pasando a ser comercializadora, añadiendo que previene convertir en centro logístico de distribución los almacenes ubicados en Alcorcón. Pero de ello no se ofrece más prueba que la disminución de unidades importadas y fabricadas en los años 2020 a 2022, como se ha hecho constar en el hecho sexto del apartado de hechos probados, derivándose este dato de la pericial de la empresa. Hecho insuficiente, al desconocerse en detalle las circunstancias que han dado lugar a esa disminución de unidades importadas y fabricadas. A lo que hay que añadir que invocar una decisión de futuro como es la de cambiar el modelo de negocio o la transformación de unos almacenes en centro logístico, como tal intención no es justificativa de una causa productiva actual, para provocar la extinción del contrato de trabajo del actor".
Y en el recurso -resumidamente-, la parte recurrente mantiene que si bien se admite en la sentencia que el total de las unidades importadas y fabricadas por la empresa disminuyeron de forma sustancial entre 2020 y 2022, llegando a caer hasta un 20 %, con base en la prueba pericial, luego no asume que ello se deba a la caída de la demanda de los aparatos de calefacción eléctrica, que también se refleja en el informe pericial, destacando que el puesto en particular del actor lo es en producción, concretamente en la cadena de montaje, siendo cierto que la empresa ha de modificar el modelo de negocio como consecuencia de la caída de la demanda de los aparatos de calefacción eléctrica, pasando de un modelo de fabricación de productos en las instalaciones propias a uno de comercializadora de productos importados, habiendo informado al trabajador en la carta de despido de la situación económica desfavorable de Incaltec Industrial, S.A., principal proveedor de aluminio de la empresa, para concluir que "el despido del actor no fue un mero capricho empresarial, sino una decisión razonable y proporcionada".
El Tribunal Supremo, Sala de lo Social, en la sentencia núm. 445/2023 de fecha 20 de junio de 2023 , indica lo siguiente:
"Las sentencias del Pleno de la Sala Social del TS 1019/2020, de 18 noviembre (rec. 143/2019 ) y 1276/2021, de 15 de diciembre (rec. 196/2021 ) argumentan que las causas productivas "existen cuando se produce una reducción del volumen de actividad que incide en el buen funcionamiento de la empresa. Así, pues, la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada una causa productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de la producción contratada que provoca dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; y como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción.
A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende [...] hemos sostenido que este tipo de causas puede actuar tanto en el ámbito de la empresa en su conjunto, como en un solo centro de trabajo o unidad productiva autónoma. Esto último ocurre cuando lo que se produce es una situación de desajuste, entre la fuerza del trabajo y las necesidades de la producción o de la posición en el mercado, que afecta y se localiza exclusivamente en puntos concretos de la actividad de la empresa, pero que no alcanza a la entidad globalmente considerada. Si ello sucede, la medida extintiva sólo estará justificada, en su caso, allí donde se produzca la situación anormal en que consiste ese desfase entre el volumen de la plantilla y las necesidades que deben cubrirse con ella.
Es más, hemos declarado que la legalidad vigente no impone al empresario la obligación de recolocar al excedente de mano de obra y reforzar con él otra unidad que se encuentre en situación de equilibrio, salvo que se prefiera desplazar el problema de un centro de trabajo a otro, pero sin solucionarlo".
Esta reducción del volumen de actividad, se refleja de manera pormenorizada en la carta de extinción y se reconoce en el hecho probado sexto cuando se alude a que del año 2020 al año 2022 se han reducido en casi 30.000 las unidades importadas y fabricadas por la demandada recurrente, lo que supone un reducción de aproximadamente un 19%, cifra que debe valorarse como significativa, compartiéndose con la Juzgadora de instancia el criterio de que meros proyectos de futuro -planes a medio plazo- no pueden justificar la extinción laboral.
II. Causa Organizativa
En la carta de despido, dada por reproducida en la resolución dictada por el Juzgado de lo Social, se afirma lo siguiente:
"De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores concurren cuando se producen cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas, y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción.
Pues bien, según explicado en el punto anterior, nos hemos visto obligados a cambiar el modelo de negocio como consecuencia de los diversos factores que se han sucedido en los últimos años (encarecimiento de la energía, y de la electricidad, de los fletes, el aumento de la inflación y el Euribor) y acelerado por el estallido de la guerra de Ucrania.
Y como igualmente indicado, este cambio pasa por abandonar el modelo de fabricación propia para centrarnos en uno de importación y distribución. En consecuencia, es evidente que debemos modificar el sistema de organizar la producción dentro de la compañía, pues ya no requerimos en fabrica un número de efectivos como el que teníamos anteriormente. Lo cual afecta directamente a su puesto de trabajo en producción y a otros, ya que insistimos, debido a las causas antes expuestas, la empresa deja la fabricación propia y pasa a un modelo de negocio de importación y distribución bajo la marca Haverland".
En la sentencia se indica lo siguiente:
"SEPTIMO. - Continuando con las causas organizativas, en la comunicación se vuelve a transcribir la definición de la misma según el artículo 51 ET , y su amparo guarda relación con la causa productiva anteriormente analizada. Por ello poco puede añadirse, máxime cuando en la carta no se concreta el número de trabajadores en la línea de fabricación, y los que se estiman necesarios para mantener la misma, puesto que se insiste para justificar esta causa en la intención de abandonar el modelo de fabricación propia. Es decir, cambiar el modelo de negocio".
Y en el recurso -resumidamente-, la parte recurrente mantiene que la parte actora prestaba servicios como operario en la cadena de montaje, quedando afectado por el cambio de modelo de negocio, debido a una disminución de la demanda de los aparatos de calefacción eléctrica, que junto a un desabastecimiento de los materiales de aluminio por parte de los proveedores (entre otros, Incaltec) ha provocado que se transite de un modelo de fabricación propia a uno de distribución de productos importados, de manera que al desaparecer la fabricación propia, es necesario amortizar los puestos de trabajo afectos a esta producción propia, como es el caso del actor, siendo la causa organizativa una consecuencia directa de la productiva tratándose de una decisión actual y no de futuro, sin que haya sido objeto de especial impugnación el criterio de afectación al actor.
Como se ha expuesto en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, la redacción de esta causa contenida en la carta de extinción parece apuntar a un proyecto más que a una situación real y actual, sin que se ofrezcan datos concretos sobre el personal adscrito a fabricación y cuál es el que ahora se considerará necesario una vez se implante el modelo de distribución.
III. Causa Económica.
En la carta de despido, dada por reproducida en la resolución dictada por el Juzgado de lo Social, se afirma lo siguiente:
"De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, las causas económicas concurren cuando de los resultados de la compañía se desprende una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas; en todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Pues bien, debemos informarle que el preocupante descenso de los productos que se ofrecen en el mercado, así como una reducción persistente y significativa del nivel de ingresos ordinarios y de ventas, han provocado que actualmente nos encontremos en una situación de pérdidas.
La extinción de su contrato de trabajo viene motivada por la situación de pérdidas actuales en la que nos encontramos. No en vano, desde el momento en que los ingresos no alcanzan a cubrir siquiera los costes fijos del negocio, estamos abocados a una situación de pérdidas constante, convirtiendo el negocio en absolutamente inviable.
Así puede verlo en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022:
De estos números podemos concluir que la empresa parte de números rojos en su negocio ordinario (resultado de explotación 492.356,07 de pérdidas), y en su resultado financiero (175.886,66 euros de pérdidas), Y todo ello, se traduce en que el resultado final del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 arroja unas pérdidas de 668.242,73 euros. Por tanto, no cabe duda que nos encontramos en una situación de pérdidas actuales que nos obliga a tomar medidas, entre ellas, para amortizar su puesto de trabajo.
Por otro lado, podemos ahondar en la situación financiera en los últimos dos ejercicios de la empresa -2021 y 2020- para ver su evolución hasta llegar al escenario actual y en concreto tres partidas significativas de la cuenta de pérdidas y ganancias: (i) Importe neto de la cifra de negocios, (ii)aprovisionamientos y gastos de personal y (iii) resultado final.
Ahora bien, antes de ver esa comparación debemos informarle que en el año 2021 nuestra Junta general acordó cambiar la fecha del ejercicio social a 31 de diciembre de cada año (anteriormente, era a 31 de mayo). Como consecuencia de ello, las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2021 corresponden a un período de siete meses (de junio a diciembre) ...".
A continuación, en la carta de despido se trascribe la cuenta de pérdidas y ganancias del Ejercicio 2021 (1 de junio a 31 de diciembre), así como la del Ejercicio 2020, en este caso, de forma anual (1 de junio de 2020 a 31 de mayo de 2021).
Sigue indicándose en la carta de despido:
"(i) Importe neto de la cifra de negocio.
Dicho esto, puede ver que la cifra de negocios de este atípico 2021 fue de 10.072.745,85 euros. Es decir, prácticamente cuatro millones menos que el registrado en 2022 (14.757.974 euros). Eso sí, no podemos olvidar que se trata de un resultado que cubre un periodo de siete meses frente a otro de doce; con lo cual es evidente que, si extrapoláramos la evolución del 2021 a un ejercicio anual, tal y como ocurre en el 2022, el resultado habría sido superior al registrado en este último.
Y esta no es una cuestión menor, ya que nos permite entender como en el 2022 se habría registrado un volumen de ventas menor respecto a un eventual ejercicio anual del 2021, lo que se traduciría en un descenso en el importe neto de la cifra de negocios.
Lo mismo ocurre respecto de la comparación entre el ejercicio 2020 y 2022, si bien en este caso estamos analizando dos ejercicios anuales. En particular podemos ver como el primero se cerró con un importe de la cifra de negocios de 17.012.807,73 euros mientras que el segundo, como hemos dicho, de 14.757.974,02 euros. Por tanto, es evidente que el volumen de ventas ha descendido de manera considerable en tan solo dos años, facturándose prácticamente tres millones menos.
(ii) Aprovisionamientos y gastos de personal.
En relación con lo anterior resulta llamativo -más si cabe- el estado de la empresa si confrontamos el volumen de ingresos con los dos gastos imprescindibles para su operativa: gastos de aprovisionamientos, gastos de personal. En este sentido, resulta muy elocuente la observación de los datos de manera aislada del ejercicio 2022:
Importe neto de la cifra de negocios 14.757.974,02
Aprovisionamientos -9.501.937,99
Gastos de Personal -2.873.411,89
Como puede apreciar los gastos en materia de personal y aprovisionamiento fueron muy próximos a su volumen de ingresos, dado que representan prácticamente un 85% del total del ejercicio. Lo cual nos lleva a concluir que el margen de beneficio es escaso y que la viabilidad del negocio no puede prosperar con esta línea empresarial.
Asimismo, es de recibo detenerse en esta misma comparativa respecto del 2021 (teniendo en cuenta su particular duración de siete meses):
Importe Neto de la cifra de negocios 10.072.745,85
Aprovisionamientos -5.551.644,31
Gastos de personal -1.851.023,64
En este caso, el gasto por aprovisionamiento es prácticamente la mitad el registrado en 2022, aunque contando solo los siete meses, mientras que el gasto de personal solo disminuye en prácticamente un millón, situándose en 1.851.023 euros. Lo cual nos lleva a concluir que, de extrapolar esta comparación al ejercicio anual, es evidente que el gasto por estos dos conceptos podría llegar a ser similar al registrado en 2022, aunque en este último ejercicio se registrara un menor importe neto de la cifra de negocios,
Así ocurre en el ejercicio 2020, que, contabilizado de forma anual, muestra los siguientes números:
Importe neto de la cifra de negocios 17.012.807,73
Aprovisionamientos -9.867.992,47
Gastos de personal -3.052.651,55
Como puede ver, los gastos de aprovisionamiento y personal son muy similares a los registrados en el 2022, si bien el importe neto de la cifra de negocios es claramente superior. De este modo, si en 2022 estos gastos suponían un 85% del total del ejercicio, en 2020 representaban el 75%. Sea como sea en 2022 aumenta en un 10% estos gastos a la vez que disminuye el importe neto de la cifra de negocios en tres millones.
En definitiva, este análisis que sirve para entender que, si bien los ingresos de la empresa han bajado, lo cierto es que las partidas dedicadas al gasto de personal y aprovisionamiento no lo han hecho en consonancia. Por tanto, ante esta situación, la empresa ha de adoptar las medidas oportunas para racionalizar los puestos de trabajo necesarios que permitan impulsar la viabilidad de la misma y su competitividad.
(iii) Resultado final de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Con las cifras del 2020, 2021 y 2022 sobre la mesa no cabe duda que la situación empresarial se ha ido deteriorando a lo largo de estos tres ejercicios. Si bien al cierre del ejercicio 2020 el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias fue de 1.227.031,49 euros, en 2021 en ejercicio de siete meses (de junio a diciembre) el resultado fue de 275.858 euros. No obstante, ya en 2022, en ejercicio de 1 de enero a 31 de diciembre, el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 668.242,73 euros de pérdidas. Con lo que cabe entender que la continuidad del negocio en el tiempo únicamente puede llegar a abocar a la empresa al concurso de acreedores.
En relación con lo expuesto, partiendo de la base del descenso generalizado de los ejercicios 2020 y 2021 y analizando el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, no cabe duda que concurre la causa económica, al producirse unas pérdidas actuales de tal calado (668.242,73 euros) por lo que resulta incuestionables que se dan las premisas establecidas por el Estatuto de los Trabajadores para amortizar su puesto de trabajo.
Por último, debemos informarle que la empresa ha dedicado múltiples esfuerzos en ajustar su estructura de costes a los efectos de minimizar el impacto de esta tendencia. Como decíamos una de estas medidas ha sido el cambio de modelo de negocio que nos ha obligado a realizar el mercado como consecuencia de los múltiples factores enumerados al inicio de esta carta. Y en concreto, a pasar de fabricantes de productos propios a comercializadores de los productos importados. Una decisión que ha implicado convertir las actuales instalaciones de Alcorcón en un almacén y centro logístico y asimismo, a adecuar a plantilla de fábrica a este ajuste empresarial y a las necesidades de mercado que tenemos.
Otra medida ha sido la implementación de estrategias de reducción de costes, como, entre otras, la contabilidad analítica o control de gastos comerciales, que nos ha permitido reducir los costes en un 25% respecto al ejercicio 2021.
Con el mismo objetivo, hemos potenciado la venta de producto y distribución en entornos web y en la misma línea hemos asistido a varias ferias internacional para promocionar nuestros productos y darles una mayor visibilidad.
Y ello sin olvidar que hemos solicitado renegociar los plazos de pagos con los proveedores con el objeto de que sean más flexibles a la hora de requerirnos las deudas que hayamos podido generar.
No obstante, la realidad es que todas estas medidas no han permitido paliar los efectos que el contexto económico ha provocado sobre la empresa, concretados en una reducción de la demanda de nuestros productos en el mercado y asimismo, ahondando en las pérdidas económicas actuales.
Por todo ello, a la dirección de la empresa no le queda otra alternativa que proceder a extinguir su contrato de trabajo por las causas objetivas anteriormente expuestas..."
En la sentencia se indica lo siguiente:
"Finalmente, en relación a las causas económicas, la carta comienza transcribiendo la definición de causa económica según el artículo 51.1 ET .
Se alega encontrarse la empresa en una situación de pérdidas y para ello detalla los parámetros de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en los particulares del importe neto de cifra de negocio, aprovisionamientos y gastos de personal, así como el resultado negativo de la explotación después de impuestos.
Sin embargo, no aporta término de comparación ya que a estos efectos no es válido el no ofrecer completos en la carta los datos del ejercicio 2021 que es el inmediatamente anterior, al relacionar solo los del segundo semestre, justificándolo en el cambio de la fecha del ejercicio social por acuerdo, se dice de la Junta general celebrada en el año 2021.
El artículo 51 ET es claro en el sentido de que debe desprenderse de los datos económicos una situación económica negativa, existencia de pérdidas actuales o previstas o bien disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas, aclarando que estos últimos concurren si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada uno es inferior al registrado en el mismo trimestre del ejercicio anterior.
Pues bien, si acudimos al informe pericial aportado, aunque efectivamente se observa una disminución en el importe de las ventas netas - importe neto de la cifra de negocio, los aprovisionamientos y gastos de personal son muy similares. En definitiva, la carta extintiva concreta las pérdidas sufridas por la empresa en los ejercicios 2022 y con la anomalía de cambio de contabilidad anual en los doce meses del ejercicio 2020/2021, pero pese a la extensión de la comunicación y esfuerzo en orden a justificar la decisión lo cierto es que los datos económicos son insuficientes para poder comprobar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida extintiva.
Efectivamente, las cifras que se concretan en la carta de despido y corroboran con las Cuentas Anuales, pese a la anomalía indicada, evidencia que estamos en presencia de una empresa con magnitudes económicas muy relevantes y el hecho de una disminución en algunas partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias no implica que la situación económica sea difícil y proporcionada la media al fin perseguido. El despido del demandante no se aprecia que sea medida razonable y que coadyuve a superar las dificultades económicas que no son de entidad considerable dadas las cifras expresadas y el volumen de negocio que mantiene la empresa. Esto es, se advierte una patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y el sacrificio impuesto al actor, siguiendo con ello la doctrina transcrita al inicio de esta fundamentación jurídica..."
Y en el recurso -resumidamente-, la parte recurrente mantiene que, según consta en la carta, el motivo particular del despido -en este apartado- ha sido la situación de pérdidas económicas actuales de la empresa, y no como se recoge en la sentencia la disminución persistente del nivel de ingresos, calificándose judicialmente de no proporcionada la medida extintiva, citándose en apoyo de esta calificación que determina la improcedencia del cese una sentencia del Tribunal Supremo que fue dictada en un procedimiento sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo y no de despido.
Sigue indicando que las pérdidas acreditadas obligan a una reestructuración de los recursos humanos por medio de la extinción por causas objetivas de ocho personas de la organización, siendo una de las partidas que arroja números más negativos la relativa a los gastos en materia de aprovisionamiento y de personal especialmente si se compara con el volumen de ingresos, todo ello con la cita de las sentencias dictadas por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia 6.7.2012 -núm. de actuaciones 12/2012 ; de Murcia 21.12.2012 -núm. de actuaciones 1/2012 , y de Cataluña 8.2.2016 -núm. de actuaciones 6333/2015 .
Partiendo de que las sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia no constituyen Jurisprudencia a tenor del artículo 1.6 del Código Civil y, en consecuencia, no son un medio hábil para poder acoger un recurso como el de suplicación, ya que no pueden ser alegadas como infringidas por la sentencia de instancia, sino solo como apoyo doctrinal o argumental a las tesis del recurso, debe tenerse presente la regulación del despido objetivo contenida en el art. 51.1 del Estatuto de los Trabajadores , por remisión del art. 52 c) del mismo texto, y que se refiere a la concreta causa económica del despido objetivo del siguiente modo:
"Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.
En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior".
Para valorar la adecuada concurrencia de la misma en este supuesto, deben tenerse en cuenta los datos reflejados en los hechos probados de la sentencia; y así:
"SEPTIMO. - Las ventas netas de la demandada en el ejercicio 2020/2021 (doce meses), ascendieron a 17.013.000 euros. Y en el ejercicio 2022 (doce meses) a 14.753.000, lo que supone una disminución entre ambos ejercicios del 13'3% en función de las cuentas anuales.
OCTAVO. - En el ejercicio 2020 los aprovisionamientos declarados fueron de -9.867.992'47 y en el ejercicio 2022 a -9.394.347 euros.
NOVENO. - Los gastos de personal declarados en los ejercicios citados en el hecho anterior fueron respectivamente de -3.052.651'545 euros y 2.837.411'89 euros.
DECIMO. - En los ejercicios ya citados, el resultado fue respectivamente de -1.227.000 euros y de -668.242'73 antes de impuestos. Después de impuestos el resultado fue de - 499.000 euros."
Las cifras que se reflejan evidencian:
-una reducción de las ventas en un 13,3%, superior a los dos millones y medio de euros.
-una muy inferior reducción en los principales gastos como son los aprovisionamientos y los gastos de personal.
-una situación de pérdidas en el ejercicio 2022 (el despido se produce en enero de 2023) de 668.242,73 euros.
Sin olvidar la concurrencia -como causa productiva- de una reducción del volumen de actividad del año 2020 al año 2022 en casi 30.000 unidades, lo que supone un porcentaje de aproximadamente un 19%.
Tales circunstancias precisan la adopción de medidas por la empresa recurrente, siendo una de ellas que se valora como razonable y proporcionada, la amortización de puestos de trabajo, que no sólo ha afectado al actor sino a otros siete trabajadores más. Una reducción de la plantilla supone su ajuste a las necesidades actuales de mano de obra de la empresa, y la mejora de la empresa en cuanto a su capacidad para hacer frente a los gastos, incluidos los de naturaleza laboral.
Y por lo que respecta a la afirmación contenida en la sentencia de instancia de que "no aporta término de comparación ya que a estos efectos no es válido el no ofrecer completos en la carta los datos del ejercicio 2021 que es el inmediatamente anterior, al relacionar solo los del segundo semestre, justificándolo en el cambio de la fecha del ejercicio social por acuerdo, se dice de la Junta general celebrada en el año 2021", en relación con el art. 51.1 del ET , como ha tenido ocasión de indicar la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en sentencia de once de enero de dos mil veinticuatro , reiterando la anterior sentencia de la misma Sala de 17 de enero de 2019 (rec. 1663/2017 ) "la situación de la que se trate se mantenga tres trimestres consecutivos, no constituye un requisito añadido, sino que se trata de una posibilidad complementaria, para hacer posible el despido, aunque no se haya prolongado la situación en el ejercicio previo anterior entero...".
Por todo lo expuesto, cabe concluir que la sentencia de instancia ha incurrido en las infracciones puestas de manifiesto en el recurso que debe ser acogido"
QUINTO.- Pero siendo así las cosas, tal y como pone de manifiesto la parte actora en su escrito de impugnación, en el presente caso hay un hecho que no estaba presente en el enjuiciado por la sección 4ª, y es el recogido en el hecho probado duodécimo, conforme al cual se ha constatado que el puesto de trabajo de la actora no ha sido amortizado, y así, en la fundamentación jurídica de la sentencia se dice que la improcedencia del despido se ve reforzada "por la realidad de las operaciones comerciales entre la empresa española y la británica, con la realización de funciones de la actora de Atención a los Clientes de la empresa Haverland, participada al 100% por la demandada. Funciones de soporte comercial, con elevadas ventas en el ejercicio 2022, ventas de las que derivan las comisiones mensuales percibidas por la actora. Y funciones que continúan desarrollándose por una trabajadora contratada en el año 2022, pese a la disminución de los gastos de personal respecto de los del anómalo ejercicio anterior.", no habiéndose atacado en el recurso ni el citado hecho probado, ni esta fundamentación jurídica, que es acorde con la doctrina unificada de nuestro Tribunal Supremo que considera incoherente acudir al despido objetivo cuando se procede a efectuar nuevas contrataciones para el desempeño del mismo trabajo, por todas, en la sentencia de 28-10-2016, nº 915/2016, rec. 1140/2015, establece lo siguiente:
"como pusimos de relieve en la STS/4ª de 21 mayo 2014 (rec. 249/2013 ), invocadas por la parte empresarial causas organizativas, la incorporación por parte de la empresa de nuevos trabajadores difícilmente permitía justificar la necesidad de amortizar puestos de trabajo. Por ello, aun cuando no es dudoso aceptar la necesidad de una reorganización de los recursos humanos de la empresa, lo cierto es, que a falta de mayores precisiones que permitieran analizar la excepcionalidad de las mismas, las nuevas contrataciones resultan contradictorias con el despido y hace incoherente la alegada necesidad de extinción de contratos de trabajo.
La falta de razonabilidad se torna aquí, pues, palmaria, pues no estamos ante una contratación temporal , puntal y extraordinaria, como inopinadamente afirma la empresa en su escrito de impugnación; sino que, por el contrario, los hechos probados de base ponen de relieve que la actividad empresarial venía desarrollándose con mantenimiento constante de la contratación temporal , no sólo antes de los despidos, sino con posterioridad y sin que se indique que concurrieran situaciones excepcionales y puntuales. La calificación del despido debió ser la de no ajustado a derecho, precisamente por falta de adecuada justificación de la concurrencia de causa válida, tal y como acertadamente había entendido el Juzgado de instancia."
Y, conforme a esta doctrina, constando que el puesto de trabajo de la actora no se ha amortizado, es evidente que su despido no obedece a las causas objetivas aducidas por la empresa, aun cuando las mismas existan, porque no se han paliado con tal amortización y, consecuentemente el recurso no puede prosperar, confirmándose la resolución de instancia.
VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,
