Sentencia Social 247/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Social, Rec. 1267/2022 de 08 de marzo del 2023

PRIMERO.- Con amparo en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social interesa la recurrente que se declare como hecho probado, lo siguiente:

"La vista del juicio estaba señalada para el 30 de mayo de 2022, habiendo sido suspendida ante la manifestación de la Comunidad de Madrid, de la imposibilidad de asistencia de un testigo que, hasta el momento no había sido propuesto, sin acreditar la enfermedad que dicho testigo sufría.

Tras ello, con fecha 7 de junio de 2022, se dictó Auto por el que se admitía la prueba propuesta de contrario, tras la suspensión del juicio, y se denegaba la testifical propuesta por la parte actora, también en fecha posterior a la suspensión del juicio."

Lo que se rechaza por no tratarse de ningún hecho relativo a la cuestión objeto de la litis, sino a actuaciones procesales que constan ya en el expediente.

Propone para el hecho probado primero la siguiente redacción:

"La demandante DOÑA Lidia, con DNI. Nº NUM000 presta servicios desde el 29.10.2004. EN LAS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS de la localidad de TRES CANTOS, dependiente de la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN de la COMUNIDAD DE MADRID con el carácter de personal laboral en virtud de contrato de interinidad para cobertura de vacante con jornada completa de 37,5 horas semanales en 6 turno de tarde en horario de 14 a 21,30 horas, con flexibilidad de media hora a la entrada o a la salida, con permiso expreso de la directora para que los viernes y días no lectivos, pudieran salir antes de esa hora."

Sobre la base del documento obrante a los folios 297, 269, 303, 561 y 568 de los autos, que ya han sido valorados por la juzgadora a quo, junto con la restante prueba practicada, y no denotan la existencia de un error en el horario señalado, constando la flexibilidad incluso en la resolución sancionadora, por lo que la revisión es irrelevante para el resultado del pleito.

Solicita que se añada al hecho probado segundo el siguiente párrafo:

"Tras el archivo de la denuncia para la activación del protocolo de acoso y transcurrido el plazo para formular recurso frente a dicha resolución, con fecha 30 de junio de 2020, se incoó expediente disciplinario por la comisión de faltas presuntamente cometidas en los años 2018 y 2019, cuya resolución definitiva fue declararlo caducado."

Se trata de datos que ya constan, por lo que su adición es innecesaria.

Postula también la revisión del hecho probado décimo en la siguiente forma:

"El 23.09.2019, alrededor de las 21 horas, la demandante accede a la secretaría preguntando a don Luis Angel que cuándo iba a terminar, contestando que tenía aún trabajo por hacer.

Doña Lidia, tras pedir explicaciones de por qué les habían denunciado de no querer coger el teléfono porque no era cierto, siendo echada a gritos por parte del Sr. Luis Angel.

Al día siguiente, 24 de septiembre a las 21,20, la directora y la secretaria del centro fueron al puesto de los auxiliares de control y les invitaron a reunirse al día siguiente, a las 15 horas, por no haberse presentado a las 21 horas."

Subsidiariamente, para el supuesto que no prosperara el primer párrafo que se propone como redacción del hecho décimo, solicita el recurrente que se admita la sustitución del último de los párrafos propuestos.

Se rechaza la modificación por tratarse de un hecho obtenido totalmente a partir de la prueba testifical, para cuya valoración es soberana la juzgadora a quo, no pudiéndose revisar en sede de suplicación, no evidenciándose error alguno a partir de documento o pericia, que no se citan, aludiendo la recurrente a la declaración de uno de los testigos en vía administrativa y al pliego de cargos de un primer expediente caducado, que no tienen el valor de prueba documental sino, en su caso, testifical, de ser ratificadas las declaraciones en el acto del juicio.

También interesa la actora que se suprima el hecho probado duodécimo a la vista de la resolución impugnada y el pliego de cargos, afirmando que en ellos no se le imputan los hechos que contiene el citado ordinal.

No es así, la resolución hace referencia en varias ocasiones a tales hechos, por lo que se inadmite su supresión.

Para el hecho probado sexto, propone el siguiente tenor:

"El centro de trabajo dispone de alarma que se desconecta en el momento de la apertura y se conecta al cerrar: en el momento en que se conecta la alarma restan escasos segundos para salir pues si no salta. Conforme a los datos del registro horario de conexión de alarma en el periodo imputado, de 2 al 22 de septiembre de 2019, doña Lidia solo desconectó la alarma el viernes 20 de septiembre de 2019, no constando su presencia en el centro el resto de los días de septiembre de 2019."

Remitiéndose a los documentos obrantes a los folios 282, 283, 570 y 571, que no desvirtúan el contenido del hecho que se basa en los folios que cita la juzgadora a quo, a cuya valoración hemos de estar, sin que quepa incorporar el último inciso que es un hecho negativo que, como tal, no puede figurar en el relato de probados, por lo que la revisión no prospera.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la recurrente la interpretación errónea del artículo 24.1 de la Constitución, alegando que la juzgadora de instancia, antes de que depusieran los testigos propuestos por su parte, manifestó que carecían de valor y no iba a tenerlos en cuenta, como así ha resultado, lo que le ocasiona indefensión.

No tiene en cuenta la actora que corresponde a la juzgadora a quo la valoración de la prueba testifical, conforme a las reglas de la sana crítica, y si consideró que alguno de los testigos gozaban de menor credibilidad por las circunstancias concurrentes, incluso la imposición de una sanción a uno de ellos, a ello hemos de estar, no pudiendo prevalecer la versión interesada de parte, por lo que el motivo se desestima, debiéndose además señalar que, en su caso, si se afirma que se ha ocasionado indefensión a la recurrente, debió ser formulado por el cauce del apartado a) del citado precepto procesal y solicitar la nulidad de la sentencia, lo que no se ha hecho.

TERCERO.- Se denuncia también la interpretación errónea del citado precepto constitucional y del 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, alegando que se le acusa de unas faltas inconcretas y ambiguas, sin concreción de fechas y faltas cometidas, por lo que considera nula la sanción, refiriéndose a hechos presuntamente cometidos más de un año antes de iniciarse el expediente disciplinario, cuya apertura coincide con la finalización y archivo de la denuncia de acoso formulada por su parte y otro compañero, también sancionado por los mismos hechos, cuya demanda fue estimada. Aduce que se trata de una reacción a dicha denuncia de acoso a la directora, por su comportamiento hacia ellos a lo largo de los años, remitiéndose a la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

CUARTO.- Considera la recurrente vulnerado el artículo 207 del Convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, en concordancia con los artículos 21.3 y 25.1.b) de la Ley 39/2015, y 30.4 del mismo, así como de la jurisprudencia que cita, dado que el expediente se incoa el 26 de febrero de 2021, notificándoselo con fecha 27 de agosto de 2021, que es el dies ad quem, por lo que entiende que estaba caducado.

Asimismo, entiende infringido el artículo 95.3 de la Ley 39/2015 y nuevamente el 207 del convenio de aplicación, señalando que este expediente sancionador deviene de la caducidad de otro anterior, exigiendo la jurisprudencia que cita, que el nuevo se base en los mismos hechos y argumentos que el anterior, pero en el presente caso los cargos del nuevo no se corresponden con los del anterior, por lo que entiende que es nulo al no cumplir los requisitos jurisprudenciales. Señala el hecho 5 del cargo primero del expediente 2021, que no aparece en el de 2020, y que se ha cambiado el hecho cuarto del mismo cargo, modificando las fechas en que presuntamente ocurrieron los hechos.

QUINTO.- La demandante entiende que se han inaplicado o interpretado erróneamente los artículos 58.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y 115 de la LRJS y la jurisprudencia que cita, dado que los hechos imputados no son claros ni concretos, dejándole indefensa, no estableciendo además la resolución, la fecha del cumplimiento de las sanciones impuestas. Señala que en el hecho 3 del cargo 1, del pliego de cargos, se le imputa desobedecer las instrucciones de la directora al negarse a realizar las tareas que se le entregaron por escrito el día 23 de septiembre de 2019, sin concretar en qué han consistido las presuntas desobediencias ni las fechas en que se cometieron, y lo mismo respecto de la no recogida de paquetes, cuando ninguna obligación tiene de ello, pero tampoco se concreta, como no se hace respecto de la imputación de no estar en su puesto de trabajo, no coger el teléfono, etc.

Pone de relieve que una de las sanciones impuestas es el traslado forzoso a 70 kms de su domicilio, lo que resulta abusivo y le supone unos gastos y perjuicios que la convierte en ilegal y en una sanción económica y de pérdida de tiempo de descanso.

SEXTO.- Considera la actora vulnerado el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, porque las faltas imputadas ocurrieron en julio de 2018, julio de 2019 y septiembre de 2019, habiéndose incoado expediente el 30 de junio de 2020, en que ya habían transcurrido todos los plazos de prescripción previstos en dicha norma y además, caducado el mismo el 21 de enero de 2021, cuando se incoa el nuevo y se emite el pliego de cargos en febrero de 2021 también había transcurrido el plazo de prescripción, señalando que el hecho de que el convenio colectivo disponga otros plazos no puede dejar sin efecto la norma superior del Estatuto de los Trabajadores.

SÉPTIMO.- Igualmente denuncia la infracción de los artículos 196 y siguientes del convenio de aplicación, en concordancia con el 58 del Estatuto de los Trabajadores y el 115 de la LRJS, afirmando que las pruebas no han sido correctamente valoradas por la juzgadora de instancia, enumerando a continuación los cargos imputados y su valoración de la prueba practicada y versión de los hechos.

OCTAVO.- Por la demandada se pone de manifiesto en su escrito de impugnación que se ha realizado una concreción de hechos y fechas, presentándose los registros de alarma con fechas y hora, y se indica y acredita la fecha en que tuvieron lugar los insultos, señalando que otros son incumplimientos muy habituales y continuos por lo que no puede fijarse hora y fecha concreta.

Niega que haya una reacción frente a la activación del protocolo de acoso, porque la notificación a la directora del centro por la denuncia le llegó a ésta después de la apertura de expediente y resalta que el Servicio de Inspección educativa, no solo concluyó que no había existido acoso, sino que propuso iniciar diligencias para determinar si los dos auxiliares de control e información podían haber incurrido en responsabilidad disciplinaria.

Niega la caducidad del expediente, dado que la resolución se puso a disposición de la trabajadora el 24 de agosto de 2021, estableciendo el artículo 43.3 de la Ley 39/2015 que este es el día que ha de tenerse en cuenta.

Y respecto de la prescripción se remite al artículo 93 del Estatuto Básico del empleado público, conforme al cual es éste el que rige el régimen disciplinario del personal laboral.

Asimismo, considera que la actora estuvo en todas las fechas indicadas en relación con la alarma, lo que no ha desvirtuado por parte de baja alguno, habiendo incumplido el horario entre las 14 o 14,30 y las 21,30 o 22 horas y reseña el incumplimiento de las funciones por parte de la actora y la desobediencia a las instrucciones de la directora.

NOVENO.- Analizaremos en primer lugar la prescripción alegada de las faltas, reiterando la correcta fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, aplicando la jurisprudencia que cita, que concluye que la misma decae:

"por aplicación del criterio reiterado por la sala 4ª del Tribunal Supremo en sentencia de 02.03.2016, unificación nº 2501/14 que reitera el criterio establecido en Sentencia de 23.05.2013 unificación nº 2178/2012 al analizar la prescripción de faltas de trabajadores empleados públicos con aplicación de los plazos establecidos en el art. 97 EBEP y no los fijados en el art. 60.2 ET o en los posibles convenios colectivos aplicables en la Interpretación del art. 93.1 y 4 EBEP y sentencia citada en primer lugar que en el FD cuarto dice:

"1.- Centrándonos en el tema objeto de debate, como se ha adelantado, consistente en determinar sí, tratándose de un trabajador por cuenta ajena que ostenta la condición de personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación del EBEP, el plazo de prescripción de las posibles faltas disciplinarias cometidas es el más breve establecido en el art. 60.2 ET o en los posibles convenios colectivos aplicables o debe ser el más largo preceptuado en el art. 97 EBEP ; y la respuesta debe ser que, en todo caso, en este concreto tema de la prescripción de las faltas disciplinarias son plenamente aplicable los plazos establecidos en el art. 97 EBEP y no los fijados en el art. 60.2 ET o en los posibles convenios colectivos aplicables, pues en la regulación del régimen disciplinario de los distintos empleados públicos la aplicación imperativa y preferente del EBEP respecto a al personal laboral, a diferencia de lo que se contempla para otras materias en el referido Estatuto, se establece claramente en el art. 93.1 (" Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Título y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto ") y 4 (" El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral") EBEP, que relega a un carácter subsidiario la aplicación de la legislación laboral (ET o convenios colectivos) respecto de lo no previsto en dicho Título normativa dedicada al régimen disciplinario, y precisamente la prescripción de las faltas disciplinarias está expresamente prevista y regulada en el art. 97 EBEP (a diferencia, p.ej., de la definición de las faltas muy graves y graves en las que deja un margen a la integración de normativas al posibilitar que se adicionen las establecidas " por los convenios colectivos en el caso de personal laboral " - art. 95.2.p y 3 EBEP ).

2.- En la invocada por la sentencia recurrida STS/IV 23-mayo-2013 (rcud 2178/2012 ), ya se dio respuesta por esta Sala de casación a la cuestión ahora planteada, en favor de que, en todo caso, a los trabajadores que ostenten la condición de empleados públicos se les aplique el plazo de prescripción de las faltas previsto en el art. 97 EBEP , a cuya doctrina debemos estar por razones de seguridad jurídica, acordes con la finalidad de este recurso, y en la que, en esencia, se razonaba que:

a) "Tras la entrada en vigor del EBEP... el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige por lo que en él resulte, así como por la legislación laboral que sea de aplicación con arreglo a las disposiciones del EBEP. Así se estipula en el art. 7 , referido a la "normativa aplicable al personal laboral", que señala: "El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo disponen". Se trata, pues, de una técnica de exclusión pormenorizada, de suerte que la norma de la legislación laboral queda excluida cuando así se establezca en el propio EBEP para dar cabida a su norma específica; todo ello, dejando a salvo el papel de la negociación colectiva en las materias en las que quepa la disponibilidad (como pusimos de relieve en las STS de 7 de diciembre -rcud 4318/2009 y rcud 4415/2009- y 9 de diciembre de 2010 -rcud 4178/2009-, en relación a los permisos por asuntos particulares en que concurría regulación específica en el convenio colectivo aplicable )" y "... es que la inclusión del personal laboral dentro del EBEP no se lleva a cabo con toda plenitud, sino que unas veces se produce una equiparación completa con los funcionarios públicos, otras se incluye al personal laboral con matices, y en otras ocasiones se le excluye expresamente con remisión al régimen laboral (así lo destacábamos en la STS de 26 de noviembre de 2010 -rcud 41/2010 )";

b) "Procede, pues, examinar la regulación específica del EBEP en materia disciplinaria para extraer la normativa aplicable al régimen de infracciones del personal laboral", señalando que "La responsabilidad disciplinaria del personal laboral de las Administraciones Públicas está sujeta al régimen disciplinario establecido en el Título VII del EBEP " y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto" ( art. 93.1 EBEP ). Para el personal laboral, el ap. 4 del art. 93 EBEP añade que su régimen disciplinario "se regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral".

Partiendo de tal presupuesto normativo, se interpreta que "Se consagra aquí de nuevo la compleja técnica, ya detectada en nuestros anteriores pronunciamientos, que implica una cierta indefinición en el establecimiento de un orden de primacía y supletoriedad entre el propio EBEP y la legislación laboral "ordinaria ", que En el Título VII se contempla la regulación del ejercicio de la potestad sancionadora ( art. 94 EBEP ), las faltas Disciplinarias ( art. 95 EBEP ), las sanciones ( art. 96 EBEP ) la prescripción de las faltas y sanciones ( art. 97 EBEP ) y el procedimiento disciplinario y medidas provisionales ( art. 98 EBEP )

c) Afirma que "Corresponde ahora analizar en qué aspectos de la regulación de la materia disciplinaria que el EBEP lleva a cabo se contiene un sistema completo y en cuáles tiene cabida la legislación laboral a la que se remite el antes citado art. 93.4 EBEP " que "Puede observarse, a título de ejemplo, como la tipificación de las faltas del art. 95 EBEP mantiene abierta la vía de la intervención de la negociación colectiva en esta materia", que "Centrándonos en el tema de la prescripción de las faltas, el art. 97 establece:

"Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años...". Añade el segundo párrafo: "El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas" y "Por su parte, el art. 60.2 E.T dispone que las faltas muy graves prescribirán "a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido";

d) Concluyendo, en cuanto ahora directamente afecta, que "No hay en el precepto del EBEP remisión alguna a la legislación laboral y no cabe entender que la regulación sobre la prescripción de las faltas resulta incompleta. El legislador opta por un sencillo esquema de fijación de un plazo y determinación del momento inicial del mismo", que "Hemos de concluir, por tanto, con la inaplicabilidad del art. 60.2 E.T a los empleados públicos, de suerte que carece de toda fundamentación legal la pretensión de trasponer a ese tipo de relaciones laborales el plazo de 60 días desde el conocimiento de la comisión de las faltas ..." y que "Finalmente, como recuerdan tanto la sentencia de Instancia como la recurrida, en nuestra STS de 4 de noviembre de 2010 (rcud. 88/2010 ) ya sostuvimos que el art. 93 EBEP establece "una clara jerarquización entre los dos tipos de normas reguladoras del régimen disciplinario del personal laboral, a saber, la normativa aplicable es la contenida en el EBEP y, únicamente en el supuesto de que no hubiera regulación en dicho Estatuto se aplicaría la legislación laboral.".

Por lo que ninguna infracción legal hay en la sentencia de instancia, habiéndose iniciado el expediente disciplinario el 26 de febrero de 2021, siendo los hechos más antiguos que se imputan a la trabajadora, del mes de septiembre de 2019, de manera que no había transcurrido el plazo de prescripción de tres años establecido en el artículo 97 del EBEP, de aplicación.

DÉCIMO.- En cuanto a la alegada caducidad del expediente sancionador, la magistrada de instancia señala que "incoado el expediente el 26.02.2021 y notificada la Resolución impugnada en demanda el 24.08.2021 el expediente ha sido tramitado en el plazo legal de 6 meses, sin que ello quede alterado por la fecha en que la demandante remite el acuse de recibo de la notificación de la resolución, pues sería tanto como dejar al arbitrio del sancionado el cumplimiento del plazo.", afirmando la recurrente que el dies ad quem no es el 24 sino el 27 de agosto en que tuvo conocimiento de la notificación al abrir el correo electrónico.

Tampoco puede acogerse la pretendida caducidad, toda vez que el artículo 43.3 de la Ley 39/2015, establece lo siguiente:

"Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única."

Y el 40.4 de la misma ley, dispone que:

"Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado."

De manera que remitida la notificación a la actora el 24 de agosto de 2021, es evidente que se efectuó dentro del plazo máximo de seis meses, siendo irrelevante que la actora accediera a ella con posterioridad, no estando por tanto caducado el expediente.

Tampoco compartimos la alegación relativa a la modificación de los hechos a los que se refería el primer expediente sancionador que caducó, porque no habiendo prescrito las faltas imputadas, la demandada puede abrir expediente tomando en consideración todas aquellas que le consten, sin que haya de quedar constreñida por un expediente anterior caducado, que no tiene eficacia alguna, estableciendo el artículo 95.3 de la repetida ley 39/2015, que:

"La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado."

De manera que la administración puede incorporar actos y trámites, por el principio de economía, pero nada le impide no hacerlo, al establecer el precepto que "podrán incorporarse", de forma potestativa y no imperativa, y, además, ello, en ningún caso, supone que hayan de limitarse los hechos por los que se incoa el expediente que, en tanto no prescritos, podrían, desde luego sancionarse, aunque no hubiera un expediente caducado previo y, por tanto, éste no vincula al posterior.

DECIMOPRIMERO.- En cuanto a la alegación de falta de concreción de la resolución sancionadora, se trata de una cuestión que no se menciona en la sentencia recurrida, por lo que no podría la Sala entra a conocer, per saltum, de la misma, pero, en todo caso, hemos de señalar que dicha resolución consta de 33 páginas en las que se detallan de forma absolutamente prolija y detallada los hechos imputados que se concretan en dos cargos, el primero de desobediencia a las instrucciones de la dirección, que se detallan en cinco hechos, todos ellos aludiendo a fecha y hora en que se cometieron; y un segundo cargo de desconsideración grave a su superior jerárquica, igualmente especificada en los hechos que se relatan, perfectamente datados, de manera que en absoluto se ha causado indefensión a la actora.

DECIMOSEGUNDO.- Tampoco puede acogerse la vulneración del artículo 58 del Estatuto de los trabajadores, siendo evidente que la imposición de la sanción de traslado forzoso, prevista en los artículos 198 y 199 del convenio colectivo de aplicación, ni constituye una multa de haber, ni minora los derechos al descanso de la trabajadora, no siendo a ello equiparable el que el centro de trabajo al que se le ha adscrito esté más lejos de su domicilio, pero es que, además, como pone de relieve la juzgadora a quo, tal cuestión, ni se adujo en la demanda, ni en el escrito de aclaración de la misma, por lo que no cabía su alegación en el acto del juicio, ni puede tomarse en consideración de la sentencia, como se indica, y mucho menos en sede de suplicación.

Por la misma razón no podemos tener en cuenta la alegación en esta fase de recurso de que la resolución sancionadora no establece la fecha de cumplimiento de la sanción, pero en todo caso no se trata de un requisito exigido por el citado precepto estatutario.

DECIMOTERCERO.- En cuanto a los hechos imputados, han quedado acreditados, tal y como resulta del relato de probados de la sentencia impugnada, debiéndose resaltar que el proceso laboral es de instancia única y la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación ha sido reconocida reiteradamente por el Tribunal Constitucional, al declarar que no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un recurso de objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial el recurrente, que por ello mismo debe respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley. El carácter cuasicasacional del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales, aunque ciertamente, desde la perspectiva constitucional, en último extremo lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido ( sentencias del TC 230/00 de 2 octubre, 135/98 de 29 junio, 93/97 de 8 mayo, 18/93 de 18 enero).

Y, por tanto, la valoración de la prueba corresponde a la magistrada a quo, pretendiendo la recurrente que no ha valorado debidamente la misma, en un intento de que prevalezca su versión de los hechos, sin que, ni siquiera se hayan atacado en el recurso los hechos probados séptimo, octavo, noveno y undécimo, de los que resultan los incumplimientos merecedores de sanción, y, si bien se ha cuestionado el hecho probado sexto, el décimo y el duodécimo, su redacción prevalece al haber sido obtenidos, como antes dijimos, de la prueba documental no desvirtuada el primero y de la testifical, el segundo, para cuya valoración, repetimos, es soberana la juzgadora de instancia, atacándose el duodécimo exclusivamente sobre la base de que no se imputa en la resolución sancionadora, lo que no es cierto.

En corolario, ni se ha ocasionado indefensión, ni las faltas están prescritas, ni el expediente caducado, ni se ha vulnerado la garantía de indemnidad de la trabajadora, al haberse constatado los hechos imputados y ser constitutivos de falta, por lo que se ha justificado por la demandada la apertura del expediente disciplinario y la sanción impuesta, quedando al margen de la denuncia formulada en su día por la actora frente a la directora del centro por acoso, que quedó archivada.

Consecuentemente el recurso se desestima.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,