Sentencia Social 1138/2023 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Social, Rec. 348/2023 de 14 de noviembre del 2023

PRIMERO.- La parte actora formuló demanda impugnando el cese por considerar que se trataba de un despido improcedente. La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Cartagena desestimó la excepción de caducidad de la acción opuesta por la parte demandada y, entrando a conocer sobre el fondo, declaró la existencia de despido improcedente, con todas las consecuencias legales inherentes a dicho pronunciamiento.

Frente a dicha resolución se alza en suplicación la parte demandada para interesar la revisión fáctica y jurídica de la sentencia.

Del recurso se dio traslado a la parte actora que formuló impugnación al mismo.

SEGUNDO.- Revisión fáctica

La parte recurrente formula recurso de suplicación para interesar la adición de un nuevo hecho probado octavo del siguiente tenor:

" Entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, la demandante figuró de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021, la demandante giró facturas al CIS como consecuencia de las encuestas realizadas".

Lo deduce del acontecimiento 54, pag. 3, consistente en vida laboral de la y acontecimiento 60 y 73.

La parte impugnante se opone porque entiende que se trata de documentos que han sido valorado por el Juzgador "a quo" y que carecen de relevancia.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones.

Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que la equivocación que se imputa al Juzgador «a quo» resulte patente, sin necesidad de llevar a cabo conjeturas o razonamientos, de documentos o pericias obrantes en los autos que así lo evidencien, la prueba testifical no puede ser objeto de análisis en este extraordinario recurso, pese a todo en algunos supuestos puede ofrecer «un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte» encuentra fundamento para las modificaciones propuestas (en tal sentido, SSTS 09/07/12 -rco 1 62/11 -; y 18/06/13 -rco 108/12 -); b) que se señalen los párrafos a modificar, ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisora; c) que se indiquen suficientemente la pericial o documento hábil documento o documentos del que se desprende la revisión propuesta y que la misma resulte de forma clara, patente y directa de la probanza documental o pericial practicada, a concretar y citar por el recurrente, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada ( STS 30-5-2017, Rco 283/2016)]; d) que los resultados postulados, aun deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del Juez de Instancia, a quien la Ley reserva la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes; e) finalmente, que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para resolución de las cuestiones planteadas, y también deben cumplir la exigencia negativa de no comportar valoraciones jurídicas ( SSTS 27/01/04 -rco 65/02 -; 11/11/09 -rco 38/08 -; y 20/03/12 -rco 18/11 -), pues éstas no tienen cabida entre los HDP y de constar se deben tener por no puestas, siendo así que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica ( SSTS 07/06/94 -rco 2797/93 -; ... 06/06/12 -rco 166/11 -; y 18/06/13 -rco 108/12 -). Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no puede prosperar el motivo de suplicación acogido al apartado b) del art. 193 de la LRJS conforme a la jurisprudencia recaída sobre el particular.

Aplicando la doctrina expuesta entendemos que la revisión ha de prosperar pues, al margen de la eficacia que podamos reconocer a la adición a efectos de modificar el fallo, lo cierto es que se desprende de los documentos que refiere, lo que no ha sido negado por la parte impugnante, y sirve de base a la fundamentación del motivo de censura jurídica. Además, es doctrina jurisprudencial que la sentencia ha de contener los hechos necesarios para resolver el asunto en las distintas instancias ( STS 14-11-2014, Rcud 1515/2013).

TERCERO.- Censura jurídica. Sobre la existencia de relación laboral

La parte recurrente formula un motivo de censura jurídica al amparo del art. 193 c) Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para denunciar la infracción del art. 1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores y jurisprudencia que lo interpreta.

Argumenta la parte recurrente que la relación que vincula a la actora y al CIS no es laboral, pues: la actora tenía absoluta libertad para participar en las encuestas; la cantidad que abonaba el CIS a la actora no era retribución, sino que respondía a la factura una vez validada la realización de la encuesta, arrojando cantidades dispares; la actora no estaba sometida a jornada ni a control, sino que actuaba con independencia; no recibía propiamente formación sino concreción del objeto así como medios, si bien ella asumió los gastos de internet y teléfono para hacer las encuestas y mesa y silla u ordenador, por lo que asumía el riesgo de no poder cumplir si no le funcionaban pues el CIS no le daba soporte técnico.

La sentencia recurrida argumenta extensamente, con base de doctrina y jurisprudencia, que la relación que unía a ambas partes era laboral por reunir las notas de laboralidad.

La STS 5-7-2023, rcud. 2508/2022, resolviendo un supuesto en que se cuestionaba la naturaleza del vínculo que unía al CIS y a la parte actora (encuestadores), recopila la doctrina jurisprudencial sobre la laboralidad y la distinción con figuras afines en los siguientes términos:

" 1.- El análisis de la doctrina unificada de la Sala a propósito de la distinción entre el carácter laboral o civil de una relación de intercambio de trabajo y remuneración [ SSTS de 25 de marzo de 2013 ( Rcud. 1564/2012), de 29 de noviembre de 2010 ( Rcud. 253/2010 ); de 18 de marzo de 2009 ( Rcud. 1709/2007 ); de 11 de mayo de 2009 ( Rcud. 3704/2007 ); de 7 de octubre de 2009 ( Rcud. 4169/2008 ); 96/2020, de 4 de febrero ( Rcud. 3008/2017 ); 602/2020, de 6 de julio ( Rcud. 4076/2018 ); y 805/2020, de 25 de septiembre ( Rcud. 4746/2019 ), entre otras], puede resumirse de la siguiente forma:

a) La realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen iuris que errónea o interesadamente puedan darle las partes a la relación que regulan, porque "los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo [ SSTS de 20 de marzo de 2007 (rcud 747/2006 ); de 7 de noviembre de 2007 (rcud 2224/2006 ); de 12 de diciembre de 2007 (rcud 2673/2006 ); y de 22 de julio de 2008 (rcud 3334/2007 ); entre otras].

b) Asimismo, aparte de la presunción iuris tantum de laboralidad que el artículo 8 ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio Estatuto, en su artículo 1.1, delimita, desde el punto de vista positivo, la relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios [ STS de 19 de julio de 2002 (Rcud. 2869/2001) y de 3 de mayo de 2005 (Rcud. 2606/2004 )].

c) La línea divisora entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga [particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios], regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina, ni en la legislación, y ni siquiera en la realidad social. Y ello es así, porque en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un "precio" o remuneración de los servicios, en tanto que el contrato de trabajo es una especie del género anterior, consistente en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo, pero en este caso dependiente, por cuenta ajena y a cambio de retribución garantizada. En consecuencia, la materia se rige por el más puro casuismo, de forma que es necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el caso, a fin de constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y dependencia, en el sentido en que estos conceptos son concebidos por la jurisprudencia ( STS de 3 de noviembre de 2014, Rcud. 739/2013 ).

d) Profundizando en estas razones, la doctrina de la Sala ha sentado una serie de criterios que resume la STS de 9 de diciembre de 2004 (Rcud 5319/2003 ) y que han reproducido posterioridad, muchas otras [por todas: SSTS de 12 de febrero de 2008 (Rcud. 5018/2005 ); de 22 de julio de 2008 (Rcud. 3334/2007 ) y de 25 de marzo de 2013 (Rcud. 1564/2012 )] en los siguientes términos:

1. La configuración de las obligaciones y prestaciones del contrato del arrendamiento de servicios regulado en el Código Civil no es incompatible con la del contrato de trabajo propiamente dicho, al haberse desplazado su regulación, por evolución legislativa, del referido Código a la legislación laboral actualmente vigente. En efecto, en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. En el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Así, pues, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. En sentido contrario, A sensu contrario para la declaración de existencia de arrendamiento de servicios y no de una relación laboral se exige que la prestación del demandante se limite a la práctica de actos profesionales concretos, sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, ordenes, instrucciones practicando su trabajo con entera libertad; esto es, realizando su trabajo con independencia y asunción del riesgo empresarial inherente a toda actividad de esta naturaleza.

2 . La dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aún en forma flexible y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajenidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato. Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que, además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra. Estos indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales.

3. Los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario. También se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo ( STS de 23 de octubre de 1989 ), compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones ( STS de 20 de septiembre de 1995 ); la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad ( STS de 8 de octubre de 1992 , STS de 22 de abril de 1996 ); y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados ( STS de 31 de marzo de 1997 ); la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender ( STS de 15 de abril de 1990 , STS de 29 de diciembre de 1999 ); el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo ( STS de 20 de septiembre de 1995 ); y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones ( STS de 23 de octubre de 1989 ).

4. Esta doctrina ha sido reiterada por múltiples sentencias posteriores dictadas en los más variados supuestos, siendo de destacar las de 26 de noviembre de 2012 (R. 536/2012 ) y 9 de julio de 2013 (R. 2569/12 ) en las que se citan indicios contrarios a la existencia de relación laboral en relación con el requisito de la dependencia que son resumidos por la primera de las sentencias citadas diciendo que no parece de más señalar que los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; y que también se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajado. Y que son indicios comunes de la nota de ajenidad, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones".

Concluye la Sala IV, " En aplicación de toda esta doctrina, cabe concluir que, contrariamente a lo que se sostiene en el recurso, concurren en el asunto ahora sometido a nuestra consideración las notas características definitorias de la relación laboral. En efecto, a la vista de los hechos declarados probados, resulta evidente la concurrencia de fuertes indicios de dependencia y ajenidad. Así, la dependencia deviene evidente cuando se contempla que en los hechos probados se reseña que el CIS remite a los encuestadores la documentación de cada estudio a realizar, las normas que rigen el mismo, los cuestionarios y el informe de campo que deben remitir al finalizar el estudio. Los turnos de los encuestadores inscritos para cada estudio están determinados por la empresa, asignando a cada encuestador el turno correspondiente y aunque, posteriormente existe cierta flexibilidad para cambiar el turno o acogerse al turno libre, ello debe hacerse con conocimiento del CIS y, especialmente, con respeto al monto del tiempo que cada estudio necesita y que está predeterminado por el CIS. Se constata, por tanto, un claro sometimiento de la trabajadora al poder de dirección empresarial que se ejerce de facto y en todos los aspectos de la relación entre las partes. Por otro lado, la trabajadora no participa en la configuración de la prestación retributiva que es fijada por la empresa que abona la contraprestación fijada en el encargo por cada encuesta validada por el CIS a través de facturas con la correspondiente retención de IRPF".

Para resolver sobre el supuesto de autos debe partirse de las concretas circunstancias que han quedado acreditadas para determinar si concurren las notas de voluntariedad, dependencia, ajenidad y retribución, siendo habitual que alguna de ellas pueda encontrarse más diluida, pero ello no impide que pueda apreciarse, en su conjunto, la existencia de relación laboral.

Así en cuanto a la concurrencia del elemento de dependencia, apreciamos su concurrencia pues la actora estaba plenamente integrada en la actividad organizativa de la demandada, pues el CIS tiene por objeto el estudio científico de la sociedad española principalmente a través de la investigación mediante encuestas, y la actora realizaba funciones de encuestadora, que consistía básicamente en captar ciudadanos para que contestaran a las preguntas incluidas en la encuesta de turno y si bien, tradicionalmente, las encuestas se han realizado de forma presencial, con la llegada de la pandemia, el CIS dio instrucciones para realizarlas de manera telefónica, proporcionando la estructura necesaria para ello (HP 3º). De modo que cuando el CIS programa la realización de un trabajo de campo, envía un correo electrónico a los integrantes de su "red de campo" para que se inscriban los que quieran participar, indicando el objeto del estudio, las fechas para su realización (HP 5º), y el precio por entrevista, por lo que una vez que la persona trabajadora acepta la oferta del trabajo, a través de su inscripción, queda integrada en el ámbito organizador del mismo, pues es el CIS el que proporciona los medios a tal fin, les entrega cartas de presentación, carpeta, folletos serigrafiados con el logo del CIS, el carnet de entrevistadora, sin que se acredite que la trabajadora asuma el coste de medios relevantes para llevar a cabo la encuesta, y si bien antes de marzo de 2020 las encuestas se realizaban con papel enviado por el CIS o tableta proporcionada por el mismo, a partir de mayo las encuestas telefónicas se hacen mediante el ingreso en una página web, a la que se accede mediante unas claves proporcionadas por el CIS. También le proporciona la formación en los términos que se recogen en el HP 6º, no tratándose de simple concreción del objeto del encargo, sino de verdadera formación, con instrucciones y manual de actuación que, a la postre, era obligatoria, dejándoles nulo margen para que actuaran con libertad y no limitándose su trabajo a proporcionar un resultado, sino que debía conseguirlo del modo y con los medios fijados por el CIS. De modo que aunque la trabajadora goce de cierta libertad y flexibilidad para realizar su trabajo, sin que se acredite sometimiento a control horario u obligación de asistir al puesto de trabajo, sí existe verdadero control por cuanto la encuestadora se obliga a efectuar las encuestas en el periodo que se determine, con arreglo al sistema o técnica establecida y empleando los medios proporcionados, identificándose como encuestadora del CIS y sin posibilidad de fijar el precio de sus servicios, que corresponde fijar en exclusiva al CIS, limitándose aquella a remitir factura en la que detalla los servicios prestados y los cuantifica conforme al valor fijado por el CIS. Por tanto, se aprecia también el elemento de ajenidad, porque la actora no asume los riesgos de su trabajo.

Atendidos los argumentos expuestos, colegimos que la relación que unía a la actora y la demandada era laboral, lo que determina la desestimación del motivo.

CUARTO.- Sobre la prescripción de la acción por despido.

Con idéntico amparo procesal, la parte recurrente denuncia la infracción del art. 59.3 Estatuto de los Trabajadores y del art. 103 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al haber caducado la acción de despido al tiempo de ejercitarse.

Argumenta la parte recurrente que la demandante conocía desde el correo de 29 de julio de 2021 que el CIS formalizó un encargo con TRAGSATEC y que el ICC de agosto sería el último estudio a realizar antes de que TRAGSATEC asumiera las tareas de campo, por lo que desde entonces tenía conocimiento de que concluido el ICC de agosto prescindirían de sus servicios y pudo actuar, de modo que no haciéndolo hasta el 23-9-2021 estaría caducada la acción.

La sentencia recurrida entendió, en síntesis, que la trabajadora no tuvo perfecto conocimiento de que no contarían con ella hasta que se inició el periodo de encuestas el 1-9-2021, por lo que ante la falta de llamamiento fue entonces cuando pudo accionar. Además, que siendo la demandada Administración pública, debió haberle informado de la forma en que podía accionar frente a la decisión y el plazo, ex art. 69 LRJS y no habiéndolo hecho la omisión no puede favorecerle.

Con relación al plazo para el ejercición de la acción contra el cese, el art. 59.3 Estatuto de los Trabajadores establece que " El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido".

En cuanto a la determinación del "dies a quo" para el ejercicio de la acción por despido vendrá determinada por la fecha en que la persona trabajadora tenga conocimiento cierto de que han prescindido de sus servicios, bien en los supuestos en que el despido le sea comunicado ( art. 55.1 ET), bien por producirse un despido tácito ( STS 16 de noviembre de 1998, Rcud 5005/1997). En el supuesto de trabajadores fijos discontinuos, " serán llamados en el orden y la forma que se determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción social, iniciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria" ( art. 16.2 ET).

En el supuesto que nos ocupa, la prestación de servicios de la trabajadora se remontaba al año 2013 (HP 1º), si bien la efectiva actividad laboral estaba condicionada a que el propio CIS programara la realización de un trabajo de campo, en cuyo caso enviaba un correo electrónico indicándole que para poder participar debía inscribirse en el formulario (HP 4º), deduciéndose de las facturas emitidas por la actora que la prestación de servicios no se llevaba a cabo en fechas ciertas (HP 8), sino que se hacía depender de que se programara y fuera necesario un trabajo de campo, en cuyo caso el CIS materializaba las encuestas a través de los encuestadores.

El 29-7-2021, la demandante recibió el correo electrónico que obra al HP 9º, en el que, además de agradecerle su trabajo, le informaban que habían dado por terminado el estudio E3332 y que no tenían estudio pendiente hasta el ICC de agosto que esperaban terminar el lunes 23 y en el que se añadían " En todo caso os informaremos oportunamente enviando el habitual formulario de inscripción. No hay ningún otro estudio previsto hasta que TRAGSATEC asuma las tareas de campo". La actora participó en el estudio de campo de agosto y el 20-8-2021 recibió el correo que obra al HP 10º, en el que se decía " Damos por finalizado el campo del E3333 ICC de agosto. Como siempre desde la Unidad de Campo os queremos agradecer vuestro trabajo, especialmente en estas fechas".

Atendidos los datos fácticos expuestos, entendemos, en el mismo sentido que la sentencia recurrida, que la actora no pudo tener conocimiento efectivo y cierto de que el estudio de campo de agosto sería el último que realizaría como encuestadora pues no existen datos para sostener que sabía que, en lo sucesivo, lo haría TRAGSATEC, pues nada de ello se le comunica en los correos electrónicos mencionados. En definitiva, el "dies a quo" para accionar contra su cese no puede fijarse en la fecha en que concluyó la encuesta de agosto, pues era habitual que al finalizar las encuestas le enviaran un correo de agradecimiento y en el mismo nada se indica en el sentido de que, en adelante, las encuestas las haría TRAGSATEC, y en el correo de julio de 2021 tampoco se concretaba la fecha a partir de la cual TRAGASTEC asumiría la realización de las encuestas.

Además, la falta de información sobre la fecha en que tenía lugar su cese de forma definitiva en modo alguno puede operar beneficiando a la parte que generó la confusión. En dicho sentido, dispone el art. 69 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social:

" En todo caso, la Administración pública deberá notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción y únicamente surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda".

Concluyendo, " según el párrafo tercero del art. 69.1 de la LRJS el plazo de caducidad queda suspendido ante notificaciones defectuosas u omisivas" ( STS 19 de julio de 2023, rcud. 1769/2022), lo que es plenamente aplicable al supuesto de autos -como argumenta la sentencia recurrida-, porque el CIS, en su condición de organismo autónomo, es Administración Pública, conforme al art. 3.2 Ley de Contratos del Sector Público, y le resulta de aplicación el art. 69 LRJS, de modo que como en la comunicación a la actora no se le informó del plazo ni el modo a partir del cual podía impugnarla, el plazo para accionar se mantuvo en suspenso hasta que la trabajadora efectuó actos que denotaran el conocimiento de la vía adecuada o la impugnara a través de la misma.

De lo anterior, colegimos que la fecha inicial para el ejercicio de la acción no puede ser la que pretende la parte impugnante, sino que ha de fijarse en el 1-9-2021, como admite la parte trabajadora, porque fue cuando se inició el siguiente estudio de campo por cuenta de ICS prescindiendo de la actora para su elaboración (HP 11º).

Este criterio ha sido el seguido por la STJS Madrid de 18-11-2022, rec. 1021/22 que reproduce la sentencia recurrida y, la STSJ Valencia de 14 de febrero de 2023, recurso 3427/2022. Por el contrario, en un supuesto esencialmente idéntico, las sentencias del TSJCLM de 26 de enero de 2023, rs 2052/202 y TSJ Galicia de 22 de septiembre de 2022, rs. 2862/2022 han fijado como fecha inicial para el ejercicio de la acción aquélla en que los trabajadores cesaron -en agosto-, si bien en dichos procedimientos quedó acreditado que los encuestadores sabían que en septiembre de 2021 las encuestas las realizaría otra entidad, circunstancia que no acontece en este caso y justifica nuestra decisión. En la STSJ Aragón de 04 de abril de 2022 Recurso: 189/2022 también se apreció caducidad de la acción frente al CIS.

Atendidos los razonamientos expuestos, se desestima el motivo de recurso y confirma en pronunciamiento de la sentencia recurrida.

QUINTO.- Costas

En materia de costas rige el principio del vencimiento ex artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por lo que la desestimación íntegra del recurso determina que se impongan al recurrente las costas causadas a la parte actora impugnante que se fijan en 600 euros, a la vista del el escrito de impugnación, con pérdida del depósito y consignación que hubiera podido constituir para recurrir, a los que se les dará el destino que corresponda.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás normas de general y pertinente aplicación.