Sentencia Social 430/2023 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 2869/2022 de 14 de febrero del 2023

PRIMERO.- Don Gabino formula recurso de suplicación contra la sentencia que desestima la demanda en la que impugnaba una modificación de condiciones laborales individual que le comunicó su empresa, Derivados del Fluor, S.L.U. el día 10 de diciembre de 2021 y en principio, con efectos del día 10 de enero de 2022.

El demandante pretende que se revoque tal sentencia y que se estime la demanda en los términos en fue formulada. En la misma se pretendía que se declarase nula esa medida empresarial y subsidiariamente, injustificada, dejándola sin efecto alguno y condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración, restituyéndose al demandante en las condiciones salariales previas a tal medida.

El recurso contiene un total de cuatro motivos de impugnación, de los que dos se enfocan por la vía del apartado b del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social (Ley 36/2011, de 10 de octubre) y el resto, por la de su apartado c.

En el primero se pretende añadir un nuevo hecho probado a la sentencia que diga: " con fecha 12 de abril de 2019 el trabajador remitió burofax a la empresa denunciando presiones en el ámbito laboral, que estaba siendo objeto de acoso laboral, reclamando la adopción de medidas y la apertura de protocolo de acoso".

En el segundo, se pretende añadir al noveno hecho probado de la sentencia recurrida que el diagnóstico de la baja laboral que dio lugar al proceso de incapacidad temporal que se extendió entre el 26 de marzo y el 21 de mayo de 2019 fue el de trastorno adaptativo reactivo a situación laboral.

En el tercero, se aduce la infracción de los artículo 41 y 39, punto 3 del Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), de los artículos 1281, 1283 y 1284 del Código Civil, el artículo 3, punto 3 del Estatuto de los Trabajadores y en relación con el artículo 24 del convenio colectivo de empresa.

Y en el último, cita como infringidos los artículos 181, punto 2 y 138 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, alegando vulneración de la garantía de indemnidad que protege el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y vulneración fundamental del derecho a no ser discriminado.

La demandada presenta un escrito de impugnación en el que se opone a tales motivos de impugnación y termina pidiendo que se desestime el recurso y se confirme la sentencia recurrida.

Hemos de considerar, también, que el pasado día 12 de enero de 2013 denegamos la admisión del documento consistente en una copia de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 14 de octubre de 2022 (recurso 679/2022).

SEGUNDO.- Motivos de revisión de los hechos probados.

1.- Primer motivo de impugnación.

Que el demandante presentó aquella reclamación en la indicada fecha del año 2019 consta en documento que obra en ambos ramos de prueba, lo que no niega la impugnante, que lo que hace es significar que, a consecuencia del mismo, la empresa activó el protocolo antiacoso y que se archivó ese mismo año, sin impugnación alguna. Por ello, considera que incluir el hecho de la denuncia es intrascendente para la resolución del litigio, que versa sobre una modificación de condiciones laborales que la empresa decidió pasados más de dos años del archivo del expediente interno al que dio lugar aquella denuncia.

Con independencia del juicio de trascendencia de tal dato en orden a modificar el fallo recurrido, lo que haremos en el cuarto fundamento de derecho de esta sentencia, como quiera que el Tribunal Supremo considera que en la sentencia laboral han de constar todos los datos fácticos que puedan ser tenidos por relevantes para resolver las pretensiones que las partes procesales actúen en el proceso, tanto en la instancia correspondiente como en superiores, admitimos tal reforma. Manifestación de tal jurisprudencia son, entre otras, las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2010 y 25 de febrero de 2003 ( recursos 186/2009 y 2580/2002).

2.- Segundo motivo de impugnación.

Al efecto, el recurrente se basa en la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Santander de fecha 24 de mayo de 2022 (autos 578/2021).

En tal resolución judicial, lo que exactamente se dice es que el diagnóstico de la baja fue el de trastorno adaptativo mixto -ansioso depresivo-, si bien es claro que en tal sentencia se relacionó esa baja laboral con el trabajo que realizaba el demandante y entendiendo que el mismo era causa generatriz de esa enfermedad, se consideró que el proceso de incapacidad temporal derivado de tal parte de baja médica debía atribuirse a contingencia de accidente de trabajo.

A consecuencia del documento que tuvimos que examinar para dictar el auto de 12 de enero de 2023 ya aludido, también conocemos que esa decisión judicial fue confirmada por la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sin que nos conste la firmeza de la sentencia dictada por tal Tribunal.

Partimos de estas precisiones apuntadas.

TERCERO.- Tercer motivo de impugnación. Sobre la eventual infracción de la normativa ordinaria o del convenio colectivo aplicable.

Consideramos que no podemos entrar a elucidar sobre lo pretendido en este motivo de impugnación, puesto que la recurrente aborda en el mismo, exclusivamente, cuestiones de legalidad ordinaria, es decir, argumentos basados en esa legalidad ordinaria por los que entiende que la medida empresarial impugnada es ilegal.

Entendemos que, en esta concreta modalidad procesal, nos está vedado entrar a resolver sobre tales extremos, ya que en principio la sentencia del Juzgado debiera considerarse irrecurrible ex artículo 138, punto 6 191, punto 2 letra e de Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, si bien, en cuanto que se alegaba vulneración de derechos fundamentales y libertades púbicas, se admitió correctamente a trámite el recurso de suplicación por el Juzgado de lo Social. Ahora bien, según el Tribunal Supremo, la cognición de esta Sala en este caso queda constreñida a valorar exclusivamente si existe o no vulneración de algún derecho fundamental o libertad pública y no alcanza a la temática relativa a la correcta o incorrecta aplicación de esa legalidad "ordinaria".

Recientemente, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha tomado la decisión de que en estos casos, la cognición del asunto -en la fase del recurso de suplicación- ha de quedar limitada exclusivamente a lo relativo a vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, pero no cabe entrar a resolver por el Tribunal lo relativo a las cuestiones de legalidad ordinaria que en el pleito se hubiesen planteado. Esto es lo que sostiene su sentencia de fecha 19 de octubre de 2022 (recurso 1363/2019). Se comparta o no lo allí expuesto, se ha de acatar.

Las razones las expone en el fundamento de derecho quinto, punto 2, al decir: "La cuestión reside ahora en determinar cuál haya de ser entonces el ámbito y alcance de ese recurso de suplicación, y del consecuente pronunciamiento de la sala.

Esto es, si debe limitarse a las cuestiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales, o pueden extenderse a las que son estrictamente de legalidad ordinaria y resultan perfectamente separables de la tutela de tales derechos fundamentales.

En la precitada STC 42/2017 , se plantea colateralmente esta cuestión, a raíz de la expresa petición formulada en tal sentido por el Abogado del Estado, a lo que el TC responde, que procederá declarar la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas con retroacción de actuaciones en los términos que expresa el fallo de esa sentencia, "sin que podamos limitar el reconocimiento del derecho de acceso al recurso exclusivamente a las pretensiones deducidas por la vulneración de los derechos fundamentales, como solicita el Abogado del Estado, pues ello supondría pronunciarnos sobre un aspecto de la legalidad procesal que corresponde en exclusiva a los Tribunales ordinarios".

Respuesta con la que el TC deja abierta la solución a esta problemática, que deberemos abordar conforme a los preceptos de legalidad procesal aplicables en la materia, que ya hemos referenciado anteriormente.

3.- De tales preceptos resulta que el legislador ha excluido expresamente de la suplicación todas aquellas modalidades procesales que enumera el art. 191.2 LRJS , en consideración a las cuestiones de legalidad ordinaria que constituyen su objeto, y en atención a los factores de menor trascendencia, relevancia jurídica, o de la mayor agilidad y premura en la tramitación del proceso que ha considerado oportunos para negar el acceso al recurso.

Previsión legal de la que en cualquier caso se desprende que este tipo de materias no tiene acceso a suplicación.

Carece por lo tanto de toda lógica que esas mismas materias de legalidad ordinaria, que no tienen acceso a la suplicación, puedan tenerlo por haberse planteado de manera conjunta con la invocada vulneración de derechos fundamentales, una vez ya resueltas las pretensiones relativas a tales derechos fundamentales y cuando no guardan la más mínima relación con las materias de legalidad ordinaria pendientes de resolución.

Si el legislador ha dispuesto que esos aspectos de legalidad ordinaria queden firmes en la sentencia de instancia, no puede ofrecerse un distinto tratamiento jurídico en función de que hayan sido planteados aisladamente o de manera acumulada con la invocada vulneración de derechos fundamentales.

4.- El art. 191 LRJS no incluye una norma específica al respecto, pero en su apartado 3, letras d) y e) contiene un criterio que se ajusta perfectamente a lo que hemos indicado, y que viene en avalar la solución expuesta.

En ambos supuestos dispone que procede recurso de suplicación cuando el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, o bien se decida sobre la falta de jurisdicción por razón de la materia o de competencia territorial o funcional.

Tras lo que acota seguidamente el alcance del recurso a esos concretos aspectos "Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación...", de tal forma que admite la recurribilidad de la sentencia de instancia, pero limita el alcance de la suplicación a los pronunciamientos vinculados al defecto procesal invocado, a la jurisdicción o competencia, excluyendo la posibilidad de entrar a conocer de las cuestiones de legalidad ordinaria excluidas de suplicación.

En lo que es una clara manifestación de la voluntad del legislador de negar el acceso a la suplicación de aquellas materias que están expresamente excluidas del recurso, aun cuando la sentencia pudiere ser recurrible por otros motivos y razones diferentes, y tan solo para que pueda ser supervisada en esos concretos y únicos aspectos por el órgano judicial superior.

Una forma de dividir la continencia de la causa de recurrir, permitiendo la suplicación en aquellas materias en los que por su mayor relevancia se considera oportuna admitir esa posibilidad, para negarlo en otras que ya están expresamente excluidas del recurso.

5.- Esto es lo que así sucede cuando se plantean de forma claramente diferenciada pretensiones vinculadas a la posible vulneración de derechos fundamentales, y otras de mera legalidad ordinaria que no son recurribles.

Cabrá entonces recurso para resolver sobre los aspectos relacionados con los derechos fundamentales que están en juego en el proceso- entre ellos, la posible indemnización asociada a su presunta vulneración-, pero no así sobre las materias de legalidad ordinaria que no tienen acceso a suplicación.

Interpretación integradora de las normas que es sin duda la que mejor se compadece con la finalidad de las previsiones legales en la materia, de acuerdo con aquel razonamiento de la STC 42/2017 que anteriormente hemos mencionado, con el que se pone de manifiesto la especial protección jurisdiccional que merecen los derechos fundamentales, garantizando el acceso a la suplicación de los pronunciamientos vinculados a su posible vulneración por el mayor rigor que debe aplicarse en sus análisis, al tratarse de "decisiones judiciales especialmente cualificadas en función del derecho material sobre el que recaen", y respecto a las que "la denegación del recurso puede producir, además, un efecto derivado o reflejo sobre la reparación del derecho fundamental cuya invocación sostenía la pretensión ante el órgano judicial -con independencia de que la declaración de la lesión fuera sólo una de las hipótesis-.".

Estas cautelas que apunta el TC justifican que acceda a suplicación el control de las decisiones judiciales en materia de derechos fundamentales, pero no así las relativas a cuestiones de legalidad ordinaria que por su menor relevancia han sido expresamente excluidas del recurso, siempre y cuando resulten perfectamente escindibles las unas de las otras

Por el contrario, debe admitirse el recurso a todos los efectos, en el caso de estar estrechamente unidas las cuestiones de legalidad ordinaria y las atinentes a la alegada vulneración de derechos fundamentales, hasta el punto que resulte del todo imposible resolverlas separadamente.

De este modo, solo pueden ser examinados por la sentencia de suplicación los aspectos en los que resulte indisociable el tema de legalidad ordinaria con la eventual existencia de la invocada vulneración de derechos fundamentales, sin que pueda limitarse en estos casos su cognición a los aspectos relativos a la posible infracción de derechos fundamentales, cuando la respuesta que haya de darse a esa cuestión condiciona de alguna manera el pronunciamiento sobre las materias de legalidad ordinaria."

Ello impone que no debamos de admitir el tercer motivo de impugnación.

CUARTO.- Cuarto motivo de impugnación. Sobre la eventual vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas.

1.- Al final de este motivo insiste el recurrente en que considera que no es que esté en desacuerdo con el cambio de puesto de trabajo en cuanto tal, sino que es la merma salarial que la empresa enlaza a ese cambio sobre lo que discute, entendiendo que ello vulnera las previsiones del artículo 24 del convenio colectivo aplicable y que esa infracción la ha cometido la empresa en represalia de sus previas reclamaciones a la misma. Esto es esencialmente el eje discursivo central que sostiene en este motivo, sin aludir ya a una eventual discriminación, como si mencionaba en la demanda. Sobre la garantía de indemnidad, pues, nos centramos al examinar este motivo de impugnación.

2.- En el ámbito de la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, se ha de destacar que rigen unas especiales reglas sobre la carga de la prueba, de tal forma que, para imponer al empresario la carga de probar que su conducta empresarial imputada como represaliadora del ejercicio de los derechos de la persona trabajadora no está vinculada en forma alguna con el ánimo reactivo a la reclamación, no le basta al demandante simplemente con alegar su vulneración para que el demandado deba probar que esto no ha sido así, sino que, para que se traslade ese "onus probandi" a la demandada es necesario aportar indicios sustanciales de que ello ha podido ser así.

Por tanto, la primera incógnita a despejar es concretar ese concepto "indicios sustanciales", con entidad suficiente para invertir la carga de la prueba.

Y en este punto, existe mucha doctrina del Tribunal Constitucional y de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que se sintetiza, por ejemplo, en su resolución (Tribunal Supremo) de fecha 12 de abril de 2013 (recurso 2327/2012), donde se hace una recopilación de la previa doctrina del Tribunal Constitucional y de su propia doctrina y dice: "Tratándose de tutelar derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el art. 179.2 LPL ["una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación..., corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas"].

Y al efecto se recuerda por el intérprete máximo de la Constitución que "precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo", hoy recogida en los arts. 96.1 y 181.2 LRJS ( SSTC 38/1981, de 23/noviembre ; ... 138/2006, de 8/Mayo, FJ 5 ; y 342/2006, de 11/Diciembre , FJ 4. .Y - a título de ejemplo- SSTS 20/01/09 -rcud. 1927/07 -; 29/05/09 -rcud 152/08 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -).

Pero para que opere el desplazamiento al empresario del "onus probandi" no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicio que "debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla [la vulneración constitucional] se haya producido", que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una "prueba verosímil" o "principio de prueba" revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio , FJ 3 ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 2/2009, de 12/Enero , FJ 3. Y SSTS 14/04/11 -rco 164/10 -; 25/06/12 -rcud 2370/11 -; y 13/11/12 -rcud 3781/11 -). Y presente la prueba indiciaria, "el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales" (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre , FJ 4 ; 257/2007, de 17/Diciembre, FJ 4 ; y 74/2008, de 23/Junio , FJ 2); "en lo que constituye ... una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria" (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre , FJ6 EPV ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 92/2009, de 20/Abril , FJ 7)."

En similares términos, las posteriores sentencias de la misma Sala Cuarta de fecha 18 de julio y 19 de febrero de 2014 (recurso ordinario 11/2013 y suplicación para la unificación de doctrina 687/2013) o del Tribunal Constitucional 203/2015, de 5 de octubre y 183/2015, de 19 de septiembre.

3.- Recoge estos criterios la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 183/2015, de 10 de septiembre, que trata precisamente de la garantía de indemnidad y del concepto de indicios y que cita el Magistrado autor de la sentencia en el fundamento de derecho noveno de la sentencia recurrida, que es en el que resuelve sobre la alegación de vulneración de derechos fundamentales.

Al efecto, en cuanto a la prohibición de represalia se puede leer en la misma: " Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19 de enero )- o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (por todas, SSTC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2 ; 125/2008, de 20 de octubre, FJ 3 , o 6/2011, de 14 de febrero , FJ 2).

Por consiguiente, en el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos (por ejemplo, SSTC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2 , y 3/2006, de 16 de enero , FJ 2), de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo [ art. 24.1 CE y art. 4.2 g) de la Ley del Estatuto de los trabajadores ].

Sobre la prueba indiciaria, dice : " En cuanto al canon de control constitucional que corresponde, tenemos dicho que la prueba indiciaria se articula en un doble plano. El primero consiste en el deber de aportación de un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona el derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigido a poner de manifiesto lo que se denuncia y que, como es obvio, incumbe al trabajador denunciante. El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, ni tampoco en la invocación retórica del factor protegido, sino que debe permitir deducir la posibilidad de la lesión con base en un hecho o conjunto de hechos aportados y probados en el proceso. Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental concernido (por todas, STC 104/2014, de 23 de junio , FJ 7)."

Y en cuanto a la prueba que ha de desplegar la empresa, una vez desplazada a la misma la carga de la prueba, añade: " En lo que atañe a la carga probatoria del empresario, una vez aportado por el trabajador demandante un panorama indiciario, este Tribunal ha sentado una serie de criterios coincidentes en casos de muy diversa naturaleza, disciplinaria o de otro carácter (por todas, SSTC 140/2014, de 11 de septiembre ; 30/2002, de 11 de febrero , o 98/2003, de 2 de junio ). Es menester sintetizarlos en los siguientes términos: i) no neutraliza el panorama indiciario la genérica invocación de facultades legales o convencionales; ii) no es suficiente tampoco una genérica explicación de la empresa, que debe acreditar ad casum que su acto aparece desconectado del derecho fundamental alegado; iii) lo verdaderamente relevante es que el demandado lleve a la convicción del juzgador que las causas que aduce para sustentar la decisión adoptada quedan desligadas y son por completo ajenas al factor protegido; iv) una vez acreditada la desconexión entre la medida empresarial y el derecho que se dice vulnerado será ya irrelevante la calificación jurídica que la causa laboral alegada merezca en un prisma de legalidad ordinaria."

Y conforme tales criterios examinamos los alegatos que despliega la parte recurrente a favor de ese argumento central de su discurso impugnatorio, apuntado en el epígrafe 1 de este fundamento de derecho.

3.- Es cierto que el demandante presentó aquella denuncia por acoso en el periodo que estuvo en incapacidad temporal, entre marzo y mayo de 2019 y también lo es que, determinado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social que tal proceso obedecía a enfermedad común, judicialmente se sostiene lo contrario, entendiendo que es la clara conflictividad laboral existente entre el demandante y sus compañeros - en la sentencia del Juzgado de lo Social se considera la ausencia de previos antecedentes de enfermedad psicológica, incidentes con los compañeros en el año 2017, pero también en el año 2019 y lo dicho en diversos informes médicos-. Aquella denuncia dio lugar al inicio del protocolo antiacoso que se archivó dos años antes de que se adoptase la medida empresarial impugnada en este proceso.

Por otra parte, aquella reclamación de fijeza laboral que hizo el demandante a la empresa, ya se había conciliado año y medio antes de que se adoptase la medida empresarial discutida.

Ahora bien, a la fecha del juicio oral quedaba pendiente el proceso laboral sobre determinación de contingencia con respecto de aquella baja laboral iniciada y terminada en el primer semestre del año 2019.

Aún y considerarse que, con este panorama, se entendiese cumplido el requisito de panorama indiciario suficiente de esa conculcación de derecho fundamental alegada y se considerase que se desplaza la carga probatoria a la empresa, el Juzgador autor de la sentencia recurrida considera que esa medida empresarial queda debidamente probada en su justificación por puras razones de prevención de riesgos laborales y concretadas en el resultado de un reconocimiento médico que fijaba la condición de apto con restricciones del demandante y de que el puesto de trabajo que ocupaba incide de lleno en una de esas restricciones -trabajo en solitario y/o supervisión- por lo que se imponía un cambio de puesto de trabajo.

Como se ha dicho, en el cambio de puesto de trabajo si que está conforme el demandante, puesto que ya se ha dicho que solo discute del cambio el que, con el mismo, se le haya reducido el salario, afirmando que, con esa reducción salarial la empresa no cumple las disposiciones de un precepto del convenio colectivo aplicable -el artículo 24- lo que ésta a su vez refuta con argumentos de legalidad ordinaria, en tesis asumida por el Juzgador de instancia. En definitiva, tal extremo no deja de ser más que una cuestión controvertida entre partes sobre el contenido y alcance de la interpretación que se haya de dar a una determina disposición de convenio colectivo y por tanto, cuestión alejada de esa eventual vulneración de derechos fundamentales que se aduce, sin que, por tanto, entremos a elucidar sobre la legalidad o no de esa merma retributiva, considerando aquel artículo 24 del convenio colectivo aplicable.

En su consecuencia, entendemos que el recurso debe ser desestimado.

QUINTO. Costas.

Dado que al demandante asiste el derecho a litigar gratuitamente ante esta jurisdicción, conforme el artículo 2, letra d de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley 1/1996, de 10 de enero), no procede pronunciamiento condenatorio en materia de costas del recurso ( artículo 235, punto 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social) y en consecuencia, cada parte deberá abonar las costas del recurso que hayan sido causadas a su instancia.

VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación.