Sentencia Supranacional Nº C-498/06, Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 21 de Febrero de 2008

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  • Orden: Supranacional
  • Fecha: 21 de Febrero de 2008
  • Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
  • Ponente: Von Danwitz
  • Núm. Sentencia: C-498/06
  • Núm. Cendoj: 62006CJ0498
Resumen:

Petición de decisión prejudicial: Juzgado de lo Social Único de Algeciras - España. # Política social - Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE, modificada por la Directiva 2002/74/CE - Artículos 3, párrafo primero, y 10, letra a) - Indemnización por despido improcedente pactada en un procedimiento de conciliación extrajudicial - Pago asegurado por la institución de garantía - Pago supeditado a la adopción de una resolución judicial - Principios de igualdad y de no discriminación.

Doctrina:Kouchner, Camille: L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, Revue de jurisprudence sociale 2008 p.503-504Driguez, Laetitia: Protection des travailleurs contre l'insolvabilité de leur employeur, Europe 2008 Avril Comm. nº 122 p.23-24


Encabezamiento

En el asunto C‑498/06,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Cádiz), mediante resolución de 18 de septiembre de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de diciembre de 2006, en el procedimiento entre

Maira María Robledillo Núñez

y

Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. G. Arestis, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. E. Juhász y T. von Danwitz (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 22 de noviembre de 2007;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre del Gobierno español, por el Sr. J. Rodríguez Cárcamo y la Sra. B. Plaza Cruz, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. J. Enegren y R. Vidal Puig, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219), en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 270, p. 10) (en lo sucesivo, «Directiva 80/987»).

2. Dicha petición se suscitó en el marco de un litigio entre la Sra. Robledillo Núñez y el Fondo de Garantía Salarial (en lo sucesivo, «FOGASA»), relativo a la negativa de éste a pagar a la interesada, en virtud de su responsabilidad subsidiaria, una indemnización por despido improcedente que había sido pactada en un acuerdo de conciliación extrajudicial celebrado entre la Sra. Robledillo Núñez y su empresario.

Marco normativo

Normativa comunitaria

3. El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 80/987 dispone que «la presente Directiva se aplicará a los créditos en favor de los trabajadores asalariados, derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales, frente a empresarios que se encuentren en estado de insolvencia, en el sentido del apartado 1 del artículo 2».

4. El artículo 2, apartado 2, de dicha Directiva precisa que ésta no afecta al Derecho nacional en lo que se refiere a la definición de los términos «trabajador asalariado», «empresario», «remuneración», «derecho adquirido» y «derecho en vías de adquisición».

5. El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 80/987 establece:

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales, incluidas las indemnizaciones debidas al término de la relación laboral, cuando así lo disponga el Derecho interno.»

6. El artículo 10, letras a) y b), de la Directiva 80/987 dispone:

«La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros:

a) de adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar abusos;

b) de rechazar o de reducir la obligación de pago citada en el artículo 3, o la obligación de garantía citada en el artículo 7, si resulta que el cumplimiento de la obligación no se justifica en razón de la existencia de vínculos particulares entre el trabajador asalariado y el empresario y de intereses comunes concretados mediante una [colusión] entre ellos.»

7. Según su artículo 3, la Directiva 2002/74 entró en vigor el 8 de octubre de 2002.

Normativa española

Los créditos asumidos por el FOGASA

8. El artículo 33, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 75, de 29 de marzo de 1995, p. 9654), en su versión en vigor desde el 14 de diciembre de 2002 (en lo sucesivo, «Estatuto de los Trabajadores»), dispone:

«El Fondo de Garantía Salarial […] abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios.

A los anteriores efectos, se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el artículo 26.1, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan […].»

9. El artículo 33, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores, en su versión resultante de la Ley 60/1997, de 19 de diciembre (BOE nº 304, de 20 de diciembre de 1997, p. 37453), establecía:

«El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51 y 52.c) de esta Ley, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del duplo del salario mínimo interprofesional.

[…]»

10. El artículo 33, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores, en su versión resultante de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE nº 312, de 30 de diciembre de 2006, p. 46586), que proviene del Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio (BOE nº 141, de 14 de junio de 2006, p. 22670), el cual entró en vigor el 15 de junio de 2006, reza:

«El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51 y 52 de esta Ley, y de extinción de contratos conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal […].»

11. A tenor del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, un despido improcedente, reconocido como tal por el empresario en un acto de conciliación extrajudicial o judicial o establecido mediante resolución judicial, implica que el empresario está obligado a abonar al trabajador afectado, por un lado, los «salarios de tramitación», es decir, los salarios dejados de percibir durante el procedimiento de impugnación del despido y, por otro lado, la indemnización por

Fundamentos

En el asunto C‑498/06,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Cádiz), mediante resolución de 18 de septiembre de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de diciembre de 2006, en el procedimiento entre

Maira María Robledillo Núñez

y

Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. G. Arestis, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. E. Juhász y T. von Danwitz (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 22 de noviembre de 2007;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre del Gobierno español, por el Sr. J. Rodríguez Cárcamo y la Sra. B. Plaza Cruz, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. J. Enegren y R. Vidal Puig, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219), en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 270, p. 10) (en lo sucesivo, «Directiva 80/987»).

2. Dicha petición se suscitó en el marco de un litigio entre la Sra. Robledillo Núñez y el Fondo de Garantía Salarial (en lo sucesivo, «FOGASA»), relativo a la negativa de éste a pagar a la interesada, en virtud de su responsabilidad subsidiaria, una indemnización por despido improcedente que había sido pactada en un acuerdo de conciliación extrajudicial celebrado entre la Sra. Robledillo Núñez y su empresario.

Marco normativo

Normativa comunitaria

3. El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 80/987 dispone que «la presente Directiva se aplicará a los créditos en favor de los trabajadores asalariados, derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales, frente a empresarios que se encuentren en estado de insolvencia, en el sentido del apartado 1 del artículo 2».

4. El artículo 2, apartado 2, de dicha Directiva precisa que ésta no afecta al Derecho nacional en lo que se refiere a la definición de los términos «trabajador asalariado», «empresario», «remuneración», «derecho adquirido» y «derecho en vías de adquisición».

5. El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 80/987 establece:

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales, incluidas las indemnizaciones debidas al término de la relación laboral, cuando así lo disponga el Derecho interno.»

6. El artículo 10, letras a) y b), de la Directiva 80/987 dispone:

«La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros:

a) de adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar abusos;

b) de rechazar o de reducir la obligación de pago citada en el artículo 3, o la obligación de garantía citada en el artículo 7, si resulta que el cumplimiento de la obligación no se justifica en razón de la existencia de vínculos particulares entre el trabajador asalariado y el empresario y de intereses comunes concretados mediante una [colusión] entre ellos.»

7. Según su artículo 3, la Directiva 2002/74 entró en vigor el 8 de octubre de 2002.

Normativa española

Los créditos asumidos por el FOGASA

8. El artículo 33, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 75, de 29 de marzo de 1995, p. 9654), en su versión en vigor desde el 14 de diciembre de 2002 (en lo sucesivo, «Estatuto de los Trabajadores»), dispone:

«El Fondo de Garantía Salarial […] abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios.

A los anteriores efectos, se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el artículo 26.1, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan […].»

9. El artículo 33, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores, en su versión resultante de la Ley 60/1997, de 19 de diciembre (BOE nº 304, de 20 de diciembre de 1997, p. 37453), establecía:

«El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51 y 52.c) de esta Ley, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del duplo del salario mínimo interprofesional.

[…]»

10. El artículo 33, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores, en su versión resultante de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE nº 312, de 30 de diciembre de 2006, p. 46586), que proviene del Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio (BOE nº 141, de 14 de junio de 2006, p. 22670), el cual entró en vigor el 15 de junio de 2006, reza:

«El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o

Fallo

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro está facultado para excluir unas indemnizaciones concedidas por despido improcedente de la garantía de pago asegurada por la institución de garantía en virtud de dicha disposición cuando han sido reconocidas en un acto de conciliación extrajudicial y que tal exclusión, objetivamente justificada, constituye una medida necesaria con el fin de evitar abusos, en el sentido del artículo 10, letra a), de la misma Directiva.

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