Sentencia Supranacional Nº C-81/05, Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 07 de Septiembre de 2006

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  • Orden: Supranacional
  • Fecha: 07 de Septiembre de 2006
  • Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
  • Núm. Sentencia: C-81/05

Asunto C-81/05

Anacleto Cordero Alonso

contra

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León)

«Política social — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Directiva 80/987/CEE — Directiva de modificación 2002/74/CE — Indemnización por despido acordada en acto de conciliación — Pago asegurado por la institución de garantía — Pago subordinado a la adopción de una resolución judicial»

Sumario de la sentencia

1.        Política social — Aproximación de las legislaciones — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Directiva 80/987/CEE, modificada por la Directiva 2002/74/CE

(Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 80/987/CEE del Consejo)

2.        Política social — Aproximación de las legislaciones — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Directiva 80/987/CEE

(Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 80/987/CEE del Consejo)

3.        Política social — Aproximación de las legislaciones — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Directivas 80/987/CEE y 2002/74/CE

(Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva 80/987/CEE del Consejo)

1.        Cuando un Estado miembro ya reconocía en su legislación interna, antes de la entrada en vigor de la Directiva 2002/74, que modifica la Directiva 80/987 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, el derecho del trabajador a obtener la protección de la institución de garantía para el caso de insolvencia empresarial en relación con una indemnización por extinción de contrato, la aplicación de dicha legislación en los casos en que la insolvencia del empresario se haya producido después de la entrada en vigor de esta Directiva está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 80/987, en su versión modificada por la Directiva 2002/74.

En efecto, dado que el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/74 dispone que los Estados miembros apliquen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva a todo estado de insolvencia de un empresario producido después de la entrada en vigor de dichas disposiciones, el estado de insolvencia de un empresario y sus consecuencias están comprendidos en el ámbito de aplicación temporal de la Directiva 80/987 modificada desde la fecha de la entrada en vigor de ésta, incluso antes de que expirara el plazo de adaptación al Derecho interno previsto en el párrafo primero de dicho apartado. Debe considerarse que en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/74 no sólo están comprendidas las disposiciones nacionales cuyo objetivo expreso es adaptar el Derecho interno a la mencionada Directiva, sino también, desde la entrada en vigor de la misma, las disposiciones nacionales anteriores que garanticen la conformidad del Derecho nacional con dicha norma comunitaria.

Aunque el artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 80/987 modificada no obligue a los Estados miembros a establecer en la normativa nacional mediante la que adapten el Derecho interno a la Directiva 2002/74 que se garantice el pago de las indemnizaciones debidas al término de la relación laboral, en la medida en que la normativa nacional en cuestión contiene una disposición que estipula que las mencionadas indemnizaciones gocen de la protección concedida por la institución de garantía competente, desde la fecha de la entrada en vigor de la Directiva 2002/74, dicha disposición nacional está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 80/987 modificada. De ello se sigue que una disposición nacional que prevé que, en determinadas circunstancias, la institución de garantía abone a los trabajadores indemnizaciones en caso de despido o de extinción del contrato de trabajo, está comprendida en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, antes citado, y, por tanto, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/74, a efectos de su aplicación a hechos posteriores a la fecha de su entrada en vigor.

(véanse los apartados 28, 29, 31, 32 y 34 y el punto 1 del fallo)

2.        En el ámbito de aplicación de la Directiva 80/987, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74, el principio general de igualdad, tal y como se reconoce en el ordenamiento jurídico comunitario, exige que cuando, según una normativa nacional como la que es objeto del litigio principal, en caso de insolvencia del empresario, la institución de garantía se haga cargo del pago de las indemnizaciones legales debidas por la finalización del contrato de trabajo establecidas por una sentencia judicial, las indemnizaciones de la misma naturaleza reconocidas en un acuerdo entre trabajador y empresario celebrado en presencia judicial y con la aprobación del órgano judicial deben recibir el mismo trato.

(véanse el apartado 42 y el punto 2 del fallo)

3.        En el marco de la aplicación de las Directivas 80/987, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, y 2002/74, que modifica la anterior, el juez nacional debe dejar sin aplicar una norma interna que, vulnerando el principio de igualdad, tal y como éste se reconoce en el ordenamiento jurídico comunitario, excluye que la institución de garantía competente se haga cargo del pago de las indemnizaciones por finalización del contrato reconocidas en un acuerdo entre trabajadores y empresarios celebrado en presencia judicial y con la aprobación del órgano judicial.

(véanse el apartado 47 y el punto 3 del fallo)







SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 7 de septiembre de 2006 (*)

«Política social – Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario – Directiva 80/987/CEE – Directiva de modificación 2002/74/CE – Indemnización por despido acordada en acto de conciliación – Pago asegurado por la institución de garantía – Pago subordinado a la adopción de una resolución judicial»

En el asunto C‑81/05,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante resolución de 28 de enero de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de febrero de 2005, en el procedimiento entre

Anacleto Cordero Alonso

y

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric (Ponente) y los Sres. K. Lenaerts, E. Juhász y M. Ilešič, Jueces;

Abogado General: Sr. A. Tizzano;

Secretario: Sr. R. Grass;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

–        en nombre del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), por la Sra. A. García Trejo, Letrado habilitado de la Abogacía del Estado;

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. E. Braquehais Conesa, en calidad de agente;

–        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. G. Rozet y R. Vidal Puig, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de abril de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219), en su versión original (en lo sucesivo, «Directiva 80/987»), así como en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 270, p. 10) (en lo sucesivo, «Directiva 80/987 modificada»).

2        Dicha petición se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Cordero Alonso y el Fondo de Garantía Salarial (en lo sucesivo, «Fogasa»), relativo

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